Edgar Marquina González
Expediente 459/2020 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 8 actuaciones registradas, la última del 21 de octubre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 459/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 21/10/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Edgar Marquina González
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
NOTIFICACIÓN POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA. Se notifica por lista a la parte quejosa el auto de fecha 16/OCTUBRE/2020, esto por no comparecer en las instalaciones de este Juzgado, no obstante el citatorio que se dejó en su domicilio. Auto cuyo contenido es: "Ciudad de México; dieciséis de octubre de dos mil veinte. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según lo prevé su numeral 2°, agréguese a sus autos el escrito de cuenta signado por el representante legal de Petrorack, sociedad anónima de capital variable; atento a su contenido, no ha lugar a realizar mayor pronunciamiento, toda vez que de conformidad con el artículo 5 de la Ley de Amparo, la empresa antes mencionada no es parte dentro del presente juicio de amparo; lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. En otro orden de ideas, visto el estado de los autos y la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término otorgado a la parte quejosa en auto de uno de octubre de dos mil veinte, a efecto de que manifestara lo que a su derecho conviniera respecto de las constancias con las que la responsable adujo el acatamiento a la ejecutoria de amparo. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo vigente, se procede a analizar si el fallo protector se encuentra cumplido con base en las constancias procesales. Sirve de apoyo, la jurisprudencia 2a./J.26/2000, visible en la página doscientos cuarenta y tres, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, Marzo de dos mil, Novena Época, del tenor siguiente: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." En ese sentido, conviene precisar que a la parte quejosa se le concedió el amparo y la protección de la Justicia Federal para los efectos siguientes: ".SEXTO. Decisión. En términos de las consideraciones expuestas en el presente fallo, lo procedente es negar el amparo a la parte quejosa contra el artículo 51, párrafo segundo, de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización; y conceder la protección constitucional respecto del Acuerdo *** que modifica la Norma Oficial Mexicana ***, especificaciones de calidad de los petrolíferos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de junio de dos mil diecisiete. Al respecto, adquiere relevancia tener en cuenta que la parte quejosa acudió al juicio de amparo en defensa de un interés legítimo y de carácter abstracto que, por ende, atañe a una colectividad; de ahí que, bajo la apreciación del principio de relatividad conforme a la interpretación más favorable a la persona y en relación con el derecho humano de acceso a la justicia y el principio de supremacía constitucional, los efectos de la presente ejecutoria de amparo deben concretarse más allá de la esfera jurídica del propio quejoso, como una consecuencia necesaria de la declaración de inconstitucionalidad del acuerdo modificatorio reclamado. Ciertamente, en el caso, se concluyó la existencia de violaciones a bienes jurídicos supra individuales, es decir, que pertenecen a un grupo y que, por ende, son indivisibles, a saber: el medio ambiente; de ahí que los efectos de la protección constitucional no pueden referirse únicamente a la parte quejosa, pues ello sería insuficiente para lograr una efectiva restitución de los derechos violados en términos del artículo 77, fracción I, en relación con el 78 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo la tesis LXXXIV/2018 de esta Segunda Sala de rubro: "SENTENCIAS DE AMPARO. EL PRINCIPIO DE RELATIVIDAD ADMITE MODULACIONES CUANDO SE ACUDE AL JUICIO CON UN INTERÉS LEGÍTIMO DE NATURALEZA COLECTIVA ". Por tanto, la referida concesión de amparo conlleva, ineludiblemente, a la concreción de efectos generales respecto a la inconstitucionalidad del Acuerdo *** que modifica la Norma Oficial Mexicana "***, especificaciones de calidad de los petrolíferos", publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de junio de dos mil diecisiete, específicamente en lo que fue materia de la litis constitucional, a saber: ?La observación 5 de la tabla 1 "Especificaciones de presión de vapor y temperaturas de destilación de las gasolinas según la clase de volatilidad", contenida en el numeral 4.2. ?Las observaciones 4 y 7 de la tabla 6 "Especificaciones adicionales de gasolinas por región", contenida en el numeral 4.2; en cuanto al incremento en el parámetro de oxígeno permitido hasta 10% (diez por ciento) en volumen de etanol en las gasolinas Regular y Premium fuera de las zonas metropolitanas del Valle de México, Guadalajara y Monterrey. Ahora bien, en tanto en la especie se trata de la regulación técnica de cuestiones que pueden afectar el ambiente, debe señalarse que la invalidez del Acuerdo reclamado, únicamente en las secciones u observaciones ya referidas y que fueron materia del presente juicio de amparo, no debe entenderse como la posibilidad de que se deje un vacío regulatorio en la materia concreta de hidrocarburos. Por el contrario, al decretarse la inconstitucionalidad de la modificación unilateral y sumaria de la norma oficial mexicana en comento, es inconcuso que, para los efectos relativos al porcentaje de etanol en las gasolinas, así como de las especificaciones de presión de vapor y temperaturas de destilación de las gasolinas, debe seguirse aplicando la ***, especificaciones de calidad de los petrolíferos, tal y como se encontraba prevista en forma previa a las modificaciones realizadas por el Acuerdo reclamado, esto es, conforme a las especificaciones estipuladas por esa norma publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de agosto de dos mil dieciséis. Sin perjuicio de lo anterior y, con el objeto de no afectar derechos de terceros y situaciones jurídicas generadas a virtud de la entrada en vigor de las disposiciones reclamadas y previstas en la Norma Oficial Mexicana "***, especificaciones de calidad de los petrolíferos", cuya inconstitucionalidad se ha decretado en el presente juicio, esta Segunda Sala considera necesario conceder a la autoridad responsable y a las demás que resulten competentes en la materia, un plazo de ciento ochenta días, contados a partir del día siguiente al en que se notifique esta sentencia, dentro del cual deberán permitir, sin poder ejercer sus facultades sancionatorias, que se lleven a cabo actos relativos a la producción y comercialización de gasolinas Premium y Magna que empleen etanol como oxigenante, en volumen de hasta un ***, así como una presión máxima de vapor en ***, en términos de las porciones normativas reclamadas. Una vez finalizado tal plazo, deberá observarse y aplicarse inmediatamente la ***, tal y como se encontraba prevista en forma previa a las modificaciones realizadas por el Acuerdo reclamado, por lo que la Comisión Reguladora de Energía debe poner fin a las importaciones y ventas del tipo de gasolinas a que se refiere el acuerdo de modificaciones reclamado. Lo anterior sin perjuicio de que la autoridad responsable, si así lo estima conveniente, inicie el procedimiento ordinario para la modificación de la NOM referida, conforme a las reglas y formalidades establecidas en la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, a efecto de que se discuta en forma plural, con la mayor información científica posible y mediante la participación ciudadana, así como en observancia al principio de precaución ambiental y a las obligaciones internacionales que ha contraído el Estado Mexicano para reducir sus emisiones de gas invernadero y respetar, proteger y tutelar el medio ambiente sano, si es dable aumentar los niveles máximos de etanol permitidos en las gasolinas." Del análisis a lo transcrito, se desprende que el amparo se concedió por lo que hace a la concreción de efectos generales respecto a la inconstitucionalidad del Acuerdo *** que modifica la Norma Oficial Mexicana "***, especificaciones de calidad de los petrolíferos", publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de junio de dos mil diecisiete, específicamente en lo que fue materia de la litis constitucional, a saber: ? La observación 5 de la tabla 1 "Especificaciones de presión de vapor y temperaturas de destilación de las gasolinas según la clase de volatilidad", contenida en el numeral 4.2. ? Las observaciones 4 y 7 de la tabla 6 "Especificaciones adicionales de gasolinas por región", contenida en el numeral 4.2; en cuanto al incremento en el parámetro de oxígeno permitido hasta *** en volumen de etanol en las gasolinas Regular y Premium fuera de las zonas metropolitanas del Valle de México, Guadalajara y Monterrey. Ahora bien, en tanto en la especie se trata de la regulación técnica de cuestiones que pueden afectar el ambiente, debe señalarse que la invalidez del Acuerdo reclamado, únicamente en las secciones u observaciones ya referidas y que fueron materia del presente juicio de amparo, no debe entenderse como la posibilidad de que se deje