Edgar Julian Cabrera Estrada

Expediente 294/2020 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán. 5 actuaciones registradas, la última del 22 de marzo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
294/2020
Año
2020
Actuaciones
5
Última actuación
22/03/2021

Partes del expediente

  • Edgar Julian Cabrera Estrada

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    II. Uruapan, Michoacán, veintidós de marzo de dos mil veintiuno. AUTORIDAD ACUSA RECIBO [4431]. Con fundamento en los artículos 61 y 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, téngase por recibo y agréguese el oficio suscrito por la autoridad responsable Magistrado de la Primera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, con sede en Morelia, a través del cual, por una parte acusa recibo del comunicado con el que se le notifico el proveído de nueve de diciembre de dos mil veinte y se le remitieron los tomos de pruebas que acompaño a su informe justificado; circunstancia de la que se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    Uruapan, Michoacán, nueve de diciembre de dos mil veinte. FIRME FALLO. Del estado que guardan los autos del juicio de amparo en que se actúa, así como de la certificación de cuenta, se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de revisión contra la sentencia que NEGO el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que la misma queda firme, para los efectos legales procedentes. Hágase las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. ARCHIVO. En consecuencia, una vez hechas las notificaciones respectivas, archívese el expediente como asunto concluido. VALOR DOCUMENTAL. Al no considerarse de relevancia documental, el mismo es susceptible de DEPURACIÓN, en términos del punto segundo, fracción XV, y Vigésimo Primero, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y del Consejo de la Judicatura Federal, depuración que ocurrirá después de haber transcurrido el plazo de cinco años a que se hace mención en dicho punto, conservando en su oportunidad, la demanda y sentencia. Hágase la anotación en la carátula. Luego, por cuanto hace al original y duplicado del incidente de suspensión, toda vez que se negó la suspensión provisional y definitiva del acto reclamado, respectivamente, en atención a lo ordenado en el párrafo segundo de la fracción III del punto y normativa invocada, procede su destrucción, lo cual deberá realizarse por este Juzgado trascurridos seis meses a partir de esta data, previa anotación en el libro de gobierno correspondiente; por lo que, manténganse por separado en el archivo de este órgano jurisdiccional. RECURSO PENDIENTE EN CUADERNO DE SUSPENSIÓN. No. BILLETE. De igual manera, se hace la aclaración que en el incidente de suspensión derivado del juicio de amparo en que se actúa, no se exhibió billete o alguna otra garantía que amerite su devolución o proveer sobre su destino. OTRAS CONSIDERACIONES. Sin que en el caso alguna de las partes haya allegado al cuaderno principal, algún documento que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que por características amerite ser devuelto. CONSTANCIAS POR DEVOLVER. Al resultar innecesaria su conversación, devuélvase a las autoridades responsables: a) Magistrado de la Primera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, un tomo de pruebas consistente en copia certificada del ********************, de su índice; y b) Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Uruapan, Michoacán, un tomo de pruebas consistente en copias certificadas del ********************, de su índice. FIRMA ELECTRÓNICA. Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo General 18/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus SARS-CoV-2 causante de la enfermedad COVID-19, en su artículo 1°, fracción I, en relación con la circular SECNO/7/2020, de la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, en los numerales 3, párrafo primero y 7, se ordena que la firma de este asunto se realice a través de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), al tener ésta el mismo valor que la autógrafa. NOTIFÍQUESE A LA PARTES POR CUALQUIER MEDIO ELECTRÓNICO AUTORIZADO CONFORME AL ACUERDO GENERAL 21/2020 EMITIDO POR EL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL y POR OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES.

  3. Principal

    SENTENCIA Vistos, para resolver en definitiva, los autos del juicio de amparo indirecto 294/2020-II. R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito de demanda presentado el dieciocho de agosto de dos mil veinte, ante buzón Judicial de los Juzgados de Distrito en esta ciudad, turnada al día siguiente hábil a este Juzgado, Edgar Julián Cabrera Estrada, solicitó el Amparo y Protección de la Justicia Federal. SEGUNDO. Derechos fundamentales que se estiman transgredidos. La parte quejosa narró los antecedentes del caso, formuló los conceptos de violación que consideró pertinentes y señaló como derechos fundamentales que al parecer le fueron violados los contenidos en los artículos 1°, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Trámite del juicio de amparo. Por acuerdo de veintiocho de octubre de dos mil veinte, previo desahogo de prevención, la demanda de amparo se radicó con el número 294/2020-II, se admitió a trámite, se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado, se dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención que legalmente le compete. En el referido auto de veintiocho de agosto del año en curso, se reconoció el carácter de tercero interesado a Edgar Julián Cabrera Magaña, al ser parte actora en el juicio sumario civil 453/2004, de donde derivan los actos reclamados; quien fue debidamente emplazado a este juicio y compareció a hacer valer sus derechos el cinco de octubre de dos mil veinte. Finalmente se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, previos diferimientos, se verificó conforme al acta que antecede; y, CONSIDERANDO: PRIMERO. Este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Uruapan, es legal y constitucionalmente competente para conocer y resolver el juicio de amparo, lo anterior, con fundamento en los artículos 17, 94, 103, fracción I, y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107, ambos de la Ley de Amparo; 48, 49 y 52, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la 'determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito'; lo anterior, teniendo en cuenta que en la especie se reclama un acto cuya ejecución se llevará a cabo dentro de la circunscripción territorial que corresponde a este órgano jurisdiccional -ciudad-. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, dispone que toda sentencia debe contener la fijación clara y precisa del acto reclamado. En cumplimiento a tal disposición, se atenderá al escrito de demanda de amparo, así como a los demás datos que se desprendan de las constancias del expediente, a fin de determinar cuál fue la intención de la parte quejosa al promover el juicio de amparo y estar en condiciones de resolver la cuestión efectivamente planteada. En el caso, debe tenerse como acto reclamado en atención al escrito de demanda de amparo, así como a las constancias remitidas por la responsable en apoyo a su informe de ley: Del Magistrado de la Primera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, con sede en Morelia. Es la resolución de once de marzo del dos mil veinte, dictada dentro del toca de apelación número I- 81/2020, derivado del recurso de apelación hecho valer en contra de la sentencia interlocutoria de dieciocho de diciembre de dos mil diecinueve, pronunciada dentro del Incidente de Liquidación de pago de alimentos planteada en el juicio sumario civil número 453/2004, que sobre cumplimiento de convenio de pago de alimentos promovido por Celia Magaña Beltrán, en cuanto representante legal de Edgar Julián y Helena Alicia, ambos de apellidos Cabrera Magaña." Del Juez Segundo de Primera Instancia en materia Civil, con sede en esta Ciudad. La ejecución de dicha determinación. TERCERO. Certeza de acto. La autoridades señaladas como responsables Magistrado de la Primera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, Juez Segundo de Primera Instancia en materia Civil, con sede en esta Ciudad, al rendir sus informes de ley, aceptaron la existencia del acto reclamado. Para acreditar lo anterior, la autoridad responsable citada en primer término remitió los originales del toca civil afecto y la restante copias certificadas de diversas documentales; las cuales cuentan con valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. CUARTO. Análisis de causas de improcedencia. Las partes no alegaron alguna causa de improcedencia, y este órgano jurisdiccional no advierte de manera oficiosa la actualización de alguna. QUINTO. Estudio de fondo. Bajo ese contexto, se procede a la calificación y estudio de los conceptos de violación expuestos en la demanda, los que no se transcriben por no constituir una exigencia legal ni considerarlo necesario, pues no es la falta de transcripción de tales argumentos lo que podría ocasionar perjuicio a la parte quejosa sino la ausencia del análisis de la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado y que conlleva a la falta de la resolución efectivamente planteada en el juicio de amparo. Lo anterior se corrobora con la jurisprudencia 58/2010, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ubicable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, tomo XXI, mayo de 2010, página 830, registro electrónico 164618, que señala: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer". No obstante lo anterior, se precisa que de manera toral, el solicitante del amparo aduce que la interlocutoria reclamada viola en su perjuicio el contenido de los artículos 1, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque no cumple con los requisitos de motivación y fundamentación que exigen tales preceptos, por lo siguiente: I. Que la responsable reconoce al igual que el Juez Segundo de Primera Instancia en materia civil de esta localidad un derecho inexistente, y que de haber existido ha caducado jurídicamente a la parte actora Helen Alicia Cabrera Magaña, favoreciéndola a pesar de que esta ya no tenía derecho a demandarle una liquidación de alimentos, ya que no por el hecho de que la naturaleza de incidente de liquidación por tratarse de alimentos, esto en modo alguno puede significar que los mismos no deban tener fin. II. Que no existe un precepto legal en nuestra legislación familiar que le permita de manera oficiosa estudiar la figura de la prescripción; también es de señalarse y tomando en consideración el Principio General de Derecho que establece "que lo que no está prohibido está permitido", que debe presumir que no existió impedimento legal ni al Juez de Primera Instancia en Materia Civil de esta localidad, y mucho menos al Magistrado de la Primera Sala Civil del supremo tribunal de justicia del Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, para que abordara lo concerniente a si está vigente su obligación en su carácter de deudor alimentista y por otro lado el derecho ejercido en el incidente de liquidación de alimentos que se le reclamo por parte de la actora; ya que de sostener como de manera errónea lo hizo la responsable su vigencia absoluta, esto conlleva al extra lógico de que la pensión alimenticia siga generándose indefinidamente y aún por toda mi vida, a título de que aún no se ha declarado judicialmente la extinción de esa obligación, lo cual no es el objetivo de la institución jurídica de los alimentos, ya que no se trata de un derecho incondicional o sin límites. Sigue agregando el quejoso que la actora dejo de promover el supuesto derecho que le asiste de reclamarme aún alimentos desde el día tres de octubre del dos mi ocho y fue hasta el día veintisiete de junio del año, dos mil nueve fecha en que nuevamente gestiono sin legitimación alguna sobre ese concepto, transcurriendo más de diez años, luego onces aprecio que el Magistrado Responsable debió independientemente de no haber hecho valer el suscrito la excepción de Prescripción, en mi favor, abordar su estudio por tratarse de una cuestión de orden público, por ser la figura de la prescripción el mecanismo a través del cual el Estado mediante sus órganos jurisdiccionales impide que los gobernados afecten intereses fundamentales de la sociedad, protegiendo como resultado de ello mi Derecho Humano reconocido por nuestra Constitución Política consistente en la Garantía de Inviolabilidad de la propiedad, previsto por el numeral 14 Constitucional III. Que no pasa inadvertido que el Magistrado responsable numera diversas tesis jurisprudenciales de épocas pasadas, no vigentes y las cuales se refieren a la materia Civil y no a la materia Familiar como en el caso acontece, careciendo por tanto el acto reclamado de la debida Fundamentación y Motivación que todo acto debe contener. IV. Que como ya lo manifestó se vulnera en mi agravio lo establecido por los artículos 14 y 16 Constitucionales, referentes a la legalidad y seguridad jurídica; y esto lo aprecia por considerar que la autoridad responsable debió examinar de manera oficiosa la figura jurídica consistente en la prescripción por ser de orden público, por haber prescrito el derecho de recibir alimentos por parte de mi acreedor alimentista, al haber estado inmóvil y no reclamárselos por un lapso mayor a diez años, alimentos que no pueden existir por todo el tiempo que tenga de vida el suscrito. Son inoperantes e infundados los conceptos de violación hechos valer por el quejoso veamos el porqué. De inicio, es importante advertir que en este asunto debe observarse el principio de estricto derecho que rige en el juicio de amparo, en atención a que el quejoso es parte demandada en el juicio sumario civil 453/2004, por lo que no se ubica en ninguno de los supuestos que prevé el artículo 79 de la Ley de Amparo. El principio a que se ha hecho mención, impone que esta juzgadora debe estudiar la constitucionalidad del acto reclamado únicamente a la luz de los argumentos expuestos en los conceptos de violación, tratándose de la resolución del juicio. Antes, para una mejor comprensión del asunto, conviene precisar los antecedentes del acto reclamado, los que se advierten de las copias certificadas remitidas por la autoridad responsable, a las que ya les fue otorgado valor probatorio pleno en autos, que son los siguientes: 1. Mediante sentencia de dieciséis de diciembre de dos mil cinco, el Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil, con residencia en esta ciudad, declaró procedente la acción que sobre cumplimiento de convenio de pago de alimentos ejercitó en la vía sumaria civil Celia Magaña Beltrán por sí y en cuanto representante legal de -los entonces menores de edad- Helen Alicia y Edgar Julián, ambos de apellidos Cabrera Magaña, frente a Edgar Julián Cabrera Estrada; por lo que se condenó al demandado al cumplimiento del convenio de pago de alimentos. 2. En proveído de dieciséis de mayo de dos mil diecinueve, el Juez responsable tuvo a Edgar Julián Cabrera Estrada realizando la consignación de la cantidad de $70,092.31 (setenta mil noventa y dos pesos 31/100 moneda nacional), por concepto de pago de alimentos vencidos a que fue condenado por sentencia de dieciséis de diciembre de dos mil cinco, a favor de quien en ese entonces eran menores de edad Helen Alicia y Edgar Julián, ambos de apellidos Cabrera Magaña; con lo cual ordenó darles vista a efecto de que manifestaran si aceptan lo consignado o insisten en su depósito judicial. 3. En auto de treinta de mayo de dos mil diecinueve, se tuvo a Helen Alicia y Edgar Julián, ambos de apellidos Cabrera Magaña, por conducto de sus apoderados jurídicos manifestando su inconformidad y rechazo a la consignación de dinero efectuada por el demandado; asimismo, se les tuvo oponiéndose a la cancelación del gravamen solicitada por Edgar Julián Cabrera Estrada. 4. Posteriormente, en auto de veinte de junio de dos mil diecinueve, el a quo tuvo al demandado Edgar Julián Cabrera Estrada, consignando la cantidad de $79,500.00 (setenta y nueve mil quinientos pesos 00/100 moneda nacional) por concepto de pago de alimentos vencidos a favor de sus hijos Helen Alicia y Edgar Julián, ambos de apellidos Cabrera Magaña; respecto de lo cual, se les ordenó dar vista para que expusieran lo que a sus intereses corresponda. 5. Mediante escrito presentado ante el juez responsable el veintiséis de junio de dos mil diecinueve, la apoderada jurídica de Helen Alicia y Edgar Julián, ambos de apellidos Cabrera Magaña, demandando a Edgar Julián Cabrera Estrada planilla de liquidación de pago de alimentos; incidencia que fue admitida el veintisiete de ese mes y año. 6. mediante proveído de diez de julio del año próximo pasado se tuvo al demandado incidentista contestano la planilla de liquidación presentada en su contra. 7.