Edgar Lara Ramírez
Expediente 331/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México. 13 actuaciones registradas, la última del 11 de julio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 331/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 11/07/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Edgar Lara Ramírez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
V. Naucalpan de Juárez, Estado de México, once de julio de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos del que se advierte que al ordenar el archivo con fecha diez de julio de este año, en este asunto se asentó que es susceptible de depuración, en términos del artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales en atención a que se negó la protección constitucional. Sin embargo, se hace la aclaración de que el cuaderno principal es conservable, en términos del artículo 17, fracción III, inciso a), del referido acuerdo general, pero publicado en el Diario Oficial de la Federación con fecha siete de junio de dos mil veintitrés. En relación al incidente de suspensión, dado que se negó la medida cautelar solicitada, el mismo es susceptible de destrucción, en términos del artículo 20, fracción III, del Acuerdo aludido en líneas que anteceden, por lo que una vez transcurridos más de seis meses a partir de esta fecha, en su oportunidad y previo desglose, este Juzgado Federal procederá a la destrucción del mismo, conforme a los lineamientos que establece ese Acuerdo. Además, de que este asunto no tiene relevancia documental para ser resguardado, ni se ubica dentro de las hipótesis contenidas en el artículo 15 del aludido Acuerdo General. Notifíquese y por lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Sofía García Carrera, Secretaria quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.
- Principal
V. Naucalpan de Juárez, Estado de México, diez de julio de dos mil veintitrés. Téngase a la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, adjuntando copia certificada del acuerdo de fecha tres de julio de este año, del que se advierte que la Secretaría General de Acuerdos de dicha Sala, acusa recibo de los autos relativos al recurso de revisión 805/2022 así como el juicio administrativo 1016/2016. De lo anterior, se toma conocimiento. Por otra parte, visto que este expediente se encuentra totalmente concluido y que obran agregadas las constancias de notificación, háganse las anotaciones respectivas y archívese. El cuaderno principal es susceptible de depuración, en términos del artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, en atención a que se negó la protección constitucional. En el presente asunto se negó la medida cautelar solicitada, por lo tanto, el original y duplicado del incidente de suspensión son susceptibles de ser destruidos, en términos del artículo 20, fracción II, inciso a) del Acuerdo referido en líneas que anteceden, por lo que una vez transcurridos más de seis meses a partir de esta fecha, en su oportunidad y previo desglose, este Juzgado Federal procederá a la destrucción del mismo, conforme a los lineamientos que establece ese Acuerdo. Además, de que este asunto no tiene relevancia documental para ser resguardado, ni se ubica dentro de las hipótesis contenidas en el artículo 15 del aludido Acuerdo General. Notifíquese y por lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Sofía García Carrera, Secretaria quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.
- Principal
V. Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintinueve de junio de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede y el estado de autos, se advierte que a la fecha ha transcurrido el plazo que refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes interpongan recurso de revisión contra la sentencia terminada de engrosar el nueve del mes y año que transcurren, con fundamento en los numerales 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia que negó el amparo y la protección de la Justicia de la Unión en este juicio, ha causado ejecutoria, lo anterior hágase del conocimiento de las partes. Realícense las anotaciones respectivas, y glósese el cuaderno incidental correspondiente. Por otra parte, se advierte que la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa, Estado de México, remitió copia certificada de diversas las constancias que integran el juicio administrativo **********, de su índice (tomos I, II y III); en consecuencia, en obvio de dilaciones procesales devuélvanse a su lugar de origen. Solicítese el acuse de recibo correspondiente, bajo el apercibimiento que de no hacerlo así sin causa justificada, se le impondrá una multa por el equivalente a cincuenta unidades de medida y actualización; ello con fundamento en lo dispuesto en el artículo 237, fracción I, en relación con el 259, ambos de la Ley de Amparo. Notifíquese y por lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Sofía García Carrera, Secretaria quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.
