Edgar Martín Cuellar Jaramillo

Expediente 925/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México. 5 actuaciones registradas, la última del 22 de octubre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
925/2021
Año
2021
Actuaciones
5
Última actuación
22/10/2021

Partes del expediente

  • Edgar Martín Cuellar Jaramillo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    VISTO EL ESTADO DE AUTOS, SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO, SE ORDENA EL ARCHIVO DEL PRESENTE JUICIO Y SE ESTIMA QUE ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, SE DEJA A DISPOSICIÓN DE LA PARTE ACTORA POR EL TÉRMINO DE NOVENTA DÍAS, EL DOCUMENTO BASE DE LA ACCIÓN, APERCIBIDA.

  2. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, a diecinueve de octubre de dos mil veintiuno. Con fundamento en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, téngase por recibido y agréguense a los autos el escrito de cuenta, firmado por el quejoso Edgar Martín Cuellar Jaramillo, mediante el cual solicita copia certificada de todo lo actuado en el presente sumario, y autoriza para efectos de recoger las mismas a José Manuel Medina Mercado. En atención a su contenido, y de conformidad con los numerales 278 y 279 del Código Federal en cita, expídase a costa del quejoso copia certificada de las constancias que solicita, previa toma de razón que por su recibo se deje en autos, teniendo por autorizada a la persona que indica, para los efectos que precisa; lo anterior, con excepción de las copias que peticiona del informe justificado, toda vez que del estado de autos e observa que se desechó la demanda de amparo, por lo que no se requirió informe alguno. Sin embargo, se hace del conocimiento del quejoso que en atención al horario de labores presenciales de este juzgado, las mismas sólo podrán ser entregadas en un horario de trece horas con treinta minutos a quince horas, siempre y cuando las cargas de trabajo del área de fotocopiado del edificio sede del Poder Judicial de la Federación, ubicado en Boulevard Toluca Número 4, que auxilian a este juzgado, así lo permitan. En el entendido de que, conforme a los artículos 3 y 4 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, deberá generar una cita en el Portal de Servicios en Línea, micrositio "Servicios jurisdiccionales", en el que encontrará el apartado "Agenda OJ", a fin de que este Juzgado esté en posibilidad de darle acceso a este recinto judicial, para la expedición de las mismas, para lo cual deberá cumplir además con las medidas que establece el capítulo II del Acuerdo General en consulta, y los controles sanitarios que al efecto se establezcan. Notifíquese a las partes por lista, en los términos que al efecto establece el artículo 21 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.

  3. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, a siete de octubre de dos mil veintiuno. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo, téngase por recibida y agréguese a los autos para que obre como corresponda la comparecencia de cuenta, de la que se observa que el directo quejoso ---------, se presentó al local de este juzgado a ratificar en todas y cada una de sus partes la demanda de amparo; asimismo, por diverso acuerdo de seis de octubre de dos mil veintiuno, se le tuvo desahogando los diversos puntos de prevención que se le formularon y se reservó acordar lo conducente, hasta en tanto se llevara a cabo la aludida ratificación, situación que ya aconteció; por tanto, provéase lo que conforme a derecho corresponda en relación a la demanda de amparo. Atento a lo anterior, vista nuevamente la demanda de amparo, escrito aclaratorio y ratificación de demanda, se tiene al quejoso Edgar Martín Cuellar Jaramillo, señalando como actos reclamados en el presente asunto, los siguientes: La emisión del oficio 2447, de fecha veintidós de julio de dos mil veintiuno, emitido por el Coronel de Materiales de Guerra Juan Manuel Serafín Reséndiz, en su calidad de Presidente del Honorable Consejo del 5/o Batallón de Materiales de Guerra, mediante el cual se citó al hoy quejoso para audiencia pública de nueve de agosto del año en curso. La emisión del oficio 2619/2021, de fecha cinco de agosto de dos mil veintiuno, mediante el cual se citó al quejoso para audiencia pública de veintitrés de agosto de dos mil veintiuno, ante el Honorable Consejo de Honor del 5/o Batallón de Materiales de Guerra. La determinación contenida en el Acta de