Edgar Molina Espinosa

Expediente 462/2016 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 4 actuaciones registradas, la última del 5 de octubre de 2016.

Datos del expediente

Expediente
462/2016
Año
2016
Actuaciones
4
Última actuación
05/10/2016

Partes del expediente

  • Edgar Molina Espinosa

Actuaciones

  1. Principal

    Santiago de Querétaro, Querétaro, cinco de octubre de dos mil dieciséis Agréguese a los autos el oficio de cuenta, signado por el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Vigésimo Segundo Circuito, a través del cual remite testimonio de la resolución emitida en los autos del recurso de queja ***, en la cual la Superioridad resolvió: (.) ÚNICO. Es infundado el recurso de queja interpuesto por el quejoso *** contra el auto de once de julio de dos mil dieciséis, emitido en el juicio de amparo indirecto 462/2016, por el Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Querétaro, con sede en esta ciudad, por el que se desechó de plano la demanda de amparo que promovió. (.) En consecuencia, se ordena acusar recibo y hacer del conocimiento de la parte quejosa que la superioridad declaró infundado el recurso de queja. ANOTACIONES Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívese el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción I del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se desechó la demanda, no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. Transferir el expediente principal una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. Notifíquese, y personalmente al quejoso.

  2. Principal

    Santiago de Querétaro, Querétaro, veintidós de julio de dos mil dieciséis. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, signado por el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Vigésimo Segundo Circuito, mediante el cual informa que admitió a trámite el recurso de queja interpuesto por el quejoso ***, en contra del acuerdo de once de julio de dos mil dieciséis, correspondiéndole el número de queja civil *** Circunstancia de la que se toma conocimiento para los efectos legales correspondientes. Notifíquese.