- Principal
V. V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo 331/2023-V; y, R E S U L T A N D O: I. Mediante escrito recibido el catorce de marzo de dos mil veintitrés, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México, turnado el diecisiete de marzo siguiente a este Juzgado Federal, ************, por derecho propio, demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra actos de los Magistrados Integrantes de la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México. II. Previo desahogo, en auto del cuatro de abril de dos mil veintitrés, este Juzgado Federal admitió a trámite la demanda y la registró con el número 331/2023-V; solicitó el informe con justificación a la autoridad responsable; dio la intervención legal al Representante Social de la Federación adscrito, se ordenó el emplazamiento de los terceros interesados y señaló fecha y hora para que tuviera verificativo la audiencia constitucional, la cual se llevó a cabo en términos del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este Juzgado Tercero de Distrito es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo previsto en los artículos 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; 49 y 57, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; en razón de que los actos reclamados tendrán ejecución dentro del territorio donde este Juzgado de Distrito ejerce jurisdicción. SEGUNDO. A fin de fijar la litis constitucional y con apoyo en lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que la parte quejosa reclamó: 1) De los Magistrados Integrantes de la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México: La resolución del dieciséis de febrero de dos mil veintitrés, dictada en el recurso de revisión 805/2022, del índice de la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, interpuesto por el quejoso, en contra de la resolución de quince de agosto de dos mil veintidós, emitida en el juicio administrativo 1016/2016; mediante la cual se confirmó dicha determinación. TERCERO. El Presidente de la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, al rendir su informe justificado aceptó la existencia del acto reclamado. Certeza que se corrobora con las constancias remitidas, consistentes en el recurso de revisión 805/2022, las cuales tienen pleno valor probatorio, en términos de lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su ordinal 2o., por tratarse de constancias expedidas por servidor público en el ejercicio de sus funciones. Es aplicable al respecto, en lo conducente, la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, Tomo VI, publicada en el Apéndice de 1995, Quinta Época, registro 394182, cuyo rubro dice: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO". CUARTO. Previo el estudio de los conceptos de violación que hace valer la parte quejosa, de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo, la procedencia del juicio de amparo es una cuestión de orden público que debe estudiarse por el juzgador, aun de oficio, lo aleguen o no las partes. Sustenta lo anterior, el artículo 62 de la Ley de Amparo y la jurisprudencia 814, que aparece en la página 553, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia". En el presente asunto las partes no hicieron valer causas de improcedencia, ni quien ahora resuelve advierte que se actualice alguna de oficio, por lo cual es procedente estudiar el fondo del asunto. QUINTO. Resulta innecesaria la transcripción de los conceptos de violación para proceder a su estudio; lo cual no infringe los principios de congruencia y exhaustividad de la sentencia. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia 2a./J.58/2010, con número de registro digital 164618, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, Tomo XXXI, página 830, mayo de 2010, de rubro siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN." No obstante lo anterior, se precisa que la parte quejosa, sustancialmente aduce lo siguiente: 1. Que se viola en su perjuicio el contenido de los artículos 1, 14, 16, 17 y 123 constitucionales, así como la inobservancia a los criterios jurisprudenciales en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 1 y 2, fracción II del Código Fiscal de la Federación. Ello, porque la resolución del dieciséis de febrero de dos mil veintitrés, dictada en el recurso de revisión 805/2022, del índice de la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, aduce que se transgredieron sus derechos en virtud de que se confirmó que no le asistía el derecho a solicitar los enteros de las cuotas y aportaciones de seguridad social y fiscales, que con ello se vulneraron sus derechos humanos. Que al confirmar la determinación de quince de agosto de dos mil veintidós, emitida en el juicio administrativo 1016/2016, le ocasionó un perjuicio, al no proporcionarle una justicia completa, además de que dicha determinación no se encuentra fundada y motivada, aspecto que lo deja en estado de indefensión porque no tiene certeza que los descuentos que fueron realizados a la cuantificación y pago que recibió derivado de la sentencia en la que fueron condenadas las demandadas, sean los descuentos de ley que realizaron al quejoso fueron aportados al fisco, así como a la seguridad social. 