Edgar Maldonado Hernández

Expediente 165/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 20 actuaciones registradas, la última del 8 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
165/2022
Año
2022
Actuaciones
20
Última actuación
08/11/2022

Partes del expediente

  • Edgar Maldonado Hernández

Actuaciones

Las 4 más recientes de 20.

  1. Incidental

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, ocho de noviembre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio número 1728/2022, suscrito por la secretaria del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimotercer Circuito, al que anexa: a) copia certificada de la ejecutoria dictada en la sesión ordinaria virtual de veinticuatro de octubre de esta anualidad, en el incidente en revisión número 199/2022; b) los autos originales del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo número 165/2022; por tanto, glósese a los autos el cuaderno de antecedentes formado con motivo del medio de impugnación interpuesto, a partir de la fecha de su envío, para evitar la voluminosidad de este asunto y para su mejor manejo y acúsese el recibo de estilo respectivo Ahora bien, toda vez que la superioridad declaró sin materia el recurso de revisión interpuesto por la autoridad responsable Director General de Amparos Contra Actos Administrativos, en suplencia por ausencia del Subprocurador Fiscal Federal de Amparos, en representación del Presidente de la República, con residencia en la Ciudad de México, contra la interlocutoria dictada por este órgano jurisdiccional; hágase lo anterior del conocimiento de las partes, para los efectos legales consiguientes. Por otra parte, vistos los autos, como se advierte que en proveído de veintiséis de septiembre de esta anualidad, dictado en los autos del juicio principal de donde deriva esta incidencia, causó ejecutoria la sentencia que sobreseyó en el juicio de amparo promovido por la parte quejosa. En esas condiciones, y toda vez que no existe asunto pendiente por diligenciar, con fundamento en los artículos 18, 20 y 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, vigente a partir del veintiséis de marzo de dos mil veinte, se ordena el archivo de este incidente como definitivamente concluido. Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo General mencionado. Comuníquese a las partes que, por haberse concedido la suspensión provisional y definitiva, el original de este expediente será DEPURABLE, el cual conservará por el término de tres años, contados a partir de haberse ordenado su archivo como asunto concluido, una vez fenecido este plazo, dentro de los siguientes noventa días, será depurado; acontecido lo anterior, se transferirá a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. En tanto que, con fundamento en el artículo 20, fracción II, inciso a), de ese Acuerdo General, transcurridos más de seis meses, contados a partir de la fecha en que se dicta esta determinación, procédase a la destrucción del duplicado de este incidente de suspensión. Hágase la anotación en la carátula del expediente, en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese por lista electrónica; y por oficio a las autoridades responsables; y cúmplase.

  2. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiséis de septiembre de dos mil veintidós. Estado de los autos. Vistos los autos y la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el plazo que concede el artículo 86, párrafo primero de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa (única a quien pudiera afectar el sobreseimiento dictado en este juicio) haya interpuesto recurso de revisión en contra de la resolución engrosada el treinta y uno de agosto último, que sobreseyó en el juicio de amparo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II, y, en lo conducente, 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2°, de la ley de la materia, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria; lo anterior, hágase del conocimiento de las partes, para los efectos a que haya lugar. Ley de transparencia. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 6, segundo párrafo, fracción II, y 16 de la Constitución Federal, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase del conocimiento de las partes que se considera información confidencial sus datos personales, los cuales los hacen identificados o identificables, por lo que si desea que sean divulgados, se requiere su consentimiento. Archivo. Ahora, toda vez que no existe asunto pendiente de diligenciar, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, vigente a partir del veintiséis de marzo de dos mil veinte, se ordena el archivo de este expediente como definitivamente concluido. Relevancia documental: Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo General citado. Destino: Transcurridos más de tres años, a partir de la fecha en que se dicta este acuerdo, procédase a su DESTRUCCIÓN, conforme el artículo 21, inciso a), del referido acuerdo; y, en su oportunidad, remítase el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Hágase la anotación en la carátula del expediente, en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notificación. Se comisiona a la actuaria adscrita para que firme los oficios que deriven de este acuerdo y los remita por correo electrónico, vía fax, interconexión o estafeta. Notifíquese por lista electrónica.

