Edgar Misael Vega Palmerin y Otros.

Expediente 701/2023 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 10 de julio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
701/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
10/07/2023

Partes del expediente

  • Edgar Misael Vega Palmerin y Otros.
  • Edgar Misael Vega Palmerin

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación secretarial de cuenta, de la que se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de queja en el término de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente, se declara que el auto de veintiocho de junio de dos mil veintitrés, en el cual se tuvo por no presentada la demanda de amparo promovida por Israel Ríos Godoy, en representación de los directos quejosos Edgar Misael Vega Palmerin, Carlos Javier Timoteo de Luis, Oscar Eduardo de Luis Maldonado, y Héctor Jael Arriaga García, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes.En consecuencia, se deja sin efectola suspensión de plano concedida en auto de trece de junio de dos mil veintitrés. En mérito de lo anterior, de conformidad con lo previsto en los párrafos que anteceden, SE ESTIMA QUE ESTE EXPEDIENTE ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, de conformidad en lo previsto en los párrafos que anteceden; por ende, debe realizarse el procedimiento de la desincorporación y desintegración material total de este asunto, pues se trata de un expediente en el cual este órgano jurisdiccional desechó la demanda de amparo.

  2. Principal

    se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de queja en el término de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo; en consecuencia, se declara que la determinación de trece de junio del año en curso, en la que se desechó parcialmente la demanda de amparo promovida por *****, respecto de los actos consistentes en la omisión de acordar diversas peticiones correspondientes a un procedimiento, en el presente juicio de amparo 701/2023-V HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes. se advierte que los quejosos no ratificaron la demanda de amparo, tal y como se ordenó en proveído de trece de junio del año en curso, pues el plazo de tres días concedido para tal efecto, ha transcurrido en su totalidad. se hace efectivo el apercibimiento decretado en el aludido proveído; y, SE TIENE POR NO PRESENTADA la demanda de amparo promovida por *******, respecto de los actos reclamados consistentes en la incomunicación, detención, retención y privación ilegal de la libertad fuera de procedimiento.

  3. Principal

    agréguese a los autos la razón actuarial y los oficios de cuenta, la primera firmada por el Actuario Judicial adscrito a este Juzgado, por medio del cual, informa que no pudo localizar a los quejosos **** ***** a efecto de hacer de su conocimiento, el contenido del proveído de trece de junio del año en curso, dictado en el juicio de amparo en que se actúa, manifestando que se le pusieron a la vista las boletas de infractor con folio C-4: 1142, folio C-4: folio C-A: 1146 y folio C-A:1143 de trece de junio de este año, de las cuales se aprecia la diversa boleta de salida correspondiente a cada uno de los quejosos; el segundo y tercero oficios, firmados por el Oficial Calificador del Segundo Turno de Cuautitlán Izcalli y por el Titular de la Coordinación Jurídica de la Comisaría General de Seguridad Ciudadana de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, por medio de los cuales, rinden su informe de suspensión de plano. En atención a lo anterior, toda vez que del escrito de demanda, no se advierte un diverso domicilio en el que puedan ser localizados los citados quejosos, ya que, si bien es cierto, proporcionaron usuario electrónico, este fue señalado únicamente para consulta del expediente electrónico; con fundamento en el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 305 y 306, del Código Federal en cita, y tomando en consideración que de las constancias de cuenta se aprecia que los quejosos ya obtuvieron su libertad, practíquese a éstos todo tipo de notificaciones, aún las de carácter personal, así como la notificación del auto referido, por medio de lista que se fija en lugar visible en este Juzgado de Distrito., NOTIFICO A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE TRECE DE JUNIO DE DOS MIL VIENTITRES QUE A LA LETRA DICE VISTA la demanda de amparo promovida electrónicamente por --------, en representación de los directos quejosos -----, -----, -----, -----, contra actos del Comisario de Seguridad Ciudadana del Municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México y otra autoridad; de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3° de la Ley de Amparo y 21 a 26 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, reformados con excepción del precepto citado en primer término, mediante diverso Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiocho de octubre de dos mil veintidós, vigente a partir del siete de noviembre del año en cita, se instruye a los secretarios y demás personal de este