2. Que se vulneraron sus garantías de seguridad jurídica al no proporcionarle justicia completa, que la autoridad pretende que no tenga certeza jurídica respecto de los descuentos que le realizaron. 3. Que se violó en su perjuicio la garantía de legalidad, porque la autoridad responsable debió observar las disposiciones legales aplicables al caso en concreto, fundando y motivando legalmente su resolución. 4. Que omitió estudiar el contenido del recurso de revisión interpuesto, donde aduce se acreditaron las violaciones procesales en el cumplimiento a la sentencia. 5. Que se vulneró en su perjuicio el artículo 17 constitucional, el principio de legalidad, debido proceso, que le causa agravio que al no ser escuchado por la sala revisora, pues su resolución aludió respecto a un acto diferente que no fue materia de recurso de revisión que interpuso, que se vulneró su derecho a ofrecer pruebas, que no se analizaron las pruebas que obraban en el juicio. 6. Que en la resolución reclamada se advirtió sobreseimiento respecto de actos no hechos valer por el recurrente, que la responsable debió apegarse y hacer cumplir el artículo 3, fracción V del Código de Procedimientos Administrativos, que se dejaron de aplicar en su perjuicio los artículos 1º, párrafos primero, segundo y tercero, 5º, párrafos primero y sexto, 14 párrafo segundo, 16 párrafo primero, 17, 133, constitucionales y 1.10 del Código Administrativo del Estado de México. Los conceptos de violación son inoperantes, por tanto, no resultan suficientes para otorgar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitada. Lo anterior es así, dado que la parte quejosa no controvierte los motivos plasmados en la resolución reclamada. Así las cosas, la autoridad responsable señaló en principio que era pertinente establecer que de la condena que se impuso a las autoridades demandadas en sentencia del veintidós de agosto de dos mil diecinueve, en los recursos de revisión 512/2017, 536/2017 y 542/2017, acumulados que de acuerdo al agravio expuesto por el recurrente, el pago de las demás prestaciones a que tuviera derecho el demandante, aquí quejoso, "debía realizarse con el sueldo neto, es decir, todas las percepciones menos los descuentos de ley, en los mismos términos y condiciones que lo venía percibiendo". Al respecto señaló que el pago de las demás prestaciones se hubiese realizado con el sueldo neto, no existe disconformidad por parte del recurrente, dado que él mismo manifestó libre y espontáneamente que fue cubierto de esa manera. Además de que en el punto "b" de la condena, se desprendía que el pago de las demás prestaciones a que tuviera derecho debía realizarse "en los mismos términos y condiciones que lo venía percibiendo", lo que significaba que para poder tener por cumplida la sentencia las autoridades demandadas deberían acreditar y desglosar las cantidades y rubros que se retuvieron respecto a los descuentos de ley, porque, por una parte no se desprendía así de la literalidad de la frase. Que de la simple lectura de las pretensiones que la parte actora expresó tanto en el escrito inicial de demanda como en el de ampliación de demanda, que de ninguna de ellas observó la sala que haya señalado como pretensión el pago de aportaciones al Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios o al fisco. Que el recurrente en su momento procesal oportuno pudo inconformarse con la condena impuesta a las autoridades demandadas en la sentencia del veintidós de agosto de dos mil diecinueve emitida en los recursos de revisión acumulados 512/2017, 536/2017 y 542/2017. Que resultó acertado que el A quo haya determinado que no era procedente requerir la justificación ni el entero de las cantidades retenidas porque ello no fue ordenado en la sentencia de referencia. Asimismo que aun y cuando el entero de las cuotas y aportaciones de seguridad social deriven de la indemnización constitucional generada con motivo de la remoción injustificada del actor, aquí quejoso, ciertamente debe entenderse que no forman parte de dicha indemnización, por lo que tienen el carácter de un acto distinto al que fue motivo de la litis, que ello debe de ser ventilado en otro juicio administrativo. Que no se soslayó la facultad del recurrente de exigir a las demandas que justifiquen que las cantidades que no formaron parte de la indemnización constitucional al haber sido calculada con el sueldo neto, fueron debidamente enteradas para ejercer sus derechos de seguridad social, y que tal precisión no formó parte de su escrito inicial de demanda ni de su ampliación y que tal exigencia no formó parte de la condena impuesta a las autoridades