  3. Principal

    VISTOS los autos, para resolver en sentencia el juicio de amparo indirecto 165/2022, promovido por ***************, por propio derecho; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de amparo. Por escrito que se presentó el catorce de febrero de dos mil veintidós, vía electrónica, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, y que por razón de turno correspondió conocer a este órgano de control constitucional, recibido al día siguiente, Édgar Maldonado Hernández, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las siguientes autoridades responsables y, por los actos que a continuación se precisan: "III. AUTORIDAD O AUTORIDADES RESPONSABLES. Señalo como tales, en términos del artículo 5, fracción II y 108, fracción III, de la Ley de Amparo, a: 1. El PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS (.). 2) La CÁMARA DE DIPUTADOS del H. Congreso de Unión (sic) de los Estados Unidos Mexicanos (.). 3) La CÁMARA DE SENADORES del H. Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos (.). IV. NORMA GENERAL, ACTO QUE DE CADA AUTORIDAD SE ESTÁ RECLAMANDO. 1. Del PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS se reclama a) La iniciativa, expedición, promulgación y orden de publicación del "DECRETO por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, de la Ley Federal del Impuesto sobre Automóviles Nuevos, del Código Fiscal de la Federación y otros ordenamientos", publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de noviembre de 2021, en específico, el artículo 151 Bis del Código Fiscal de la Federación. 2. Del H. CONGRESO DE LA UNIÓN (CÁMARA DE DIPUTADOS Y CÁMARA DE SENADORES), se reclama: a) La discusión y aprobación del "DECRETO por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, de la Ley Federal del Impuesto sobre Automóviles Nuevos, del Código Fiscal de la Federación y otros ordenamientos", publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de noviembre de 2021; en específico, el artículo 151 Bis del Código Fiscal de la Federación". Actos reclamados que la parte quejosa refiere como violatorios de sus derechos humanos reconocidos en los artículos 1, 6, 16, 20 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8, numeral 2 y 11, numeral 2 de la Convención Americana de los Derechos Humanos; 11, numeral 1, de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 14, numeral 2 y artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; asimismo, hizo valer los conceptos de violación que estimó pertinentes. SEGUNDO. Admisión y trámite de la demanda de amparo. En auto de dieciséis de febrero de dos mil veintidós, se admitió la demanda de amparo; se ordenó su registro en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, con el número de expediente 165/2022; se dio la intervención legal que asiste a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; se solicitó a las autoridades responsables sus informes justificados; asimismo, se señaló fecha para la celebración de la audiencia constitucional. En acuerdo de cuatro de marzo de dos mil veintidós, se tuvo al Presidente de la República, por conducto del Director General de Amparos contra Leyes, en suplencia por ausencia del Subprocurador Fiscal Federal de Amparos, interponiendo recurso de queja en contra del auto de dieciséis de febrero de dos mil veintidós; asimismo, se suspendió el procedimiento en este juicio de amparo. De dicho medio de impugnación correspondió conocer al Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimotercer Circuito, bajo el número 187/2022, y por acuerdo de once de abril de dos mil veintidós, desechó el recurso por extemporáneo, auto que se declaró firme el tres de mayo de dos mil veintidós, razón por la cual, en proveído de nueve de mayo de dos mil veintidós, dictado en este asunto, se levantó la suspensión del procedimiento y se reanudó la tramitación de este juicio de amparo; del mismo modo, se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, que se verificó al tenor del acta que antecede; y CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, es legalmente competente para conocer y resolver el juicio de amparo a que este expediente se refiere, de conformidad con los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo; 49 y 57 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en concordancia con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, modificado por el diverso 59/2018, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de enero de dos mil diecinueve; por tratarse de un asunto en materia administrativa, que corresponde a la jurisdicción de este Juzgado de Distrito en materia mixta. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a la fijación clara y exacta del acto reclamado. De la lectura integral de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa reclama de las autoridades responsables: Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Cámara de Diputados y de Senadores, en el ámbito de sus atribuciones, el procedimiento legislativo (iniciativa, discusión, aprobación expedición, promulgación y orden de publicación) del DECRETO por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, de la Ley Federal del Impuesto sobre Automóviles Nuevos, del Código Fiscal de la Federación y otros ordenamientos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el doce de noviembre de dos mil veintiuno, en específico, el artículo 151 Bis del Código Fiscal de la Federación. TERCERO. Certeza de los actos reclamados. Son ciertos los actos reclamados al Presidente de la República, Cámara de Diputados y de Senadores, pues así lo afirmaron al rendir sus correspondientes informes justificados. Conviene agregar que los actos relativos al proceso de creación de las normas, se acreditan plenamente con su publicación en el órgano de difusión para que puedan invocarse como hecho notorio, de conformidad con los artículos 86 y 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo y atento a la jurisprudencia 370, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2011, Tomo II. Procesal Constitucional 2. Amparo contra leyes Primera Parte - SCJN Sexta Sección - Sentencias en amparo contra leyes y sus efectos, página 4060, con registro 1005168, de título y contenido siguientes: "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial de la Federación, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales, a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no puedan argüir desconocerlo". CUARTO. Causales de improcedencia. Previo al estudio de fondo del asunto, procede analizar las causales de improcedencia, en virtud de ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, lo aleguen o no las partes, con apoyo en el artículo 62 de la Ley de Amparo. En la especie, la autoridad responsable Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, por conducto del Director General de Amparos contra Leyes, por ausencia del subprocurador Fiscal Federal de Amparos, al rendir su informe justificado, entre otras causales de improcedencia, indicó que la parte quejosa no acredita tener interés jurídico para controvertir la constitucionalidad de la norma reclamada (fojas 106 a 109 vuelta). Para ello expuso que, ateniendo a la naturaleza jurídica de las normas, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido la distinción entre leyes autoaplicativas y heteroaplicativas, con base en la jurisprudencia de título: "LEYES AUTOAPLICATIVAS Y HETEROAPLICATIVAS. DISTINCIÓN BASADA EN EL CONCEPTO DE INDIVIDUALIZACIÓN INCONDICIONADA". Aduce que el artículo 151 Bis del Código Fiscal de la Federación, es de naturaleza heteroaplicativa, de ahí que la procedencia está condicionada a una serie de hechos o eventos para que se actualice su hipótesis normativa en la esfera jurídica del gobernado, es decir, requiere de un acto concreto de aplicación para que el juicio de amparo prospere, a saber: 1. Cumplir con la obligación de inscribirse en el Registro Federal de Contribuyentes; 2. Contar con buzón tributario; 3. Incumplir con sus obligaciones fiscales y que, derivado de ello, la autoridad le haya determinado un crédito fiscal. 4. La existencia de un crédito fiscal determinado y exigible. Así, destaca la autoridad responsable que para que la norma reclamada incida en la esfera jurídica de la parte quejosa, es necesario que ocurran todos y cada uno de los supuestos antes señalados, e incluso procedimientos, para que la autoridad llegue a efectuar un embargo por la vía del buzón tributario; sin embargo, en el caso, el quejoso no demostró ni de forma indiciaria, ubicarse en alguna de las hipótesis antes destacadas, particularmente, que cuente con buzón tributario, razón por la cual se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo. Dicha causal de improcedencia se considera fundada. El artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; (.)". De dicho precepto se advierte que el juicio de amparo es improcedente contra actos que no afecten el interés jurídico o legítimo del quejoso. Tratándose de amparo contra leyes, las normas jurídicas pueden ser impugnadas según sea su naturaleza, es decir, si por su sola entrada en vigor causan un perjuicio (autoaplicativas), o bien, si requieren de un acto de autoridad o alguna actuación equiparable que concretice la aplicación al particular de la norma en cuestión (heteroaplicativas). En cualquier caso, debe quedar acreditado que las normas generales reclamadas produjeron efectos en la esfera jurídica de quien solicitó la protección constitucional, porque su entrada en vigor produjo efectos de inmediato, o bien, porque se llevaron a cabo por una actuación, ya sea que se trate de un acto de autoridad o que, tratándose de actos de un