Consejo de Honor del Honorable Consejo de Honor del 5/o Batallón de Materiales de Guerra, de veintitrés de agosto de dos mil veintiuno, en la que se ordenó solicitar la baja del aquí quejoso por las conductas que se le atribuyen, así como la continuación de ese procedimiento. Ahora, por ser preferente su estudio, se analiza primero la procedencia del juicio de amparo, pues las causales previstas en el artículo 61, en relación con el 62, ambos de la Ley de Amparo, son de examen preferente y deben analizarse aún de oficio, lo aleguen o no las partes, por lo que de actualizarse alguna de ellas deberá desecharse de plano la demanda de amparo. De conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, es obligatorio examinar el escrito de demanda y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia se debe desechar de plano; considerando que lo manifiesto, se presenta cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y lo indudable, resulta de la certidumbre que se tenga y plena convicción de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aún cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Una vez señalado lo anterior, y a fin de mejor comprender el asunto, se analizan primeramente los actos consistentes en: La emisión del oficio 2447, de fecha veintidós de julio de dos mil veintiuno, emitido por el Coronel de Materiales de Guerra Juan Manuel Serafín Reséndiz, en su calidad de Presidente del Honorable Consejo de Honor, mediante el cual se citó al hoy quejoso para audiencia pública de nueve de agosto del año en curso. La emisión del oficio 2619/2021, de fecha cinco de agosto de dos mil veintiuno, mediante el cual se citó al quejoso para audiencia pública de veintitrés de agosto de dos mil veintiuno, ante el Honorable Consejo de Honor del 5/o Batallón de Materiales de Guerra. En ese sentido, respecto del acto reclamado en estudio, se estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XIV, del artículo 61, de la Ley de Amparo, que a la letra dice: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. (..)" El lapso referido en el párrafo anterior, aplicable al asunto que nos ocupa, se encuentra establecido en los preceptos 17 y 18, de la Ley de Amparo, que aducen: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." De la interpretación gramatical y teleológica de la transcripción que antecede se advierte la existencia de tres hipótesis para computar el término de los quince días dentro de los cuales se ha de presentar la demanda de amparo para tenerla como oportunamente recibida, a saber: A partir del día siguiente al en que haya surtido efectos la notificación al quejoso conforme a la ley del acto; A partir del día siguiente al en que haya tenido conocimiento del acto o de su ejecución; y, Al día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos, salvo el caso de la fracción I, del artículo 17, de la Ley de la materia, en el que se computara a partir del día de su entrada en vigor. En esas condiciones, es claro que la intención del legislador fue la de establecer que el plazo para la promoción del juicio de amparo, debe computarse a partir del día siguiente al en que se verifique el supuesto aplicable de las tres hipótesis establecidas en el artículo 17 de la Ley de Amparo. Resulta aplicable a lo considerado, la tesis sustentada por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 105, 217-228 Cuarta Parte, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, cuyo rubro dice: "DEMANDA DE AMPARO, TERMINO PARA LA PRESENTACION DE. SOLO CUANDO NO OBRE CONSTANCIA DE LA NOTIFICACION AL QUEJOSO DEL ACTO RECLAMADO, PUEDE EFECTUARSE EL COMPUTO DESDE EL DIA SIGUIENTE AL EN QUE HAYA TENIDO CONOCIMIENTO DEL MISMO O SE HAYA OSTENTADO SABEDOR DE TAL ACTO." Aunado a lo anterior, es importante destacar que el conocimiento del acto reclamado por la parte quejosa, para iniciar el cómputo de los quince días para promover el presente juicio debe acreditarse fehacientemente por cualquiera de los medios de prueba previstos por la ley y no inferirse con base en indicios. En ese tenor, en el caso a estudio el quejoso ----------, reclama la emisión de los oficios 2447 y 2619/2021 de fechas veintidós de julio y cinco de agosto, ambos de dos mil veintiuno, a través de los cuales se citó al aquí quejoso para audiencia pública correspondiente al procedimiento de baja que se le inicio. Asimismo, del escrito de desahogo de demanda el quejoso precisa, bajo protesta de decir verdad, que