un vacío regulatorio en la materia concreta de hidrocarburos. Por el contrario, al decretarse la inconstitucionalidad de la modificación unilateral y sumaria de la norma oficial mexicana en comento, es inconcuso que, para los efectos relativos al porcentaje de etanol en las gasolinas, así como de las especificaciones de presión de vapor y temperaturas de destilación de las gasolinas, debe seguirse aplicando la ***, especificaciones de calidad de los petrolíferos, tal y como se encontraba prevista en forma previa a las modificaciones realizadas por el Acuerdo reclamado, esto es, conforme a las especificaciones estipuladas por esa norma publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de agosto de dos mil dieciséis. Sin perjuicio de lo anterior y, con el objeto de no afectar derechos de terceros y situaciones jurídicas generadas a virtud de la entrada en vigor de las disposiciones reclamadas y previstas en la Norma Oficial Mexicana "***, especificaciones de calidad de los petrolíferos", cuya inconstitucionalidad se ha decretado la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró necesario conceder a la autoridad responsable y a las demás que resulten competentes en la materia, un plazo de ciento ochenta días, contados a partir del día siguiente al en que se notifique la sentencia de amparo, dentro del cual deberán permitir, sin poder ejercer sus facultades sancionatorias, que se lleven a cabo actos relativos a la producción y comercialización de gasolinas Premium y Magna que empleen etanol como oxigenante, en volumen de hasta un ***-, así como una presión máxima de vapor en *** -una libra por pulgada cuadrada-, en términos de las porciones normativas reclamadas. Una vez finalizado tal plazo, deberá observarse y aplicarse inmediatamente la ***, tal y como se encontraba prevista en forma previa a las modificaciones realizadas por el Acuerdo reclamado, por lo que la Comisión Reguladora de Energía debe poner fin a las importaciones y ventas del tipo de gasolinas a que se refiere el acuerdo de modificaciones reclamado. Lo anterior sin perjuicio de que la autoridad responsable, si así lo estima conveniente, inicie el procedimiento ordinario para la modificación de la NOM referida, conforme a las reglas y formalidades establecidas en la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, a efecto de que se discuta en forma plural, con la mayor información científica posible y mediante la participación ciudadana, así como en observancia al principio de precaución ambiental y a las obligaciones internacionales que ha contraído el Estado Mexicano para reducir sus emisiones de gas invernadero y respetar, proteger y tutelar el medio ambiente sano, si es dable aumentar los niveles máximos de etanol permitidos en las gasolinas. En cumplimiento a lo anterior, mediante oficios presentados en la oficialía de partes de este Juzgado Federal el diez y treinta, ambos de septiembre de dos mil veinte, el Jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Comisión Reguladora de Energía remitió los siguientes documentos: ? Acuerdo *** de diez de marzo de dos mil veinte. ? Diario Oficial de la Federación publicado el dieciocho de septiembre de dos mil veinte. Documentales que por ser públicas, merecen eficacia probatoria plena en términos de los artículos 129, 197 y 202, párrafo primero, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número 226 publicada en la página 153 del Tomo VI, materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, de rubro y texto siguientes: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." Con dichas constancias se dio vista a la parte quejosa en proveídos de once de septiembre y uno de octubre, ambos de dos mil veinte para que en el término ahí precisado, manifestara lo que a su derecho conviniera, cuestión que SI realizó la parte quejosa mediante escrito recibido en este órgano jurisdiccional el veintinueve de septiembre de dos mil veinte, registrado con el número 11757, en el cual manifestó que la autoridad responsable al emitir el acuerdo de cumplimiento acató los extremos de la sentencia de amparo. Dicho autos fueron notificados a la parte quejosa mediante notificaciones personales realizadas el veinticuatro de septiembre y uno de octubre, ambos de dos mil veinte, tal y como se advierte de las constancias que obran en autos. Ahora, de un análisis comparativo entre los efectos para los cuales fue concedida la protección de la justicia federal y las constancias remitidas en cumplimiento a los mismos, se advierte que la autoridad responsable dio cumplimiento a la sentencia de amparo, toda vez que en el Acuerdo *** de diez de