particular, éstos vinculen al peticionario a la ley, por actualizarse los supuestos de la norma. Es decir, para que una norma autoaplicativa, o bien, heteroaplicativa, produzca efectos en la esfera jurídica de un gobernado, éste debe tener incorporado el derecho afectado por la misma (interés jurídico), pues si quien promueve el juicio de amparo no demuestra esa titularidad o la afectación a su esfera de derechos, carece de interés jurídico para combatir acto o norma alguna. Diferencia entre normas autoaplicativas y heteroaplicativas. El criterio de clasificación de ambos tipos de normas gira alrededor del concepto de "individualización incondicionada"; se ha entendido la noción de norma autoaplicativa, como aquella que trasciende directamente para afectar la esfera jurídica del quejoso, sin condicionarse a ningún acto, con lo que se superó la antigua idea de "autoejecución", con la cual se explicaba esta categoría de normas. Es decir, cuando las obligaciones derivadas de la ley nacen con ella misma, independientemente de que no se actualice condición alguna, se estará en presencia de una ley autoaplicativa o de individualización incondicionada. En cambio, cuando las obligaciones de hacer o de no hacer que impone la ley, no surgen en forma automática con su sola entrada en vigor, sino que se requiere para actualizar el perjuicio de un acto diverso que condicione su aplicación, se tratará de una disposición heteroaplicativa o de individualización condicionada, pues la aplicación jurídica o material de la norma, en un caso concreto, se halla sometida a la realización de ese evento. Al caso es aplicable la jurisprudencia P./J. 55/97, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VI, Julio de 1997, página 5, Materias(s): Constitucional, Común, con registro digital 198200, que es del tenor siguiente: "LEYES AUTOAPLICATIVAS Y HETEROAPLICATIVAS. DISTINCIÓN BASADA EN EL CONCEPTO DE INDIVIDUALIZACIÓN INCONDICIONADA. Para distinguir las leyes autoaplicativas de las heteroaplicativas conviene acudir al concepto de individualización incondicionada de las mismas, consustancial a las normas que admiten la procedencia del juicio de amparo desde el momento que entran en vigor, ya que se trata de disposiciones que, acorde con el imperativo en ellas contenido, vinculan al gobernado a su cumplimiento desde el inicio de su vigencia, en virtud de que crean, transforman o extinguen situaciones concretas de derecho. El concepto de individualización constituye un elemento de referencia objetivo para determinar la procedencia del juicio constitucional, porque permite conocer, en cada caso concreto, si los efectos de la disposición legal impugnada ocurren en forma condicionada o incondicionada; así, la condición consiste en la realización del acto necesario para que la ley adquiera individualización, que bien puede revestir el carácter de administrativo o jurisdiccional, e incluso comprende al acto jurídico emanado de la voluntad del propio particular y al hecho jurídico, ajeno a la voluntad humana, que lo sitúan dentro de la hipótesis legal. De esta manera, cuando las obligaciones derivadas de la ley nacen con ella misma, independientemente de que no se actualice condición alguna, se estará en presencia de una ley autoaplicativa o de individualización incondicionada; en cambio, cuando las obligaciones de hacer o de no hacer que impone la ley, no surgen en forma automática con su sola entrada en vigor, sino que se requiere para actualizar el perjuicio de un acto diverso que condicione su aplicación, se tratará de una disposición heteroaplicativa o de individualización condicionada, pues la aplicación jurídica o material de la norma, en un caso concreto, se halla sometida a la realización de ese evento". Del contenido del criterio transcrito, se advierte que la condición a que puede estar sujeta la aplicación de la ley puede integrarse por cuatro figuras distintas: De tipo administrativo. De tipo jurisdiccional, en el que está inmersa la facultad de decir el derecho. El acto jurídico emanado de la voluntad del propio particular. El hecho jurídico, que es ajeno a la voluntad humana. En virtud de las diferencias existentes entre una ley de carácter autoaplicativo y otra de orden heteroaplicativo, en el supuesto de la norma autoaplicativa, el estudio de la afectación jurídica debe partir de la premisa de que la norma ocasionó agravio al particular desde el inicio de su vigencia. Mientras que en el caso de leyes heteroaplicativas, el examen del perjuicio al interés jurídico del gobernado es a partir del agravio que produce el acto de aplicación de dichas leyes, debido a que éstas no causan perjuicio por su sola vigencia, sino que es necesaria la existencia de la condición que materializa los efectos perjudiciales en agravio del particular que, con motivo de esa condición, ve individualizado en su