Edgar Martínez Najera

Expediente 1112/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Durango. 15 actuaciones registradas, la última del 17 de marzo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1112/2021
Año
2021
Actuaciones
15
Última actuación
17/03/2022

Partes del expediente

  • Edgar Martínez Najera

Actuaciones

Las 4 más recientes de 15.

  1. Principal

    Visto el estado de autos y certificación secretarial de cuenta, se advierte que ha transcurrido el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiera recurrido la resolución por la que se sobreseyó fuera de audiencia en este juicio; por tanto, con fundamento en el artículo 2o. de la Ley invocada, con relación con el 355 y 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que ha causado ejecutoria para todos los efectos legales correspondientes. Toda vez que el presente asunto ya se encuentra debidamente integrado y concluido, archívese. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 6, fracción I y 12 del Acuerdo General del Pleno del Consejo la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, este expediente, a consideración del suscrito juzgador, carece de relevancia documental, al no ubicarse en alguna de las fracciones a que alude el numeral 15 del citado acuerdo, así como en el capítulo 5, punto 5.1, del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal. El presente expediente, a consideración del suscrito juzgador, será susceptible de destrucción una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el inciso a) del artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, así como en el capítulo 8, punto 8.1.2, del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, en razón de que se sobreseyó respecto de todos los actos reclamados. Por lo que respecta al cuaderno original del incidente de suspensión, toda vez que se concedió tanto la suspensión provisional, como la definitiva, es susceptible de depuración una vez que transcurra el mismo lapso de tres años, al encuadrar en el inciso a) del precepto 18 del citado Acuerdo General, así como en el capítulo 7, punto 7.1.1, del aludido manual, por lo que se deberá conservar la suspensión provisional y, la definitiva. En atención a lo dispuesto en el artículo 20 del referido Acuerdo General, así como en el capítulo 8, punto 8.1.1, del aludido manual, una vez transcurrido el plazo de seis meses procédase a la destrucción del duplicado del incidente de suspensión. Notifíquese.