- por lo que el dieciocho de diciembre de dos mil diecinueve, el juez de origen resolvió la planilla de liquidación en los siguientes términos: "PRIMERO. Se estableció la competencia de este juzgado para resolver en forma interlocutoria la presente incidencia. SEGUNDO. Resultó parcialmente procedente el incidente de liquidación de pago de alimentos, promovido por María Victoria Magaña, en cuanto apoderada jurídica de Edgar Julián Cabrera Magaña, frente a Edgar Julián Cabrera Estrada. Por consecuencia, se consideran como cuantificados los alimentos vencidos del periodo del mes de octubre de 2008 dos mil ocho al mes de julio de 2009 dos mil nueve, por la cantidad $7,500.00 siete mil quinientos pesos, los cuales deberá cubrir el deudor alimentista a favor de la parte incidentista dentro de los 3 tres días siguientes a que quede firma esta sentencia, bajo apercibimiento que de no hacerlo se procederá a su ejecución forzosa; en cambio, no procede aprobar la cantidad de $259,807.00 doscientos cincuenta nueve mil ochocientos siete pesos 00/100 moneda nacional por concepto de lo que nominó la parte incidentista como actualización de alimentos pendientes de cubrir el incidentado por el costo total de la carrera profesional de Edgar Julián Cabrera Magaña, atendiendo a las razones expuestas en líneas anteriores. 8. Inconforme con tal resolución interlocutoria, el demandado interpuso recurso de apelación del cual correspondió conocer a la Primera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, quien mediante sentencia de once de marzo de dos mil veinte, dictada en el toca I-81/2020, confirmó resolución interlocutoria apelada. Tal determinación es el acto reclamado en esta instancia constitucional. Ahora, como se adelantó, los agravios planteados por la parte quejosa, resultan ser inoperantes e infundados. Es así, atendiendo a los siguientes razonamientos de índole jurídico que enseguida se expondrán. Son inoperantes los conceptos de violación hechos valer por el quejoso, precisados en los puntos I, II y IV, por las razones que se expondrán. Previamente, es importante establecer que para el estudio de los conceptos de violación debe atenderse que en su expresión, el peticionario de amparo exponga las argumentaciones que considere convenientes para demostrar la inconstitucionalidad o ilegalidad del acto reclamado. En este contexto, los motivos de queja que dejen de atender tales requisitos resultarían inoperantes, puesto que no atacan en sus puntos esenciales la resolución impugnada, dejándola en consecuencia, intacta. Por tanto, cuando la parte agraviada omita expresar argumentos debidamente configurados, en los términos anticipados, los conceptos de impugnación deben ser calificados como inoperantes ya porque se trate de: 1. Una simple repetición o abundamiento respecto de los agravios en la instancia local; 2. Argumentos genéricos, imprecisos, unilaterales y subjetivos de tal forma que no se pueda advertir la causa de pedir; 3. Cuestiones que no fueron planteadas en el recurso de apelación que motivó la resolución impugnada; 4. Alegaciones que no controviertan los razonamientos de la autoridad responsable que son el sustento de la sentencia ahora reclamada; y 5. Argumentos ineficaces para conseguir el fin pretendido. En los mencionados supuestos, la consecuencia directa de la inoperancia de los conceptos de violación será que las consideraciones expuestas por la autoridad responsable, continúen rigiendo el sentido de la resolución controvertida, porque tales conceptos no tendrían eficacia para anularlas, revocarlas o modificarlas. Por ende, en el presente caso, al estudiar los conceptos de queja, se aplicarán los señalados criterios para concluir si se trata o no de planteamientos que deban ser desestimados por inoperantes, habida cuenta que en la especie no es posible analizar oficiosamente la resolución combatida. Establecido lo anterior, como ya se señaló con anterioridad, se estiman inoperantes dichos motivos de divergencia, en razón de que no plantea argumentos tendentes a controvertir las consideraciones expuestas en la resolución reclamada. En efecto, las alegaciones que expone la parte quejosa en sus puntos de disenso marcados como I, II y IV, en los que sostiene que la responsable, reconoció al igual que el Juez Segundo de Primera Instancia en materia civil de esta localidad un derecho inexistente, y que de haber existido ha caducado jurídicamente a la parte actora Helen Alicia Cabrera Magaña, favoreciéndola a pesar de que esta ya no tenía derecho a demandarle una liquidación de alimentos, ya que no por el hecho de que la naturaleza de incidente de liquidación por tratarse de alimentos, esto en modo alguno puede significar que los mismos no deban tener fin. Insiste que la actora dejó de promover el supuesto derecho que le asiste de reclamarme aún alimentos desde el día tres de octubre del dos mi ocho y fue hasta el día veintisiete de junio del año, dos mil nueve, fecha en que nuevamente gestiono sin legitimación alguna sobre ese concepto, transcurriendo más de diez años, luego onces el Magistrado Responsable debió independientemente de no haber hecho valer el suscrito la excepción de Prescripción, en su favor, abordar su estudio por tratarse de una cuestión de orden público. Además que no existe un precepto legal en la legislación familiar que le permita de manera oficiosa estudiar la figura de la prescripción; también es de señalarse y tomando en consideración el Principio General de Derecho que establece "que lo que no está prohibido está permitido", debe presumir que no existió impedimento legal ni al Juez de Primera Instancia en Materia Civil de esta localidad, y mucho menos al Magistrado de la Primera Sala Civil del supremo tribunal de justicia del Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, para que abordara lo concerniente a si está vigente su obligación en su carácter de deudor alimentista y por otro lado el derecho ejercido en el incidente de liquidación de alimentos que se le reclamó por parte de la actora; ya que de sostener como de manera errónea lo hizo la responsable su vigencia absoluta, esto conlleva al extra lógico de que la pensión alimenticia siga generándose indefinidamente y aún por toda mi vida, a título de que aún no se ha declarado judicialmente la extinción de esa obligación, lo cual no es el objetivo de la institución jurídica de los alimentos, ya que no se trata de un derecho incondicional o sin límites. Pues, al respecto la autoridad responsable debió examinar de manera oficiosa la figura jurídica consistente en la prescripción por ser de orden público, por haber prescrito el derecho de recibir alimentos por parte de mi acreedor alimentista, al haber estado inmóvil y no reclamárselos por un lapso mayor a diez años, alimentos que no pueden existir por todo el tiempo que tenga de vida. Pues como se advierte, el quejoso no combate la totalidad de los motivos que la Sala responsable expuso en la resolución reclamada, con los cuales se dio respuesta a lo expresado por el aquí quejoso al formular los agravios que hizo valer en el recurso de apelación del que deviene la resolución reclamada. La anterior afirmación tiene sustento en que al verificar el contenido de la resolución reclamada, se aprecia que los motivos torales en que sustentó la Sala responsable su determinación para confirmar la resolución recurrida, fue la siguiente: Que los conceptos de agravio expresados por el licenciado Edgar Julián Cabrera Estrada, por su propio derecho, resultaron infundados por una parte e inoperantes en otra, según se verá a continuación: Que era necesario precisar, en principio, que si bien la prescripción de las acciones debe considerarse como una institución de orden público, que constituye una forma de extinción de derechos por el solo transcurso del tiempo, sin embargo, ha de tenerse presente que la misma no puede ser invocada de oficio por los jueces, por tratarse de una excepción propiamente dicha, que precisamente por serlo únicamente puede ser analizada cuando la misma es hecha valer por parte legítima, pues así lo determinó la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al emitir el criterio publicado en el Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, página 1060, registro IUS 339,912, (la cita). Que lo anterior viene a cuenta, porque si bien es cierto que en el fallo interlocutorio debatido, el juez del conocimiento adujo que desde el proveído del tres de octubre de dos mil ocho, el acreedor Edgar Julián Cabrera Magaña, no ha gestionado la cuantificación de los alimentos que tiene pendiente de cubrirle el incidentado Edgar Julián Cabrera Estrada; sin embargo, ello no significa que dicho juzgador debió de analizar de