Juzgado de Distrito para formar el cuaderno impreso y electrónico del presente asunto, respecto de la demanda de amparo indirecto que quedó registrada con el número 701/2023-V En primer término, se procede a emitir pronunciamiento respecto a los actos reclamados consistentes en: La omisión de acordar las peticiones del promovente correspondientes a un procedimiento. Ahora bien, en el caso se analiza primero la procedencia del juicio de amparo, pues las causales previstas en el artículo 61, en relación con el 62, ambos de la Ley de Amparo, son de examen preferente y deben analizarse aún de oficio, lo aleguen o no las partes, por lo que de actualizarse alguna de ellas deberá desecharse de plano la demanda de amparo. Asimismo, de conformidad con el artículo 113 de la ley en cita, es obligatorio examinar el escrito de demanda y de encontrarse motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se debe desechar de plano, si se toma en cuenta como punto de partida que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito y lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Así, en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los artículos 6° y 15 de la Ley de Amparo y 107, fracción I, de la Constitución Federal, que establecen. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.. Artículo 6. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. . Artículo 15. Cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, y el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo, podrá hacerlo cualquiera otra persona en su nombre, aunque sea menor de edad. En estos casos, el órgano jurisdiccional de amparo decretará la suspensión de los actos reclamados, y dictará todas las medidas necesarias para lograr la comparecencia del agraviado. Artículo 107. Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas de orden público que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada (...)." En los citados artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6° de la Ley de Amparo, se encuentra previsto el principio de instancia de parte agraviada que consiste en que el juicio de amparo únicamente podrá promoverse por la persona física o jurídico colectiva a quien afecte la norma general o el acto reclamado; es decir, quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el mismo trasgrede los derechos reconocidos por la Constitución y con ello, se le afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Lo anterior, es premisa indispensable para instar el juicio de amparo, ya que sin la promoción del gobernado no es dable que se dé inicio a dicho procedimiento constitucional, ni que se restablezca el orden constitucional afectado, ni se deje inválido el acto de autoridad trasgresor de los derechos fundamentales del quejoso. Por su parte, el artículo 6° de la Ley de Amparo, reconoce que el afectado por el acto o ley reclamados puede promover su demanda, por sí, esto es, por su propio derecho, o bien, por conducto de un tercero en diferentes supuestos. Ahora bien, al respecto cabe recordar que el juzgador se encuentra constreñido a verificar si la demanda de amparo reúne los requisitos de procedibilidad, para el efecto de estar en posibilidad de determinar si ésta fue o no promovida por el gobernado a quien perjudica el acto de autoridad que reclama. Cabe precisar que el juicio de amparo sólo puede promoverse a instancia; sin embargo, existen tres supuestos en los que es procedente su promoción a nombre del quejoso, a saber: Por su representante, quien debe acreditar que cuenta con dicho carácter; Por el defensor del quejoso cuando el acto emana de un procedimiento penal; y, Por cualquier persona, si se reclaman actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento judicial, deportación, destierro o alguno de los prohibidos, por el artículo 22 constitucional, siempre y cuando el agraviado se encuentre imposibilitado para promoverlo . En el primer caso, el promovente deberá acreditar la representación del quejoso a través de algún documento que dé cuenta de la voluntad de ser representado, o bien, en términos de la ley aplicable dentro del procedimiento del que derive el acto reclamado. Por lo que hace al segundo supuesto, cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, el quejoso podrá promover el amparo, por conducto de su defensor. En ese sentido, cuando el acto reclamado deriva de un procedimiento de esa naturaleza, el defensor del quejoso, por disposición legal, cuenta con legitimación procesal activa para instar el juicio de amparo; sin embargo, dicha circunstancia no es plena, esto es, el promovente deberá manifestar que efectivamente comparece con el carácter de defensor del quejoso, y exteriorizar bajo protesta de decir verdad que le fue reconocido dicho carácter. En la tercer hipótesis, la demanda de amparo la puede promover cualquier persona, sin necesidad de acreditar algún tipo de representación a favor del quejoso, ello, siempre que se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, entre otros, condicionado igualmente que