Edgar Martinez Castañeda

Expediente 498/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 6 actuaciones registradas, la última del 7 de julio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
498/2023
Año
2023
Actuaciones
6
Última actuación
07/07/2023

Partes del expediente

  • Edgar Martinez Castañeda

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, siete de julio de dos mil veintitrés. FIRME NO PRESENTADA. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación secretarial que antecede, se advierte que ha transcurrido el plazo de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte promovente interpusiera recurso de queja contra el auto de veinte de junio de dos mil veintitrés, mediante el cual se tuvo por no presentada la demanda de amparo, sin que lo haya hecho valer; en consecuencia, con fundamento en los artículos 288, 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que ha quedado firme el auto de mérito, para los efectos legales a que haya lugar. En tales condiciones, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por otro lado, este expediente es susceptible de destrucción transcurridos tres años contados a partir del presente auto, de con el artículo 20, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés (en lo sucesivo, el Acuerdo General). Además, se ordena indicar la anterior valoración en la carátula del expediente físico, con su correspondiente leyenda, de conformidad con lo establecido en el artículo 34 del Acuerdo General. INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTE FÍSICO. En términos de lo que disponen los artículos 253 y 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales -adicionados por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo-, se establece que la presente resolución se integrará al expediente físico pues es indispensable para el impulso del presente juicio de amparo. Notifíquese por lista a la parte promovente.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, siete de junio de dos mil veintitrés. ESCRITO. A sus autos, el escrito signado por Miguel Ángel Velázquez Mateos, autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, del quejoso Edgar Martínez Castañeda, mediante el cual pretende dar cumplimiento a la prevención formulada el diecinueve de mayo de dos mil veintitrés; sin embargo, dígase al ocursante que tal y como se proveyó en el citado acuerdo, el artículo 12 de la Ley de Amparo no confiere a los autorizados la facultad para aclarar la demanda o subsanar los requisitos establecidos en la Ley de la Materia, pues dicho numeral únicamente le otorga la facultad de interponer los recursos que procedan, ofrecer y rendir pruebas, alegar en las audiencias, solicitar su suspensión o diferimiento y realizar cualquier acto que resulte necesario para la defensa de los derechos del autorizante, pero no podrá substituir a la parte quejosa. Por lo tanto, las irregularidades que llegaren a encontrarse por el Juez de Distrito en el escrito de demanda deben ser subsanadas por la parte quejosa del juicio de amparo o por su representante legal, y no deben tenerse por hechas las realizadas por los autorizados en los términos del artículo 12 de la Ley de Amparo. Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos rubro, texto y datos de localización son los siguientes: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. NO ESTÁ FACULTADO PARA DESAHOGAR PREVENCIONES EN LAS CUALES DEBAN MANIFESTARSE, "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD", ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO QUE SE OMITIERON AL PRESENTARSE LA DEMANDA RELATIVA. El artículo 108, fracción V, de la Ley de Amparo establece que la demanda deberá formularse por escrito, en la que bajo protesta de decir verdad exprese cuáles son los hechos o las abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado, o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación, lo que implica que la satisfacción de este requisito formal debe realizarse forzosamente por quien promueve la demanda. Lo anterior es así, en virtud de que la acción de amparo constituye un derecho subjetivo procesal para promover y mantener un juicio ante un órgano jurisdiccional, el cual se rige por el principio de instancia de parte agraviada, pues es el titular de la acción en quien recae el perjuicio que ocasiona el acto reclamado y le constan los hechos ocurridos y narrados; además, estos elementos generan certeza en el juzgador para desplegar todas sus facultades relativas al juicio de amparo indirecto. Consecuentemente, el autorizado en los términos amplios a que se refiere el artículo 12 de la citada ley, no está facultado para desahogar la prevención relativa a que se manifieste un antecedente "bajo protesta de decir verdad" que se omitió en la presentación de la demanda, pues al constituir un acto de carácter personalísimo que sólo puede realizar quien la promovió, no puede quedar comprendido dentro de los necesarios para la "defensa de los derechos del autorizante", ya que ello se traduciría en que el autorizado hiciera suyos hechos que no le constan y que ocurrieron con anterioridad a dicha presentación; además de que los derechos y las obligaciones procesales que conlleva su autorización no pueden equipararse a un mandato judicial y sus facultades procesales se otorgan a partir de esa presentación y no antes." NO HA LUGAR A OTORGAR EL ACCESO ELECTRÓNICO Y NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS. Por otro