Edgar Luis Wong López y Otros.

Expediente 297/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero. 11 actuaciones registradas, la última del 12 de junio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
297/2023
Año
2023
Actuaciones
11
Última actuación
12/06/2023

Partes del expediente

  • Edgar Luis Wong López y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, doce de junio de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos que guarda el presente juicio de amparo, así como las certificaciones secretariales de cuenta, se aprecia que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido la sentencia de veintitrés de mayo de dos mil veintitrés, dictada en el presente juicio de amparo. En consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357, primer párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria al procedimiento en que se actúa, en términos del numeral 2° de la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia que SOBRESEE ha causado ejecutoria. Asimismo, háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido. En cumplimiento a los artículos 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés, en el Diario Oficial de la Federación se determina: De conformidad con el supuesto que prevé el artículo 20, fracción I, el expediente principal transcurridos tres años de haberse ordenado su archivo como asunto concluido, será DESTRUIBLE, en su totalidad, porque se sobreseyó respecto del acto reclamado por la parte quejosa. Aunado a que este juicio no encuadra en alguno de los supuestos de relevancia documental previstos por el Acuerdo de mérito y no contiene documentos que se hayan determinado como información reservada con motivo de una solicitud de acceso a la información. De acuerdo con el supuesto que prevé el artículo 20, fracción III, del citado Acuerdo General, el incidente de suspensión único transcurridos tres años de haberse ordenado su archivo como asunto concluido, será DESTRUIBLE en su totalidad, toda vez que se negó la suspensión definitiva solicitada. Finalmente, hágase la devolución su lugar de origen del tomo de copias certificadas que remitió la autoridad responsable Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, como complemento a su informe justificado recibidas en proveído de trece de abril de dos mil veintitrés; sin necesidad de solicitar el acuse de recibo, toda vez que, se tomará como tal, el sello de recibido de la autoridad de cuenta. Notifíquese. Así lo proveyó y firma la licenciada Karina Castillo Flores, Jueza Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo de los Bravo, ante la Secretaria Bianca Sayuri Mora Peralta, que autoriza y da fe.

  2. Principal

    R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo 297/2023, promovido por Edgar Luis Wong López, por propio derecho, de acuerdo a lo expuesto en el considerando cuarto de la presente sentencia. SEGUNDO. Publíquese esta sentencia, en términos de lo ordenado en el último considerando. TERCERO. Procédase a su captura en el módulo "Sentencias" del Sistema Integral de Seguimiento de Expediente que para el efecto se lleva en este Juzgado Federal, y glósese a los presentes autos la constancia de la captura generada por el sistema aludido. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, diecinueve de abril de dos mil veintitrés. Visto el escrito firmado por Adrián Valente Olea, autorizado de la parte quejosa; atento a su contenido, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, ténganse hechas las manifestaciones que expresa en vía de alegatos en relación a las causales de improcedencia hechas valer por las autoridades responsables, sin perjuicio de relacionarlas en la etapa procesal oportuna y ser consideradas al momento de resolver el presente juicio. En ese orden, del ocurso de cuenta se advierte que la parte quejosa pretende ampliar su demanda de amparo respecto del acto reclamado, autoridades responsables y conceptos de violación. Analizada en su integridad su solicitud de ampliación de la demanda de amparo, se advierte de manera manifiesta e indudable su improcedencia, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII en concatenación con lo dispuesto por los diversos numerales 1, fracción I y 5, fracción II, todos de la Ley de Amparo, los cuales disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)." "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." Así, tenemos que los artículos 1 y 5, fracción II, de la Ley de Amparo, contemplan la posibilidad de que los actos de particulares puedan ser objeto de tutela constitucional; lo cual condicionó a que realizaran actos equivalentes a los de la autoridad, es decir, que dictaran, ordenaran, ejecutaran o trataran de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; omitieran realizar el acto que de efectuarse produciría esto último; violando el particular los derechos humanos y las garantías otorgadas para su protección por la Carta Magna o los