tuvo conocimiento de los oficios que reclama desde el veintidós de julio y cinco de agosto de dos mil veintiuno, respectivamente. En esa virtud, el término de quince días hábiles previsto por el artículo 17 de la Ley de Amparo, para promover el juicio de amparo, inició a computarse por lo que hace al oficio de veintidós de julio de dos mil veintiuno, desde el veintitrés de julio de dos mil veintiuno, día posterior al que conoció del mismo, feneciendo su término el diez de agosto posterior, y respecto del oficio de cinco de agosto de dos mil veintiuno, dicho plazo corrió del seis al veintiséis de agosto de dos mil veintiuno.. Por tanto, si la demanda de amparo fue depositada en el buzón judicial hasta el diecisiete de septiembre de dos mil veintiuno, se advierte que dicha demanda de amparo, se encuentra fuera del término previsto en el referido precepto legal invocado; lo cual implica que dichos actos tildados de inconstitucional y sus consecuencias jurídicas, se tengan como tácitamente consentidas. Resulta aplicable la tesis sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, localizable en el Tomo VIII-Julio de 1991, visible en la página 150, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. COMPUTO DEL TERMINO PARA PRESENTARLA, CUANDO EXISTE FECHA CIERTA DE LA NOTIFICACION DEL ACTO RECLAMADO." Asimismo, apoya a lo considerado, la jurisprudencia 14, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 11, Tomo VI, Parte SCJN, Materia Común, Quinta Época, del Apéndice de 1995, cuyo rubro dice: "ACTOS CONSENTIDOS TACITAMENTE." Por otra parte, en relación al diverso acto que se reclama en el asunto, consistente en la determinación contenida en el Acta de Consejo de Honor de veintitrés de agosto de dos mil veintiuno, en la que se ordenó solicitar la baja del aquí quejoso por las conductas que se le atribuyen, así como la continuación de ese procedimiento, se estima actualizada la diversa causal de improcedencia que señala el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción III, incisos a) y b), de la Ley de Amparo, en virtud de que el acto reclamado deriva de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, el cual no ha concluido mediante resolución definitiva, ni causa al quejoso un daño de imposible reparación. Previo al estudio de la citada causa, es importante destacar las bases sobre las que se emite este auto, a fin de mejor comprensión. La Constitución Federal establece que toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil, en ese sentido, el Estado promoverá la creación de empleos y la organización social del trabajo, conforme a ley; en ese orden, el constituyente hizo dos apartados, uno para establecer las bases de manera general de todo contrato laboral entre particulares y, otro para diferenciar los contratos laborales entre los Poderes de la Unión y sus trabajadores. Así, se establecen reglas diferentes para cada Poder en cuanto a la organización y derechos de sus empleados, haciendo una distinción considerable en cuanto al personal de la milicia, pues por lo que a éstos respecta, se regirán por sus propias leyes, circunstancia que el legislador puntualizó por la naturaleza de los cargos. Dicha diferencia se torna más notable tratándose de la responsabilidad y disciplina en la labor que desempeñan, pues tienen reglas más rigurosas y procedimientos específicos para sancionar a los elementos integrantes, incluso en cuanto a la comisión de delitos, tienen sus propios tribunales militares. Ahora, la Ley de Disciplina del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos tiene por objeto preservar la disciplina militar como principio de orden y obediencia que regula la conducta de los individuos que integran las fuerzas armadas, de tal manera que es la base fundamental para defender los intereses de la Patria; sin embargo, quien incumpla con las disposiciones que al respecto se emitan, será sujeto de sanción por medio del Consejo de Honor que se establecerá en cada unidad militar, razón por la cual, el citado Consejo tendrá facultades para dictaminar sobre los castigos que deban imponerse de acuerdo a la infracción atribuida, incluso solicitar la baja del elemento por medio del Secretario de la Defensa Nacional, como se advierte de los numerales 34, 35 y 36 de la Ley de Disciplina del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, que a continuación se transcriben: "Artículo 34.