Edgar Manuel Lopez Osorio
Expediente 360/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 24 de marzo de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 360/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 24/03/2017
Partes del expediente
- Edgar Manuel Lopez Osorio
Actuaciones
- Principal
Toluca, Estado de México; veinticuatro de marzo de dos mil diecisiete. Vista la certificación precedente de la cual se advierte que los quejosos por conducto de su representante común Edgar Manuel López Osorio, no recurrió dentro del plazo de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, el auto de ocho de marzo de dos mil diecisiete, por el cual se tuvo por no presentada la demanda de amparo. Por tanto, con fundamento en los artículos 98 de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la primera ley invocada, se declara que ha causado estado, por lo tanto, háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Por otra parte, el estado que guarda el presente expediente, del cual se advierte que se encuentra totalmente integrado y no existe más por cumplimentar; por tanto, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo vigente, en sentido contrario, se declara procedente remitir el presente expediente al archivo de este Juzgado de Distrito. Ahora bien, en términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación que el presente asunto es susceptible de destrucción. Lo anterior, pues como quedó asentado anteriormente, en esta fecha causó estado el auto de ocho de marzo de dos mil diecisiete, por el cual se tuvo por no presentada la demanda de amparo; es decir, encuadra en la hipótesis prevista en el punto vigésimo primero, inciso I, del Acuerdo General Conjunto referido. En el entendido que en el presente cuaderno no existen documentos originales exhibidos por las partes de los referidos en el punto segundo inciso XVIII del Acuerdo citado; a consideración de este Juzgado de Distrito el presente sumario carece de relevancia documental y, además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto de referencia. Finalmente, a las partes se les comunica que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Notifíquese; personalmente a los quejosos por conducto de su representante común. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con la Secretaria María Isabel López Mondragón, que autoriza, firma y da fe.
- Principal
IV. Toluca, Estado de México; quince de marzo de dos mil diecisiete. Con fundamento en el artículo 221 del Código de procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, agréguese a los autos el oficio signado por el Secretario Particular de la Directora General de Operación Urbana, mediante el cual en cumplimiento al auto de nueve de marzo de dos mil diecisiete, señala las constancias que deberán adjuntar para la substanciación del recurso de queja interpuesto. Atento a lo anterior, se tiene por desahogado el requerimiento formulado en auto de nueve de marzo pasado y, resérvese acordar lo conducente, hasta en tanto fenezca el plazo concedido a la totalidad de las partes. Notifíquese. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con el Secretario Marco Antonio Maya García que autoriza, firma y da fe.
- Principal
III. Toluca, Estado de México; ocho de marzo de dos mil diecisiete. Por recibido el telegrama suscrito por el Directora Contenciosa de la Coordinación General de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaria de Salud en Representación del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y Directora de Gestiones y Peticiones Ciudadanas y Promoción Social de la Secretaria de Salud, a través del cual, informa las gestiones llevadas a cabo a fin de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En atención a ello, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se agrega a los autos el telegrama de cuenta para que obre como corresponda, y este juzgado toma conocimiento de su contenido, y estando en espera del oficio a que hace alusion. Notifíquese. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con el Secretario Israel Díaz Reyna que autoriza, firma y da fe.
- Principal
Toluca, Estado de México; seis de marzo de dos mil diecisiete. Radicación. Vista la demanda de amparo promovida por Salvador Villa Hernández, a nombre y representación de Edgar Manuel López Ozorio, César de la Cruz Velázquez, Mario Hidalgo Arguello, Carlos Hoo Ramírez y Marcelino Ticante Castro, contra actos del Director del Centro Federal de Readaptación Social Número Uno "Altiplano", en Almoloya de Juárez, Estado de México y otras autoridades; regístrese en el libro de gobierno como amparo indirecto 360/2017-I. De la lectura de la demanda de garantías se advierte que los actos reclamados se hacen consistir en: Incomunicación. Negativa de proporcionar atención médica a los quejosos en la especialidad de urología y proctología, por la incontinencia urinaria que padecen. Ahora, por lo que hace al acto reclamado consistente en la incomunicación, así como todos aquellos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal; de conformidad con lo dispuesto en el artículo 126, de la Ley de Amparo, se decreta de plano su suspensión para el efecto de que cesen de inmediato, debiendo las autoridades responsables informar, en un término no mayor a veinticuatro horas, el cumplimiento que den a esta determinación, apercibidas que si al rendir su informe correspondiente afirmaren una falsedad o negaren la verdad, en todo o en parte, serán sancionadas en términos del Código Penal Federal, ello acorde con lo dispuesto en el artículo 262, fracción III, de la Ley de la materia. Sirve de apoyo, la Jurisprudencia I. 