tratados internacionales suscritos por el Estado Mexicano, ya sea que produzca una afectación real y actual en la esfera jurídica del quejoso, de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Sin embargo, no obstante que la legislación vigente amplió el esquema de procedencia del juicio de amparo en lo que corresponde a actos que con antelación se consideraban como no emitidos por una autoridad exclusivamente para los efectos del juicio de amparo; de ello no se infiere que tal circunstancia implique que a la luz de tales preceptos legales sea procedente dilucidar en esta instancia constitucional conductas desplegadas dentro de relaciones de coordinación, pues se insiste, para que ello ocurra deben producirse actos equivalentes a los de una autoridad, pues de ser lo contrario excluiría la participación de autoridades de jurisdicción ordinaria para dirimir controversias suscitadas, por ejemplo, entre el Estado como patrón y sus servidores, pues si bien la actuación de la primera de ellas, encuentra su origen en una norma general, ésta debe provocar, en ejercicio de las facultades que la ley expresamente le otorgue, la afectación señalada en el artículo 1, fracción I, de la Ley de Amparo. La Teoría General del Derecho clasifica las relaciones jurídicas en relaciones de coordinación, supra a subordinación y supraordinación; y para determinar sobre la procedencia del presente juicio es necesario examinar si la naturaleza del acto reclamado implica una relación de coordinación, o bien, si se trata de un nexo jurídico de supra a subordinación, a saber, entre gobernado y gobernante, lo que entraña la participación de un órgano del Estado; pues, sólo de dicha manera se podía establecer si a quien se señaló como autoridad responsable, realmente lo es o no, para efectos del juicio de amparo, ya que no basta que el quejoso la señale como tal, debido a que no puede dejarse a voluntad de las partes el decidir si un ente resulta o no autoridad en un caso concreto. En ese orden, se tiene que el quejoso Edgar Luis Wong López, reclama de la Comisión Sustanciadora del Poder Judicial del Estado de Guerrero y otra autoridad con residencia en esta ciudad capital, lo siguiente: La omisión de analizar previamente la procedencia del procedimiento paraprocesal solicitado por la parte señalada como tercera interesada. La omisión de ponderar o analizar previamente la procedencia de la supletoriedad del artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo a la luz del contenido del artículo 9°, de la Ley 248, de Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero. La admisión, trámite y notificación del aviso de rescisión laboral en el procedimiento para procesal instaurado por la Comisión Sustanciadora a solicitud del Consejo de la Judicatura. La aplicación supletoria del antepenúltimo párrafo del artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo, para iniciar, tramitar y notificar el aviso de rescisión laboral solicitada por el Consejo de la Judicatura al aquí quejoso. De lo anterior se aprecia que los actos reclamados tienen como origen la relación laboral de Edgar Luis Wong López quien se desempeñaba como trabajador del Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Guerrero, con dicha entidad. Así, de conformidad con los artículos 1 y 2 de la Ley 248: Ley de Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero, dicha relación jurídica de trabajo se entiende establecida para todos los efectos legales, entre los trabajadores de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial del Estado de Guerrero, y de sus Entidades Paraestatales, y representados por sus respectivos titulares, como se ve a continuación: "ARTÍCULO 1.- La presente Ley es de orden público, de interés social y de observancia general, regirá las relaciones de trabajo de los servidores de base y supernumerarios de la Administración Pública Centralizada y Paraestatal, del Poder Legislativo y del Poder Judicial. ARTÍCULO 2.- Para los efectos de esta Ley, la relación jurídica de trabajo se entiende establecida entre los trabajadores de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial del Estado de Guerrero, y sus Entidades Paraestatales, representados por sus respectivos titulares." Por tanto, al existir un conflicto surgido entre un trabajador y la parte patronal (Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Guerrero), no obstante que se señale como acto reclamado la solicitud de aviso de la rescisión laboral, debe precisarse que dicha situación es una acción obrera, derivada de hechos que se relacionan íntimamente con una relación laboral y su conocimiento corresponde a las autoridades del trabajo. Pues así lo prevé el artículo 113 de la Ley 248: Ley de Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero: "ARTÍCULO 113.