perjuicio el mandato dispuesto en tales normas. Cabe señalar que el análisis del carácter autoaplicativo o no de una ley, corresponde al Juzgador llevarlo a cabo, para lo cual debe atender al texto del ordenamiento tildado de inconstitucional; por lo que en esas condiciones, no puede dejarse a criterio de la parte quejosa el determinar la naturaleza de las normas cuya constitucionalidad se reclama, esto conforme a la tesis aislada 1796, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo I, Const., P.R. SCJN, página 1239, con registro digital 902469, que es del tenor siguiente: "LEYES. IMPUGNACIÓN POR SU SOLA EXPEDICIÓN. Si el acto reclamado se hace consistir en la sola expedición, promulgación y publicación de una ley, no basta que sea considerada como inconstitucional por la parte quejosa, sino que debe sujetarse tal impugnación a que se trate de leyes autoaplicativas, como lo señala la tesis de jurisprudencia que con el número 72 aparece publicada en la página 178 del Apéndice de Jurisprudencia 1917-1975, y dicho carácter autoaplicativo no queda a criterio del quejoso, sino que el juzgador debe atender al texto mismo de la ley impugnada, para ver si tiene o no el carácter de autoaplicativa". Naturaleza de la norma reclamada. Ahora bien, del análisis integral de la demanda de amparo se advierte que en el presente juicio se impugna el "DECRETO por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, de la Ley Federal del Impuesto sobre Automóviles Nuevos, del Código Fiscal de la Federación y otros ordenamientos", en específico, el artículo 151 bis del Código Fiscal de la Federación, en su carácter de norma autoaplicativa. El numeral en cita establece: "Artículo 151 Bis. La autoridad fiscal, tratándose de créditos exigibles, podrá llevar a cabo el embargo de bienes, por buzón tributario, estrados o edictos, siempre que se trate de los siguientes: I. Depósitos bancarios, componentes de ahorro o inversión asociados a seguros de vida que no formen parte de la prima que haya de erogarse para el pago de dicho seguro, o cualquier otro depósito en moneda nacional o extranjera que se realicen en cualquier tipo de cuenta que tenga a su nombre el contribuyente en alguna de las entidades financieras o sociedades cooperativas de ahorro y préstamo. II. Acciones, bonos, cupones vencidos, valores mobiliarios y en general créditos de inmediato y fácil cobro a cargo de entidades o dependencias de la Federación, Estados y Municipios y de instituciones o empresas de reconocida solvencia. III. Bienes inmuebles. IV. Bienes intangibles Para tal efecto, la autoridad fiscal previamente emitirá declaratoria de embargo en la que detallará los bienes afectados, misma que hará del conocimiento del deudor a través de buzón tributario, por estrados o por edictos, según corresponda. Una vez que surta efectos la notificación del embargo, se continuará con el procedimiento administrativo de ejecución". Dicho precepto hace alusión al embargo de bienes que podrá realizar la autoridad fiscal respecto de créditos exigibles, ya sea por buzón tributario, estrados o edictos, siempre que se trate de alguno de los bienes previstos en alguna de sus cuatro fracciones. Además, el artículo 151 Bis del Código Fiscal de la Federación, también establece que, para el embargo de bienes, la autoridad fiscal previamente emitirá la declaratoria de embargo en la que detallará los bienes afectados, misma que hará del conocimiento del deudor por vía buzón tributario, estrados o edictos. Es preciso establecer que por créditos exigibles se entiende a aquellos que no hayan sido pagados o debidamente garantizados, se encuentren firmes o no. Así, el embargo de los bienes mencionados en el numeral impugnado pueden llevarse a cabo cuando el fisco establece la existencia de un incumplimiento, se haya determinado el monto y enviado la notificación correspondiente. Como se ve, el precepto impugnado establece condiciones previas para la actualización del embargo coactivo, es decir, es necesario que el particular incumpla con sus obligaciones fiscales y derivado de ello, la autoridad hacendaria le haya determinado un crédito fiscal, el cual deberá ser exigible; luego, la autoridad fiscal deberá emitir la declaratoria de embargo, en la que detallará los bienes afectados y se enviará la notificación respectiva, por buzón tributario, estrados o edictos. De ahí que, la disposición legal impugnada no es autoaplicativa como refiere el quejoso, sino que tiene el carácter de heteroaplicativa o de individualización condicionada, pues la aplicación jurídica o material de la norma, se halla sometida a la realización de actos diversos que condicionan su aplicación, lo cual no acontece; máxime que como se desprende de la demanda de amparo, el quejoso no señaló acto de aplicación del precepto tildado de inconstitucional. No obstante, para que en un