- El Consejo de Honor se establecerá en las unidades y dependencias del Ejército y Fuerza Aérea; se constituirá con un presidente y cuatro vocales en las unidades y con un presidente y dos vocales en las dependencias, conforme al Reglamento respectivo. Artículo 35.- Corresponde conocer al Consejo de Honor: I.- De todo lo relativo a la reputación de la Unidad, Dependencia o Instalación; II.- De la embriaguez, uso de narcóticos y juegos prohibidos por la ley; III.- De la disolución escandalosa. IV.- De la falta de honradez en el manejo de caudales que no constituya un delito; V.- De la negligencia en el servicio, que no constituya un delito. VI.- De todo lo que concierne a la dignidad militar. Artículo 36.- El Consejo de Honor tiene facultades para: I.- Acordar las notas que hayan de ponerse en las Hojas de Servicios de los Oficiales, y en el Memorial de Servicios de los individuos de tropa. II.- Dictaminar sobre los castigos correccionales que deban imponerse desde Capitán 1o. hasta el Soldado, por faltas, cuyo conocimiento sea de la competencia de este Consejo. III.- Acordar se solicite la baja del Ejército y Fuerza Aérea por determinación de mala conducta, para el personal de Tropa y de los militares de la clase de auxiliar, y IV.- Turnar al Ministerio Público, las constancias respectivas en los casos en que determine que es competencia de los tribunales correspondientes. En caso de la fracción III se otorgará al militar un plazo de quince días naturales para que manifieste lo que su interés convenga." Asimismo, la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos establece que procede la baja o separación definitiva del cargo por ministerio de ley o por acuerdo del Secretario de la Defensa Nacional, entre otras causas, por observar mala conducta determinada por el Consejo de Honor de la unidad a la que pertenezcan, caso en el que la parte afectada será oída en defensa; lo anterior, según lo dispuesto en el artículo 170, fracción II, inciso D), de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, que establece: "Artículo 170. La baja es la separación definitiva de los miembros del Ejército y Fuerza Aérea, del activo de dichas Instituciones y procederá por ministerio de Ley o por Acuerdo del Secretario de la Defensa Nacional en los siguientes casos: I. Procede por ministerio de Ley: . II. Procede por acuerdo del Secretario de la Defensa Nacional: (.) D. Tratándose del personal de Tropa y de los militares de la clase de Auxiliares, además de las causas señaladas en los incisos que anteceden, podrán ser dados de baja por observar mala conducta, determinada por el Consejo de Honor de la Unidad o Dependencia a que pertenezcan, o por colocarse en situación de no poder cumplir con sus obligaciones militares, por causas no imputables a la Secretaría de la Defensa Nacional. En ambos casos, siempre será oído en defensa el afectado;" En ese contexto, el Reglamento para la Organización y Funcionamiento de dicho Consejo establece que tendrá por objeto juzgar a oficiales y tropa que cometan faltas a la disciplina, así como dictaminar sobre los castigos que deban imponerse y, en su caso, consignar a la superioridad los asuntos que no le competan, como se aprecia de los numerales 1° y 6° de dicho Reglamento que dicen: "Artículo 1o.- El Consejo de Honor tiene por objeto juzgar a los oficiales y tropa que cometan faltas a la moral, a la dignidad y al prestigio del Ejército; dictaminar sobre los castigos correccionales que deban imponerse consignar a la superioridad los casos que correspondan; asimismo, acordar las notas de conceptos que hayan de ponerse en las Hojas de Servicio de los Oficiales y Memorial de Servicios de los individuos de Tropa. Artículo 6o.- El Consejo de Honor tiene facultades para: I. Acordar las notas que hayan de ponerse en las Hojas de Servicios de los Oficiales, y en el Memorial de Servicios de los individuos de Tropa; II. Dictaminar sobre los castigos correccionales que deban imponerse, desde Capitán 1o. hasta el Soldado, por faltas cuyo conocimiento sea de la competencia de este Consejo, y III. Consignar a la Superioridad los casos en que un Oficial deba ser suspendido temporalmente para ejercer en el activo; o destituido de su empleo en el Ejército, de conformidad con la Ley Penal Militar." De tal manera que cuando haya que juzgar al acusado por una conducta, se reunirá y le nombrará un defensor, le expondrá los cargos que se le imputan, le dará el uso de la voz al implicado para que ofrezca pruebas de descargo y se tomará votación para deliberar el caso, como se aprecia de los artículos 16 al 22 del Reglamento para la Organización y Funcionamiento de los Consejos de Honor en el Ejercito y Armada Nacionales, que señalan: "Iniciación de la audiencia para juzgar a un acusado Artículo 16.