- El Tribunal de Arbitraje será competente: Para resolver en definitiva los conflictos individuales que se susciten entre los titulares de una dependencia, los Municipios, entidades paraestatales y sus trabajadores. Conocer y resolver de los conflictos colectivos que surjan entre las dependencias del Gobierno y la organización de trabajadores a sus servicios. [.]" De manera que si el quejoso reclama la solicitud de aviso de la rescisión laboral, se estima que ello deviene de actos meramente laborales, ya que tal acto queda comprendido dentro de la relación patrón-empleado que los vincula, regulada por ordenamientos de derecho laboral. Lo anterior se explica porque en este supuesto, la posición del quejoso frente a las autoridades que señaló como responsables y a las cuales les presta o prestó sus servicios laborales no es la de un gobernado, aunque en su solicitud invoque la referida norma constitucional, pues esto no cambia la naturaleza del acto ni la relación jurídica existente, que no emerge del imperio que corresponde al Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Guerrero, sino que su origen se encuentra en el derecho que tiene todo empleado a recibir los avisos o notificaciones relativas a su estado laboral, conforme a la ley que rige este tipo de relaciones laborales (Ley de Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero, número 248), lo cual debe dirimirse en sede ordinaria ante el tribunal de trabajo competente y no en el juicio de amparo. En consecuencia, al derivar los actos reclamados, de un conflicto con quien fueran sus patrones, el mismo es susceptible de dilucidarse en el juicio laboral ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero. Por tanto, no resulta procedente la ampliación de la demanda de amparo contra los actos reclamados precisados, porque éstos pueden agotarse en el juicio ante la autoridad de instancia, dado el carácter extraordinario que reviste al juicio de amparo. No se desatiende que la parte quejosa reclama la inconstitucionalidad del antepenúltimo párrafo del artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo; sin embargo, del análisis realizado al escrito de cuenta, se advierte que señala como acto de aplicación de dicha norma la admisión, trámite y notificación del aviso de rescisión laboral en el procedimiento paraprocesal 05/2023 instaurado en su contra por la Comisión Sustanciadora a solicitud del Consejo de la Judicatura, por tanto, el reclamo de la inconstitucionalidad no resulta obstáculo para considerar la improcedencia de su ampliación, pues al no ser autoridad las señaladas como responsables no podría abordarse la norma aplicada por ellas. Por las razones que sostiene, en lo conducente es aplicable la tesis siguiente: "Registro digital: 195644 Instancia: Segunda Sala Novena Época Materias(s): Común Tesis: 2a. CX/98 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo VIII, Agosto de 1998, página 499 Tipo: Aislada AMPARO CONTRA LEYES PROMOVIDO CON MOTIVO DE UN ACTO DE APLICACIÓN QUE FUE MATERIA DE UNA EJECUTORIA EN ANTERIOR JUICIO DE AMPARO. Si se promueve un juicio de garantías en contra de un ordenamiento legal con motivo de un acto de aplicación, y se advierte que éste ya fue materia de una ejecutoria de amparo en la que se negó al quejoso la protección de la Justicia Federal, dicho juicio de garantías resulta improcedente en términos del artículo 73, fracción IV, de la Ley de Amparo, pues la impugnación del precepto legal debe seguir la suerte del acto de aplicación, toda vez que es éste el que causa el perjuicio al promovente del amparo, ya que en él se aplica el precepto cuya inconstitucionalidad se impugna, de manera que no se puede desvincular el estudio de la ley del que concierne a su aplicación, que ya fue materia de análisis en una ejecutoria anterior." A mayor abundamiento se advierte la existencia del diverso juicio de amparo 463/2023, del índice de este órgano jurisdiccional, el cual se invoca como hecho notorio de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con el diverso numeran 2°, del que se observa que fue promovido por el quejoso Edgar Luis Wong López, quien reclamó del Pleno del Consejo de la Judicatura, la Comisión Sustanciadora del Poder Judicial del Estado de Guerrero y otras autoridades con residencia en esta ciudad capital, lo siguiente: "[.] Pleno del Consejo de la Judicatura, la solicitud de aviso de recisión fundada en el artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo, solicitada a la Comisión Sustanciadora del Poder Judicial del Estado de Guerrero, para notificar al suscrito quejoso, el supuesto aviso de rescisión laboral decretado en mi contra. Y de la segunda autoridad responsable ordenadora Comisión Sustanciadora del Poder Judicial del Estado de Guerrero: .- La Omisión de analizar previamente la procedencia de la (sic) del procedimiento praprarocesal (sic) solicitado por la tercero interesada, a la luz del artículo 47 de la Ley 2248 (sic) de Trabajo del os (sic) Servidores Públicos del Estado de Guerrero. .