lado, respecto a la petición de Miguel Ángel Velázquez Mateos, autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo; en atención a la solicitud de acceder al expediente electrónico y que las notificaciones se realicen pro la misma vía, se acuerda: Dígase al promovente que no ha lugar a acordar de conformidad lo solicitado, pues a efecto de que la parte quejosa pueda tener acceso al expediente electrónico y ser notificado en forma electrónica de todas las determinaciones que este juzgado emita, debe tomar en consideración el contenido de los artículos 35 y 55, del acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, según lo dispuesto por el primer numeral, las partes en un procedimiento jurisdiccional, por sí o por conducto de sus representantes legales, podrán solicitar para sí o para un tercero, acceso al expediente electrónico, debiendo cumplir las formalidades que señala dicho artículo; sin embargo, la autorización formulada por las partes o sus representantes legales, así como por las personas autorizadas en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, deberá contener expresamente tal facultad. Similar situación ocurre con lo dispuesto por el artículo 55, del mencionado Acuerdo General, que dispone que las partes, sus representantes en los juicios o los autorizados que cuenten con facultades expresas para ello, conforme al segundo párrafo del artículo 35, podrán solicitar ante el órgano jurisdiccional en el que se tramite el asunto de su interés, que se les notifiquen electrónicamente de las resoluciones judiciales, en términos del artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, cumpliendo con los lineamientos que señala el segundo párrafo del citado numeral 55. En consecuencia, la parte quejosa deberá seguir las formalidades establecidas en los artículos 35 y 55, del acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, a efecto de acceder al expediente electrónico y ser notificado de forma electrónica de las actuaciones que emita este órgano federal. DIVERSA PROVIDENCIA. Hágase del conocimiento de la parte promovente que en virtud de que el escrito con el cual pretendió desahogar la prevención fue presentado el seis de junio de dos mil veintitrés, electrónicamente, es decir, el quinto día, de los cinco que se le concedieron en auto de diecinueve de mayo del año en curso, para que diera cumplimiento al requerimiento preventivo, por lo que, aún cuenta con un plazo de un día más, el cual transcurrirá una vez que se encuentre debidamente notificada del presente proveído. En el entendido que subsiste el apercibimiento decretado en el referido acuerdo, esto es, que de no dar cumplimiento a la prevención en el plazo señalado y en los términos indicados, se tendrá por no presentada la demanda de amparo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 114, penúltimo párrafo de la Ley de Amparo. Resulta aplicable la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos datos de localización, rubro y texto son los siguientes: "AMPARO. ACLARACIÓN DE DEMANDA. SI LA PROMOCIÓN DE CUMPLIMIENTO SE PRESENTA ANTES DEL TÉRMINO, EL JUEZ DEBE ACORDAR SI SE ACATÓ LA PREVENCIÓN, SEÑALANDO, EN SU CASO, LAS OMISIONES, PARA DAR OPORTUNIDAD AL PROMOVENTE DE SUBSANARLAS, PERO DENTRO DE AQUEL TÉRMINO. De conformidad con el artículo 146 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está facultado para mandar aclarar el escrito inicial de demanda cuando advierta alguna irregularidad, se haya omitido alguno de los requisitos a que se refiere el artículo 116 de la ley citada, no se haya indicado con precisión el acto reclamado o no se hayan exhibido las copias correspondientes a que alude el artículo 120 de dicho ordenamiento, debiendo precisar en el auto relativo las irregularidades o deficiencias advertidas, a fin de requerir al promovente para que en el término de tres días las subsane. Ahora bien, si se toma en cuenta que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la mencionada ley, según su artículo 2º., todas las promociones deberán acordarse a más tardar al día siguiente de presentadas, y en atención al principio de justicia pronta y expedita consignado en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el de economía procesal, es indudable que cuando el quejoso en el primer o segundo de los tres días señalados en el referido artículo 146, presenta un escrito mediante el cual pretende cumplir con la prevención que le fue impuesta, el Juez debe emitir un acuerdo en el que tenga por presentado dicho escrito y admita la demanda si se satisfizo lo ordenado, o bien, en caso de no cumplir con tal requerimiento, señale las omisiones o defectos que aún subsistan para darle oportunidad de subsanarlos antes del vencimiento de esos tres días, ello en razón de que dicho término se le otorga en su beneficio. De no actuar así, se impediría al promovente enterarse de las razones por las cuales no está cumpliendo cabalmente con la prevención que le fue formulada, pese a estar en posibilidad temporal de aclarar su escrito de demanda." INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTE FÍSICO. En términos de lo que disponen los artículos 253 y 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales -adicionados por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo-, se establece que esta determinación se integrará al expediente físico pues es indispensable para el impulso del sumario constitucional en que se actúa. Notifíquese personalmente al promovente.

