Edgar Matute Neaves

Expediente 670/2016 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 39 actuaciones registradas, la última del 5 de diciembre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
670/2016
Año
2016
Actuaciones
39
Última actuación
05/12/2017

Partes del expediente

  • Edgar Matute Neaves
  • Agente del Ministerio Público Adscrito Al Juzgado Segundo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 39.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, cinco de diciembre de dos mil diecisiete. Vista la certificación secretarial con la que se da cuenta, de la que se advierte que el término de quince días a que alude el artículo 202, de la Ley de Amparo, ha transcurrido sin que la parte interesada hubiese manifestado inconformidad con la resolución que declaró cumplida la ejecución de la sentencia de amparo y solicitara la remisión de los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, atento a lo dispuesto en el Acuerdo General 5/2013, del trece de mayo del año dos mil trece, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que conservará para su resolución y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito, que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de mayo del mismo año, para que la Superioridad se avoque al conocimiento del incumplimiento de la ejecutoria de amparo; en esas condiciones se declara firme el auto de treinta de octubre de dos mil diecisiete, que declaró cumplida la sentencia de amparo. En mérito de lo anterior, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Ahora bien, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendente o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Asimismo, por encuadrar dentro de las hipótesis contempladas en la fracción IV, del punto VIGÉSIMO PRIMERO del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de depurarse, toda vez que se concedió la Protección de la Justicia de la Unión, lo que significa que en este caso deberá conservarse únicamente la demanda de amparo y la sentencia definitiva dictada en los presentes autos. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. Así lo proveyó y firma CARLOS ANUAR JAIMES TORRES, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el secretario Geovanni Ramírez Chabelas, que autoriza y da fe.