- La omisión de ponderar o analizar previamente la procedencia de la supletoriedad del artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo a la luz del contenido del artículo 9°, de la Ley 248, de Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero .- La admisión, tramite y posible notificación del aviso de recisión laboral en el procedimiento paraprocesal instaurado por la Comisión Sustanciadora a solicitud del Consejo de la Judicatura, a pesar de que el mismo resulta ser improcedente y como consecuencia inconstitucional merced a que la Ley 248 de Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero, no previene ni regula esa figura jurídica de notificar al servidor público ya sea por negativa de este para recibir dicho aviso de rescisión laboral solicitada por el Consejo de la judicatura al aquí quejoso, determinación que es contraria al contenido del artículo 9° de la Ley 248 de Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero" Demanda que mediante proveído de once de abril de dos mil veintitrés, se determinó desechar al considerarse que los actos anteriormente señalados derivan de una relación obrero-patronal, por tanto, al no encontrarse firme dicha determinación, debe entenderse que su reclamó está siendo materia de otro juicio de amparo. En las relatadas condiciones, SE DESECHA DE PLANO la presente ampliación de demanda de amparo con fundamento en el precitado artículo 113 de la ley de la materia. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma la licenciada Karina Castillo Flores, Jueza Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo de los Bravo, ante el Secretario José Francisco Herrera García, que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, diecinueve de abril de dos mil veintitrés. Visto el escrito firmado por Adrián Valente Olea, autorizado de la parte quejosa; atento a su contenido, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, ténganse hechas las manifestaciones que expresa en vía de alegatos en relación a las causales de improcedencia hechas valer por las autoridades responsables, sin perjuicio de relacionarlas en la etapa procesal oportuna y ser consideradas al momento de resolver el presente juicio. En ese orden, del ocurso de cuenta se advierte que la parte quejosa pretende ampliar su demanda de amparo respecto del acto reclamado, autoridades responsables y conceptos de violación. Analizada en su integridad su solicitud de ampliación de la demanda de amparo, se advierte de manera manifiesta e indudable su improcedencia, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII en concatenación con lo dispuesto por los diversos numerales 1, fracción I y 5, fracción II, todos de la Ley de Amparo, los cuales disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)." "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." Así, tenemos que los artículos 1 y 5, fracción II, de la Ley de Amparo, contemplan la posibilidad de que los actos de particulares puedan ser objeto de tutela constitucional; lo cual condicionó a que realizaran actos equivalentes a los de la autoridad, es decir, que dictaran, ordenaran, ejecutaran o trataran de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; omitieran realizar el acto que de efectuarse produciría esto último; violando el particular los derechos humanos y las garantías otorgadas para su protección por la Carta Magna o los tratados internacionales suscritos por el Estado Mexicano, ya sea que produzca una afectación real y actual en la esfera jurídica del quejoso, de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Sin embargo, no obstante que la legislación vigente amplió el esquema de procedencia del juicio de amparo en lo que corresponde a actos que con antelación se consideraban como no emitidos por una autoridad exclusivamente para los efectos del juicio de amparo; de ello no se infiere que tal circunstancia implique que a la luz de tales preceptos legales sea procedente dilucidar en esta instancia constitucional conductas desplegadas dentro de relaciones de coordinación, pues se insiste, para que ello ocurra deben producirse actos equivalentes a los de una autoridad, pues de ser lo contrario excluiría la participación de autoridades de jurisdicción ordinaria para dirimir controversias suscitadas, por ejemplo, entre el Estado como patrón y sus servidores, pues si bien la actuación de la primera de ellas, encuentra su origen en una norma general, ésta debe provocar, en ejercicio de las facultades que la ley expresamente le otorgue, la afectación señalada en el artículo 1, fracción I, de la Ley de Amparo. La Teoría General del Derecho clasifica las relaciones jurídicas en relaciones de coordinación, supra a subordinación y supraordinación; y para determinar sobre la procedencia del presente juicio es necesario examinar si la naturaleza del acto reclamado implica una relación de coordinación, o bien, si se trata de un nexo jurídico de supra a subordinación, a saber, entre gobernado y gobernante, lo que entraña la participación de un órgano del