  3. Principal

    (SE PUBLICA POR LISTA CITATORIO) SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN: San Andrés Cholula, Puebla, siete de junio de dos mil veintitrés. ESCRITO. A sus autos, el escrito signado por Miguel Ángel Velázquez Mateos, autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, del quejoso Edgar Martínez Castañeda, mediante el cual pretende dar cumplimiento a la prevención formulada el diecinueve de mayo de dos mil veintitrés; sin embargo, dígase al ocursante que tal y como se proveyó en el citado acuerdo, el artículo 12 de la Ley de Amparo no confiere a los autorizados la facultad para aclarar la demanda o subsanar los requisitos establecidos en la Ley de la Materia, pues dicho numeral únicamente le otorga la facultad de interponer los recursos que procedan, ofrecer y rendir pruebas, alegar en las audiencias, solicitar su suspensión o diferimiento y realizar cualquier acto que resulte necesario para la defensa de los derechos del autorizante, pero no podrá substituir a la parte quejosa. Por lo tanto, las irregularidades que llegaren a encontrarse por el Juez de Distrito en el escrito de demanda deben ser subsanadas por la parte quejosa del juicio de amparo o por su representante legal, y no deben tenerse por hechas las realizadas por los autorizados en los términos del artículo 12 de la Ley de Amparo. Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos rubro, texto y datos de localización son los siguientes: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. NO ESTÁ FACULTADO PARA DESAHOGAR PREVENCIONES EN LAS CUALES DEBAN MANIFESTARSE, "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD", ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO QUE SE OMITIERON AL PRESENTARSE LA DEMANDA RELATIVA. El artículo 108, fracción V, de la Ley de Amparo establece que la demanda deberá formularse por escrito, en la que bajo protesta de decir verdad exprese cuáles son los hechos o las abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado, o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación, lo que implica que la satisfacción de este requisito formal debe realizarse forzosamente por quien promueve la demanda. Lo anterior es así, en virtud de que la acción de amparo constituye un derecho subjetivo procesal para promover y mantener un juicio ante un órgano jurisdiccional, el cual se rige por el principio de instancia de parte agraviada, pues es el titular de la acción en quien recae el perjuicio que ocasiona el acto reclamado y le constan los hechos ocurridos y narrados; además, estos elementos generan certeza en el juzgador para desplegar todas sus facultades relativas al juicio de amparo indirecto. Consecuentemente, el autorizado en los términos amplios a que se refiere el artículo 12 de la citada ley, no está facultado para desahogar la prevención relativa a que se manifieste un antecedente "bajo protesta de decir verdad" que se omitió en la presentación de la demanda, pues al constituir un acto de carácter personalísimo que sólo puede realizar quien la promovió, no puede quedar comprendido dentro de los necesarios para la "defensa de los derechos del autorizante", ya que ello se traduciría en que el autorizado hiciera suyos hechos que no le constan y que ocurrieron con anterioridad a dicha presentación; además de que los derechos y las obligaciones procesales que conlleva su autorización no pueden equipararse a un mandato judicial y sus facultades procesales se otorgan a partir de esa presentación y no antes." NO HA LUGAR A OTORGAR EL ACCESO ELECTRÓNICO Y NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS. Por otro lado, respecto a la petición de Miguel Ángel Velázquez Mateos, autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo; en atención a la solicitud de acceder al expediente electrónico y que las notificaciones se realicen pro la misma vía, se acuerda: Dígase al promovente que no ha lugar a acordar de conformidad lo solicitado, pues a efecto de que la parte quejosa pueda tener acceso al expediente electrónico y ser notificado en forma electrónica de todas las determinaciones que este juzgado emita, debe tomar en consideración el contenido de los artículos 35 y 55, del acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, según lo dispuesto por el primer numeral, las partes en un procedimiento jurisdiccional, por sí o por conducto de sus representantes legales, podrán solicitar para sí o para un tercero, acceso al expediente electrónico, debiendo cumplir las formalidades que señala dicho artículo; sin embargo, la autorización formulada por las partes o sus representantes legales, así como por las personas autorizadas en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, deberá contener expresamente tal facultad. Similar situación ocurre con lo dispuesto por el artículo 55, del mencionado Acuerdo General, que dispone que las partes, sus representantes en los juicios o los autorizados que cuenten con facultades expresas para ello, conforme al segundo párrafo del artículo 35, podrán solicitar ante el órgano jurisdiccional en el que se tramite el asunto de su interés, que se les notifiquen electrónicamente de las resoluciones judiciales, en términos del artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, cumpliendo