  2. Principal

    CITATORIO: PARTE QUEJOSA. AUTO DE VEINTITRÉS DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Vistos los presentes autos, se advierte que el treinta y uno de enero del año en curso, se dictó resolución que sobreseyó fuera de audiencia, ordenándose la notificación de manera personal a las partes, sin que hasta la fecha se haya llevado a cabo dicha notificación. En ese sentido, en obvio de mayores dilaciones se comisiona a un diverso actuario y/o actuaria judicial, para que de inmediato proceda a realizar de manera personal en el domicilio señalado para ese efecto, la notificación de la sentencia de mérito. Notifíquese personalmente. AUTO DE TREINTA Y UNO DE ENERO DE DOS MIL VEINTIDÓS. I. Sobresee fuera de audiencia. Revisado que es el referido informe y las constancias que obran en autos, se advierte que ha sobrevenido una causa de improcedencia cuyo análisis debe realizarse de oficio por ser de orden público y preferente a cualquier otro, como se advierte a continuación: a. Fijación de la litis. Mediante escrito presentado ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Durango, el ocho de septiembre de dos mil veintiuno, remitido, por razón de turno, a este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Durango, ***, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra el agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Investigación de Delitos de Naturaleza Múltiple de la Vicefiscalía de Investigación y Litigación de la Fiscalía General del Estado de Durango, por los actos que a continuación se precisan: "IV.- La norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame: La omisión de acordar los escritos que hay en la carpeta de investigación en los que ofrezco datos y medios de prueba de descargo de mi parte, presentado ante la misma de fecha 18 de agosto de 2021. La omisión de conducir una investigación objetiva y referirse tanto a los elementos de cargo como de descargo y conducida con la debida diligencia, dejando de garantizar el respeto de los Derechos del debido proceso de nuestros representado imputado": (Transcripción literal) b. Cesación de efectos. Tocante a los actos reclamados en esta vía, se concreta la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, la cual estatuye el supuesto en que cesan los efectos del acto reclamado, al punto que con ello se restablece la situación que prevalecía antes de la promoción del juicio de garantías. La razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte sus efectos, ni los surtirá y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser extinguida por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Tal y como lo sustenta la siguiente jurisprudencia: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo" De esta manera, si en términos del artículo 77 fracción I, de la Ley de Amparo, la sentencia protectora persigue reparar la violación de derechos fundamentales que el acto autoritario genere sobre la esfera jurídica del gobernado con el fin de restituirlo en el goce pleno de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, es claro que la acción constitucional no tiene razón de ser cuando ha desaparecido ese objetivo. En el caso, el acto reclamado consiste, en la omisión de acordar los escritos de diecisiete de agosto de dos mil veintiuno, dirigidos a la carpeta de investigación ***, que contienen diversos datos y pruebas que ofrece el aquí quejoso, Ahora, del informe justificado rendido por la autoridad responsable, se advierte que han cesado los efectos de tal acto reclamado, ya que la responsable, al rendir su informe justificado, remitió en copia certificada el auto de veintitrés de agosto de dos mil veintiuno, en el cual proveyó lo relativo a las probanzas ofrecidas por el peticionario del amparo. Lo anterior, le fue notificado el treinta de septiembre del mismo año (data posterior a la presentación de la demanda de amparo), tal como se advierte de las constancias remitidas e incluso, por conducto de su defensor dio cumplimiento a lo referido en dicho proveído y al efecto dio instrucción en la indagatoria. Ante tales circunstancias, es evidente que cesaron los efectos del acto reclamado, en virtud de que como se estableció, la omisión de la que se duele la parte quejosa en su demanda de amparo, fue subsanada con el dictado del acuerdo por parte de la responsable y su posterior notificación. Tiene vigencia sobre el particular, la tesis siguiente: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad" Así como la jurisprudencia que enseguida se menciona: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal" Bajo esa tesitura, al surtirse la mencionada causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción V, del mismo ordenamiento legal, se sobresee fuera de audiencia en el sumario en que se actúa. Lo que se hace extensivo a la omisión de conducir la investigación de manera objetiva y en relación a los planteamientos de cargo, ya que dicho reclamo genérico se hace depender de la falta de admisión de las pruebas, más no por vicios propios. II. Se deja sin efectos fecha de audiencia constitucional. Como consecuencia de lo acordado anteriormente, se deja sin efectos la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, señalada para las diez horas del veintitrés de febrero del año en curso. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    Vistos los presentes autos, se advierte que el treinta y uno de enero del año en curso, se dictó resolución que sobreseyó fuera de audiencia, ordenándose la notificación de manera personal a las partes, sin que hasta la fecha se haya llevado a cabo dicha notificación. En ese sentido, en obvio de mayores dilaciones se comisiona a un diverso actuario y/o actuaria judicial, para que de inmediato proceda a realizar de manera personal en el domicilio señalado para ese efecto, la notificación de la sentencia de mérito. Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    I. Sobresee fuera de audiencia. Revisado que es el referido informe y las constancias que obran en autos, se advierte que ha sobrevenido una causa de improcedencia cuyo análisis debe realizarse de oficio por ser de orden público y preferente a cualquier otro, como se advierte a continuación: a. Fijación de la litis. Mediante escrito presentado ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Durango, el ocho de septiembre de dos mil veintiuno, remitido, por razón de turno, a este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Durango, ***, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra el agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Investigación de Delitos de Naturaleza Múltiple de la Vicefiscalía de Investigación y Litigación de la Fiscalía General del Estado de Durango, por los actos que a continuación se precisan: "IV.- La norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame: La omisión de acordar los escritos que hay en la carpeta de investigación en los que ofrezco datos y medios de prueba de descargo de mi parte, presentado ante la misma de fecha 18 de agosto de 2021. La omisión de conducir una investigación objetiva y referirse tanto a los elementos de cargo como de descargo y conducida con la debida diligencia, dejando de garantizar el respeto de los Derechos del debido proceso de nuestros representado imputado": (Transcripción literal) b. Cesación de efectos. Tocante a los actos reclamados en esta vía, se concreta la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, la cual estatuye el supuesto en que cesan los efectos del acto reclamado, al punto que con ello se restablece la situación que prevalecía antes de la promoción del juicio de garantías. La razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte sus efectos, ni los surtirá y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser extinguida por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Tal y como lo sustenta la siguiente jurisprudencia: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo" De esta manera, si en términos del artículo 77 fracción I, de la Ley de Amparo, la sentencia protectora persigue reparar la violación de derechos fundamentales que el acto autoritario genere sobre la esfera jurídica del gobernado con el fin de restituirlo en el goce pleno de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, es claro que la acción constitucional no tiene razón de ser cuando ha desaparecido ese objetivo. En el caso, el acto reclamado consiste, en la omisión de acordar los escritos de diecisiete de agosto de dos mil veintiuno, dirigidos a la carpeta de investigación ***, que contienen diversos datos y pruebas que ofrece el aquí quejoso, Ahora, del informe justificado rendido por la autoridad responsable, se advierte que han cesado los efectos de tal acto reclamado, ya que la responsable, al rendir su informe justificado, remitió en copia certificada el auto de veintitrés de agosto de dos mil veintiuno, en el cual proveyó lo relativo a las probanzas ofrecidas por el peticionario del amparo. Lo anterior, le fue notificado el treinta de septiembre del mismo año (data posterior a la presentación de la demanda de amparo), tal como se advierte de las constancias remitidas e incluso, por conducto de su defensor dio cumplimiento a lo referido en dicho proveído y al efecto dio instrucción en la indagatoria. Ante tales circunstancias, es evidente que cesaron los efectos del acto reclamado, en virtud de que como se estableció, la omisión de la que se duele la parte quejosa en su demanda de amparo, fue subsanada con el dictado del acuerdo por parte de la responsable y su posterior notificación. Tiene vigencia sobre el particular, la tesis siguiente: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad" Así como la jurisprudencia que enseguida se menciona: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal" Bajo esa tesitura, al surtirse la mencionada causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción V, del mismo ordenamiento legal, se sobresee fuera de audiencia en el sumario en que se actúa. Lo que se hace extensivo a la omisión de conducir la investigación de manera objetiva y en relación a los planteamientos de cargo, ya que dicho reclamo genérico se hace depender de la falta de admisión de las pruebas, más no por vicios propios. II. Se deja sin efectos fecha de audiencia constitucional. Como consecuencia de lo acordado anteriormente, se deja sin efectos la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, señalada para las diez horas del veintitrés de febrero del año en curso. Notifíquese personalmente.

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