oficio la prescripción y, por ende, declarar prescrito el incidente de origen, puesto que, como se expuso, para efectuar el estudio de esa figura es indispensable que se oponga la excepción respectiva y si en la especie no se hizo valer, se insiste, el a quo no podía examinarla, de conformidad con lo establecido en el artículo 602 del Código de Procedimientos Civiles. Que además, debía decirse que si tampoco existe precepto legal alguno que determine que los juzgadores pueden emprender de manera oficiosa el análisis de la prescripción, resulta claro que, como ya se dijo, el natural no podía realizar de oficio su estudio, como indebidamente lo sostiene el apelante, ya que para ello sería necesaria una disposición expresa que se lo permitiera, pues de otra forma el resolutor crearía una defensa no hecha valer por alguna de las partes. Finalmente, si de una lectura de la sentencia interlocutoria apelada, se advierte que el primigenio nunca se pronunció sobre la actualización de los alimentos en favor de Helen Alicia Cabrera Magaña, entonces, es inconcuso que resultan inoperantes las argumentaciones que vierte el inconforme sobre el particular en su segundo y tercer motivo de disenso, merced a que están encaminadas a controvertir una determinación no hecha por el referido juzgador; y es que cuando en los conceptos de agravio se hacen valer consideraciones no abordadas en la resolución impugnada, como acontece en la especie, los mismos deben desestimarse por inoperantes, toda vez que con ellos no se desvirtúa la legalidad de dicho fallo, pues así lo resolvió el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, al pronunciar la Jurisprudencia XVII.1o. J/3, inserta en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XII, Diciembre de 2000, página 1194, registro IUS 190,841. Así, realizada una confrontación entre el anterior motivo en que la Sala responsable sustentó la resolución reclamada y los conceptos de violación expresados en la demanda de amparo, se colige que no fueron combatidos dichos argumentos, por ende, no se cuestionó en su totalidad los argumentos torales de la referida resolución y específicamente el anteriormente resaltado, por tanto los conceptos de violación expresados por la parte quejosa resultan inoperantes por insuficientes. Es así, en razón de que no se externó por el solicitante de amparo argumento alguno tendente a demostrar la ilegalidad de lo resuelto por la Sala responsable en las cuestiones en que sostuvo la resolución de la que se duele la parte quejosa, que lo fue principalmente, en que se debió de analizar de oficio la prescripción y, por ende, declarar prescrito el incidente de origen, puesto que para efectuar el estudio de esa figura era indispensable que se hubiera opuesto la excepción respectiva y si en la especie no se hizo valer, el a quo no podía examinarla, de conformidad con lo establecido en el artículo 602 del Código de Procedimientos Civiles. Así también que nunca el juez de origen no se pronunció sobre la actualización de los alimentos en favor de Helen Alicia Cabrera Magaña, entonces, era inconcuso que resultan inoperantes las argumentaciones que deponía el inconforme ahora quejoso sobre ese aspecto, en particular en su segundo y tercer motivo de disenso, merced a que están encaminadas a controvertir una determinación no hecha por el referido juzgador. En ese contexto, a juicio de quien esto resuelve, los argumentos torales en que la Sala señalada como responsable sostuvo la resolución de la que se duele la parte quejosa permanece intocado por falta de impugnación, lo que conlleva a que los argumentos expresados por el solicitante de amparo resultan igualmente inoperantes por insuficientes. Es aplicable a lo anterior, la tesis aislada sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en el Semanario de la Federación, Octava época, tomo III, segunda parte-1, enero-junio de 1989, página 210, con registro electrónico 228189, que a la letra dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, INSUFICIENCIA DE LOS. Aun cuando en los conceptos de violación se expresen razonamientos tendentes a desvirtuar los fundamentos del fallo, si estos argumentos no combaten propiamente las consideraciones que dan sustento a los puntos resolutivos de la sentencia reclamada, devienen inoperantes, por su insuficiencia para obtener la protección constitucional". Luego, se procede al estudio de los motivos de disenso marcado con el números III. Los artículos 14 y 16 constitucionales, establecen: "Artículo 14. A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho. En los juicios del orden criminal queda prohibido imponer, por simple analogía, y aún por mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata". "Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento". De conformidad con los preceptos legales transcritos, todo acto de autoridad debe estar fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y por lo segundo, que deben señalarse con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para emitir el acto, siendo necesario además, que exista adecuación entre los motivos citados y las normas aplicables es decir, que en el caso concreto se configure la hipótesis normativa que se está resolviendo. Asimismo, debe razonar debidamente las causas que lo llevan a tal conclusión, expresando a manera de silogismo los motivos determinantes, estableciendo comparativamente lo que ordena el precepto legal, la situación concreta en que se encuentra el gobernado y la conclusión; esto es, su resolución en cuanto al caso concreto que se le plantea, permitiendo de esta manera que los gobernados conozcan las causas y valoren si la actuación de la autoridad se encuentra ajustada a derecho y de considerar una afectación, poder impugnarla por los medios legales establecidos. Ahora, de las constancias de autos, a las que les fue otorgado valor probatorio en párrafos precedentes, se desprende que contrario a los argumentos de la quejosa, el Magistrado de la Primera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, al resolver el toca civil I-81/2020, referente al incidente de liquidación de pago de alimentos, planteado en el juicio sumario civil número 453/2004, del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Uruapan, Michoacán, que sobre cumplimiento de convenio de pago de alimentos, promovió Celia Magaña Beltrán, por sí y en cuanto representante de Edgar Julián y Helen Alicia, ambos de apellidos Cabrera Magaña, frente a Edgar Julián Cabrera Estrada, fundó y motivó adecuadamente su determinación. En efecto, la responsable señaló los artículos mediante los cuales fundó su proceder, así también mencionó con base en qué términos lo hacía para darle el sustento legal necesario y emitir la resolución reclamada, explicando los motivos del porque así lo decretaba, aplicando los criterios y razonamientos correspondientes al punto que argumentaba. Es así, ya que la fundamentación y motivación, son indispensables para poder emitir un acto de autoridad, para que con ello, permitan a la responsable tomar esa determinación, apoyándose en el o los preceptos jurídicos que le permitan establecer las hipótesis aplicables, así como en la exposición concreta de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas tomadas en consideración para la emisión del acto, procurando que exista una adecuación entre los argumentos aducidos y las normas aplicables al caso, teniendo además la posibilidad de invocar tesis jurisprudenciales, por medio de las cuales se pudiera apoyar para tomar una determinación conforme a derecho, ya que no debe desvincularse de lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 16 constitucional, que impone a las autoridades la obligación de fundar y motivar todos y cada uno de sus actos; de ahí que resulten infundados sus motivos de disenso. Lo anterior tiene sustento en la jurisprudencia 139/2005 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página ciento sesenta y dos, tomo XXII, de diciembre de dos mil cinco, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, materia común, cuyo rubro y texto rezan: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RESPECTIVAMENTE. Entre las diversas garantías contenidas en el segundo párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sustento de la garantía de audiencia, está la relativa al respeto de las formalidades esenciales del procedimiento, también conocida como de debido proceso legal, la cual se refiere al cumplimiento de las condiciones fundamentales que deben satisfacerse en el