el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo. Expuesto lo anterior, en el caso, la demanda de amparo es promovida por -------, en representación de los directos quejosos -----, -----, -----, -----, señalando entre otros actos la omisión de acordar las peticiones del promovente correspondientes a un procedimiento. Sin embargo, debe señalarse que la promovente carece de legitimación para promover la demanda de amparo respecto a esos actos, ya que no se encuentra en alguno de los supuestos de excepción para promover la demanda en nombre de los directos agraviados en relación a los actos mencionados. En efecto, el promovente no demostró ser representante de los quejosos, a través de algún documento en el que conste su voluntad para que sea representado por diversa persona. Asimismo, si bien los actos reclamados de referencia pueden tener su origen en un procedimiento penal, también cierto es que el promovente no manifiesta tener el carácter de defensora de los directos quejosos, y menos aún exterioriza bajo protesta de decir verdad que le hayan reconocido dicho carácter. Asimismo, por cuanto hace a los actos a estudio, tampoco se encuentran en los supuestos a que hace referencia el artículo 15 de la ley en cita, pues no se refiere que esos actos se hayan emitido fuera de procedimiento. En tales circunstancias, no existe instancia de parte por haberse presentado por persona diversa al titular del derecho que se considera afectado en su esfera jurídica, de ahí que se actualice la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los artículos 6 y 15 de la Ley de Amparo y 107, fracción I, de la Constitución Federa, única y exclusivamente por lo que hace a los actos antes indicados. Consecuentemente, al encontrarse acreditada la causal de improcedencia anteriormente analizada, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO la presente demanda de amparo, promovida por -----, en representación de los directos quejosos -----, -----, -----, -----. Sin que dicha determinación deje en estado de indefensión a la parte quejosa, pues se encuentra en posibilidad de promover la demanda por propio derecho, respecto al acto señalado. SUSPENSIÓN DE PLANO En otro orden de ideas, en relación a los actos consistentes en la incomunicación, detención, retención y privación ilegal de la libertad fuera de procedimiento, en contra de -----, -----, -----, -----, de conformidad con los artículos 15, 20, 33, fracción IV, 35, 112, segundo párrafo y 126 de la Ley de Amparo, SE DECRETA LA SUSPENSIÓN DE PLANO en contra de dichos actos, así como de cualquier otro de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal, tales como malos tratos, penas de mutilación y de infamia, las marcas, los azotes, los palos y cualquiera otras inusitadas o trascendentales. En razón de lo anterior, requiérase a las autoridades señaladas como responsables, para que de inmediato se abstenga de llevar a cabo cualquiera de los actos mencionados contra los directamente agraviados -----, -----, -----, -----, e informen de inmediato del cumplimiento que den a la presente determinación, acompañando la totalidad de las constancias en que apoyen su informe, haciendo de su conocimiento que en caso de no obedecer la suspensión aquí concedida, puede dar lugar a que se proceda en términos del título quinto, capítulo III, de la Ley de Amparo, e incurrir en el delito tipificado en el artículo 262, fracción III, de dicho cuerpo normativo, el cual prevé una pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, por desobedecer un auto de suspensión debidamente notificado, independientemente de cualquier otro delito en que pudiera incurrir. Cabe precisar que la multa a que se hace referencia en el presente acuerdo, está fundamentada en los artículos segundo y tercero transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, el valor de dicha unidad emitida por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, divulgada en el mencionado medio de difusión oficial de nueve de enero de dos mil veintitrés, cuyo monto vigente es de $103.74 (ciento tres pesos 74/100 moneda nacional). Por lo tanto, se comisiona al actuario adscrito para que de manera inmediata remita los oficios correspondientes a fin de notificar la presente determinación. Es necesario precisar que, si los actos reclamados se llevaron con motivo de la investigación de algún hecho que la ley señale como delito, los quejosos podrán ser retenidos hasta por cuarenta y ocho horas o noventa y seis horas, según sea el caso, contadas a partir de que haya sido puesta a su disposición, tal y como lo dispone el artículo 16 Constitucional, párrafo séptimo, plazo en el que deberá ordenarse su libertad o ponérsele a disposición de la autoridad judicial, en la hipótesis de que si se trata de una privación de la libertad inconstitucional, al no ser ordenada por autoridad judicial, ni tampoco por urgencia o flagrancia, la autoridad responsable deberá ordenar la libertad inmediata, sin perjuicio de la averiguación previa o carpeta de investigación correspondiente. En caso de que la quejosa