Edgar Manfredo Concha Herrera
Expediente 2295/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 13 actuaciones registradas, la última del 28 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 2295/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 28/06/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Edgar Manfredo Concha Herrera
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
Mérida, Yucatán, veintiocho de junio de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término concedido a las partes para que se inconformaran con el proveído que declaró cumplida la ejecutoria federal; por tal motivo y en razón de que no ejercieron ese derecho, téngase a éstas conformes con el cumplimiento de la ejecutoria de mérito; por tanto, háganse las anotaciones en el libro respectivo. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo anterior, archívese este juicio como asunto totalmente concluido. Conforme al artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se declara que el presente asunto es susceptible de depuración, por lo que se conservará por el término de tres años, contados a partir de esta fecha. Concluido este plazo, dentro de los siguientes noventa días, se ordenará su depuración, conservando la demanda, en su caso, las resoluciones recurridas, la sentencia que puso fin al asunto, el presente proveído; y los documentos que, en su momento, se consideren relevantes, situación que se hará constar en el acuerdo de desincorporación respectivo. En términos del artículo 25 del propio Acuerdo, las constancias que integran el citado expediente deberán digitalizarse. Por otro lado, atendiendo a que en los autos incidentales derivados del presente juicio, se concedió la suspensión provisional y definitiva, del acto reclamado a la responsable, provéase únicamente respecto de la destrucción del duplicado de dicho incidente debiendo conservarse el original del mismo, por el término de tres años y una vez transcurrido éste deberá depurarse tal como lo establece la fracción I del Punto Décimo, Capítulo III del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Por otra parte, de conformidad con lo previsto en la fracción III del punto Vigésimo del capítulo Quinto del acuerdo antes citado, se determina que el duplicado del incidente de suspensión derivado del presente expediente, es destruible, lo que podrá hacerse una vez transcurridos los seis meses a que se refiere dicho precepto. De igual manera, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo antes citado, realícese la anotación que corresponde en la carátula del presente expediente, debiendo indicarse la fecha en la que se ordena el archivo de este juicio. Notifíquese. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Hilda Adriana Chan Canto, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe.
- Principal
Mérida, Yucatán; treinta y uno de mayo de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que obra el oficio suscrito por el Delegado del Titular del Órgano de Operación Administrativa Desconcentra Estatal en Yucatán del Instituto Mexicano del Seguro Social, Jefatura de Servicios Jurídicos Departamento Contencioso Oficina de Asuntos Fiscales y Administrativos, con sede en esta ciudad, con el que informó acerca del cumplimiento dado a la ejecutoria concesoria de amparo; así como que mediante proveído de dieciocho de mayo del año en curso, se dio vista a las partes con el oficio y anexo remitidos por la mencionada autoridad, para que en el término de tres días hábiles manifestaran lo que a su derecho conviniera; por lo que al haber fenecido dicho plazo, este juzgador determinará si está cumplido o no el fallo de amparo. En este sentido, se aprecia que por sentencia de veintiocho de febrero del año en curso, se concedió a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia de la Unión, respecto de los actos del INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, DELEGACION YUCATAN, HOSPITAL REGIONAL IGNACION GARCIA TELLEZ, con sede en esta ciudad. Asimismo, por auto de siete de abril de dos mil veintidós, se declaró que causó ejecutoria la citada resolución, requiriéndose a la autoridad responsable su debido cumplimiento. De manera que la autoridad responsable estaba obligada a acatar la resolución referida en el párrafo que antecede, en los términos siguientes: " SÉPTIMO. EFECTOS DE LA CONCESIÓN. Con fundamento en el artículo 77 de la Ley de Amparo, una vez que cause ejecutoria esta sentencia, la autoridad responsable Directora del Hospital General Regional Número 12 del Instituto Mexicano del Seguro Social en Yucatán deberá: Dictar las medidas necesarias para que el quejoso Edgar Manfredo Concha Herrera sea valorado por un especialista del área correspondiente -nefrología- y observando sus condiciones y contraindicaciones médicas, sus antecedentes en el tratamiento del padecimiento de insuficiencia renal crónica secundaria a nefropatía diabética, sus condiciones sociales, económicas, familiares, así como sus preferencias en el tratamiento, prescriba el tratamiento sustitutivo de reemplazo a función renal que estima más conveniente para alcanzar el más alto nivel de salud y calidad de vida y gestione lo necesario para que dicho tratamiento le sea suministrado con la periodicidad que el médico determine. Lo anterior en el entendido que el cumplimiento de la sentencia de amparo no podrá permanecer activo por tiempo indefinido y en todo caso, bastará con que se acredite la prescripción del tratamiento y la orden para su realización al peticionario conforme a la prescripción médica respectiva, dejando a salvo sus derechos para el caso de repetición del acto reclamado." Así, de las constancias que obran en este sumario, se advierte que la autoridad responsable informó que después de otorgar atención médica en el Hospital General Regional número 12 y posteriormente en la Unidad Médica de Atención Ambulatoria se incluyó al quejoso en el programa de Hemodiálisis crónica, con sesiones tres veces por semana los días martes, jueves y sábado en turno matutino. Lo que realizó una vez realizar el registro nutricional del quejoso, realizar entrevista y valor sus factores socioeconómicos, antecedentes patológicos, quirúrgicos, datos clínicos, perfil antropométrico y bioquímico, así como sus preferencias en el tratamiento, entre otros, y haciendo de su conocimiento los riesgos que conlleva el tratamiento de hemodíalisis. Con lo anterior, se estiman colmados los lineamientos establecidos en la ejecutoria de amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 196, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se determina que se ha cumplido en su totalidad la sentencia de amparo, sin excesos ni defectos. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante la Secretaria Hilda Adriana Chan Canto, con quien actúa y da fe.