juicio de amparo pueda emitirse una declaratoria de inconstitucionalidad de un precepto legal de naturaleza heteroaplicativa, debe quedar plenamente justificado que la parte quejosa, por virtud de la aplicación de las disposiciones en controversia, verdaderamente resintió un perjuicio en su esfera de derechos; por lo que, se reitera, la actualización del perjuicio, no puede quedar acreditada sólo con base en conjeturas y suposiciones y menos, afirmando que se estará bajo sus supuestos. En ese sentido, toda vez que, se insiste, la norma cuestionada no es de naturaleza autoaplicativa, sino que, para afectar su esfera jurídica, requieren de la existencia de un acto concreto de aplicación, pues aun cuando de ser el caso, como refiere el peticionario de amparo, tenga un adeudo con el fisco federal, para actualizar la hipótesis contenida en la norma reclamada, es necesaria la emisión de una declaratoria de embargo y que ello se haga del conocimiento al contribuyente por los medios que indica el artículo tildado de inconstitucional (buzón tributario, estrados o edictos, según corresponda). De ese modo, se insiste, es necesario contar con un acto concreto de aplicación, lo que no acontece en la especie. Además, no es suficiente con que el quejoso señale que tiene la calidad de contribuyente y patrón (foja 2 vuelta); que cuenta con un adeudo en favor del fisco federal (como narró en los antecedentes de su demanda y acreditó con los documentos anexos a la misma); y, que la obligación contenida en el artículo 151 Bis del Código Fiscal de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el doce de noviembre de dos mil veintiuno, ya existe; tampoco basta con mencionar que esos actos y la notificación de la declaración respectiva, contienen el procedimiento para llevar a cabo los embargos de bienes del peticionario de amparo (fojas 5 vuelta y 6). Lo anterior se sustenta en la jurisprudencia 3a./J. 9/94, sustentada por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Núm. 76, Abril de 1994, página 17, Materias(s): Común, con registro digital 206625, que establece: "LEYES, AMPARO CONTRA. EL INTERÉS JURÍDICO PARA INTERPONERLO NO SE ACREDITA CON AFIRMAR QUE SE ESTARÁ BAJO SUS SUPUESTOS. La demostración de la afectación jurídica por un ordenamiento requiere que el quejoso acredite estar colocado, desde su entrada en vigor, bajo los supuestos que dicha norma contempla (cuando se reclama como autoaplicativa) o bien que su aplicación afecta sus intereses jurídicos (cuando se impugna como heteroaplicativa); luego entonces, no es suficiente el dicho del quejoso de que se colocará bajo su hipótesis y que, por tanto, se le aplicará, puesto que aunque ello aconteciera sería hasta que ocurriese lo uno o lo otro, y no antes, que esa ley afectara su esfera jurídica". Por otra parte, es menester destacar que es criterio reiterado por el Pleno y la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, que tratándose de la impugnación de leyes heteroaplicativas, es indispensable que el acto de su aplicación sea actual, es decir, que se demuestre la existencia misma de dicho acto de aplicación, relacionado con la fecha de presentación de la demanda y, por ende, que no basta la posible inminencia de la aplicación de la ley, para que el amparo sea procedente, ya que la referida inminencia, no actualiza o concreta el perjuicio en la esfera jurídica del gobernado, de manera real y actual, lo cual constituye requisito indispensable de procedencia del juicio de amparo. Por el contrario, la inminencia de la aplicación de la ley sólo genera la presunción de que tal aplicación pudiera realizarse, lo que impide constatar la existencia misma del perjuicio. Afirmaciones que encuentran sustento en la jurisprudencia 2a./J. 76/97, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Enero de 1998, página 374, Materia(s): Común, con registro digital 196955, que establece: "LEYES HETEROAPLICATIVAS. SI SE IMPUGNAN POR SU PRETENDIDA APLICACIÓN Y NO POR SU APLICACIÓN CONCRETA, EL JUICIO DE AMPARO RESULTA IMPROCEDENTE. Si se reclama la expedición, promulgación y publicación de una ley porque con base en ella se pretende cobrar a la quejosa determinados derechos, aun cuando los actos de las autoridades se hayan tenido por presuntivamente ciertos, si no se señala el acto de aplicación, sino simplemente se expresa que las ejecutoras tratan de aplicar la ley, como no se impugna propiamente el mencionado cuerpo legal por su aplicación concreta al caso especial de la quejosa, sino por su pretendida aplicación, sin que ésta se haya demostrado, debe sobreseerse en el juicio". Por último, no se soslaya que el quejoso, con su demanda de amparo exhibiera las siguientes documentales: 1. La Constancia de Situación Fiscal. 