Estado; pues, sólo de dicha manera se podía establecer si a quien se señaló como autoridad responsable, realmente lo es o no, para efectos del juicio de amparo, ya que no basta que el quejoso la señale como tal, debido a que no puede dejarse a voluntad de las partes el decidir si un ente resulta o no autoridad en un caso concreto. En ese orden, se tiene que el quejoso Edgar Luis Wong López, reclama de la Comisión Sustanciadora del Poder Judicial del Estado de Guerrero y otra autoridad con residencia en esta ciudad capital, lo siguiente: La omisión de analizar previamente la procedencia del procedimiento paraprocesal solicitado por la parte señalada como tercera interesada. La omisión de ponderar o analizar previamente la procedencia de la supletoriedad del artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo a la luz del contenido del artículo 9°, de la Ley 248, de Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero. La admisión, trámite y notificación del aviso de rescisión laboral en el procedimiento para procesal instaurado por la Comisión Sustanciadora a solicitud del Consejo de la Judicatura. La aplicación supletoria del antepenúltimo párrafo del artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo, para iniciar, tramitar y notificar el aviso de rescisión laboral solicitada por el Consejo de la Judicatura al aquí quejoso. De lo anterior se aprecia que los actos reclamados tienen como origen la relación laboral de Edgar Luis Wong López quien se desempeñaba como trabajador del Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Guerrero, con dicha entidad. Así, de conformidad con los artículos 1 y 2 de la Ley 248: Ley de Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero, dicha relación jurídica de trabajo se entiende establecida para todos los efectos legales, entre los trabajadores de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial del Estado de Guerrero, y de sus Entidades Paraestatales, y representados por sus respectivos titulares, como se ve a continuación: "ARTÍCULO 1.- La presente Ley es de orden público, de interés social y de observancia general, regirá las relaciones de trabajo de los servidores de base y supernumerarios de la Administración Pública Centralizada y Paraestatal, del Poder Legislativo y del Poder Judicial. ARTÍCULO 2.- Para los efectos de esta Ley, la relación jurídica de trabajo se entiende establecida entre los trabajadores de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial del Estado de Guerrero, y sus Entidades Paraestatales, representados por sus respectivos titulares." Por tanto, al existir un conflicto surgido entre un trabajador y la parte patronal (Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Guerrero), no obstante que se señale como acto reclamado la solicitud de aviso de la rescisión laboral, debe precisarse que dicha situación es una acción obrera, derivada de hechos que se relacionan íntimamente con una relación laboral y su conocimiento corresponde a las autoridades del trabajo. Pues así lo prevé el artículo 113 de la Ley 248: Ley de Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero: "ARTÍCULO 113.- El Tribunal de Arbitraje será competente: Para resolver en definitiva los conflictos individuales que se susciten entre los titulares de una dependencia, los Municipios, entidades paraestatales y sus trabajadores. Conocer y resolver de los conflictos colectivos que surjan entre las dependencias del Gobierno y la organización de trabajadores a sus servicios. [.]" De manera que si el quejoso reclama la solicitud de aviso de la rescisión laboral, se estima que ello deviene de actos meramente laborales, ya que tal acto queda comprendido dentro de la relación patrón-empleado que los vincula, regulada por ordenamientos de derecho laboral. Lo anterior se explica porque en este supuesto, la posición del quejoso frente a las autoridades que señaló como responsables y a las cuales les presta o prestó sus servicios laborales no es la de un gobernado, aunque en su solicitud invoque la referida norma constitucional, pues esto no cambia la naturaleza del acto ni la relación jurídica existente, que no emerge del imperio que corresponde al Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Guerrero, sino que su origen se encuentra en el derecho que tiene todo empleado a recibir los avisos o notificaciones relativas a su estado laboral, conforme a la ley que rige este tipo de relaciones laborales (Ley de Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero, número 248), lo cual debe dirimirse en sede ordinaria ante el tribunal de trabajo competente y no en el juicio de amparo. En consecuencia, al derivar los actos reclamados, de un conflicto con quien fueran sus patrones, el mismo es susceptible de dilucidarse en el juicio laboral ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero. Por tanto, no resulta procedente la ampliación de la demanda de amparo contra los actos reclamados precisados, porque