- Principal
Mérida, Yucatán, dieciocho de mayo de dos mil veintidós. Agréguense a estos autos el oficio del Delegado en términos amplios del Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en esta ciudad y anexo que acompaña, mediante el cual hace manifestaciones en relación al cumplimiento de la sentencia ejecutoriada; , y anexo que acompaña, con el que atiende el requerimiento realizado por este órgano de control constitucional e informa lo relativo al cumplimiento de la sentencia de amparo; al efecto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dése vista a la parte quejosa por el término de tres días hábiles, contados a partir del siguiente al en que quede debidamente notificada de este acuerdo, para que manifieste lo que a sus derechos convenga. Apercibida que de no hacer manifestación alguna dentro de ese plazo, esta Juzgadora resolverá lo que legalmente corresponda respecto al cumplimiento de la resolución de amparo. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Hilda Adriana Chan Canto, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe.
- Principal
Mérida, Yucatán; tres de mayo de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos de los que se advierte que obra el oficio suscrito por el Delegado del Titular del Órgano de Operación Administrativa Desconcentra Estatal en Yucatán del Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en esta ciudad, con el que informó acerca del cumplimiento dado a la ejecutoria concesoria de amparo; así como que mediante proveído de veinte de abril del año en curso, se dio vista a las partes con el oficio y anexo remitidos por la mencionada autoridad, para que en el término de tres días hábiles manifestaran lo que a su derecho conviniera; por lo que al haber fenecido dicho plazo, este juzgador determinará si está cumplido o no el fallo de amparo. En este sentido, se aprecia que por sentencia de veintiocho de febrero del año en curso, se concedió a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia de la Unión, respecto de los actos del INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, DELEGACION YUCATAN, HOSPITAL REGIONAL IGNACION GARCIA TELLEZ, con sede en esta ciudad. Asimismo, por auto de siete de abril de dos mil veintidós, se declaró que causó ejecutoria la citada resolución, requiriéndose a la autoridad responsable su debido cumplimiento. De manera que la autoridad responsable estaba obligada a acatar la resolución referida en el párrafo que antecede, en los términos siguientes: SÉPTIMO. EFECTOS DE LA CONCESIÓN. Con fundamento en el artículo 77 de la Ley de Amparo, una vez que cause ejecutoria esta sentencia, la autoridad responsable Directora del Hospital General Regional Número 12 del Instituto Mexicano del Seguro Social en Yucatán deberá: Dictar las medidas necesarias para que el quejoso Edgar Manfredo Concha Herrera sea valorado por un especialista del área correspondiente -nefrología- y observando sus condiciones y contraindicaciones médicas, sus antecedentes en el tratamiento del padecimiento de insuficiencia renal crónica secundaria a nefropatía diabética, sus condiciones sociales, económicas, familiares, así como sus preferencias en el tratamiento, prescriba el tratamiento sustitutivo de reemplazo a función renal que estima más conveniente para alcanzar el más alto nivel de salud y calidad de vida y gestione lo necesario para que dicho tratamiento le sea suministrado con la periodicidad que el médico determine. Lo anterior en el entendido que el cumplimiento de la sentencia de amparo no podrá permanecer activo por tiempo indefinido y en todo caso, bastará con que se acredite la prescripción del tratamiento y la orden para su realización al peticionario conforme a la prescripción médica respectiva, dejando a salvo sus derechos para el caso de repetición del acto reclamado." Así, de las constancias que obran en este sumario, se advierte que la autoridad responsable, informó que el quejoso fue valorado en nefrología del Hospital General Regional Número Doce y de la Unidad Médica de Atención Ambulatoria, en fechas treinta de enero de dos mil veinte, uno de abril de dos mil veinte, dieciocho de octubre de dos mil veintiuno y finalmente treinta de noviembre de dos mil veintiuno. De igual forma refirió que se trataba de paciente masculino de sesenta y un años, con antecedente de diabetes mellitus tipo 2 diagnosticada hace treinta años en manejo de linagliptina e insulina, hipertensión arterial sistémica diagnosticada hace diez años en control con nifedipino y prozocina, antecedente quirúrgico de FACO + LIO por catarata en ojo izquierdo, insuficiencia renal crónica diagnosticada en el dos mil diecinueve en tratamiento sustitutivo renal en hemodiálisis iniciada en medio extrainstitucional inicialmente con colocación de catéter mahurkar con construcción de FAVI autóloga en el dos mil viente. Y con su oficio, remitió la opinión técnica realizada por la Coordinadora clínica de medicina interna del Hospital General Regional Número 12, mediante el cual, con base en el estudio del expediente del paciente, concluyó, en lo que interesa, que se trataba de paciente con criterios