marzo de dos mil veinte, se dejaron sin efectos las modificaciones previstas en el diverso acuerdo *** que modifica la Norma Oficial Mexicana ***, Especificaciones de calidad de los petrolíferos. Asimismo, indicó que la Comisión Reguladora de Energía, una vez finalizado el plazo de ciento ochenta días otorgado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, deberá ejercer sus facultades sancionadoras a aquellos permisionarios que incumplan con las obligaciones previstas en la Norma Oficial Mexicana ***, Especificaciones de calidad de los petrolíferos. Del mismo modo, el acuerdo *** fue publicado en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación el dieciocho de septiembre de dos mil veinte. Atento a lo anterior y, tomando en consideración el estado procesal que guardan los presentes autos, con fundamento en lo previsto en el artículo 196 párrafos segundo, tercero y cuarto, de la vigente Ley de Amparo, SE DECLARA CUMPLIDA LA SENTENCIA EJECUTORIA dictada en el presente juicio de garantías, precisamente porque la autoridad responsable la acató en sus términos. En tales condiciones, hágase del conocimiento de la parte quejosa la presente determinación, para los efectos de los artículos 201, fracción primera y 202 de la Ley de Amparo vigente; en consecuencia, hágase las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y, de conformidad con los artículos 196 párrafo cuarto y 214, del ordenamiento legal invocado, una vez concluido el término otorgado en el artículo 202 de la citada ley, y que no existan diligencias pendientes por desahogar en el presente juicio de amparo, archívese el expediente como asunto concluido. Finalmente, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley de Amparo vigente, a fin de notificar el presente proveído se habilitan días y horas inhábiles. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma la Jueza Séptima de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, Laura Gutiérrez de Velasco Romo en unión de la Secretaria Ma. Esther Prado Olvera, que autoriza y da fe. Doy fe.".
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NOTIFICACIÓN POR LISTA A LA PARTE TERCERO INTERESADA. Se notifica por lista a la parte tercero interesada el auto de fecha 23/septiembre/2020, esto por no comparecer en las instalaciones de este Juzgado, no obstante el aviso que se dejó en su domicilio. Auto cuyo contenido es: "Ciudad de México, veintitrés de septiembre de dos mil veinte. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo, en términos de lo dispuesto en el artículo 2, agréguese a los autos el escrito signado por Gabino Sandoval Baltazar, representante comunal del núcleo agrario quejoso por medio de los cuales realiza diversas manifestaciones, exhibe unos planos y solicita la sustitución de dos testigos para el desahogo de la prueba testimonial y el diferimiento de la audiencia constitucional. De conformidad con lo previsto en el artículo 124 de la Ley de Amparo, téngase por formulados los alegatos que hace valer, sin perjuicio de relacionarlos de nueva cuenta en la audiencia constitucional. Acorde con el numeral 119 de la ley de la materia, se admiten las documentales que se acompañaron, las cuales serán valoradas en el momento procesal oportuno. Por lo que hace a las sustitución de testigos, es procedente la solicitud, pero sin variar el interrogatorio exhibido al momento de ofrecer la prueba, ya que a juicio de este órgano jurisdiccional se justifica suficientemente, que *** y *** están imposibilitados para hacerlo, en virtud de que sobrevino una causa que se los impide; en ese contexto, se tienen como testigos de la parte quejosa a *** y a ***. Dígase al oferente de la prueba que deberá presentarlos en el local de este juzgado en la hora y fecha señalados para la celebración de la audiencia constitucional, con identificación oficial vigente con fotografía, a fin de que rindan el testimonio correspondiente en el presente juicio de amparo, bajo el apercibimiento que de no hacerlo así, se tendrá por desierta la probanza de mérito. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 64/2005, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 385 del tomo Tomo XXII, Julio de 2005, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto a continuación se transcriben: "TESTIGOS EN EL JUICIO DE AMPARO. LA SOLICITUD EN LA QUE SE PIDE SU SUSTITUCIÓN DEBE PRESENTARSE DENTRO DE LOS CINCO DÍAS PREVIOS A LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. El artículo 151 de la Ley de Amparo establece que la prueba testimonial debe anunciarse cinco días hábiles antes del señalado para la celebración de la audiencia constitucional, sin contar el del ofrecimiento ni el señalado para la propia audiencia; sin embargo, dicho plazo no debe aplicarse analógicamente para la sustitución de testigos. Lo anterior es así, ya que de aplicarse analógicamente el referido plazo se perdería la razón de ser de la propia figura, al anularse de facto el derecho de sustituir a un testigo; por tanto, es procedente la solicitud de sustitución de la persona que deberá desahogar la prueba testimonial pero sin variar el interrogatorio exhibido al momento de ofrecer la prueba, si ésta queda imposibilitada para ello por una causa superveniente, no imputable al oferente de la prueba, siempre y cuando se haya ofrecido oportunamente y la solicitud se presente dentro de los cinco días previos a la celebración de la audiencia constitucional, sin contar el de ésta; sin que con ello se vulneren los principios de igualdad y certeza jurídica en materia procesal, pues queda intacto el derecho de las partes en litigio de conocer el interrogatorio respectivo con la anticipación requerida por el referido artículo; mientras que respecto a la identidad del testigo, si bien varía con relación a la anunciada en el ofrecimiento de la prueba, se conocerá por las partes previo a la audiencia constitucional, con lo cual se salvaguarda su derecho a determinar la idoneidad del testigo sustituto, permitiendo que se formulen y preparen oportunamente por escrito o verbalmente las repreguntas y, en su caso, la posible impugnación de dicha idoneidad, la cual podrá ser considerada por el juzgador al momento de realizar la valoración de sus declaraciones. Máxime que el Juez de amparo puede diferir la celebración de la audiencia de ley, si así lo estima necesario, para estudiar la acreditación de la causa superveniente invocada por el oferente de la prueba, a efecto de llevar a cabo la preparación de dicha testimonial, esto es, determinar si el testigo sustituto requiere ser citado, si es necesaria la sustanciación de un exhorto o, incluso, si considera que la identidad de aquél debe conocerse por las otras partes con mayor anticipación a la audiencia constitucional." También, la tesis de jurisprudencia 1a./J.125/2009 sustentada por la Primera Sala, publicada en la página 591 del tomo XXXI, marzo de 2010, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto a continuación se transcriben: "PRUEBA TESTIMONIAL EN EL JUICIO DE AMPARO. SU DESERCIÓN, POR INASISTENCIA DE LOS TESTIGOS, ÚNICAMENTE DEBE DECLARARSE DENTRO DE LA ETAPA DE PRUEBAS DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. De la interpretación sistemática de los artículos 151 y 155 de la Ley de Amparo, así como del numeral 167 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley citada, se advierte que la prueba testimonial se anunciará cinco días hábiles antes del señalado para la audiencia constitucional, sin contar el del ofrecimiento ni el señalado para la audiencia, siendo obligación del oferente, de no manifestar imposibilidad alguna, presentar a los testigos en el día y hora fijados para su celebración, so pena de que se declare desierta. En ese sentido, se concluye que la deserción de la prueba testimonial en el juicio de amparo, por inasistencia de los testigos, únicamente debe declararse dentro de la etapa de pruebas de la audiencia constitucional, en tanto que dicha declaratoria requiere, en primer término, que aquélla se lleve a cabo y, en segundo, que no se presenten los testigos anunciados; de ahí que si no se celebra el día y hora señalados para ello, el órgano de amparo no debe declarar desierta la prueba por inasistencia de los testigos, ya que el momento procesal oportuno para su desahogo es la etapa de pruebas, la cual se desarrolla precisamente en la audiencia de garantías; de manera que si ésta no se celebra, carece de sentido exigir la presencia de los testigos." Finalmente en cuanto a la petición de que se difiera la audiencia constitucional prevista para el veintiuno de septiembre de dos mil veinte, el promovente deberá estarse a lo acordado en dicha fecha. Finalmente, con el objeto de notificar esta determinación, acorde con el inciso k) de la fracción I del artículo 26, en relación con el último párrafo del numeral 21, ambos de la Ley de Amparo vigente, se habilitan días y horas. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa y tercera interesada; y por oficio a las autoridades responsables. Así lo proveyó y firma Laura Gutiérrez de Velasco Romo, jueza Séptima de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistida de Ana Luisa Cortés Narváez, secretaria de juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe. ".
