Edgar Mauricio Berrios Romero
Expediente 1729/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Tabasco. 12 actuaciones registradas, la última del 2 de febrero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1729/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 02/02/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Tabasco · Tabasco
Partes del expediente
- Edgar Mauricio Berrios Romero
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
Villahermosa, Tabasco; dos de febrero de dos mil veintitrés. Causa estado. Vista la certificación de cuenta y apareciendo de la misma que ninguna de las partes interpuso ante este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Tabasco, el recurso de revisión previsto en el artículo 81, fracción I, inciso d), de la Ley de Amparo vigente, en el término que señala el artículo 86 del mismo ordenamiento, en contra del auto emitido el doce de enero de dos mil veintitrés; en el que se sobreseyó fuera de audiencia el juicio de amparo promovido por Edgar José Moreno Hernández, en representación de Edgar Mauricio Berrios Romero contra actos de la Subdirectora de la Estación Migratoria en Villahermosa, Tabasco. Dado lo anterior, se declara que dicho auto ha causado estado para todos los efectos legales correspondientes; háganse las anotaciones en los libros de Gobierno y electrónico respectivo (SISE). Anotaciones Ahora bien, toda vez que se trata de un asunto totalmente concluido, y que no existe acuerdo pendiente por dictar, SE ORDENA EL ARCHIVO DEFINITIVO del mismo, previa las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este Juzgado. Asimismo, en cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, aprobado el diecinueve de febrero de dos mil veinte y publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo siguiente, se ordena: 1.- DEPURAR el expediente principal dentro de los noventa días siguientes al vencimiento del plazo de tres años de conservación, contado a partir del dictado del presente acuerdo, ya que se actualiza la hipótesis del numérico 18, inciso a) del citado Acuerdo General, al ser un juicio de amparo en el que por una parte, se concedió la suspensión de plano respecto del acto reclamado y por otra, se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio, donde no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental. 2.- TRANSFERIR el expediente principal una vez concluido el proceso de depuración, previa solicitud a los depósitos documentales dependiente de la Dirección General de Archivo y Documentación, así como su anotación correspondiente en los libros de gobierno y Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) de conformidad con el artículo 29 del citado acuerdo. Sin que sea obstáculo a lo anterior, que el promovente del amparo, haya señalado como acto reclamado la incomunicación que dijo, estaba sufriendo el directo quejoso; ello, en razón a que, tal como se constata de la razón actuarial de seis de octubre de dos mil veintidós, el actuario de la adscripción hizo constar que el directo quejoso le manifestó de viva voz que no había sido maltratado, ni tampoco está incomunicado. Finalmente, requiérase al Actuario Judicial adscrito encargado del expediente en que se actúa, para que a la brevedad integre en el expediente electrónico todas y cada una de las notificaciones.
- Principal
Villahermosa, Tabasco, dieciocho de agosto de dos mil diecisiete. Téngase por recibido y agréguese sin hacer mayor pronunciamiento el oficio signado por la Representante Local, Encargada del Departamento de Asuntos Jurídicos "B" en la Delegación Federal en Tabasco del Instituto Nacional de Migración, con sede en esta ciudad; lo anterior en razón de que el dieciséis de enero pasado, se sobreseyó fuera de audiencia el presente asunto.