  2. Principal

    PERS. CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, NOTIFICO POR MEDIO DE LISTA QUE SE FIJA EN LOS ESTRADOS DE ESTE TRIBUNAL A LA PARTE QUEJOSA, LA RESOLUCIÓN DE TREINTA DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECISIETE, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Cuernavaca, Morelos, treinta de octubre de dos mil diecisiete. Visto el estado procesal que guardan los autos del presente juicio de amparo de los que se advierte que por auto de diecisiete de octubre del año en curso, se dio vista a la parte quejosa, con el oficio signado por el Juez de Primera Instancia, de Control, Juicio Oral y Ejecución de Sanciones del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos, para que manifestara lo que a su derecho correspondiera, en relación al cumplimiento del fallo protector y debidamente notificada, no desahogó la vista contenida en el citado acuerdo. Por lo tanto, se procede a resolver de acuerdo con las constancias que obran en autos, si el fallo protector se encuentra o no cumplido. Por sentencia emitida el seis de septiembre de dos mil dieciséis, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa EDGAR MATUTE NEAVEZ, para los efectos siguientes: "En esas condiciones, procede conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión, para el efecto de que el Juez responsable deje insubsistente la resolución del treinta de marzo de dos mil dieciséis, esto es, el auto de vinculación a proceso dictado en contra del quejoso y, en su lugar, inmediatamente proceda a citar a las partes a fin de que celebre nuevamente la audiencia de formulación de imputación en la que, primeramente, garantice que el imputado cuente con una defensa técnica, esto es, con un abogado con conocimientos técnicos respecto del nuevo sistema de justicia procesal penal y, posteriormente, verifique que dicha defensa ya se haya impuesto -con el tiempo necesario- de las constancias que obran en la carpeta de investigación, para que posteriormente, el Ministerio Público solicite la vinculación del imputado a proceso, exponiendo en la misma audiencia los antecedentes de la investigación -prescindiendo de su lectura-; hecho lo anterior, dentro del plazo constitucional que solicite el imputado, con plenitud de jurisdicción, dicte una nueva resolución ya sea en un sentido diverso o en el mismo de la anterior, en la que determine fundada y motivadamente si con los datos aportados por el Ministerio Público se cumplió o no con el requisito de procedibilidad consistente en la querella de la parte ofendida, se cometió un hecho tipificado como delito de fraude específico, y existe la posibilidad de que el quejoso lo cometió o participó en su comisión. En la inteligencia que el juez responsable al dar cumplimiento a este fallo protector, deberá tener en mente que el término plenitud de jurisdicción no puede entenderse en un sentido literal, pues si bien cuando se decreta la misma en una sentencia de amparo se está concediendo a la autoridad responsable un amplio margen de apreciación del caso, a efecto de que resuelva el asunto en cuestión, dicho uso del arbitrio judicial no puede interpretarse como absoluto o carente de límites; por lo tanto, deberá atender los lineamientos contenidos en la sentencia de amparo, es decir, el acto que emita con motivo del cumplimiento deberá ser acorde a lo señalado en la concesión de amparo, a pesar de que dicha autoridad goce de un amplio margen de discrecionalidad. La concesión de la protección constitucional que antecede, se hace extensiva al acto de ejecución reclamado al Instituto Nacional de Migración, consistente en llevar a cabo la medida cautelar de prohibición de salir del país al imputado, dado que al dejarse insubsistente el auto de vinculación a proceso que le sirve de sustento, y haberse otorgado plenitud de jurisdicción al juez responsable, será hasta que se dicte la nueva resolución que resuelva la situación jurídica del quejoso en que atendiendo al sentido de la misma, podrá establecerse la subsistencia o no de dicha medida cautelar. Sin que esto implique que el imputado deje de acatar dicha medida, ya que el efecto del amparo sólo tiene como finalidad subsanar los vicios formales advertidos en el auto de vinculación a proceso y, en su caso, el juez de control tendrá que pronunciarse si conserva la medida de seguridad o no." Inconforme con lo anterior, interpuso recurso de revisión, el cual fue turnado al Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo circuito, registrado con el número 1386/2016, y ejecutoria pronunciada en sesión de uno de septiembre de dos mil diecisiete, se confirmó la resolución recurrida; por lo que, se requirió su cumplimiento a las autoridades responsables. En acatamiento a lo anterior, la Juez de Primera Instancia, de Control, Juicio Oral y Ejecución de Sanciones del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos, remitió copia certificada de los oficios 17273/17, 17625/17, 18052/17 y 18293/17. Documentales a las que se les concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su artículo 2º. Ahora bien, del análisis de las citadas documentales, se advierte que el fallo protector se encuentra cumplido por la autoridad judicial responsable, por las siguientes razones jurídicas: Dejó insubsistente el auto de vinculación a proceso de treinta de marzo de dos mil dieciséis. Señaló las nueve horas del veintinueve de septiembre de dos mil diecisiete, para que tuviera verificativo el desahogo de la audiencia de formulación de imputación, por