Edgar Manuel Cortez Ravell
Expediente 1839/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 18 actuaciones registradas, la última del 23 de agosto de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 1839/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 18
- Última actuación
- 23/08/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Edgar Manuel Cortez Ravell
Actuaciones
Las 4 más recientes de 18.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintitrés de agosto de dos mil diecisiete. Agréguese el oficio de cuenta y anexo, suscrito por el director de Área adscrito a la Unidad de Asuntos Legales y Derechos Humanos, en ausencia del titular de dicha Unidad, y éste en representación del coordinador general de Centros Federales del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, dependiente de la Comisión Nacional de Seguridad de la Secretaría de Gobernación, residente en la Ciudad de México, mediante el cual informa que giró oficio a las responsables residentes en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, a efecto de dar cumplimiento a la ejecutoria pronunciada en el presente juicio; sin que haya lugar a dictar providencia alguna, en virtud de que por auto de uno de agosto del año en curso, se ordenó el archivo del presente asunto, como asunto concluido. NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, primero de agosto de dos mil diecisiete. Vistos los presentes autos y advirtiéndose de los mismos que el cinco de julio del año en curso, la parte quejosa quedó legalmente notificada de lo determinado en proveído de cuatro de julio del actual, sin que al efecto hubiera interpuesto el recurso de inconformidad dentro del término de quince días a que se contrae el primer párrafo del artículo 202, de la Ley de Amparo; en tal virtud, es de estimarse que consintió tácitamente el proveído de que se trata. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto definitivamente concluido. En cumplimiento a los puntos cuarto, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, este juzgador determina que el presente expediente: No tiene relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el punto vigésimo primero, último párrafo, del acuerdo citado; es susceptible de depuración; en su oportunidad, deberá conservarse en el archivo de valor jurídico la demanda y la sentencia respectivas; Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. De conformidad con lo establecido en los puntos décimo y décimo primero del acuerdo aludido, consérvese este expediente durante tres años en el archivo judicial reciente, cumplido este plazo, transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que una vez transcurridos más de cinco años proceda a su depuración y conservación en el archivo jurídico. Se hace constar que en el presente expediente no existen documentos originales exhibidos por las partes. NOTIFÍQUESE.
- Incidental
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, primero de agosto de dos mil diecisiete. Vista la certificación que antecede y el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte se concedió a la parte quejosa la medida cautelar solicitada; en tal virtud, se ordena el archivo del presente cuaderno incidental como asunto concluido. En consecuencia, con fundamento en lo establecido en los puntos cuarto, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, archívese el presente asunto como concluido, este juzgador estima que carece de relevancia documental en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el punto vigésimo primero, último párrafo del acuerdo citado, por lo que: Procédase a la destrucción del duplicado del presente incidente de suspensión, una vez que cuente con más de seis meses de haberse dictado la resolución interlocutoria. Respecto al original, en su oportunidad, consérvese en el archivo de valor jurídico la demanda de amparo y la resolución emitida y procédase a su digitalización. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. De conformidad con lo establecido en el punto décimo del acuerdo aludido, consérvese el original de este expediente durante tres años en el archivo judicial reciente, cumplido este plazo, transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que una vez transcurridos más de cinco años, contados a partir del presente acuerdo, proceda a su depuración y conservación en el archivo jurídico. Finalmente, se hace constar que en el presente expediente no se promovió incidente de violación a la suspensión, ni existen documentos originales exhibidos por las partes, ni se promovió recurso alguno. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Oaxaca de Juárez, Oaxaca, cuatro de julio de dos mil diecisiete. Glósense a los autos los oficios de cuenta y anexos, suscritos por las autoridades responsables residentes en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, mediante los cuales informan en relación con el cumplimiento de la ejecutoria pronunciada en el presente juicio. Del oficio de cuenta, con número de registro 14090, que remitió la encargada del despacho de la Dirección General del Centro Federal de Readaptación Social número 13 "CPS-OAXACA", en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, se advierte que el quejoso Édgar Manuel Cortez Ravell, egresó de ese centro de reclusión, el veintinueve de abril de dos mil diecisiete, por habérsele otorgado beneficio de la remisión parcial de la pena. Ahora bien, en