Edgar Lionel Rojas

Expediente 98/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guerrero. 2 actuaciones registradas, la última del 25 de junio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
98/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
25/06/2021

Partes del expediente

  • Edgar Lionel Rojas

Actuaciones

  1. Principal

    3. Iguala de la Independencia, Guerrero, veinticinco de junio de dos mil veintiuno. Del estado procesal que guarda este asunto y la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el plazo de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa haya interpuesto recurso de queja en contra del proveído del treinta de abril del año en curso, en el que se desechó la demanda de amparo promovida por *** *** ***, contra actos del Juzgado Segundo de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Hidalgo, con residencia en esta ciudad; por tanto, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 2°, de la propia legislación, en relación con los diversos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que el mencionado acuerdo ha causado estado. En consecuencia, toda vez que la resolución de que se trata no requiere ejecución material, en su oportunidad archívese el expediente como concluido. En las relatadas condiciones, en términos del artículo 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se provee lo siguiente: a) Se hace constar que el presente expediente es susceptible de destrucción, toda vez que el mismo no es de relevancia documental. b) Lo cual podrá efectuarse una vez transcurridos más de los tres años a que alude el artículo 21 del citado acuerdo. c) Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, y colóquese en la carátula una tarjeta informativa en la que se asiente la fecha de este proveído, así como la data en que se remita materialmente al archivo. Notifíquese por lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente José Álvaro Vargas Ornelas, Juez Quinto de Distrito en el Estado de Guerrero, en unión de Carlos René Hernández Maza, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron este acuerdo y la propia actuación, se debidamente incorporados al expediente electrónico. Doy fe.