- Cuando el Consejo se reúna para juzgar a algún acusado, se procederá en la forma siguiente: Nombramiento de defensor Reunido el Consejo y estando presente el acusado, el Presidente le tomará sus generales, lo exhortará a producirse con verdad y le manifestará que tiene derecho a nombrar defensor a algunos de los Jefes u Oficiales de la Corporación, Dependencia, Guarnición o Unidad a que pertenezca y que se encuentre presente en la audiencia, con exclusión de los miembros del Consejo. Si el acusado no nombrare defensor, el Presidente lo designará. Exposición de cargos al acusado Artículo 17.- A continuación le hará conocer los cargos que se le imputan y si el Consejo se ha reunido por orden superior o por disposición del propio Presidente, haciendo comparecer y declarar a los peritos y testigos que fuere necesario. Acusación Artículo 18.- La voz de la acusación la llevará un Jefe u oficial nombrado por el Presidente del Consejo. Defensa Artículo 19.- Después hará uso de la palabra la defensa, para que exponga cuanto crea favorable al acusado. Una vez que hubiere terminado de hablar el defensor, el Presidente manifestará al acusado que puede usar de la palabra para hacer su descargo, sin más limitación que el respeto a la ley y a las autoridades. Votación de la culpabilidad Artículo 20.- Terminada la audiencia, el Presidente procederá a recoger la votación, entre los miembros del Consejo, para decidir si el acusado es o no culpable. Dicha votación deberá hacerse principiando por el de menor categoría o antigüedad. Castigos disciplinarios Artículo 21.- Si el resultado de la votación fuere condenatorio, se procederá a deliberar sobre el correctivos disciplinario que deba imponerse, con los límites prevenidos en el Capítulo III. Consignación Artículo 22.- Si la falta no fuere de la competencia del Consejo, el Presidente remitirá el acta y demás constancias comprobatorias a la autoridad que corresponda, para que ésta, a su vez, haga la consignación del acusado al Tribunal competente." Establecido lo anterior, como se adelantó, se actualiza la causa de improcedencia invocada. En efecto, el artículo 61, fracción XXIII, así como el diverso 107, fracción III, incisos a) y b), de la Ley de Amparo, establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia [.]." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] III. Contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se trate de: a) La resolución definitiva por violaciones cometidas en la misma resolución o durante el procedimiento si por virtud de estas últimas hubiere quedado sin defensa el quejoso, trascendiendo al resultado de la resolución; y b) Actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" El primero de los preceptos transcritos no establece una causa de improcedencia concreta, pero constituye un enlace armónico con los demás preceptos de la Constitución y de la Ley de Amparo, que posibilita al órgano jurisdiccional deducir una variedad de causas de improcedencia que tienden a evitar el dictado de decisiones de fondo manifiestamente contrarias a la naturaleza del juicio de amparo o contra los principios generales que lo rigen, al ser éstos presupuestos procesales de estudio preferente al fondo del juicio. Conforme al segundo de los dispositivos invocados, el juicio de amparo indirecto procede contra actos derivados de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se trate de la resolución definitiva que lo concluya, o bien, que los actos procesales dentro de éste afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución de la República y en los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte. En el caso, el quejoso reclama la determinación contenida en el Acta de veintitrés de agosto de dos mil veintiuno, en la que el Consejo de Honor al Batallón al que pertenece, determinó su culpabilidad por mala conducta, pues se le atribuye un total de cincuenta y ocho días de arresto, derivado de siete correctivos disciplinarios, y ordenó solicitar su baja, y por ende, continuar con el trámite de ese procedimiento, según se observa que las propias documentales que anexó el quejoso a su demanda de amparo. Solicitud de la cual en términos del arábigo 