responsables. Que en consecuencia era infundado que para tener por cumplida la sentencia, se debía requerir a las demandadas la justificación y el entero de las cantidades retenidas, porque de hacerlo se incurriría en un exceso del cumplimiento de la sentencia, pues insiste en que en el fallo a cumplimentar no se condenó a lo que pretende el recurrente. Sin que ello dejara en estado de indefensión, porque quedaron a salvo sus derechos para que los hiciera valer en la vía y ante las autoridades administrativas correspondientes. Que de considerar lo contrario, provocaría la extensión de los efectos precisados en la sentencia a cumplimentar a otras posibles violaciones aducidas por el quejoso, mismas que no formaron parte de la declaratoria de invalidez del acto impugnado en el juicio natural. En ese sentido, expuso que como consecuencia de que no se puede reclamar el cumplimiento de algo a lo que las autoridades demandadas no fueron condenadas y que el recurrente, aquí quejoso, no manifestó ningún otro planteamiento diverso al ya analizado y desestimado, tendiente a controvertir la razón por la que se determinó por cumplida la sentencia. Es por ello que se estima que la parte quejosa con sus conceptos de violación no desvirtúa, ni controvierte los argumentos torales en los que se basó la autoridad responsable para emitir el acto reclamado. Pues únicamente se limita a afirmar que la resolución reclamada transgrede sus derechos en virtud de que se confirmó que no le asistía el derecho a solicitar los enteros de las cuotas y aportaciones de seguridad social y fiscales, que con ello se vulneraron sus derechos humanos; sin que al efecto explique el porqué de su dicho Aspecto similar que acontece respecto a sus afirmaciones en el sentido de que la determinación no se encuentra fundada y motivada, porque no se tiene certeza que los descuentos que fueron realizados a la cuantificación y pago que recibió derivado de la sentencia en la que fueron condenadas las demandadas, sean los descuentos de ley que realizaron al quejoso fueron aportados al fisco, así como a la seguridad social. Así como que la autoridad pretende que no tenga certeza jurídica respecto de los descuentos que le realizaron y que se violó en su perjuicio la garantía de legalidad, porque se debió observar las disposiciones legales aplicables al caso en concreto, fundando y motivando legalmente su resolución, entre otros. Pues se insiste, al margen que no señala la razón de su dicho, la parte quejosa no controvierte las consideraciones por las cuales se sostuvo declarar infundado su agravio al resolver el recurso de revisión en comento. De ahí que se afirme que resultan inoperantes y por tanto el acto reclamado quede subsistente ante su inadecuada impugnación Situación que impide a este juzgador proceder al examen de los argumentos que pretende establece, pues correcta o no la determinación recurrida, la misma debe quedar incólume con motivo de no haber sido impugnada debidamente en los motivos de inconformidad. Cobra aplicación la jurisprudencia 724, visible en la página 487, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, Parte TCC, la cual es del tenor siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. SON INSUFICIENTES Y SU ESTUDIO ES INNECESARIO, SI NO ATACAN LA TOTALIDAD DE LAS CONSIDERACIONES ESENCIALES QUE SUSTENTAN EL ACTO RECLAMADO. En las narradas condiciones, ante lo ineficaz de los conceptos de violación, sin advertir este Órgano de Control Constitucional motivo alguno para suplir la deficiencia de la queja, por no actualizarse ninguno de los supuestos que al efecto prevé el artículo 79 de la Ley de Amparo, lo procedente es negar el amparo y la protección constitucional reclamada. Por lo antes expuesto se: R E S U E L V E ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a *************, por derecho propio, contra el acto reclamado a la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México en términos de lo expuesto en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese por lista electrónica a la parte quejosa, por oficio a los terceros interesados; por oficio a la autoridad responsable y al Agente del Ministerio Público de la Federación Adscrito. Así lo resolvió y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Sofía García Carrera, Secretaria quien da fe, hasta hoy nueve de junio de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores del juzgado. Doy fe
Quedan 9 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México · 9,679 expedientes
- Edgar Javier Maldonado Lara878/2023
- Edgar Javier Maldonado Lara1269/2023
- Edgar Jesús García Castro446/2018
- Edgar Jesús García Castro1091/2021
- Edgar Josué García Sánchez1465/2018
- Edgar Lara Ramírez517/2020
- Edgar Lara Ramírez1422/2022
- Edgar Lara Ramírez996/2013
- Edgar León Márquez1022/2023
- Edgar Manuel Jurado Fragoso y Otros.886/2018
- Edgar Manuel Montes Pérez1185/2017
- Edgar Martínez Fernández887/2021