- Principal
Villahermosa, Tabasco, dieciséis de enero de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede, se hace efectivo el apercibimiento decretado a la parte quejosa en el referido auto de once de octubre de dos mil veintidós, por lo que el presente asunto se resolverá únicamente por la autoridad y los actos reclamados que se señalaron en el escrito inicial de demanda de amparo. Por otra parte, téngase por recibido el oficio signado por la Representante Local Encargada del Departamento de Asuntos Jurídicos "B" en la Oficina de Representación en Tabasco del Instituto Nacional de Migración, con sede en esta ciudad, a través del cual en cumplimiento al requerimiento efectuado por este juzgado, informa la situación actual del quejoso Edgar Mauricio Berrios Romero y remite copia certificada de diversas constancias del procedimiento migratorio del citado inconforme. Ahora de una revisión a dichas constancias se advierte que el veintiuno de octubre de dos mil veintidós, fue emitida el acta de hechos de evasión de control migratorio, debido a que el aludido quejoso no se presentó al control de firmas correspondientes y por ello se dio por terminado el procedimiento administrativo migratorio. Domicilio y delegados. Asimismo, no ha lugar acordar en relación al domicilio y autorizados que cita, en razón de que en proveído de seis de octubre de dos mil veintidós, se proveyó lo conducente. Conforme al artículo 119 de la ley de la materia en cita, se tiene por ofrecida como prueba, la documental que anexa la referida autoridad, consistente en copia certificada del expediente administrativo a nombre de Edgar Mauricio Berrios Romero. Documental que goza de pleno valor probatorio, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su segundo numeral, al haber sido expedida por un servidor público en ejercicio de sus funciones. Es aplicable la jurisprudencia 226, emitida por el propio Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice de 1995, Quinta Época, Tomo VI, Parte SCJN, página 153, registro 394182, de contenido literal que a continuación se transcribe: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena.". Sobreseimiento fuera de audiencia. Ahora, del análisis de las constancias que remitió la autoridad responsable en apoyo a su informe justificado, este órgano de control constitucional advierte que en el caso, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que entre otras cosas, establece: ".Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Del contenido del artículo 61, fracción XXI, de la ley de la materia, se obtiene que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; esto es, cuando desaparecen o se destruyen de forma inmediata, total e incondicional sus efectos. Se estima oportuno destacar que de acuerdo con el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el verbo "cesar" significa dejar de hacer lo que se está haciendo y el término "efecto" significa lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa. Así, la causa de improcedencia que nos ocupa, se encuentra orientada por la imposibilidad de alcanzar la finalidad que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo; dicho de otra manera, la restitución a los agraviados en el pleno goce de los derechos vulnerados, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la transgresión, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando el acto sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el derecho exija. Por tanto, en términos de la fracción XXI, del artículo 61 de la ley de la materia, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no sea posible alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado; es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos, la reparación constitucional carezca de materia. En la especie, se aprecia que el acto reclamado en el presente juicio consiste en la detención y/o retención, que se traduce en la privación de la libertad fuera de procedimiento con fines de deportación, de la que es objeto el directo quejoso por parte de las autoridades migratorias. Ahora, de la documental que remitió la autoridad responsable, se advierte que el trece de octubre de dos mil veintidós, ordenó la salida provisional de Edgar Mauricio Berrios Romero y, que el veintiuno de octubre de dos mil veintidós, al no haberse presentado al control de firmas correspondiente, se dio por concluido el procedimiento administrativo migratorio iniciado en su contra. De lo antes expuesto, se puede advertir que, a pesar de que en la fecha en que se ejerció la acción constitucional (seis de octubre de dos mil veintidós), el acto reclamado existía; sin embargo, durante el transcurso del procedimiento del presente juicio, éste dejó de surtir sus efectos, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido. Ello pues fue el propio quejoso quien incumplió con las medidas que le fueron impuestas por la responsable, evadiendo de esta manera el control migratorio, por lo que el procedimiento seguido en su contra quedó sin posibilidad de ser resuelto. Así, la cesación no dejó ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Sirve de apoyo a tal consideración la jurisprudencia 2a./ J.59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo IX, junio de 1999, de rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO, ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Por ende, en el caso se ha restituido al peticionario de amparo en el pleno goce de sus derechos, como si no se hubiere invadido en su esfera jurídica, toda vez que, tal como quedó precisado con antelación, el acto que combatían ha cesado en sus efectos, en virtud de que la responsable ordenó la salida de las instalaciones del Instituto Nacional de Migración con sede en esta ciudad el trece de octubre de dos mil veintidós y el veintiuno de octubre