lo que citó a las partes. Verificó que el quejoso contara con un abogado con conocimientos técnicos respecto del nuevo sistema de justicia procesal penal, y que contara con el tiempo necesario para conocer de la carpeta de investigación correspondiente. Previos diferimientos, el seis de octubre de dos mil diecisiete, se desahogó la audiencia de formulación de imputación e imposición de medidas cautelares. De los antecedentes planteados y datos proporcionados por el Ministerio Público, en audiencia de once de octubre de dos mil diecisiete, de manera fundada y motivada, determinó que no se encuentra satisfecho el requisito de procedibilidad consistente en querella formulada por parte legitimada, ya que la persona Francisco Altamirano Anaya, no tiene la calidad de víctima para presentar la querella, en razón de que no es el comprador o adquiriente que resiente el engaño. Finalmente, con libertad de jurisdicción se decretó auto de no vinculación a proceso en contra del quejoso, por la posible comisión del delito de fraude específico y ordenó el levantamiento de las medidas cautelares que le fueron impuestas al aquí quejoso. Consecuentemente, en razón de que el Juez de Primera Instancia, de Control, Juicio Oral y Ejecución de Sanciones del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos, dejó insubsistente el auto de vinculación a proceso de treinta de marzo de dos mil dieciséis, citó a las partes, garantizó la defensa técnica del imputado, formuló imputación al quejoso, determinó las medidas cautelares correspondientes, y con libertad de jurisdicción, de manera fundada y motivada decretó auto de no vinculación a proceso, resulta valido afirmar que la sentencia de amparo HA QUEDADO CUMPLIDA, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 de la Ley de Amparo. En consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto concluido. Hágase del conocimiento de la parte quejosa este proveído, para los efectos precisados en el tercer párrafo del artículo 201 de la Ley de Amparo.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, treinta de octubre de dos mil diecisiete. Visto el estado procesal que guardan los autos del presente juicio de amparo de los que se advierte que por auto de diecisiete de octubre del año en curso, se dio vista a la parte quejosa, con el oficio signado por el Juez de Primera Instancia, de Control, Juicio Oral y Ejecución de Sanciones del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos, para que manifestara lo que a su derecho correspondiera, en relación al cumplimiento del fallo protector y debidamente notificada, no desahogó la vista contenida en el citado acuerdo. Por lo tanto, se procede a resolver de acuerdo con las constancias que obran en autos, si el fallo protector se encuentra o no cumplido. Por sentencia emitida el seis de septiembre de dos mil dieciséis, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa EDGAR MATUTE NEAVEZ, para los efectos siguientes: "En esas condiciones, procede conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión, para el efecto de que el Juez responsable deje insubsistente la resolución del treinta de marzo de dos mil dieciséis, esto es, el auto de vinculación a proceso dictado en contra del quejoso y, en su lugar, inmediatamente proceda a citar a las partes a fin de que celebre nuevamente la audiencia de formulación de imputación en la que, primeramente, garantice que el imputado cuente con una defensa técnica, esto es, con un abogado con conocimientos técnicos respecto del nuevo sistema de justicia procesal penal y, posteriormente, verifique que dicha defensa ya se haya impuesto -con el tiempo necesario- de las constancias que obran en la carpeta de investigación, para que posteriormente, el Ministerio Público solicite la vinculación del imputado a proceso, exponiendo en la misma audiencia los antecedentes de la investigación -prescindiendo de su lectura-; hecho lo anterior, dentro del plazo constitucional que solicite el imputado, con plenitud de jurisdicción, dicte una nueva resolución ya sea en un sentido diverso o en el mismo de la anterior, en la que determine fundada y motivadamente si con los datos aportados por el Ministerio Público se cumplió o no con el requisito de procedibilidad consistente en la querella de la parte ofendida, se cometió un hecho tipificado como delito de fraude específico, y existe la posibilidad de que el quejoso lo cometió o participó en su comisión. En la inteligencia que el juez responsable al dar cumplimiento a este fallo protector, deberá tener en mente que el término plenitud de jurisdicción no puede entenderse en un sentido literal, pues si bien cuando se decreta la misma en una sentencia de amparo se está concediendo a la autoridad responsable un amplio margen de apreciación del caso, a efecto de que resuelva el asunto en cuestión, dicho uso del arbitrio judicial no puede interpretarse como absoluto o carente de límites; por lo tanto, deberá atender los lineamientos contenidos en la sentencia de amparo, es decir, el acto que emita con motivo del cumplimiento deberá ser acorde a lo señalado en la concesión de amparo, a pesar de que dicha autoridad goce de un amplio margen de discrecionalidad. La concesión de la protección constitucional que antecede, se hace extensiva al acto de ejecución reclamado al Instituto Nacional de Migración, consistente en llevar a cabo la medida cautelar de prohibición de salir del país al imputado, dado que al dejarse insubsistente el auto de vinculación a proceso que le sirve de