170, fracción II, inciso D), de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos compete al Secretario de la Defensa Nacional, quien calificara en definitiva la conducta atribuida, así como determinara la sanción pertinente, caso en el que el afectado será oído en defensa. Ello es así, porque una vez que el Consejo de Honor realice la solicitud al Secretario de la Defensa Nacional, se dará inicio del procedimiento administrativo de baja del servicio activo del Ejército y Fuerza Aérea Mexicano, en el cual se emplazara al militar, acto, en el que se le hará saber la conducta por la que se le juzgará y oirán sus descargos, otorgándole un plazo de quince días naturales para que manifieste lo que su interés convenga y concluye con el dictado del acuerdo por parte del Secretario de la Defensa Nacional, en el que se ordene su baja o separación definitivamente de su cargo; por lo que los actos que tengan lugar antes del dictado de esta resolución constituirán actos dentro del procedimiento administrativo seguido en forma de juicio. En ese tenor, toda vez que el acto reclamado no cumple con las exigencias que marca el artículo 107, fracción III, incisos a) y b), de la Ley de Amparo para que el juicio proceda, pues el acta del consejo referida no es la última resolución dictada en el procedimiento administrativo que nos ocupa, en razón de que no obstante el Consejo de Honor declaró la culpabilidad del quejoso, ésta no es definitiva, pues solo constituye una solicitud, en tanto que es una propuesta que el Secretario de la Defensa Nacional podrá confirmar o revocar; facultad expresa del artículo 170, fracción II, inciso D), de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, determinación que de Resultar contraria a sus intereses, podrá combatirla mediante esta vía, junto con las violaciones que se hubieran cometido durante el procedimiento. Apoya a lo anterior, el criterio que contiene la jurisprudencia 2a./J. 22/2003, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, página 196, tomo XVII, abril de 2003, Novena Época, cuyos rubro y texto señalan: "PROCEDIMIENTOS EN FORMA DE JUICIO SEGUIDOS POR AUTORIDADES DISTINTAS DE TRIBUNALES A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 114, FRACCIÓN II, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO. SU CONCEPTO COMPRENDE TANTO AQUÉLLOS EN QUE LA AUTORIDAD DIRIME UNA CONTROVERSIA ENTRE PARTES CONTENDIENTES, COMO LOS PROCEDIMIENTOS MEDIANTE LOS QUE LA AUTORIDAD PREPARA SU RESOLUCIÓN DEFINITIVA CON INTERVENCIÓN DEL PARTICULAR. La Ley de Amparo establece que tratándose de actos dentro de un procedimiento, la regla general, con algunas excepciones, es que el juicio constitucional sólo procede hasta la resolución definitiva, ocasión en la cual cabe alegar tanto violaciones de fondo como de procedimiento, sistema que tiene el propósito de armonizar la protección de las garantías constitucionales del gobernado, con la necesidad de asegurar la expeditez de las diligencias procedimentales. Tal es la estructura que dicha Ley adopta en el amparo directo, así como en los procedimientos de ejecución y en los procedimientos de remate, como lo establece en sus artículos 158 y 114, fracción III, respectivamente. Por tanto, al establecer el segundo párrafo de la fracción II del artículo 114 acabado de citar, que cuando el acto reclamado de autoridades distintas de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, emanen de un procedimiento en forma de juicio, el amparo sólo procede en contra de la resolución definitiva, debe interpretarse de manera amplia la expresión "procedimiento en forma de juicio", comprendiendo aquellos en que la autoridad dirime una controversia entre partes contendientes, así como todos los procedimientos en que la autoridad, frente al particular, prepara su resolución definitiva, aunque sólo sea un trámite para cumplir con la garantía de audiencia, pues si en todos ellos se reclaman actos dentro de procedimiento, en todos debe de aplicarse la misma regla, conclusión que es acorde con la interpretación literal de dicho párrafo" Del mismo modo, el acto impugnado no es de imposible reparación, pues no le afectan materialmente derechos sustantivos que la dejen sin defensa, sino que tal violación se reflejará una vez que se dicte resolución definitiva, momento en el que podrá reclamar aquellas lesiones que hubieran trascendido al resultado del fallo, pues inclusive según lo expuesto por el propio quejos, bajo protesta de decir