siguiente, fue emitida el acta de hechos de evasión de control migratorio, debido a que el aludido quejoso no se presentó al control de firma correspondiente y por ello se dio por terminado el procedimiento administrativo migratorio respectivo. En consecuencia, se sobresee fuera de audiencia el juicio en que se actúa, con fundamento en el artículo 61, fracción XXI, en relación con el precepto 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo. Sin que se inadvierta que en el escrito inicial de demanda, se señale como acto reclamado la incomunicación y tortura; sin embargo, en diligencia actuarial de seis de octubre de dos mil veintidós, el propio quejoso, al momento de ratificar la demanda, manifestó no encontrarse incomunicado ni haber sido maltratado, de ahí la inexistencia de los actos reclamados antes precisados. Finalmente, no es obstáculo para resolver en el sentido anterior, el hecho de que la audiencia constitucional se encuentre señalada para que tenga lugar a las diez horas con cincuenta y ocho minutos del treinta y uno de enero de dos mil veintitrés, ya que al haber acontecido una cesación de efectos de los actos reclamados, no tiene objeto alguno el desahogo de probanzas, porque con ninguna de ellas podría desvirtuarse tal situación; en consecuencia, déjese sin efectos la audiencia constitucional de referencia. Lo anterior es así, pues a ningún efecto práctico conduciría celebrar la audiencia constitucional en los términos que refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo, para dar oportunidad a la quejosa de ofrecer y desahogar las pruebas tendentes a demostrar la existencia o inconstitucionalidad del acto reclamado, ya que la causa de improcedencia subsistirá y el sentido del fallo correspondiente será el mismo, pues al ser manifiesta e indudable, no es posible que con los elementos de prueba que en su caso llegare a aportar, sea desvirtuada; además dicha determinación no provoca indefensión en el gobernado. De lo que se colige que esperar a la celebración de la audiencia constitucional para decretar el sobreseimiento, lo único que trae consigo es retardar la impartición de justicia, espíritu que es contrario a la ratio legis del artículo 17 de la Constitución Federal, que en la parte inicial de su párrafo segundo establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Sirve de apoyo a lo anterior, además, la jurisprudencia por contradicción de tesis 26/2002, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, resuelta en sesión de siete de febrero de dos mil tres, de rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". Anotaciones. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y comuníquese lo anterior a las partes.
- Principal
Villahermosa, Tabasco; doce de enero de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que se encuentra señalada para el día de hoy la audiencia constitucional; sin embargo, no se está en aptitud legal de llevarla a cabo, toda vez que mediante proveído siete de octubre y trece de diciembre pasado, se requirió a la responsable Subdirectora de la Estación Migratoria en Villahermosa, a fin de que remitiera copia certificada de las constancias relacionadas con los actos reclamados, en razón de que son ineludibles para resolver el presente asunto; empero, a la data no ha dado cumplimiento a pesar de encontrase legalmente notificada. En ese sentido, con fundamento en el artículo 75 de la Ley de Amparo, requiérase a la Titular de la Oficina de Representación del Instituto de Migración en el Estado de Tabasco para que dentro del término de tres días hábiles siguientes a la notificación de la presente determinación remita copia certificada de las constancias con las que se acredite la situación o condición actual del quejoso Edgar Mauricio Berrios Romero, es decir, informe si se encuentra aún en las instalaciones de la Estación Migratoria de Villahermosa, Tabasco, si se le otorgó su pase de salida o bien solicitó su retorno asistido a su país de origen. Asimismo, se requiere a la Subdirección de la Estación Migratoria en Villahermosa, para que remita el Registro Federal de Contribuyente de Sandra Ibeth Miranda Torres, Sub-representante Local, Encargada de dicha subdirección. Bajo el apercibimiento que de no cumplir lo ordenado dentro del término señalado, se le impondrá una MULTA DE CIEN UNIDADES DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN equivalentes a $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos 00/100 moneda nacional), cantidad que resulta respecto al valor de cada unidad de medida $96.22 (noventa y seis pesos 22/100 moneda nacional) vigente a partir del uno de febrero de dos mil veintidós, según el Decreto emitido por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, publicado en el Diario Oficial de la Federación, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 237, fracción I, en relación con el diverso 259, ambos de la Ley de Amparo. Se comisiona al actuario No obstante lo anterior, y en razón de que no se tiene certeza si el directo quejoso aún se encuentra alojado en las instalaciones que ocupa la autoridad migratoria, se comisiona al actuario de la adscripción para el efecto de realizar la siguiente encomienda: ? Se constituya en las instalaciones que ocupa la Estación Migratoria en el Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad, y se cerciore si el inconforme Edgar Mauricio Berrios Romero, aún se encuentra alojado en dicha dependencia y en caso de no ser así verifique la fecha en que fue puesto en libertad. Para dar margen a lo anterior, con fundamento en el artículo 115 de la Ley de Amparo, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y en su lugar se fijan las diez horas con cincuenta y ocho minutos del treinta y uno de enero de dos mil veintitrés.
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