procedimiento jurisdiccional que concluye con el dictado de una resolución que dirime las cuestiones debatidas. Esta garantía obliga al juzgador a decidir las controversias sometidas a su conocimiento, considerando todos y cada uno de los argumentos aducidos en la demanda, en su contestación, así como las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, de tal forma que se condene o absuelva al demandado, resolviendo sobre todos los puntos litigiosos materia del debate. Sin embargo, esta determinación del juzgador no debe desvincularse de lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 16 constitucional, que impone a las autoridades la obligación de fundar y motivar debidamente los actos que emitan, esto es, que se expresen las razones de derecho y los motivos de hecho considerados para su dictado, los cuales deberán ser reales, ciertos e investidos de la fuerza legal suficiente para provocar el acto de autoridad. Ahora bien, como a las garantías individuales previstas en la Carta Magna les son aplicables las consideraciones sobre la supremacía constitucional en términos de su artículo 133, es indudable que las resoluciones que emitan deben cumplir con las garantías de debido proceso legal y de legalidad contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así, la fundamentación y motivación de una resolución jurisdiccional se encuentra en el análisis exhaustivo de los puntos que integran la litis, es decir, en el estudio de las acciones y excepciones del debate, apoyándose en el o los preceptos jurídicos que permiten expedirla y que establezcan la hipótesis que genere su emisión, así como en la exposición concreta de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas tomadas en consideración para la emisión del acto, siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables al caso". Así también, cobra aplicación al caso, la jurisprudencia emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, visible en la página cuarenta y nueve, tomo cincuenta y cuatro, junio de mil novecientos noventa y dos, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava época, cuyo rubro y texto dicen: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal, todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresar con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que también deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas". Lo anterior se determina, porque el quejoso expone parte de sus razonamientos encaminados a demostrar la falta de fundamentación y motivación de la resolución reclamada, partiendo de una premisa incorrecta, que es precisamente, que el Magistrado responsable numera diversas tesis jurisprudenciales de épocas pasadas, no vigentes y las cuales se refieren a la materia Civil y no a la materia Familiar. Lo que no acontece, pues del análisis de la resolución reclamada se advierte que el magistrado responsable, señaló lo siguiente: "PRIMERO. Esta Sala Civil, en virtud de su jerarquía, es competente para conocer y resolver el presente recurso, de acuerdo con las facultades especiales que le concede el numeral 27, fracción I de la Ley Orgánica del Poder Judicial Local, en íntima vinculación con el 694 del Código de Procedimientos Civiles vigente con anterioridad a las reformas del veintidós 22 de septiembre de dos mil cuatro 2004, ya que se hizo valer en contra de una determinación pronunciada por un Juez Civil de Primera Instancia del Estado, en un asunto de esa misma naturaleza. SEGUNDO. El disidente en su escrito de fecha quince 15 de enero de la presente anualidad, expuso a su tiempo los agravios que en su concepto le causa la resolución combatida, como se aprecia en las fojas de la 130 a la 138 del toca de apelación que se está resolviendo. Ahora bien, en estos apartados no se transcribe el texto de los puntos de inconformidad, por considerarse innecesario que su copia obre en el cuerpo de esta ejecutoria, pues la materia de la misma, se limita al examen del fallo impugnado, tomando en cuenta la causa substancial de los agravios que fundan el recurso y motivan el estudio emprendido por este tribunal de alzada, siempre que satisfagan los requisitos que exige el normativo 704 del citado Enjuiciamiento Civil, a fin de concluir confirmando, modificando o revocando la recurrida determinación del resolutor, según lo dispone la naturaleza de la apelación en nuestro sistema procesal. TERCERO. Los conceptos de agravio expresados por el licenciado Edgar Julián Cabrera Estrada, por su propio derecho, resultaron infundados por una parte e inoperantes en otra, según se verá a continuación: Es necesario precisar, en principio, que si bien la prescripción de las acciones debe considerarse como una institución de orden público, que constituye una forma de extinción de derechos por el solo transcurso del tiempo, sin embargo, ha de tenerse presente que la misma no puede ser invocada de oficio por los jueces, por tratarse de una excepción propiamente dicha, que precisamente por serlo únicamente puede ser analizada cuando la misma es hecha valer por parte legítima, pues así lo determinó la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al emitir el criterio publicado en el Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, página 1060, registro IUS 339,912, que dice: "CADUCIDAD, ESTUDIO DE OFICIO DE LA "PRESCRIPCION.." Lo anterior viene a cuenta, porque si bien es cierto que en el fallo interlocutorio debatido, el juez del conocimiento adujo que desde el proveído del tres 3 de octubre de dos mil ocho 2008, el acreedor Edgar Julián Cabrera Magaña, no ha gestionado la cuantificación de los alimentos que tiene pendiente de cubrirle el incidentado Edgar Julián Cabrera Estrada (foja 106 del testimonio de apelación en que se actúa); sin embargo, ello no significa que dicho juzgador debió de analizar de oficio la prescripción y, por ende, declarar prescrito el incidente de origen, puesto que, como se expuso, para efectuar el estudio de esa figura es indispensable que se oponga la excepción respectiva y si en la especie no se hizo valer, se insiste, el a quo no podía examinarla, de conformidad con lo establecido en el artículo 602 del Código de Procedimientos Civiles. Sirve de apoyo, además y por analogía, la Tesis divulgada por la mencionada Tercera Sala, consultable en el referido semanario y época, Tomo LXXVI, página 1162, registro IUS 351,049, del tenor literal: "PRESCRIPCION EN MATERIA CIVIL, NO PUEDE "ESTUDIARSE DE OFICIO." Además, debe decirse que si tampoco existe precepto legal alguno que determine que los juzgadores pueden emprender de manera oficiosa el análisis de la prescripción, resulta claro que, como ya se dijo, el natural no podía realizar de oficio su estudio, como indebidamente lo sostiene el apelante, ya que para ello sería necesaria una disposición expresa que se lo permitiera, pues de otra forma el resolutor crearía una defensa no hecha valer por alguna de las partes. Orienta lo predicho, la Tesis de la pluricitada Tercera Sala, localizable en el Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, Tomo LXXIV, página 6713, registro IUS 351,824, del texto siguiente: "PRESCRIPCION, EL JUEZ NO PUEDE TOMARLA EN "CUENTA DE OFICIO." Finalmente, si de una lectura de la sentencia interlocutoria apelada, se advierte que el primigenio nunca se pronunció sobre la actualización de los alimentos en favor de Helen Alicia Cabrera Magaña, entonces, es inconcuso que resultan inoperantes las argumentaciones que vierte el inconforme sobre el particular en su segundo y tercer motivo de disenso, merced a que están encaminadas a controvertir una determinación no hecha por el referido juzgador; y es que cuando en los conceptos de agravio se hacen valer consideraciones no abordadas en la resolución impugnada, como acontece en la especie, los mismos deben desestimarse por inoperantes, toda vez que con ellos no se desvirtúa la legalidad de dicho fallo, pues así lo resolvió el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, al pronunciar la Jurisprudencia XVII.1o. J/3, inserta en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XII, Diciembre de 2000, página 1194, registro IUS 190,841, que reza: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. SON INOPERANTES "CUANDO COMBATEN CONSIDERACIONES NO "EXPRESADAS EN LA SENTENCIA RECLAMADA.." Esto es, que el magistrado responsable, en forma legal precisó que si bien es cierto que en el fallo interlocutorio debatido, el juez del conocimiento adujo que desde el proveído del tres de octubre de dos mil ocho, el acreedor Edgar Julián