para reemplazo renal para lo cual se encontraba en tratamiento sustitutivo de la función renal inicialmente en medio extra IMSS en modalidad hemodiálisis, valorado posteriormente en medio institucioanl sugiriéndose cambio de modalidad a peritoneal tras no encontrarse contraindicaciones a la misma con apego a normativa institucional vigente. De lo anterior se advierte que la autoridad responsable no dio cabal cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Lo anterior, porque en el fallo expresamente se estableció que el efecto era que la autoridad responsable debía dictar las medidas necesarias para que el quejoso fuera valorado por un especialista en nefrología, pero dicha valoración debía observar las diversas circunstancias particulares del paciente tales como: condiciones y contraindicaciones médicas, sus antecedentes en el tratamiento del padecimiento de insuficiencia renal crónica secundaria a nefropatía diabética, sus condiciones sociales, económicas, familiares, pero especialmente, conforme a lo expuesto en dicha ejecutoria, debía también tomar en consideración sus preferencias en el tratamiento, pues precisamente la normativa del Instituto prevé ese aspecto entre los factores a considerar al momento de precribir el tratamiento para la enfermedad de insuficiencia renal, porque de ello dependía en gran medida el éxito del tratamiento. Así como también, debía tomar en consideración que el paciente ya tenía una vía previamente preparada para el tratamiento, por lo que debía valorarse que el cambio de modalidad en el tratamiento implicaría una nueva intervención. Sin embargo, de las manifestaciones y constancias remitidas por la responsable se advierte que sustentó el pretendido cumplimiento a la ejecutoria con valoraciones realizadas al paciente previo a la emisión de la sentencia a cumplimentar, toda vez que sostuvo que fue valorado por un especialista en nefrología en fechas treinta de enero de dos mil veinte, uno de abril de dos mil veinte, dieciocho de octubre de dos mil veintiuno y finalmente treinta de noviembre de dos mil veintiuno, esto es, anteriores al dictado de la sentencia cuyo cumplimiento se analiza. Lo que implica que en dicha valoración no fueron observadas las directrices que fueron señaladas en la ejecutoria. Por otra parte, la responsable también pretendió dar cumplimiento con la opinión técnica realizada por la Coordinadora clínica de medicina interna del Hospital General Regional Número 12, el doce de abril de dos mil veintidós; sin embargo, dicha especialista tampoco realizó una valoración del paciente pues señaló que su opinión se basó en el estudio del expediente del paciente, aunado a que tampoco observó ninguno de los lineamientos destacados en la ejecutoria, pues se limitó a concluir que con base en los antecedentes clínicos del paciente -los cuales refirió- se trataba de un paciente con criterios para reemplazo renal y se encontraba en tratamiento sustitutivo de la función renal inicialmente en medio extra IMSS en modalidad hemodiálisis, sugiriendo cambio de modalidad a peritoneal con apego a la normativa institucional vigente, bajo el argumento de no encontrarse contraindicaciones. Soslayando, de esta manera, que el efecto de la concesión del amparo era para encontrar la modalidad más acorde a las circunstancias del paciente, entre ellas sus preferencias y que ya llevaba un tiempo con cierta modalidad, lo que implica que el cambio conlleva una nueva intervención para generar una nueva vía de acceso; y no obstante, se limitó a reiterar la modalidad que se prescribe por normativa institucional por no contar ninguna contraindicación, pero se insiste, sin considerar ninguno de los aspectos reseñados en la sentencia que se cumplimenta y que incluso se encuentran también en la normativa institucional con base en la cual deben escoger el mejor tratamiento para el paciente. En mérito de lo anterior, debe concluirse que la ejecutoria de amparo no fue cumplida. Por tanto, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a las autoridades responsables, para que en el plazo de cinco días siguientes al en que se le notifique el presente acuerdo, cumplan con la ejecutoria de mérito, a fin de restituir a la parte quejosa en el pleno goce de sus derechos violados. Apercibida que de no cumplir con lo anterior en el lapso señalado, se le impondrá una multa de cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, conforme al numeral 258, en armonía con el diverso ordinal 238, ambos del citado ordenamiento legal, en relación con el artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación de veintisiete de enero de dos mil dieciséis. De igual forma, se apercibe que en caso de incumplimiento se remitirá este expediente al Tribunal Colegiado de Circuito competente para la substanciación del trámite de inejecución, que puede culminar con la destitución de su cargo, en términos de lo dispuesto en el artículo 267, fracción I, de la Ley de Amparo. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante el Secretaria Hilda Adriana Chan Canto, con quien actúa y da fe.
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