verdad, manifiesta que a la fecha sigue activo y prestando el servicio como soldado auxiliar de materiales de guerra de la Secretaría de la Defensa Nacional, adscrito al Quinto Batallón de Materiales de Guerra Ilustra a lo anterior la jurisprudencia por contradicción de tesis 2a./J. 172/2019 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 77, Agosto de 2020, Tomo V, Página 4428, que dice: "MIEMBROS DEL EJÉRCITO Y FUERZA AÉREA MEXICANOS. LA RESTRICCIÓN PREVISTA EN EL SEGUNDO PÁRRAFO DE LA FRACCIÓN XIII DEL APARTADO B DEL ARTÍCULO 123 DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPÚBLICA, NO LES ES APLICABLE CUANDO HAYAN OBTENIDO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DETERMINÓ SU BAJA. Conforme al citado precepto constitucional, los agentes del Ministerio Público, los peritos y los miembros de las instituciones policiales de la Federación, de las entidades federativas y de los Municipios, podrán ser separados de sus cargos si no cumplen con los requisitos que las leyes vigentes en el momento del acto señalen para permanecer en dichas instituciones, o removidos por incurrir en responsabilidad en el desempeño de sus funciones. Si la autoridad jurisdiccional resolviere que la separación, remoción, baja, cese o cualquier otra forma de terminación del servicio fue injustificada, el Estado sólo estará obligado a pagar la indemnización y demás prestaciones a que tengan derecho, sin que en ningún caso proceda su reincorporación al servicio, cualquiera que sea el resultado del juicio o medio de defensa que se hubiere promovido. Ahora bien, de la apreciación integral de la evolución y fines de la norma constitucional en mención, no se advierte la voluntad del Poder Revisor de incluir en esa restricción a los miembros de las Fuerzas Armadas, debido a que la dirigió a los servidores públicos que en su literalidad invoca. En este contexto, el quejoso que obtenga la protección constitucional ante la ilegalidad de la resolución que ordenó su baja en el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, ya sea por violaciones procesales, formales o de fondo, la restitución de sus derechos afectados no se encuentra condicionada a la aplicación de la restricción constitucional establecida en el segundo párrafo de la fracción XIII del apartado B del artículo 123 constitucional." Además, con la emisión del acto reclamado no se afectan beneficios o prestaciones sociales que concedan las leyes en favor del quejoso en cuanto miembro del Ejército y de la Fuerza Aérea Mexicana, puesta que la relación que existe entre ellos es una relación de carácter administrativa y no laboral. Tiene aplicación, en la parte conducente, la Jurisprudencia que sustentó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguiente: "TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. ES INCOMPETENTE PARA CONOCER DE LAS ÓRDENES DE BAJA DE LOS INTEGRANTES DE LAS FUERZAS ARMADAS POR COLOCARSE EN SITUACIÓN DE NO PODER CUMPLIR CON SUS OBLIGACIONES MILITARES Y, POR TANTO, ÉSTOS CARECEN DE DERECHO PARA RECLAMAR LA NEGATIVA O REDUCCIÓN DE SUS PENSIONES O PRESTACIONES SOCIALES ANTE ESE TRIBUNAL. Al no existir disposición jurídica que otorgue al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa la posibilidad legal de conocer de las órdenes de baja de los integrantes de las fuerzas armadas por colocarse en situación de no poder cumplir con sus obligaciones militares, ese órgano jurisdiccional es incompetente para conocer de tales actos y aquéllos carecen del derecho para reclamar la negativa o reducción de sus pensiones o prestaciones sociales, porque conforme al artículo 14, fracción V, de la Ley Orgánica que regula a dicho tribunal, solamente se le reservó el conocimiento de las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos que nieguen o reduzcan las pensiones y demás prestaciones sociales que concedan las leyes en favor de los miembros del Ejército, de la Fuerza Aérea y de la Armada Nacional o de sus familiares o derechohabientes; de ahí que no es válido ampliarlo a supuestos no previstos en la ley -como sería una orden de baja del activo-, porque en estos casos la competencia de la jurisdicción contencioso administrativa sólo puede provenir de la voluntad del legislador federal, quien es el único facultado para modificarla en términos del artículo 73, fracción XXIX-H, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Asimismo, como el artículo 170 de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos en forma expresa y categórica establece que la baja implica la pérdida del derecho a reclamar prestaciones o beneficios sociales con base en el tiempo de servicios prestados, resulta incuestionable que una vez decretada la salida del activo, los afectados con esta decisión carecen de un derecho objetivo que defender en relación con sus anteriores prestaciones de seguridad social que formaban parte de su patrimonio jurídico, pues la existencia de aquéllas estaba subordinada a la pertenencia a los institutos armados, de modo que al abandonar las filas tampoco cuentan con el derecho subjetivo que les permita demandar la protección de los beneficios prestacionales que les correspondían, pues sería tanto como pretender que quien ya no goza del estatus de militar, exija la preservación de los derechos inherentes a una calidad que ya no tiene. Finalmente, debe señalarse que la incompetencia del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa no vulnera el derecho humano de acceso efectivo a la justicia reconocido por el artículo 17 constitucional, ni deja en estado de indefensión al interesado, pues aunque la legislación militar no previera algún medio de defensa expreso para reclamar una orden de baja, lo cierto es que tiene a su alcance la promoción del juicio de amparo indirecto para garantizar que esa decisión no quede al margen del control judicial." Así como la jurisprudencia P./J. 24/95 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo II, Septiembre de 1995, página 43, que dice: "POLICIAS MUNICIPALES Y JUDICIALES AL SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO Y DE SUS MUNICIPIOS. SU RELACION JURIDICA ES DE NATURALEZA ADMINISTRATIVA. La relación Estado-empleado fue, en principio de naturaleza administrativa, pero en derecho positivo mexicano, en beneficio y protección de los empleados, ha transformado la naturaleza de dicha relación equiparándola a una de carácter laboral y ha considerado al Estado como un patrón sui generis. Sin embargo, de dicho tratamiento general se encuentran excluidos cuatro grupos a saber: los militares, los marinos, los cuerpos de seguridad pública y el personal del servicio exterior, para los cuales la relación sigue siendo de orden administrativo y, el Estado, autoridad. Por tanto, si los miembros de la policía municipal o judicial del Estado de México, constituyen un cuerpo de seguridad pública, están excluidos por la fracción XIII Apartado B del artículo 123, en relación con los artículos 115, fracción VIII, segundo párrafo y 116, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la determinación jurídica que considera la relación del servicio asimilada a la de trabajo y al Estado equiparado a un patrón, de donde se concluye que la relación que guardan con el gobierno del Estado o del Municipio, es de naturaleza administrativa y se rige por las normas también administrativas de la ley y reglamentos que les correspondan y que, por lo tanto, las determinaciones que dichas entidades tomen en torno a ésta no constituyen actos de particulares, sino de una autoridad, que en el caso particular referente a la orden de baja del servicio, hace procedente el juicio de amparo ante el juez de Distrito." En mérito de lo expuesto, con apoyo en lo establecido en el artículo 61, fracción XIV y XXIII, este última con relación al diverso 107, fracción III, incisos a y b), así como como con el 113, todos de la Ley de Amparo, resulta procedente desechar la demanda de amparo promovida por la Edgar Martín Cuellar Jaramillo, por su propio derecho. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

  4. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, a seis de octubre de dos mil veintiuno. Con fundamento en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguense a los autos el escrito de cuenta, signado por el quejoso Edgar Martín Cuellar Jaramillo, por medio del cual aduce desahogar la prevención formulada en proveído de veinticuatro de septiembre de dos mil veintiuno. En atención a su contenido, este juzgado federal se reserva acordar lo conducente, hasta en tanto el aludido quejoso comparezca a ratificar el contenido y firma del escrito de demanda, tal como se estableció en el acuerdo aludido de veinticuatro de septiembre pasado. Notifíquese a las partes por lista, en los términos que al efecto establece el artículo 21 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.

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