2. Copia simple de del oficio SF/SI/DIR/CCC-1/6388/19 de veinte de noviembre de dos mil diecinueve, emitido por la Coordinadora de Cobro Coactivo de la Dirección de Ingresos y Recaudación de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Oaxaca. 3. El documento digital del sistema de la cédula de cuotas obrero-patronales que proporciona y se determina en el SUA (Sistema Único de Autodeterminación) y su comprobante de pago. 4. El documento digital del sistema de la cédula de cuotas obrero-patronales que proporciona y se determina en el SUA (Sistema Único de Autodeterminación) y su comprobante de pago; y, 5. El documento digital de la Propuesta de Cédula de determinación de cuotas, aportación y amortizaciones, así como comprobantes de pago. Sin embargo, de tales pruebas no se advierte la existencia de alguna declaratoria de embargo, ni que le hubieran notificado a la parte quejosa esa determinación por algún medio, únicamente se aprecia: Que al once de enero de dos mil veintidós, en su calidad de patrón, conforme al Sistema Único de Autodeterminación (SUA), debía pagar cierta cantidad por concepto de cuotas obrero-patronales. El cálculo de diferencias (cuotas) del período de diciembre de dos mil veintiuno. La cédula de determinación de cuotas del Instituto Mexicano del Seguro Social, al once de enero de dos mil veintidós. Que, previo citatorio, el veintinueve de noviembre de dos mil diecinueve (fecha anterior a la presentación de la demanda), le fue notificado el oficio SF/SI/DIR/CCC-1/6388/19 de veinte de noviembre de dos mil diecinueve, a través del cual se le informó la inmovilización de cuentas bancarias, por parte de la Dirección de Ingresos y Recaudación de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca, con motivo de la determinación de un crédito fiscal federal con registro 37843. Un comprobante de pago de cuotas, aportaciones y amortizaciones de créditos IMSS-INFONAVIT, de trece de enero de dos mil veintidós. La propuesta de cédula de determinación de cuotas, aportaciones y amortizaciones por el sexto bimestre de dos mil veintiuno; y La propuesta de cédula de terminación de cuotas IMSS para el período de diciembre de dos mil veintiuno. Documentales que, a pesar de tener valor probatorio, no demuestran la existencia de alguna declaratoria de embargo conforme a la fecha de presentación de la demanda de amparo. Incluso, aunque se demostraran actos concretos de aplicación, no sería posible estudiarlos en este juicio de amparo, porque conllevaría a cambiar la vía seleccionada para la impugnación de las normas reclamadas -primero desde su sola entrada en vigor y después por virtud de un acto concreto de aplicación-. Lo cual no es posible conforme a la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que ha establecido que, tratándose de amparo contra disposiciones generales, debe estudiarse la norma impugnada en forma elegida por el quejoso, sin que sea posible cambiar la manera en que fue controvertida, ya sea desde su sola vigencia o por virtud de un acto de aplicación, como se corrobora con la jurisprudencia 2a./J 95/2005 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXII, Septiembre de 2005, página 328, con registro digital 177265, de rubro y contenido siguiente: "LEYES AUTOAPLICATIVAS COMBATIDAS CON MOTIVO DE SU PRIMER ACTO DE APLICACIÓN. CUANDO LA DEMANDA ES EXTEMPORÁNEA RESPECTO DE ÉSTE, TAMBIÉN LO ES EN RELACIÓN CON LA LEY, AUN CUANDO NO HAYA TRANSCURRIDO EL PLAZO DE 30 DÍAS PARA SU IMPUGNACIÓN. Conforme a los artículos 21, 22 y 73, fracción XII, de la Ley de Amparo, una ley autoaplicativa puede ser combatida en dos diferentes momentos: a) dentro de los 30 días a partir de su entrada en vigor, y b) dentro de los 15 días siguientes al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame, o al en que haya tenido conocimiento de ellos. Ahora bien, la existencia de estos dos plazos para combatir la ley no significa que simultáneamente puedan coexistir, pues tal circunstancia provocaría inseguridad jurídica. Por ello, si el quejoso impugna la ley a partir de su entrada en vigor, el plazo será el de 30 días, pero si la combate con motivo de su primer acto de aplicación, el plazo será de 15 días en los términos destacados. En ese tenor, si el quejoso combate la ley con motivo de su primer acto de aplicación, pero la demanda la presenta fuera del plazo de 15 días aludido, el juicio de garantías resulta improcedente por lo que hace al acto de aplicación y, consecuentemente, también lo será por lo que respecta a la ley, sin que resulte válido pretender que en relación con esta última se aplique el plazo de 30 días por tratarse de una ley autoaplicativa, pues aun cuando tenga este carácter, el quejoso la combatió a través de su primer acto de aplicación.". Por último, es necesario precisar que, como se ha mencionado, el artículo 151 bis del Código Fiscal de la Federación es una norma de naturaleza heteroaplicativa, y en el presente asunto se ha establecido la