  3. Principal

    Santiago de Querétaro, Querétaro, once de julio de dos mil dieciséis. Se agrega el escrito de cuenta signado por el quejoso ***, a través del cual da cumplimiento en sus términos a la prevención formulada el siete de julio de dos mil dieciséis: Ahora bien, analizada que es la demanda de amparo, se advierte que reclama los actos que a continuación se describen: El auto de catorce de junio de dos mil dieciséis, por medio del cual el Juez Segundo de Primera Instancia Civil del Distrito Judicial de Querétaro, decretó improcedente el incidente de nulidad de actuaciones contra la notificación de la interlocutoria emitida el cuatro de abril del año en curso ; y, La celebración inminente de la audiencia de remate, donde se sacará a subasta el bien embargado en los autos del juicio natural. DESECHAMIENTO El artículo 113 de la Ley de Amparo impone la obligación de examinar la demanda de amparo, estudiando en su orden si es procedente o no. Para dictar la improcedencia del juicio es necesario analizar si el acto reclamado se sitúa en alguna de las hipótesis a que refiere el artículo 61 o 63 de la ley de la materia, así como analizar si esa causal es manifiesta e indudable, el primero de los conceptos refiere a que la causa de improcedencia se advierta en forma patente y absolutamente clara, el segundo, que haya certidumbre y plena convicción que es operante. En el particular existe un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, respecto del acto reclamado por la quejosa, consistente en: El auto de catorce de junio de dos mil dieciséis, por medio del cual el Juez Segundo de Primera Instancia Civil del Distrito Judicial de Querétaro, decretó improcedente el incidente de nulidad de actuaciones contra la notificación de la interlocutoria emitida el cuatro de abril del año en curso. Lo anterior por considerar que no se agota el principio de definitividad, causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que establece: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; (.) De la cita que antecede se aprecia que la definitividad refiere, a la exigencia de agotar recursos y medios de defensa ordinarios antes de acudir al juicio de Amparo Indirecto, a fin de modificar, revocar o nulificar la resolución reclamada. Ahora bien, la hipótesis - acto reclamado- sujeto a estudio en el presente juicio, no cumple con la definitividad exigida, en razón que puede ser modificado, revocado o anulado; a través de un recurso ordinario establecido en el Código de Comercio, en el caso, la revocación, esto conforme al artículo 1334, el cual dispone lo siguiente: Artículo 1334. Los autos que no fueren apelables y los decretos pueden ser revocados por el Juez que los dictó o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio. Del enunciado normativo trascrito, se advierte que en contra de los autos dictados en un juicio de naturaleza mercantil en los cuales no proceda el recurso de apelación, procede el de revocación. Hecho que sucede en el caso concreto, en razón que esencialmente la parte quejosa reclama que la responsable dictó un auto en el que declaró improcedente el incidente de nulidad que hizo valer, sin agotar el medio de defensa ordinario que prevé la ley del acto. Para arribar a la anterior conclusión, resulta conveniente citar el contenido del artículo 1345, fracción V, del Código de Comercio, que a la letra establece: Artículo 1345.- Además de los casos determinados expresamente en la ley, en la forma y términos que se establecen en este capítulo, se tramitará de inmediato las apelaciones que se interpongan:--- (.) V. Contra el auto que desecha el incidente de nulidad de actuaciones por defectos en el emplazamiento y contra la resolución que se dicte en el incidente. Del precepto legal transcrito, se advierte que procede el recurso de apelación contra la resolución que se dicte respecto el incidente de nulidad de notificaciones (no obstante que en el caso concreto, el juez natural decidió resolver de plano mediante un acuerdo de trámite y no mediante la culminación del incidente respectivo), sin embargo, existe una regla de excepción que contiene el artículo 1339 del Código de Comercio, el cual regula el trámite del recurso de apelación y que dispone: Artículo 1339. Son irrecurribles las resoluciones que se dicten durante el procedimiento y las sentencias que recaigan en negocios cuyo monto sea menor de $562,264.43 por concepto de suerte principal, sin que sean de tomarse en consideración intereses y demás accesorios reclamados a la fecha de presentación de demanda, debiendo actualizarse dicha cantidad anualmente. En consonancia con el numeral transcrito y de las manifestaciones que realizó la parte quejosa en su escrito que se provee, donde bajo protesta de decir verdad precisó que la cuantía en el juicio de origen asciende a *** resulta inconcuso que en dicho procedimiento no procede el recurso de apelación contra dicho proveído, pues la cantidad a que fue condenada no rebasa la diversa prevista por el artículo 1339 del Código de Comercio, de ahí que contra el auto que decretó improcedente el incidente de nulidad propuesto, procede el recurso de revocación. Por tanto, al no agotarse el principio de definitividad que rige el juicio de amparo, respecto de dicho acto resulta improcedente el presente juicio constitucional, ya que el amparo es un juicio extraordinario al que sólo puede acudirse cuando previamente se haya agotado el recurso previsto por la ley ordinaria para modificar o revocar el acto que ha de reclamarse, sin que sea óbice que el acto pueda resultar de imposible reparación. La anterior determinación, encuentra sustento en la tesis de jurisprudencia 1a./J. 113/2013, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, página: 350, diciembre de 2013, de rubro y texto siguientes: DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LA IRREPARABILIDAD DEL ACTO NO CONSTITUYE, POR SÍ MISMA, UNA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO, AUN CUANDO EN LA CONTIENDA JURÍDICA ESTÉ INVOLUCRADO UN MENOR DE EDAD. El artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, por un lado, la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación y, por otra parte, prescribe el principio de definitividad que se traduce en la carga impuesta al quejoso de agotar los recursos ordinarios que procedan en contra de tal acto. Al respecto, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto, aun en los casos en los que un menor de edad se encuentre involucrado. El primero de esos requisitos, esto es, que se trate de un acto de ejecución irreparable, se refiere a la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y que genera la afectación en la esfera jurídica del quejoso, por la transgresión de un derecho sustantivo que no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. La regla de la definitividad, por su parte, se refiere a la existencia, idoneidad y eficacia de los recursos ordinarios previstos en la ley contra el acto reclamado, así como a la posibilidad, derivada de las normas legales aplicables al caso, de que el interesado renuncie a ellos. Así, en los juicios en que intervienen menores o se vea afectada su esfera jurídica, el