se encuentre a disposición de la autoridad responsable por haber sido detenido en flagrancia, el plazo constitucional se contará a partir de que sea puesto a su disposición. En cualquier caso distinto de los anteriores, en los que se restrinja la libertad fuera de procedimiento de los quejosos, la suspensión tiene por efecto que sean puestos en inmediata libertad o consignados al juez que corresponda. Con motivo de lo anterior, se comisiona al actuario judicial adscrito a este juzgado de Distrito, para que se constituya en las instalaciones que ocupa la Oficina Calificadora del Municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, lugar donde refiere el promovente se encuentran incomunicados los quejosos -----, -----, -----, -----, y los requiera para que en la propia diligencia o dentro del plazo de tres días, contados a partir de que sean notificados del presente proveído, en términos del artículo 15, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, manifiesten si ratifican la demanda de amparo promovida en su favor y en caso de que así sea, dese nueva cuenta para proveer lo que corresponda. En caso de que el actuario judicial localice a los quejosos, deberá cerciorarse de que haya cesado la incomunicación, o en caso contrario, que en ese momento la autoridad responsable le permita realizar alguna llamada o tener acceso a un abogado; y en caso de que la autoridad se niegue, lo deberá asentar en la razón correspondiente a fin de hacer efectivos los apercibimientos antes referidos. De igual manera, se faculta al actuario judicial, a efecto de que en el desahogo de la diligencia encomendada se cerciore que los quejosos no han sufrido penas de mutilación, de infamia, marcas, azotes, palos, tormento de cualquier especie, tortura, y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales, así como tratos crueles, inhumanos o degradantes, e indague con los quejosos, si han sido objeto de tales actos; para lo cual, deberá constatar si observa lesiones en los quejosos, y en su caso, deberá hacerlo constar en el acta correspondiente. En complemento a lo anterior, se autoriza al actuario que en caso de ser informado en el momento de la diligencia de que los quejosos se encuentra detenidos ante diversa autoridad o lugar de los asentados en la demanda de amparo, se constituya a fin de practicar la diligencia ordenada en el presente proveído, siempre y cuando corresponda a esta jurisdicción, encontrándose habilitadas días y horas inhábiles para efectuar la encomienda. Aunado a lo anterior, se faculta al Actuario Judicial para que en caso de que la denominación de la autoridad señalada como responsable sea incorrecta, indague al respecto, hasta que obtenga el nombre actual y correcto de la autoridad ante quien se encuentran los directos quejosos. En el entendido de que el fedatario adscrito no se encuentra autorizado para recibir ningún escrito de la parte quejosa, conforme a la consulta de diecisiete de mayo de dos mil diecisiete, con número de oficio CJF/VJ/3439/2017, signada por el Visitador General de la Visitaduría Judicial del Consejo de la Judicatura Federal. Respecto del domicilio y autorizados que señala el promovente, este juzgador se reserva a proveer lo conducente hasta en tanto se ratifique la demanda de amparo. Por otra parte, toda vez que el promovente proporciona el nombre de usuario "israelrgodoy", para ingresar al sistema de consulta de expediente electrónico, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 3° de la Ley de Amparo, se autoriza la consulta vía internet del expediente electrónico relativo al presente juicio de amparo; por tanto, instrúyase al oficial Judicial "A", antes Analista Jurídico encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), para que realice las gestiones necesarias. Se tiene al promovente, proporcionando el correo electrónico israelrgodoy@hotmail.com, para efecto de establecer el contacto respectivo en los casos que se estimen necesarios; sin que esto implique que dicho medio se tenga para oír y recibir notificaciones personales, toda vez que la Ley de Amparo no lo contempla así. En otro orden de ideas, en términos de los artículos 257, fracción I, y 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se sugiere a la parte promovente que, de ser posible transiten al esquema de actuación desde el P

  4. Principal