con los lineamientos que señala el segundo párrafo del citado numeral 55. En consecuencia, la parte quejosa deberá seguir las formalidades establecidas en los artículos 35 y 55, del acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, a efecto de acceder al expediente electrónico y ser notificado de forma electrónica de las actuaciones que emita este órgano federal. DIVERSA PROVIDENCIA. Hágase del conocimiento de la parte promovente que en virtud de que el escrito con el cual pretendió desahogar la prevención fue presentado el seis de junio de dos mil veintitrés, electrónicamente, es decir, el quinto día, de los cinco que se le concedieron en auto de diecinueve de mayo del año en curso, para que diera cumplimiento al requerimiento preventivo, por lo que, aún cuenta con un plazo de un día más, el cual transcurrirá una vez que se encuentre debidamente notificada del presente proveído. En el entendido que subsiste el apercibimiento decretado en el referido acuerdo, esto es, que de no dar cumplimiento a la prevención en el plazo señalado y en los términos indicados, se tendrá por no presentada la demanda de amparo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 114, penúltimo párrafo de la Ley de Amparo. Resulta aplicable la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos datos de localización, rubro y texto son los siguientes: "AMPARO. ACLARACIÓN DE DEMANDA. SI LA PROMOCIÓN DE CUMPLIMIENTO SE PRESENTA ANTES DEL TÉRMINO, EL JUEZ DEBE ACORDAR SI SE ACATÓ LA PREVENCIÓN, SEÑALANDO, EN SU CASO, LAS OMISIONES, PARA DAR OPORTUNIDAD AL PROMOVENTE DE SUBSANARLAS, PERO DENTRO DE AQUEL TÉRMINO. De conformidad con el artículo 146 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está facultado para mandar aclarar el escrito inicial de demanda cuando advierta alguna irregularidad, se haya omitido alguno de los requisitos a que se refiere el artículo 116 de la ley citada, no se haya indicado con precisión el acto reclamado o no se hayan exhibido las copias correspondientes a que alude el artículo 120 de dicho ordenamiento, debiendo precisar en el auto relativo las irregularidades o deficiencias advertidas, a fin de requerir al promovente para que en el término de tres días las subsane. Ahora bien, si se toma en cuenta que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la mencionada ley, según su artículo 2º., todas las promociones deberán acordarse a más tardar al día siguiente de presentadas, y en atención al principio de justicia pronta y expedita consignado en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el de economía procesal, es indudable que cuando el quejoso en el primer o segundo de los tres días señalados en el referido artículo 146, presenta un escrito mediante el cual pretende cumplir con la prevención que le fue impuesta, el Juez debe emitir un acuerdo en el que tenga por presentado dicho escrito y admita la demanda si se satisfizo lo ordenado, o bien, en caso de no cumplir con tal requerimiento, señale las omisiones o defectos que aún subsistan para darle oportunidad de subsanarlos antes del vencimiento de esos tres días, ello en razón de que dicho término se le otorga en su beneficio. De no actuar así, se impediría al promovente enterarse de las razones por las cuales no está cumpliendo cabalmente con la prevención que le fue formulada, pese a estar en posibilidad temporal de aclarar su escrito de demanda." INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTE FÍSICO. En términos de lo que disponen los artículos 253 y 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales -adicionados por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo-, se establece que esta determinación se integrará al expediente físico pues es indispensable para el impulso del sumario constitucional en que se actúa. Notifíquese personalmente al promovente.

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, seis de junio de dos mil veintitrés. COMUNICACIÓN. A sus autos, el oficio 1579 signado por el Juez Cuarto de lo Penal de Puebla, con anexo, en el cual, en atención a lo formulado en auto de diecinueve de mayo de dos mil veintitrés, en el que se le requirió informara a esta potestad Federal, la fecha en que el quejoso ********************, tuvo conocimiento del auto de formal prisión dictado en su contra. Ahora, del oficio y constancias que la autoridad remitió como justificación a su dicho, puede apreciarse que el quejoso ********************, tuvo conocimiento del auto de formal prisión dictado en su contra, a las nueve horas del seis de octubre de dos mil veintidós. Por otra parte, resérvese acordar lo conducente hasta en tanto fenezca el plazo concedido a la parte procesal en mención para dar cumplimiento a la prevención de diecinueve de mayo de dos mil veintitrés. INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTE. En términos de lo que disponen los artículos 253 y 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales -adicionados por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo-, se establece que esta determinación se integrará al expediente físico, pues es indispensable para el impulso procesal del sumario constitucional en que se actúa. Notifíquese personalmente a la parte promovente.

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