3o. A. J/7, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa Del Primer Circuito, consultable en la página 951, tomo III, Segunda Parte-2, Enero a Junio de 1989 del Semanario Judicial de la Federación que dice: "SUSPENSIÓN DE OFICIO, CORRESPONDE AL JUZGADOR FEDERAL DETERMINAR LA PROCEDENCIA DE LA.". Hágase saber a las responsables que la violación a esta medida suspensional, será sancionada conforme a lo dispuesto en el artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo, es decir, se les impondrá una multa hasta por la cantidad de cincuenta veces la unidad de Medida y Actualización, de conformidad con los numerales Segundo y Tercero Transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Desindexación del salario mínimo, de conformidad con lo establecido en los preceptos en cita, en relación con los diversos 238 y 259 de la Ley de Amparo La determinación inserta en el presente proveído encuentra sustento en el hecho de que el juzgador federal como órgano encargado de aplicar las normas del juicio de amparo, debe siempre y en todo caso examinar si entre los hechos denunciados por el quejoso y los resultados dañinos temidos por éste, existe una relación de causalidad tal que justifique la adopción de la medida cautelar, lo cual en el caso acontece, pues los quejosos afirman estar incomunicados. Por lo que respecta al acto reclamado consistente en la negativa de proporcionar atención médica a los quejosos en la especialidad de urología y proctología, por la incontinencia urinaria que padecen; con fundamento en los artículos 125 y 126 de la Ley de Amparo, se concede la suspensión de oficio, respecto del citado acto. La suspensión concedida, se precisa que es para el efecto de que se otorgue a los quejosos el servicio médico que necesiten acorde al estado clínico que presenten y de acuerdo con su expediente médico, en términos de las leyes y reglamentos que rigen a los Centros Federales de Readaptación Social; así como para que en su caso cese cualquiera de los actos contenidos en el artículo 22 Constitucional. En el entendido de que queda a cargo y bajo la responsabilidad de las autoridades responsables la integridad y salud de los agraviados. A las autoridades responsables se hace de su conocimiento que de no acatar esta medida suspensional, se harán acreedoras a las sanciones establecidas en el artículo 262 de la ley de la materia. Asimismo, las responsables deberán informar sobre el cumplimiento de esta determinación dentro del plazo de veinticuatro horas; en el entendido de que si al rendirlo afirmaren una falsedad o negaren la verdad, en todo o en parte, será sancionadas en los términos señalados en Título Quinto, Capítulo II de la Ley de Amparo. Dicha suspensión no surtirá efecto alguno, si el acto reclamado por los inconformes no constituye alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 126 de la Ley de Amparo, o no produce algún efecto semejante al de aquéllos, independientemente como lo identifique el agraviado. Sobre el particular se invoca la jurisprudencia I. 3o. A. J/7, consultable en la página 951, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo III, enero a junio de 1989, Segunda Parte - 2, Octava Época, número de registro 229397, con el rubro siguiente: "SUSPENSIÓN DE OFICIO, CORRESPONDE AL JUZGADOR FEDERAL DETERMINAR LA PROCEDENCIA DE LA." Cabe resaltar que la suspensión de oficio no tendrá como efecto extraer al directamente a los quejosos del lugar en el cual se encuentra, en atención a que ese efecto jurídico no se encuentra previsto en el último párrafo del artículo 126 de la Ley de Amparo. Por otra parte, con apoyo en lo dispuesto en el numeral 15 de la Ley de Amparo, se comisiona al Actuario Judicial adscrito, para los efectos siguientes: 1. Se constituya en las instalaciones del Centro Federal de Readaptación Social Número Uno "Altiplano", Almoloya de Juárez, Estado de México, específicamente en el lugar donde se encuentran Edgar Manuel López Ozorio, César de la Cruz Velázquez, Mario Hidalgo Arguello, Carlos Hoo Ramírez y Marcelino Ticante Castro y dé fe del lugar y condiciones en que éstos se encuentran. 2. Haga del conocimiento a los quejosos el contenido de esta determinación y los requiera a fin de que manifiesten si ratifica o no la demanda promovida en su nombre por Salvador Villa Hernández. 3. Los requiera para que manifiesten si es su deseo autorizar al promovente, en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo. 4. Los aperciba que de no ratificar la demanda de amparo, se tendrá por no presentada en términos del artículo 15 de la ley de la materia. De conformidad con lo señalado en el párrafo tercero del artículo 21 de la ley de la materia, en uso de las facultades conferidas a los tribunales federales para dictar las medidas que se estimen pertinentes a fin de lograr las diligencias que puedan ordenarse en el presente juicio, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles. En términos del artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, en relación con el 26, fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo, procédase a realizar las notificaciones en el lugar en donde se encuentran recluidos los quejosos. Finalmente, se requiere a la Directora del Centro Federal de Readaptación Social Número Uno "Altiplano", con residencia en Almoloya de Juárez, Estado de México para que brinde las medidas de seguridad necesarias a efecto de que el actuario judicial de esta adscripción pueda realizar la diligencia de notificación. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con la Secretaria Carolina Denysee Villagrán Salinas que autoriza, firma y da fe.
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