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NOTIFICACIÓN POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA. Se notifica por lista a la parte quejosa el auto de fecha 01/septiembre/2020, esto por no comparecer en las instalaciones de este Juzgado, no obstante el citatorio que se dejó en su domicilio. Auto cuyo contenido es: "Ciudad de México; uno de septiembre de dos mil veinte. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y tomando en consideración la certificación de cuenta, de la cual se advierte que el término concedido a la parte quejosa en proveído de catorce de agosto de dos mil veinte, para que desahogara el requerimiento formulado en el mismo, transcurrió en exceso, sin que haya hecho manifestación alguna al respecto; en consecuencia, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara precluído su derecho para hacerlo; consecuentemente, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el citado auto y no se tienen como autoridad responsable a la denominada como "Director General del Centro de Evaluación y Control de Confianza del Sistema Penitenciario de la Ciudad de México", lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. Por otra parte, visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que si bien es cierto la parte quejosa en el escrito de demanda señaló como única autoridad responsable a la referida en el párrafo que antecede, atribuyéndole como acto reclamado el siguiente: Lo cierto es que, del anexo exhibido con la demanda (oficio *** de siete de febrero de dos mil veinte), se advierte que dicho oficio fue signado por diversa autoridad a la señalada por el quejoso como responsable, esto es, Director General del Centro de Evaluación y Control de Confianza de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, tal y como se observa en la siguiente imagen: Por lo tanto, a fin de evitar mayores dilaciones en el procedimiento y no dejar en estado de indefensión a ninguna de las partes; con apoyo en lo dispuesto por los artículos 108, 110 y 114 de la Ley de Amparo, requiérase a la parte quejosa, para que dentro del término de cinco días, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído manifieste si a su interés legal conviene señalar como autoridad responsable al Director General del Centro de Evaluación y Control de Confianza de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, atribuyéndole como acto reclamado, el señalado en el escrito de demanda, debiendo exhibir copias de su escrito por el que desahogue el presente requerimiento, a fin de notificar a las partes, así como del escrito inicial de demanda y de desahogo para efecto de emplazar a la autoridad de mérito. Apercibida que de no realizar manifestación alguna, o no cumplir con lo establecido en el párrafo que antecede, se resolverá el presente juicio con las constancias que obran en autos. Sirve de apoyo, la tesis 2A/5.30/96, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 250, Tomo III, junio de 1996, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que establece: "DEMANDA DE AMPARO, SI DE SU ANÁLISIS INTEGRAL SE VE LA PARTICIPACION DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE, EL JUEZ DEBE PREVENIR AL QUEJOSO PARA DARLE OPORTUNIDAD DE REGULARIZARLA. Ha sido criterio reiterado de ésta Suprema Corte de Justicia de la Nación, que la demanda de amparo debe ser interpretada en una forma integral, de manera que se logre una eficáz administración de justicia, atendiendo a lo que la demanda se pretende en su aspecto material y no únicamente formal, pues la armonización de todos los elementos de la demanda, es lo que permite una correcta resolución de los asuntos. Ahora bien, entre los requisitos que debe contener una demanda de amparo, de acuerdo a lo establecido por el artículo 116 de la Ley de la materia, se encuentra el relativo a la expresión de la autoridad o autoridades responsables (fracción III), por la cual, en los casos en que del análisis integral de la demanda, el juez advierta con claridad la participación de una autoridad no señalada como responsable en el capítulo correspondiente, debe prevenir a la parte quejosa con el apercibimiento relativo, en términos de lo previsto en el primer párrafo del artículo 146 de la Ley de Amparo, para que aclare si la señala o no como responsable, ya que de omitir esa prevención, incurre en una violación de las normas que rigen el procedimiento en el juicio de amparo, que trasciende al resultado de la sentencia, por lo que en términos del artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, debe ordenarse su reposición". Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma la Jueza Séptima de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México Laura Gutiérrez de Velasco Romo, quien actúa con el Secretario Taurino Eleodoro Martínez Martínez, que autoriza y da fe. Doy fe.".
- Principal
* Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y tomando en consideración la certificación de cuenta, ...se declara precluído su derecho para hacerlo; consecuentemente, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el citado auto y no se tienen como autoridad responsable a la denominada como "Director General del Centro de Evaluación y Control de Confianza del Sistema Penitenciario de la Ciudad de México", lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. Por otra parte, requiérase a la parte quejosa. Se apercibe.
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