falta de interés para impugnarla, al no acreditarse el acto concreto de aplicación. Sin embargo, nada le impide a la parte quejosa impugnarlas nuevamente cuando aquéllas le sean aplicadas en su perjuicio. Ilustra lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 67/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo X, Julio de 1999, página 104, con registro digital 193720, de rubro y contenido siguiente: "AMPARO CONTRA LEYES CON MOTIVO DEL PRIMER ACTO DE APLICACIÓN. SI ÉSTE NO CAUSA PERJUICIO AL QUEJOSO, DEBE SOBRESEERSE POR LA LEY, SIN QUE ELLO IMPIDA AL PROMOVENTE IMPUGNARLA EN LA OPORTUNIDAD EN QUE SE APLIQUE EN SU PERJUICIO. Si el quejoso reclama la inconstitucionalidad de una disposición con motivo del primer acto de aplicación debe demostrar que lo perjudica; si éste no existe debe decretarse el sobreseimiento por falta de interés jurídico, con fundamento en los artículos 73, fracción V, y 74, fracción III, de la Ley de Amparo, pero el sobreseimiento en los términos indicados no le impide volver a impugnar la ley o reglamento cuando en realidad se le aplique en su perjuicio." En ese contexto, en el presente caso, Édgar Maldonado Hernández, no acredita su interés jurídico para promover el juicio de amparo, debiendo tomar en cuenta la naturaleza heteroaplicativa de las normas que se impugnan y no autoaplicativa como lo adujo en su demanda. En las relatadas consideraciones, al haberse actualizado la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, en relación con el acto reclamado consistente en el "DECRETO por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, de la Ley Federal del Impuesto sobre Automóviles Nuevos, del Código Fiscal de la Federación y otros ordenamientos", en particular el artículo 151 bis del Código Fiscal de la Federación, lo procedente es sobreseer en el juicio, de conformidad con el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Al resultar fundada una de las causales de improcedencia hechas valer por la autoridad responsable (Presidente de la República), resulta innecesario el estudio de las otras causales planteadas. Lo aquí considerado, trae como consecuencia la imposibilidad jurídica de analizar los conceptos de violación expresados por la parte quejosa. Al caso es aplicable la jurisprudencia 509, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, Parte SCJN, página 335, con registro 394465, de rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio". QUINTO. Publicación de datos personales. Tómese en consideración en este juicio de amparo que la parte quejosa se opuso a la publicación de sus datos personales, de conformidad con los artículos 6, párrafo segundo, apartado A, fracción II y, 16, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en concordancia con los diversos 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el siete de febrero de dos mil diecisiete, lo procedente es ordenar la publicación de la presente sentencia con supresión de datos. Por lo antes expuesto y fundado, se: R E S U E L V E: PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo, promovido por *************, respecto de la inconstitucionalidad del "DECRETO por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, de la Ley Federal del Impuesto sobre Automóviles Nuevos, del Código Fiscal de la Federación y otros ordenamientos", en específico, el artículo 151 bis del Código Fiscal de la Federación, atribuido al Presidente de la República, Cámara de Senadores y Cámara de Diputados, en términos de lo expuesto en el considerando cuarto de esta sentencia. SEGUNDO. En su oportunidad, dése cumplimiento al considerando último de este fallo, en los términos ahí precisados. Notifíquese personalmente a la parte quejosa; por oficio a las autoridades responsables y al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; asimismo, publíquese esta sentencia en la lista electrónica.

  4. Incidental

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintidós de junio de dos mil veintidós. Agréguese a los autos, el oficio número 3118/2022, signado por el secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, con residencia en la Ciudad de Oaxaca de Juárez, mediante el cual inserta el auto de fecha dieciséis de junio de esta anualidad, en el que informa que declaró firme el auto tres de marzo del año en curso, que declaró sin materia el recurso de queja interpuesto por el Director General de Amparos Contra Leyes, en suplencia por ausencia del Subprocurador Fiscal Federal de Amparos, en representación del Presidente de la República, con residencia en la Ciudad de México. Se le tiene a la autoridad oficiante, remitiendo la copia certificada de las constancias que le fueron enviadas para la substanciación de dicho recurso; acúsese el recibo correspondiente. Notifíquese por lista electrónica.

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