el presente asunto se concedió el amparo y la protección de la Justicia Federal al quejoso Édgar Manuel Cortez Ravell, para el efecto de que el director general del Centro Federal de Readaptación Social número trece "CPS-OAXACA", con sede en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, así como la encargada del Departamento de Servicios Médicos de dicho centro de reclusión, en el ámbito de sus atribuciones, realizaran las gestiones necesarias para que de inmediato se le proporcionaran los medicamentos prescritos por el médico de guardia, en los términos indicados en la nota médica de diez de enero de dos mil diecisiete, a efecto de tratar la cefalea de tipo migrañosa que padece. Ahora bien, este resolutor advierte existe imposibilidad jurídica de las responsables para dar cumplimiento con la sentencia ejecutoria, por las siguientes razones: De la documental que anexó la encargada del despacho de la Dirección General del Centro Federal de Readaptación Social número 13 "CPS-OAXACA", en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, a su oficio de cuenta, se advierte que en cumplimiento al oficio 1311/2017 (boleta de libertad), de veintiocho de abril de dos mil diecisiete, signado por el licenciado Feliciano Humberto Santos Rojas, secretario del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca, residente en esta población, derivado del exhorto número 439/2017, formado con motivo del exhorto 860/2017-I, deducido de la causa penal 50/2017, del Juzgado Décimo Primero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, de Ciudad Victoria, se desprende lo siguiente: ".bajo su estricta responsabilidad sírvase poner en inmediata libertad al sentenciado Cortez Ravell Édgar Manuel, única y exclusivamente por lo que hace a la causa penal 50/2017, del índice del Juzgado Décimo Primero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con sede en Ciudad Victoria, que se le instruye por el delito contra la salud en la modalidad de transportación de marihuana ya que con esta fecha se dio cumplimiento a las obligaciones que contrae el otorgarle el beneficio de la remisión parcial de la pena."; por ello, el veintinueve de abril siguiente, fue puesto en libertad. Luego, toda vez que la imposibilidad jurídica o material para cumplir con una resolución judicial existe cuando sobreviene una causa o situación ajena al proceso, que haya cesado o modificado las circunstancias conforme a la cuales se emitió el fallo. En ese sentido, resulta evidente que en el presente asunto existe imposibilidad jurídica para cumplir con la resolución judicial, misma que se concedió para el efecto el director general del Centro Federal de Readaptación Social número trece "CPS-OAXACA", con sede en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, así como la encargada del Departamento de Servicios Médicos de dicho centro de reclusión, en el ámbito de sus atribuciones, realizaran las gestiones necesarias para que de inmediato se le proporcionaran los medicamentos prescritos por el médico de guardia, en los términos indicados en la nota médica de diez de enero de dos mil diecisiete, a efecto de tratar la cefalea de tipo migrañosa que padece, al haber sobrevenido una situación que modificó las circunstancias conforme a las cuales se emitió el fallo, debido a que fue puesto en libertad por habérsele otorgado beneficio de la remisión parcial de la Pena. Por ello, como se dijo, existe imposibilidad jurídica para que las autoridades responsables cumplan con los deberes impuestos en la ejecutoria de amparo. Se cita en apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 90/2007, sostenida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena época, tomo XXV, Junio de 2007, que aparece en la página 140 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "SENTENCIAS DE AMPARO. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO O AL TRIBUNAL DE CIRCUITO QUE HAYA CONOCIDO DEL JUICIO DE GARANTÍAS HACER EL PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA IMPOSIBILIDAD REAL Y JURÍDICA DE SU CUMPLIMIENTO. De la interpretación de lo dispuesto en los párrafos quinto y sexto del artículo 105 de la Ley de Amparo, se desprende que corresponde al Juez de Distrito o al Tribunal de Circuito que haya conocido del juicio de garantías pronunciarse, en un incidente innominado, sobre el planteamiento de la autoridad responsable, en el sentido de que existe imposibilidad material o jurídica para cumplir con la ejecutoria respectiva, exponiendo las razones y los fundamentos por los cuales arriba a esa consideración. Ello es así porque conforme a la Ley de la materia, la autoridad que haya conocido del amparo está obligada de manera ineludible a hacer cumplir las sentencias, cuando ello esté dentro de sus posibilidades, por medio de sus secretarios o actuarios, auxiliados con el uso de la fuerza pública de ser necesario, porque de no aceptar que son ellas quienes en principio están obligadas a resolver en relación con ese aspecto jurídico, se les privaría a las partes de la posibilidad de ofrecer pruebas, así como de alegar lo que a su derecho conviniera y el quejoso perdería la oportunidad de inconformarse en caso de que se declare sin materia el cumplimiento de una sentencia, por imposibilidad legal para ejecutarla." NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE AL QUEJOSO POR CONDUCTO DE SU DEFENSOR.
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