hecho de que se trate de actos de imposible reparación no genera, per se, una excepción a la regla de definitividad, pues ésta se refiere fundamentalmente al alcance de los recursos y no a la naturaleza de los actos impugnados, sin que el interés superior del menor constituya una justificación válida para confundir los elementos de uno y otro requisitos de procedencia del juicio de amparo. La tesis de jurisprudencia transcrita, establece que la definitividad deba ser agotada, siempre y cuando el medio de defensa previsto en la ley secundaria reúna como requisitos los siguientes: Sea efectivo; Idóneo; y, Resuelto en un plazo razonable. Sobre estos conceptos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos; ha sostenido que la efectividad refiere a la eficacia real del recurso que prevé la ley. Lo idóneo a que dicho medio tenga como fin modificar, extinguir o anular el acto que se impugne o se reclame. El plazo razonable significa que estos deban resolverse rápido, es decir, en breve término. En el caso, el medio de defensa -recurso de revocación- reúne dichos requisitos, pues éste es efectivo, en razón que está previsto en la norma, es sencillo su trámite, pues basta un escrito en el que se expongan los agravios para que éstos sean estudiados, el cual puede plantearse al día siguiente de que sea notificado al recurrente. Es idóneo, ya que conforme a la norma reproducida tiene como fin revocar el auto que se recurra; es de plazo razonable, ya que su trámite se limita a una vista que se le da a la contraparte por tres días y, transcurrido el mismo, el Juez resolverá dentro del tercer día, según se expone en el artículo 1335 del Código de Comercio. Ahora bien, respecto del acto reclamado por la quejosa, consistente en: b) La celebración inminente de la audiencia de remate, donde se sacara a subasta el bien embargado en los autos del juicio natural. El mismo deviene igualmente improcedente, lo anterior por considerar que en el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con la fracción I del artículo primero todos de la ley de amparo, este último interpretado en sentido contrario: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; De lo anterior se desprende que el juicio de amparo es procedente, contra actos de autoridad que violen derechos humanos y garantías de los gobernados, lo que se traduce en una conducta activa u omisiva de la autoridad que es contraria a las disposiciones constitucionales. De ahí que los actos que se reclamen en la vía de amparo deben ser reales, actuales o inminentes para que con ellos se produzca una afectación en la esfera jurídica del quejoso, de lo contrario el juicio constitucional es improcedente, en razón que no existe daño que resarcir. Lo anterior se encuentra vinculado, con el principio constitucional de agravio personal y directo que rige en materia de amparo y que se deriva de la lectura del artículo 107 constitucional fracción I, que dispone: Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Por tanto, los actos hipotéticos, consumados o futuros de realización incierta y aquellos que no afectan de manera directa la esfera jurídica del quejoso, no son susceptibles de ser impugnados en la vía de amparo. Ahora bien de la lectura de la demanda se advierte que la quejosa señala como acto reclamado la celebración inminente de la audiencia de remate, donde se sacará a subasta el bien embargado en los autos del juicio natural, lo cual no es un hecho inminente la ejecución del acto que reclama, toda vez que el mismo es incierto, y actualmente no existe al momento de la presentación de la demanda de amparo, siendo futura e incierta la existencia de tal acto; aunado a que el probable desahogo de la misma, la hacen depender de que se siga con el impulso del procedimiento de ejecución y se culminen diversas etapas del remate respectivo. Por tanto, el acto reclamado en estudio, no constituye un acto de molestia, por ser futuro e incierto, en razón que la celebración de la audiencia de remate, está condicionada a que las partes impulsen el procedimiento por sus etapas respectivas, pues pudiera ser el caso que la misma no se desahogara, por lo que no es inminente, ya que no existe certeza de que la misma se va a llevar a cabo, en otras palabras, debe de haberse producido, estarse efectuando en el momento de la promoción del juicio o ser inminente, no simplemente eventual, aleatorio, hipotético o probable, como lo pretende la parte promovente, pues estos actos no engendran agravio, al ser impredecible su realización. Apoya a lo anterior, la tesis sustentada por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, consultable en la página doscientos dos, materia común, tomo XI, marzo de mil novecientos noventa y tres, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, que establece: ACTOS FUTUROS INMINENTES, QUE DEBE ENTENDERSE POR. Por actos futuros inminentes debe entenderse, los que comprenden no sólo aquellos actos que tendrán que dictarse forzosamente como consecuencia legal futura e ineludible de los actos ya actualizados, sino todos aquéllos que puedan estimarse como consecuencia lógica del ya existente, si esos actos pudieran venir a entorpecer la restitución de las cosas al estado que antes guardaban o a causar perjuicios de difícil reparación. Además, la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, localizable a página ciento noventa y siete, Tomo XI, marzo de mil novecientos noventa y tres, Materia Común, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dice: ACTO INMINENTE. CARACTERÍSTICA. Para que un acto de autoridad revista el carácter de inminente, es menester que el mismo derive de manera directa y necesaria de otro preexistente, de tal manera que con facilidad pueda asegurarse que se ejecutará en breve y sin lugar a dudas, pues de otra manera ese acto no sería inminente sino futuro e incierto, contra el que no procede otorgar la suspensión. Así también, la diversa tesis sustentada por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, consultable en la página ciento treinta y ocho, materia común, tomo XV-I, febrero de mil novecientos noventa y cinco, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, que indica: ACTOS FUTUROS DE REALIZACION INCIERTA. NO PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO CONTRA LOS. Contra actos futuros de realización incierta no procede el juicio de garantías. En este orden de ideas, lo procedente es desechar la demanda que promueve ***, por propio derecho. Notifíquese, y personalmente a la parte quejosa.

  4. Principal

    Santiago de Querétaro, Querétaro, siete de julio de dos mil dieciséis. Se tiene por recibido y se ordena agregar a los autos el informe justificado rendido por la 6. Delegada Municipal Centro Histórico del Municipio de Querétaro (en su denominación correcta). Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se ordena dar vista a las partes para que manifiesten lo que a su derecho convenga. De conformidad con el artículo 9 de la ley de la materia, se tiene como delegados de la responsable, a las personas que señala en su informe y como domicilio el que indica. Notifíquese.

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