sustento, y haberse otorgado plenitud de jurisdicción al juez responsable, será hasta que se dicte la nueva resolución que resuelva la situación jurídica del quejoso en que atendiendo al sentido de la misma, podrá establecerse la subsistencia o no de dicha medida cautelar. Sin que esto implique que el imputado deje de acatar dicha medida, ya que el efecto del amparo sólo tiene como finalidad subsanar los vicios formales advertidos en el auto de vinculación a proceso y, en su caso, el juez de control tendrá que pronunciarse si conserva la medida de seguridad o no." Inconforme con lo anterior, interpuso recurso de revisión, el cual fue turnado al Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo circuito, registrado con el número 1386/2016, y ejecutoria pronunciada en sesión de uno de septiembre de dos mil diecisiete, se confirmó la resolución recurrida; por lo que, se requirió su cumplimiento a las autoridades responsables. En acatamiento a lo anterior, la Juez de Primera Instancia, de Control, Juicio Oral y Ejecución de Sanciones del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos, remitió copia certificada de los oficios 17273/17, 17625/17, 18052/17 y 18293/17. Documentales a las que se les concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su artículo 2º. Ahora bien, del análisis de las citadas documentales, se advierte que el fallo protector se encuentra cumplido por la autoridad judicial responsable, por las siguientes razones jurídicas: Dejó insubsistente el auto de vinculación a proceso de treinta de marzo de dos mil dieciséis. Señaló las nueve horas del veintinueve de septiembre de dos mil diecisiete, para que tuviera verificativo el desahogo de la audiencia de formulación de imputación, por lo que citó a las partes. Verificó que el quejoso contara con un abogado con conocimientos técnicos respecto del nuevo sistema de justicia procesal penal, y que contara con el tiempo necesario para conocer de la carpeta de investigación correspondiente. Previos diferimientos, el seis de octubre de dos mil diecisiete, se desahogó la audiencia de formulación de imputación e imposición de medidas cautelares. De los antecedentes planteados y datos proporcionados por el Ministerio Público, en audiencia de once de octubre de dos mil diecisiete, de manera fundada y motivada, determinó que no se encuentra satisfecho el requisito de procedibilidad consistente en querella formulada por parte legitimada, ya que la persona Francisco Altamirano Anaya, no tiene la calidad de víctima para presentar la querella, en razón de que no es el comprador o adquiriente que resiente el engaño. Finalmente, con libertad de jurisdicción se decretó auto de no vinculación a proceso en contra del quejoso, por la posible comisión del delito de fraude específico y ordenó el levantamiento de las medidas cautelares que le fueron impuestas al aquí quejoso. Consecuentemente, en razón de que el Juez de Primera Instancia, de Control, Juicio Oral y Ejecución de Sanciones del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos, dejó insubsistente el auto de vinculación a proceso de treinta de marzo de dos mil dieciséis, citó a las partes, garantizó la defensa técnica del imputado, formuló imputación al quejoso, determinó las medidas cautelares correspondientes, y con libertad de jurisdicción, de manera fundada y motivada decretó auto de no vinculación a proceso, resulta valido afirmar que la sentencia de amparo HA QUEDADO CUMPLIDA, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 de la Ley de Amparo. En consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto concluido. Hágase del conocimiento de la parte quejosa este proveído, para los efectos precisados en el tercer párrafo del artículo 201 de la Ley de Amparo. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA. Así lo proveyó y firma CARLOS ANUAR JAIMES TORRES, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el secretario Paulo Yair García Meza, que autoriza y da fe.

  4. Principal

    PERS. En términos del artículo 27, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo, procedo a notificar por medio de lista que se fija en los estrados de este Tribunal a la parte quejosa el auto y/o resolución del diecisiete de octubre del dos mil diecisiete, que en lo conducente dice: Cuernavaca, Morelos, diecisiete de octubre de dos mil diecisiete. Se tiene por recibido el oficio signado por el Juez de Primera Instancia de Control, Juicio Oral y Ejecución de Sanciones del Primer Distrito Judicial en el Estado de Morelos, mediante el cual, informa el cumplimiento a la ejecutoria de amparo, remitiendo copia certificada de las constancias para acreditar lo anterior; agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda. Ahora bien, con el contenido del oficio de referencia, dese vista a la parte quejosa, para los efectos precisados en el artículo 196 de la Ley de Amparo, por el término de tres días, que les serán contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, a fin de que realice las manifestaciones que estime oportunas. Apercíbase a la parte quejosa en el sentido de que de no desahogar la vista aquí ordenada, este juzgador dictará resolución fundada y motivada en que declare si la sentencia está cumplida o no lo está, si incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA. Así lo proveyó y firma CARLOS ANUAR JAIMES TORRES, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el secretario Paulo Yair García Meza, que autoriza y da fe

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