    VISTA la demanda de amparo promovida electrónicamente por --------, en representación de los directos quejosos -----, -----, -----, -----, contra actos del Comisario de Seguridad Ciudadana del Municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México y otra autoridad; de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3° de la Ley de Amparo y 21 a 26 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, reformados con excepción del precepto citado en primer término, mediante diverso Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiocho de octubre de dos mil veintidós, vigente a partir del siete de noviembre del año en cita, se instruye a los secretarios y demás personal de este Juzgado de Distrito para formar el cuaderno impreso y electrónico del presente asunto, respecto de la demanda de amparo indirecto que quedó registrada con el número 701/2023-V En primer término, se procede a emitir pronunciamiento respecto a los actos reclamados consistentes en: La omisión de acordar las peticiones del promovente correspondientes a un procedimiento. Ahora bien, en el caso se analiza primero la procedencia del juicio de amparo, pues las causales previstas en el artículo 61, en relación con el 62, ambos de la Ley de Amparo, son de examen preferente y deben analizarse aún de oficio, lo aleguen o no las partes, por lo que de actualizarse alguna de ellas deberá desecharse de plano la demanda de amparo. Asimismo, de conformidad con el artículo 113 de la ley en cita, es obligatorio examinar el escrito de demanda y de encontrarse motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se debe desechar de plano, si se toma en cuenta como punto de partida que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito y lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Así, en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los artículos 6° y 15 de la Ley de Amparo y 107, fracción I, de la Constitución Federal, que establecen. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.. Artículo 6. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. . Artículo 15. Cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, y el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo, podrá hacerlo cualquiera otra persona en su nombre, aunque sea menor de edad. En estos casos, el órgano jurisdiccional de amparo decretará la suspensión de los actos reclamados, y dictará todas las medidas necesarias para lograr la comparecencia del agraviado. Artículo 107. Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas de orden público que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada (...)." En los citados artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6° de la Ley de Amparo, se encuentra previsto el principio de instancia de parte agraviada que consiste en que el juicio de amparo únicamente podrá promoverse por la persona física o jurídico colectiva a quien afecte la norma general o el acto reclamado; es decir, quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el mismo trasgrede los derechos reconocidos por la Constitución y con ello, se le afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Lo anterior, es premisa indispensable para instar el juicio de amparo, ya que sin la promoción del gobernado no es dable que se dé inicio a dicho procedimiento constitucional, ni que se restablezca el orden constitucional afectado, ni se deje inválido el acto de autoridad trasgresor de los derechos fundamentales del quejoso. Por su parte, el artículo 6° de la Ley de Amparo, reconoce que el afectado por el acto o ley reclamados puede promover su demanda, por sí, esto es, por su propio derecho, o bien, por conducto de un tercero en diferentes supuestos. Ahora bien, al respecto cabe recordar que el juzgador se encuentra constreñido a verificar si la demanda de amparo reúne los requisitos de procedibilidad, para el efecto de estar en posibilidad de determinar si ésta fue o no promovida por el gobernado a quien perjudica el acto de autoridad que reclama. Cabe precisar que el juicio de amparo sólo puede promoverse a instancia; sin embargo, existen tres supuestos en los que es procedente su promoción a nombre del quejoso, a saber: Por su representante, quien debe acreditar que cuenta con dicho carácter; Por el defensor del quejoso cuando el acto emana de un procedimiento penal; y, Por cualquier persona, si se reclaman actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento judicial, deportación, destierro o alguno de los prohibidos, por el artículo 22 constitucional, siempre y cuando el agraviado se encuentre imposibilitado para promoverlo . En el primer caso, el promovente deberá acreditar la representación del quejoso a través de algún documento que dé cuenta de la voluntad de ser representado, o bien, en términos de la ley aplicable dentro del procedimiento del que derive el acto reclamado. Por lo que hace al segundo supuesto, cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, el quejoso podrá promover el amparo, por conducto de su defensor. En ese sentido, cuando el acto reclamado deriva de un procedimiento de esa naturaleza, el defensor del quejoso, por disposición legal, cuenta con legitimación procesal activa para instar el juicio de amparo; sin embargo, dicha circunstancia no es plena, esto es, el promovente deberá manifestar que efectivamente comparece con el carácter de defensor del quejoso, y exteriorizar bajo protesta de decir verdad que le fue reconocido dicho carácter. En la tercer hipótesis, la demanda de amparo la puede promover cualquier persona, sin necesidad de acreditar algún tipo de representación a favor del quejoso, ello, siempre que se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, entre otros, condicionado igualmente que