  2. Principal

    3. Iguala de la Independencia, Guerrero, treinta de abril de dos mil veintiuno. Vista la demanda de amparo promovida por -- ----, por derecho propio, contra actos del Juzgado Segundo de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Hidalgo, con sede en esta ciudad; realícense las anotaciones respectivas bajo el número 98/2021-III. El quejoso señala como acto reclamado la omisión por parte de la autoridad responsable al no permitirle tener acceso al expediente 904/2016-I del cual solicita copias simples y certificadas de todo lo actuado mediante promoción presentada el nueve de marzo de dos mil veintiuno, sin que se le haya permitido el acceso a dicho expediente o se le hayan entregado las copias solicitadas. Al respecto, este juzgador estima que en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, con relación al 107, fracción III, inciso b), del mismo ordenamiento legal, pero interpretado en sentido contrario. Concatenando el contenido de las disposiciones legales antes transcritas se desprende que el juicio de amparo es improcedente cuando el acto reclamado no sea de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que no afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Ahora para el caso que nos ocupa, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 325/2015, que diera origen a la jurisprudencia 2a./J.48/2016, cuyo rubro es: "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS", dispuso que cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8, 14 y 17 de la Ley Suprema, los actos que reclama no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento en el que se encuentra el particular, sino que se da justamente dentro del mismo. Señaló también que pese a que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8o. constitucional. Sin embargo, debe tenerse presente que dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en el que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción previsto para acudir al juicio de amparo en la vía indirecta. Con base a lo anterior y dado que la omisión que por esta vía se reclama se llevó a cabo dentro del trámite de un juicio, así como que no se advierte la existencia de una abierta dilación del procedimiento; entonces es inconcuso que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción III, inciso b), a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, puesto que, como lo señala nuestro máximo tribunal, tratándose de procedimientos jurisdiccionales o administrativos seguidos en forma de juicio, el derecho de acción, como facultad de provocar la actividad estatal, presenta la posibilidad de que la autoridad que conozca del asunto resuelva sobre la pretensión que es sometida a su conocimiento, por lo que debe sujetarse a los plazos y términos que rigen el procedimiento, en los que las partes deben obtener respuesta completa a sus pretensiones; generando con ello que el acto reclamado no sea de imposible reparación. Ahora, el derecho de petición reviste características diversas que, por su naturaleza práctica y casuista, deberán ponderarse por el juzgador en cada caso concreto en que se promueva un juicio de amparo por violación al artículo 8° constitucional, pues será atendiendo a ellas que surjan en aquél diversas cargas y oportunidades procesales para las partes, que influirán en el trámite y resolución del juicio. En el caso, se tiene que Eder Lionel Rojas el nueve de marzo de dos mil veintiuno presentó escrito dirigido a la autoridad responsable en el que solicitó tener acceso al expediente 904/2016-I de su índice; sin embargo no anexó a su escrito de demanda la constancia con la acredite tal circunstancia. Ahora bien, en el caso, se aprecia que en la citada fecha, el aquí quejoso planteó petición a la autoridad que señala como responsable; lo que significa que no medió el tiempo suficiente en el que elevó su solicitud respecto de su derecho fundamental consagrado en el artículo 8° constitucional, a fin de que se obligara a la autoridad omisa a cumplir. Luego, si bien es cierto que de conformidad a la Carta Magna, el quejoso Edgar Lionel Rojas tiene derecho a obtener respuesta de la autoridad a su petición planteada en los términos del texto constitucional, no puede inadvertirse que para ello debe mediar un plazo breve pero razonable, a efecto de que la responsable estudiara y acordara sobre lo solicitado; de suerte que si éste no se cumplió, no es posible considerar que la autoridad responsable haya faltado a su obligación de producir respuesta. Esto es, dadas las indicadas circunstancias temporales, no puede hablarse de una omisión o demora en la esperada respuesta, pues no ha transcurrido lapso razonable alguno para que la autoridad relativa pudiera, incluso, pronunciarse sobre la petición formulada; es decir, no ha transcurrido el término que se contempla en la norma constitucional para dar respuesta a lo solicitado. Tal lapso no sólo debe considerarse en función del gobernado que eleva una petición a la autoridad, sino también respecto de ésta, para que esté en aptitud de preparar la respuesta que obligadamente debe dar, en congruencia con lo pedido; de modo que si no ha pasado el tiempo suficiente no puede sostenerse que la autoridad señalada como responsable hubiere omitido dar una respuesta en "breve término". Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 1a./J.7/2015, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro es: "DERECHO DE PETICIÓN, LA OMISIÓN DE DAR RESPUESTA A UNA SOLICITUD DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO JURISDICCIONAL O ADMINISTRATIVO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO NO PUEDE RECLAMARSE DE MANERA AUTÓNOMA". En esa tesitura, se desecha por notoriamente improcedente la demanda de amparo. Por otra parte, dado que la quejosa señaló como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en ****localidad de Santa Teresa municipio de esta ciudad, se comisiona al actuario judicial adscrito, para que notifique el contenido del presente acuerdo a la parte quejosa; asimismo, la requiera para que dentro del plazo de tres días, contado a partir de la notificación correspondiente, señale domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad de Iguala de la Independencia, Guerrero, apercibiéndole que de no hacerlo, con fundamento en lo dispuesto por el citado numeral, las notificaciones subsecuentes, aún las de carácter personal, se le harán por medio de lista que se fija en los estrados de este juzgado; hecho que sea lo anterior, remita las constancias de notificación correspondientes. Asimismo, como lo solicita se tiene por autorizado al usuario que proporciona para la consulta del expediente electrónico de este juicio, en virtud de que cuenta con el registro correspondiente, se instruye a la Analista Jurídico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes a efecto de que realice las modificaciones conducentes. Se tienen por autorizados a ***, **** y *****, para los efectos que establece, y en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a ***, toda vez que tiene registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Por lo que respecta al correo y número telefónico que señala, se adquiere conocimiento de los mismos, para establecer contacto en caso de que se considere necesario en este juicio. Por otra parte, de conformidad con lo establecido en la circular 12/2009, emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, así como en lo dispuesto en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicables en lo conducente, se autoriza al promovente y autorizados, el uso de los medios electrónicos que indica, debiendo estar bajo la supervisión del secretario del juzgado, previa toma de razón respecto de las constancias obtenidas con su utilización, de las que dé fe, en el entendido de que tales aparatos deberán ser ingresados a este órgano de control bajo su responsabilidad, siempre que se cumplan las disposiciones de seguridad internas. De conformidad en el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 y el diverso 3o. de la Ley de Amparo, se exhorta a las partes a que, de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ellos, para una mayor agilidad del asunto, continúen la tramitación del presente juicio mediante el esquema de "juicio en línea", a través del Portal de Servicios en Línea desarrollado y aprobado por el Consejo de la Judicatura ingresando para tal efecto a la liga virtual https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/Home/Ayuda Hágase del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113, fracción V, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y sobre todo conforme a lo estipulado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Notifíquese por lista electrónica y personalmente al quejoso. Lo proveyó y firma electrónicamente José Álvaro Vargas Ornelas, Juez Quinto de Distrito en el Estado de Guerrero, en unión de J. Dorian Cabrera Hernández, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron este acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporados al expediente electrónico. Doy fe.

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