éstos pueden agotarse en el juicio ante la autoridad de instancia, dado el carácter extraordinario que reviste al juicio de amparo. No se desatiende que la parte quejosa reclama la inconstitucionalidad del antepenúltimo párrafo del artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo; sin embargo, del análisis realizado al escrito de cuenta, se advierte que señala como acto de aplicación de dicha norma la admisión, trámite y notificación del aviso de rescisión laboral en el procedimiento paraprocesal 05/2023 instaurado en su contra por la Comisión Sustanciadora a solicitud del Consejo de la Judicatura, por tanto, el reclamo de la inconstitucionalidad no resulta obstáculo para considerar la improcedencia de su ampliación, pues al no ser autoridad las señaladas como responsables no podría abordarse la norma aplicada por ellas. Por las razones que sostiene, en lo conducente es aplicable la tesis siguiente: "Registro digital: 195644 Instancia: Segunda Sala Novena Época Materias(s): Común Tesis: 2a. CX/98 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo VIII, Agosto de 1998, página 499 Tipo: Aislada AMPARO CONTRA LEYES PROMOVIDO CON MOTIVO DE UN ACTO DE APLICACIÓN QUE FUE MATERIA DE UNA EJECUTORIA EN ANTERIOR JUICIO DE AMPARO. Si se promueve un juicio de garantías en contra de un ordenamiento legal con motivo de un acto de aplicación, y se advierte que éste ya fue materia de una ejecutoria de amparo en la que se negó al quejoso la protección de la Justicia Federal, dicho juicio de garantías resulta improcedente en términos del artículo 73, fracción IV, de la Ley de Amparo, pues la impugnación del precepto legal debe seguir la suerte del acto de aplicación, toda vez que es éste el que causa el perjuicio al promovente del amparo, ya que en él se aplica el precepto cuya inconstitucionalidad se impugna, de manera que no se puede desvincular el estudio de la ley del que concierne a su aplicación, que ya fue materia de análisis en una ejecutoria anterior." A mayor abundamiento se advierte la existencia del diverso juicio de amparo 463/2023, del índice de este órgano jurisdiccional, el cual se invoca como hecho notorio de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con el diverso numeran 2°, del que se observa que fue promovido por el quejoso Edgar Luis Wong López, quien reclamó del Pleno del Consejo de la Judicatura, la Comisión Sustanciadora del Poder Judicial del Estado de Guerrero y otras autoridades con residencia en esta ciudad capital, lo siguiente: "[.] Pleno del Consejo de la Judicatura, la solicitud de aviso de recisión fundada en el artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo, solicitada a la Comisión Sustanciadora del Poder Judicial del Estado de Guerrero, para notificar al suscrito quejoso, el supuesto aviso de rescisión laboral decretado en mi contra. Y de la segunda autoridad responsable ordenadora Comisión Sustanciadora del Poder Judicial del Estado de Guerrero: .- La Omisión de analizar previamente la procedencia de la (sic) del procedimiento praprarocesal (sic) solicitado por la tercero interesada, a la luz del artículo 47 de la Ley 2248 (sic) de Trabajo del os (sic) Servidores Públicos del Estado de Guerrero. .- La omisión de ponderar o analizar previamente la procedencia de la supletoriedad del artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo a la luz del contenido del artículo 9°, de la Ley 248, de Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero .- La admisión, tramite y posible notificación del aviso de recisión laboral en el procedimiento paraprocesal instaurado por la Comisión Sustanciadora a solicitud del Consejo de la Judicatura, a pesar de que el mismo resulta ser improcedente y como consecuencia inconstitucional merced a que la Ley 248 de Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero, no previene ni regula esa figura jurídica de notificar al servidor público ya sea por negativa de este para recibir dicho aviso de rescisión laboral solicitada por el Consejo de la judicatura al aquí quejoso, determinación que es contraria al contenido del artículo 9° de la Ley 248 de Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero" Demanda que mediante proveído de once de abril de dos mil veintitrés, se determinó desechar al considerarse que los actos anteriormente señalados derivan de una relación obrero-patronal, por tanto, al no encontrarse firme dicha determinación, debe entenderse que su reclamó está siendo materia de otro juicio de amparo. En las relatadas condiciones, SE DESECHA DE PLANO la presente ampliación de demanda de amparo con fundamento en el precitado artículo 113 de la ley de la materia. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma la licenciada Karina Castillo Flores, Jueza Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo de los Bravo, ante el Secretario José Francisco Herrera García, que autoriza y da fe.

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