el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo. Expuesto lo anterior, en el caso, la demanda de amparo es promovida por -------, en representación de los directos quejosos -----, -----, -----, -----, señalando entre otros actos la omisión de acordar las peticiones del promovente correspondientes a un procedimiento. Sin embargo, debe señalarse que la promovente carece de legitimación para promover la demanda de amparo respecto a esos actos, ya que no se encuentra en alguno de los supuestos de excepción para promover la demanda en nombre de los directos agraviados en relación a los actos mencionados. En efecto, el promovente no demostró ser representante de los quejosos, a través de algún documento en el que conste su voluntad para que sea representado por diversa persona. Asimismo, si bien los actos reclamados de referencia pueden tener su origen en un procedimiento penal, también cierto es que el promovente no manifiesta tener el carácter de defensora de los directos quejosos, y menos aún exterioriza bajo protesta de decir verdad que le hayan reconocido dicho carácter. Asimismo, por cuanto hace a los actos a estudio, tampoco se encuentran en los supuestos a que hace referencia el artículo 15 de la ley en cita, pues no se refiere que esos actos se hayan emitido fuera de procedimiento. En tales circunstancias, no existe instancia de parte por haberse presentado por persona diversa al titular del derecho que se considera afectado en su esfera jurídica, de ahí que se actualice la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los artículos 6 y 15 de la Ley de Amparo y 107, fracción I, de la Constitución Federa, única y exclusivamente por lo que hace a los actos antes indicados. Consecuentemente, al encontrarse acreditada la causal de improcedencia anteriormente analizada, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO la presente demanda de amparo, promovida por -----, en representación de los directos quejosos -----, -----, -----, -----. Sin que dicha determinación deje en estado de indefensión a la parte quejosa, pues se encuentra en posibilidad de promover la demanda por propio derecho, respecto al acto señalado. SUSPENSIÓN DE PLANO En otro orden de ideas, en relación a los actos consistentes en la incomunicación, detención, retención y privación ilegal de la libertad fuera de procedimiento, en contra de -----, -----, -----, -----, de conformidad con los artículos 15, 20, 33, fracción IV, 35, 112, segundo párrafo y 126 de la Ley de Amparo, SE DECRETA LA SUSPENSIÓN DE PLANO en contra de dichos actos, así como de cualquier otro de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal, tales como malos tratos, penas de mutilación y de infamia, las marcas, los azotes, los palos y cualquiera otras inusitadas o trascendentales. En razón de lo anterior, requiérase a las autoridades señaladas como responsables, para que de inmediato se abstenga de llevar a cabo cualquiera de los actos mencionados contra los directamente agraviados -----, -----, -----, -----, e informen de inmediato del cumplimiento que den a la presente determinación, acompañando la totalidad de las constancias en que apoyen su informe, haciendo de su conocimiento que en caso de no obedecer la suspensión aquí concedida, puede dar lugar a que se proceda en términos del título quinto, capítulo III, de la Ley de Amparo, e incurrir en el delito tipificado en el artículo 262, fracción III, de dicho cuerpo normativo, el cual prevé una pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, por desobedecer un auto de suspensión debidamente notificado, independientemente de cualquier otro delito en que pudiera incurrir. Cabe precisar que la multa a que se hace referencia en el presente acuerdo, está fundamentada en los artículos segundo y tercero transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, el valor de dicha unidad emitida por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, divulgada en el mencionado medio de difusión oficial de nueve de enero de dos mil veintitrés, cuyo monto vigente es de $103.74 (ciento tres pesos 74/100 moneda nacional). Por lo tanto, se comisiona al actuario adscrito para que de manera inmediata remita los oficios correspondientes a fin de notificar la presente determinación. Es necesario precisar que, si los actos reclamados se llevaron con motivo de la investigación de algún hecho que la ley señale como delito, los quejosos podrán ser retenidos hasta por cuarenta y ocho horas o noventa y seis horas, según sea el caso, contadas a partir de que haya sido puesta a su disposición, tal y como lo dispone el artículo 16 Constitucional, párrafo séptimo, plazo en el que deberá ordenarse su libertad o ponérsele a disposición de la autoridad judicial, en la hipótesis de que si se trata de una privación de la libertad inconstitucional, al no ser ordenada por autoridad judicial, ni tampoco por urgencia o flagrancia, la autoridad responsable deberá ordenar la libertad inmediata, sin perjuicio de la averiguación previa o carpeta de investigación correspondiente. En caso de que la quejosa se encuentre a disposición de la autoridad responsable por haber sido detenido en flagrancia, el plazo constitucional se contará a partir de que sea puesto a su disposición. En cualquier caso distinto de los anteriores, en los que se restrinja la libertad fuera de procedimiento de los quejosos, la suspensión tiene por efecto que sean puestos en inmediata libertad o consignados al juez que corresponda. Con motivo de lo anterior, se comisiona al actuario judicial adscrito a este juzgado de Distrito, para que se constituya en las instalaciones que ocupa la Oficina Calificadora del Municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, lugar donde refiere el promovente se encuentran incomunicados los quejosos -----, -----, -----, -----, y los requiera para que en la propia diligencia o dentro del plazo de tres días, contados a partir de que sean notificados del presente proveído, en términos del artículo 15, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, manifiesten si ratifican la demanda de amparo promovida en su favor y en caso de que así sea, dese nueva cuenta para proveer lo que corresponda. En caso de que el actuario judicial localice a los quejosos, deberá cerciorarse de que haya cesado la incomunicación, o en caso contrario, que en ese momento la autoridad responsable le permita realizar alguna llamada o tener acceso a un abogado; y en caso de que la autoridad se niegue, lo deberá asentar en la razón correspondiente a fin de hacer efectivos los apercibimientos antes referidos. De igual manera, se faculta al actuario judicial, a efecto de que en el desahogo de la diligencia encomendada se cerciore que los quejosos no han sufrido penas de mutilación, de infamia, marcas, azotes, palos, tormento de cualquier especie, tortura, y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales, así como tratos crueles, inhumanos o degradantes, e indague con los quejosos, si han sido objeto de tales actos; para lo cual, deberá constatar si observa lesiones en los quejosos, y en su caso, deberá hacerlo constar en el acta correspondiente. En complemento a lo anterior, se autoriza al actuario que en caso de ser informado en el momento de la diligencia de que los quejosos se encuentra detenidos ante diversa autoridad o lugar de los asentados en la demanda de amparo, se constituya a fin de practicar la diligencia ordenada en el presente proveído, siempre y cuando corresponda a esta jurisdicción, encontrándose habilitadas días y horas inhábiles para efectuar la encomienda. Aunado a lo anterior, se faculta al Actuario Judicial para que en caso de que la denominación de la autoridad señalada como responsable sea incorrecta, indague al respecto, hasta que obtenga el nombre actual y correcto de la autoridad ante quien se encuentran los directos quejosos. En el entendido de que el fedatario adscrito no se encuentra autorizado para recibir ningún escrito de la parte quejosa, conforme a la consulta de diecisiete de mayo de dos mil diecisiete, con número de oficio CJF/VJ/3439/2017, signada por el Visitador General de la Visitaduría Judicial del Consejo de la Judicatura Federal. Respecto del domicilio y autorizados que señala el promovente, este juzgador se reserva a proveer lo conducente hasta en tanto se ratifique la demanda de amparo. Por otra parte, toda vez que el promovente proporciona el nombre de usuario "israelrgodoy", para ingresar al sistema de consulta de expediente electrónico, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 3° de la Ley de Amparo, se autoriza la consulta vía internet del expediente electrónico relativo al presente juicio de amparo; por tanto, instrúyase al oficial Judicial "A", antes Analista Jurídico encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), para que realice las gestiones necesarias. Se tiene al promovente, proporcionando el correo electrónico israelrgodoy@hotmail.com, para efecto de establecer el contacto respectivo en los casos que se estimen necesarios; sin que esto implique que dicho medio se tenga para oír y recibir notificaciones personales, toda vez que la Ley de Amparo no lo contempla así. En otro orden de ideas, en términos de los artículos 257, fracción I, y 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se sugiere a la parte promovente que, de ser posible transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea, en donde podrán acceder al micrositio de "servicios jurisdiccionales" en el siguiente enlace: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/ServiciosJurisdiccionales, además, proporcionen un número de teléfono móvil y una cuenta de correo electrónico para que se pueda entablar el contacto respectivo en los casos que se estimen necesarios. TELÉFONO INSTITUCIONAL De igual modo, se hace del conocimiento de las partes el número telefónico del Secretario encargado del asunto Germán Jaén León, a saber 5553870500, extensión 1384, a quien de ser necesario para atención del expediente, se podrá contactar en un horario de nueve a quince horas de lunes a viernes.

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