Cabrera Magaña, no había gestionado la cuantificación de los alimentos que tiene pendiente de cubrirle el incidentado Edgar Julián Cabrera Estrada; sin embargo, ello no significaba que dicho juzgador debió de analizar de oficio la prescripción y, por ende, declarar prescrito el incidente de origen, puesto que, para efectuar el estudio de esa figura era indispensable que se opusiera la excepción respectiva y si en la especie no se hizo valer, el a quo no podía examinarla, de conformidad con lo establecido en el artículo 602 del Código de Procedimientos Civiles. Así también que de la lectura de la sentencia interlocutoria apelada, se advertía que el primigenio nunca se pronunció sobre la actualización de los alimentos en favor de Helen Alicia Cabrera Magaña, entonces, era inconcuso que resultaban inoperantes las argumentaciones que vierte el inconforme sobre el particular en su segundo y tercer motivo de disenso, merced a que están encaminadas a controvertir una determinación no hecha por el referido juzgador. Por tanto, resulta infundado su concepto de violación en el sentido de que la ad quem responsable, resolvió sin fundar ni motivar su determinación, pues como quedó expuesto, la responsable sustentó su determinación con argumentos legales concretos y relativos al establecimiento previo, de la condena de alimentos. Además, debe precisarse que la garantía de legalidad consagrada en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consiste en la obligación de las autoridades de fundar y motivar todo acto de molestia que se dirija a los particulares. Esta garantía se verifica de manera distinta, tratándose de actos administrativos y de resoluciones jurisdiccionales, pues mientras que el primero afecta de manera unilateral los intereses del gobernado, debe cumplir con la formalidad de invocar de manera precisa sus fundamentos. Mientras que la resolución jurisdiccional, presupone el debido proceso legal en que se plantea un conflicto o una litis entre las partes, donde el actor establece sus pretensiones apoyándose en un derecho, y el demandado lo objeta mediante defensas y excepciones, constituyendo la fundamentación de la resolución, el análisis exhaustivo de los puntos que integran la litis, sin que se requiera la formalidad que debe prevalecer en los actos administrativos, toda vez que dentro del citado análisis se dan razonamientos que involucran las disposiciones en que se funda la resolución, aun sin citarlas de forma expresa. Por tanto, las resoluciones jurisdiccionales cumplen con la citada garantía constitucional sin necesidad de invocar de manera expresa los preceptos que las fundan, o tesis en la materia de la resolución, pues estas son criterios para apoyar las determinaciones, como incorrectamente aduce el quejoso, porque cuando de la resolución se advierte con claridad el artículo en que se basa. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 143, tomo XII, agosto de 2000, Novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, número de registro 191358, que dice: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. EL CUMPLIMIENTO A DICHA GARANTÍA TRATÁNDOSE DE RESOLUCIONES JURISDICCIONALES SE VERIFICA SIN QUE SE INVOQUEN DE MANERA EXPRESA SUS FUNDAMENTOS, CUANDO LOS RAZONAMIENTOS DE ÉSTAS CONDUZCAN A LAS NORMAS APLICADAS. La garantía de legalidad consagrada en el artículo 16 de la Constitución Federal consiste en la obligación que tiene la autoridad de fundar y motivar todo acto de molestia que se dirija a los particulares, pero su cumplimiento se verifica de manera distinta tratándose de actos administrativos y de resoluciones jurisdiccionales. Lo anterior es así, porque en el acto administrativo que afecta de manera unilateral los intereses del gobernado, se debe cumplir con la formalidad de invocar de manera precisa los fundamentos del mismo, a efecto de que esté en posibilidad de conocer el sustento jurídico del acto que le afecta, mientras que la resolución jurisdiccional presupone el debido proceso legal en que se plantea un conflicto o una litis entre las partes, en el cual el actor establece sus pretensiones apoyándose en un derecho y el demandado lo objeta mediante defensas y excepciones, constituyendo la fundamentación de la resolución el análisis exhaustivo de los puntos que integran la litis, es decir, el estudio de las acciones y excepciones del debate, sin que se requiera de la formalidad que debe prevalecer en los actos administrativos, toda vez que dentro del citado análisis se dan razonamientos que involucran las disposiciones en que se funda la resolución, aun sin citarlas de forma expresa. En consecuencia, aun cuando por regla general la autoridad emisora de una resolución jurisdiccional está obligada a fundar tal acto citando los preceptos con los que se cumpla esa exigencia, excepcionalmente, si los razonamientos de la resolución conducen a la norma aplicada, la falta de formalidad puede dispensarse, de ahí que las resoluciones jurisdiccionales cumplen con la garantía constitucional de referencia sin necesidad de invocar de manera expresa el o los preceptos que las fundan, cuando de la resolución se advierte con claridad el artículo en que se basa". Ahora, el artículo 573, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Michoacán, dispone: "Artículo 573. Toda sentencia debe ser fundada en ley; mas cuando la controversia judicial no se pueda decidir ni por el texto, ni por el sentido natural o espíritu de la ley, deberá decidirse según los principios generales de derecho, tomando en consideración todas las circunstancias del caso". Del precepto transcrito se desprende el principio de que toda sentencia debe estar fundada en una ley; y que cuando una controversia judicial no se pueda decidir ni por el texto, ni por el sentido natural o espíritu de la ley, deberá decidirse según los principios generales del derecho, tomando en consideración todas las circunstancias del caso. Sin embargo, conforme a los razonamientos expuestos, se advierte que no existe transgresión de este precepto, por parte del magistrado responsable, pues precisó los argumentos legales para sustentar sus conclusiones, los cuales están basados en la ley vigente y aplicable al caso, como fue el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Michoacán, aplicado supletoriamente a la legislación familiar de la entidad. Por tanto, no existe transgresión a los principios de legalidad y seguridad jurídica, al no advertirse un incumplimiento por parte de la Sala responsable, de la obligación constitucional para las autoridades, de que toda resolución que afecte la esfera jurídica del gobernado, deberá brindar certeza y seguridad. Con lo expuesto, y dadas las razones asentadas en la resolución que se combate, por parte de la Sala responsable, se aprecia que la resolución de once de marzo de dos mil veinte, se encuentra debidamente fundada y motivada, pues realizó un análisis congruente y exhaustivo de los agravios hechos valer por el recurrente, los cuales calificó como infundados e inoperantes para confirmar la resolución recurrida. De ahí que se determinen infundados los conceptos de violación aducidos por el quejoso en esta instancia constitucional. Finalmente en un apartado de su libelo constitucional el quejoso aduce que "aprecia que el Magistrado Responsable aplica en mi agravio lo establecido por el numeral 602 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, cuando debió aplicar en mi beneficio lo establecido por los artículos 735 y 745 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, al igual que los numerales 429 y 430 del Código Civil de la entidad; omitiendo por tanto su señoría en un momento dado aplicar en mi beneficio EL CONTROL DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDAD el cual puede ser utilizado por cualesquier tipo de autoridad en sus diferentes ámbitos de competencia, debiendo hacer a un lado dicho numeral 602, y abordar el estudio planteado por el suscrito en mis agravios presentados en contra de la autoridad Ejecutora Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil de esta localidad y del propio Magistrado de la Primera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, con residencia en Morelia". De lo anterior se advierte que el quejoso aduce que las responsables omitieron aplicar en su beneficio "EL CONTROL DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDAD", empero en tratándose de un planteamiento de inconvencionalidad que tiene como propósito fundamental que prevalezcan los derechos humanos contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, frente a las normas ordinarias que los contravengan, la sola afirmación en los conceptos de violación de que las "normas aplicadas en el procedimiento" respectivo son inconstitucionales e inconvencionales, o alguna expresión similar, sin precisar al menos en específico cuál derecho humano está en discusión, como sucede en el caso, lo imposibilita a este Juzgado de Distrito a realizar ese control de constitucionalidad y convencionalidad. Es aplicable la Jurisprudencia número 123/2014, Decima Época, Registro número 2008034, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I, Materia Común, visible en la página 859, que dispone: "CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD. SU EJERCICIO DEBE SATISFACER REQUISITOS MÍNIMOS CUANDO SE PROPONE EN LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. El ejercicio de control de constitucionalidad y convencionalidad tiene como propósito fundamental que prevalezcan los derechos humanos contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, frente a las normas ordinarias que los contravengan; de ahí que la sola afirmación en los conceptos de violación de que las "normas aplicadas en el procedimiento" respectivo son inconvencionales, o alguna expresión similar, sin precisar al menos qué norma en específico y cuál derecho humano está en discusión, imposibilita a los Jueces de Distrito y a los Magistrados de Circuito, según corresponda, a realizar ese control, debido a que incluso en el nuevo modelo de constitucionalidad sobre el estudio de normas generales que contengan derechos humanos, se necesitan requisitos mínimos para su análisis; de otra manera, se obligaría a los órganos jurisdiccionales a realizar el estudio de todas las normas que rigen el procedimiento y dictado de la resolución, confrontándolas con todos los instrumentos internacionales sobre derechos humanos, labor que se tornaría imposible de atender, sin trastocar otros principios como los de exhaustividad y congruencia respecto de los argumentos planteados." En esas condiciones, por los fundamentos y motivos establecidos en este fallo, esta operadora jurídica considera que los conceptos de violación que hizo valer la parte quejosa resultan inoperantes e infundados, sin que proceda suplir la deficiencia de la queja como se precisó con anterioridad; consecuentemente, se deberá NEGAR el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitado por el quejoso Edgar Julián Cabrera Estrada. PRECISIÓN. En el entendido de que los diversos criterios antes reproducidos resultan aplicables al caso en términos de lo establecido en el artículo Sexto Transitorio del Decreto por el cual se expidió la Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, en vigor a partir del día siguiente, el cual dispone: "La jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la presente ley". SEXTO. Versión pública de la sentencia. Suprímase en versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudiera contener la presente sentencia, con fundamento en los artículos 1°, 3, 11, fracción VI, 16, 67, fracción II, inciso c) y 68, este último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la información Pública. SÉPTIMO. Firma Electrónica. Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo General 18/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus SARS-CoV-2 causante de la enfermedad COVID-19, en su artículo 1°, fracción I, en relación con la circular SECNO/7/2020, de la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, en los numerales 3, párrafo primero y 7, se ordena que la firma de este asunto se realice a través de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), al tener ésta el mismo valor que la autógrafa. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo, además, 73, 74, 75, y demás relativos de la Ley de Amparo se, RESUELVE: ÚNICO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a Edgar Julián Cabrera Estrada, contra el acto reclamado a la autoridades responsables precisadas en el considerando segundo, por las razones expuestas en el considerando quinto del presente fallo. NOTIFÍQUESE personalmente a las partes, por cualquier medio electrónico autorizado conforme al Acuerdo General 21/2020, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y mediante oficio a las autoridades responsables.

  4. Incidental

    Vistos, para resolver en definitiva, los autos del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 294/2020, promovido por Edgar Julián Cabrera Estrada; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Edgar Julián Cabrera Estrada, por su propio derecho, solicitó la suspensión definitiva contra el Magistrado de la Primera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, con sede en Morelia y otra autoridad. SEGUNDO. ADMISIÓN. Por acuerdo de veintiocho de agosto de dos mil veinte, se formó por duplicado y separado el presente incidente de suspensión, el cual quedó registrado bajo el número 294/2020; se solicitó a la autoridad responsable su informe y se fijó hora y fecha para la celebración de la audiencia incidental; la cual tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan, tiene competencia legal para conocer y resolver este incidente de suspensión, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 37 y 138 de la Ley de Amparo y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. SEGUNDO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. De la demanda de amparo se advierte que la parte promovente del amparo reclama lo siguiente: "a)- Señalo su señoria BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, que señalo como autoridad ordenadora responsable al Magistrado de la Primera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado con residencia en Morelia, Michoacán. b- y el acto que le reclama a dicha autoridad es la sentencia interlocutoria de fecha 11 once de Marzo del año 2020, dos mil veinte, dictada dentro del toca de apelación número 1-812020, derivado del recurso de apelación hecho valer por el suscrito en contra de la sentencia interlocutoria de fecha 18 dieciocho de diciembre del año 2019, dos mil diecinueve, pronunciada dentro del Incidente de Liquidación de pago de alimentos planteada en el juicio sumario civil número 453/2004, que sobre cumplimiento de convenio de pago de alimentos promovió en mi contra la Celia Magaña Beltrán, en cuanto representante legal de Edgar Julián y Helena Alicia, ambos de apellidos Cabrera Magaña." "Y al Juez Segundo de primera instancia en materia civil de este distrito judicial le reclamo el pretender ejecutar la sentencia interlocutoria pronunciada dentro del Incidente de liquidación de pago de alimentos de fecha 18 dieciocho de diciembre del año 2019, dos mil diecinueve, que promovió Celia Magaña Beltrán en cuanto representante legal de Helen Alicia Cabrera Magaña dentro del Juicio de origen 453/2004, tras haberla confirmado en todos sus puntos por parte de la autoridad que señaló como ordenadora." TERCERO. EFECTOS PARA LOS QUE SOLICITA LA MEDIDA. Se solicita la suspensión de los actos reclamados para el efecto de las cosas permanezcan en el estado en que se encontraban antes de los actos que dieron origen a la presentación de esta demanda. CUARTO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. Es cierto, pues las autoridades responsables, que se precisan a continuación, al rendir su informe de ley aceptaron su existencia. No. AUTORIDAD RESPONSABLE SENTIDO DEL INFORME 1 Encargada del Despacho de la Primera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en Morelia, Michoacán. CIERTO 2 Juez de Primera Instancia en Materia Civil, con sede en esta ciudad. CIERTO QUINTO. NIEGA SUSPENSIÓN DEFINITIVA. Ahora, el acto reclamado sobre el que se solicita la suspensión definitiva, lo constituye la resolución dictada por el Magistrado de la Primera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con residencia en Morelia, Michoacán, el once de marzo de dos mil veinte, dentro del toca I-81/2020, que confirma la diversa interlocutoria de dieciocho de diciembre de dos mil diecinueve, pronunciada dentro del incidente de liquidación de pago de alimentos en el juicio sumario civil número 453/2004, del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia en Materia Civil, de esta ciudad y su ejecución. En principio, debe establecerse que el marco jurídico que condiciona la procedencia de la suspensión del acto reclamado dentro del juicio de amparo, se prevé en los artículos 107, fracción X, de la Constitución General de la República y 128 de la Ley de Amparo, los que son del siguiente tenor literal: "Artículo 107. Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo con las bases siguientes: "X. Los actos reclamados podrán ser objeto de suspensión en los casos y mediante las condiciones y garantías que determine la ley, para lo cual se tomará en cuenta la naturaleza de la violación alegada, la dificultad de reparación de los daños y perjuicios que pueda sufrir el agraviado con su ejecución, los que la suspensión origine a terceros perjudicados y el interés público." "Artículo 128. Con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas las materias salvo las señaladas en el último párrafo de este artículo, siempre que concurran los requisitos siguientes: I. Que la solicite el quejoso; y II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público." Del contenido de los preceptos transcritos, se desprende que para el otorgamiento de tal medida suspensiva, el juzgador de amparo debe atender a los siguientes requisitos: 1) que lo solicite el agraviado; 2) no se siga perjuicio al interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público. Bajo tales premisas y atendiendo a la naturaleza del acto reclamado, conviene efectuar algunas reflexiones sobre lo que debe entenderse por alimentos, su naturaleza jurídica, los elementos que abarca, características y demás aspectos relacionados. La doctrina define el derecho de alimentos como la facultad jurídica que tiene una persona denominada acreedor alimentista para exigir a otra, deudor alimentario, lo necesario para vivir como consecuencia del parentesco consanguíneo, del matrimonio, del divorcio y, en determinados casos, del concubinato. En ese contexto, los alimentos se hacen consistir en proporcionar la asistencia debida para el adecuado sustento de una o varias personas por disposición imperativa de la ley, caracterizándose esta obligatoriedad legal por ser recíproca; esto es, que dicho derecho de alimentación proviene de la ley y no de causas contractuales. Lo anterior tiene como base que el legislador ordinario reconoce que la obligación legal de proporcionar los alimentos se funda en el vínculo de solidaridad que enlaza a todos los miembros de una familia y en la comunión de intereses, pues su causa obedece a que las personas pertenecientes de un mismo grupo se deben recíproca asistencia. Esto es así, dado que la obligación alimenticia proviene o tiene su origen en un deber ético, el cual con posterioridad fue acogido por el derecho y se eleva a la categoría de una obligación jurídica provista de sanción, la cual, como ya quedó anotado, tiene como propósito fundamental proporcionar al familiar lo suficiente y necesario para su manutención o subsistencia; debiendo entenderse este deber en su connotación más amplia, esto es, el de asegurar al deudor alimentista los medios de vida suficientes cuando éste carezca de la forma de obtenerlos y se encuentre en la imposibilidad real de procurárselos. El legislador ordinario reguló los alimentos de una persona como un derecho protegido, incluso en contra de la voluntad del propio titular y le otorgó las características de ser personalísimo, irrenunciable, imprescriptible e intransferible. Ante tales circunstancias, por lo que hace a la resolución dictada dentro del toca de apelación I-81/2020, donde el Magistrado de la Primera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con residencia en Morelia, Michoacán, el once de marzo de dos mil veinte, que confirma la diversa de dieciocho de diciembre de dos mil diecinueve, pronunciada dentro del incidente de liquidación de pago de alimentos en el juicio sumario civil número 453/2004, del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia en Materia Civil, de esta ciudad, procede negar la suspensión definitiva solicitada, ya que a dicho acto le reviste el carácter de consumado y contra actos de esta naturaleza no es procedente conceder la medida cautelar, tomando como punto de partida el hecho de que la consumación de un acto se surte cuando éste ha sido real y materialmente ejecutado por la autoridad a la que se le atribuye, pues de concederse tal medida, se le estarían dando efectos restitutorios, los que son propios de la sentencia definitiva que llegare a dictarse en el juicio principal; en virtud de que la naturaleza del amparo es esencialmente restitutoria y, su efecto en el supuesto de concederse la protección de la Justicia Federal, sería el de reponer a la parte quejosa en el goce de su garantía violada, por lo que es evidente que no se pueden volver las cosas al estado en que se encontraban, porque ello es materia del fondo de la sentencia definitiva que se emita en el juicio principal. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia número II.3º. J/37, aprobada por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicada en la página 51 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, tomo 60, Diciembre de 1992, Octava Época, Materia Común, que establece: "ACTOS CONSUMADOS. SUSPENSIÓN IMPROCEDENTE." Es improcedente conceder la suspensión de los actos reclamados si éstos tienen el carácter de consumados, pues de hacerlo equivaldría a darle efectos restitutorios que son propios de la sentencia definitiva que se pronuncie en el juicio de amparo respectivo." Ahora, por lo que hace a las consecuencias jurídicas derivadas de dicha determinación, de igual manera se niega al promovente del amparo la suspensión definitiva que solicita, pues de lo contrario, implicaría la suspensión del pago de obligaciones alimenticias, el cual es de orden público, en virtud de estar por encima de los intereses de un particular; se sostiene la premisa que antecede, ya que interesa a la sociedad colectivamente que el procedimiento continúe, por ende, se puede afectar el derecho a la jurisdicción pronta y expedita, tal y como lo establece nuestra carta magna. Sustenta la anterior determinación, la jurisprudencia por contradicción número 522, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 343 del Apéndice de 1995, tomo VI, parte SCJN, Séptima Época, Materia Común, que dispone: "SUSPENSION DEL ACTO RECLAMADO, CONCEPTO DE ORDEN PUBLICO PARA LOS EFECTOS DE LA. De los tres requisitos que el artículo 124 de la Ley de Amparo establece para que proceda conceder la suspensión definitiva del acto reclamado, descuella el que se consigna en segundo término y que consiste en que con ella no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. Ahora bien, no se ha establecido un criterio que defina, concluyentemente, lo que debe entenderse por interés social y por disposiciones de orden público, cuestión respecto de la cual la tesis número 131 que aparece en la página 238 del Apéndice 1917-1965 (Jurisprudencia Común al Pleno y a las Salas), sostiene que si bien la estimación del orden público en principio corresponde al legislador al dictar una ley, no es ajeno a la función de los juzgadores apreciar su existencia en los casos concretos que se les sometan para su fallo; sin embargo, el examen de la ejemplificación que contiene el precepto aludido para indicar cuándo, entre otros casos, se sigue ese perjuicio o se realizan esas contravenciones, así como de los que a su vez señala esta Suprema Corte en su jurisprudencia, revela que se puede razonablemente colegir, en términos generales, que se producen esas situaciones cuando con la suspensión se priva a la colectividad de un beneficio que le otorgan las leyes o se le infiere un daño que de otra manera no resentiría." Puesto que el interés social está vinculado con la administración de las pensiones alimenticias, porque responden a una necesidad imperiosa e inaplazable, que tiende a la satisfacción urgente y actual de la subsistencia, y que expondría a las personas que tienen ese derecho a demoras que causarían daños y perjuicios de difícil reparación, de concederse la suspensión del acto reclamado, dado que en la obligación alimentaria derivada de la ley, deben imperar los principios de equidad y justicia. Además, se puntualiza que la institución de alimentos no fue creada por el legislador para enriquecer al acreedor o para darle una vida holgada y dedicada al ocio, sino simplemente para que pueda vivir con decoro y pueda atender a sus necesidades primordiales. De ahí que, al contravenir el orden público el acto en estudio, como se anticipó, procede negar la suspensión definitiva solicitada. Al respecto, cobra aplicación la tesis de jurisprudencia sustentada por la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a foja 26, tomo IV, Parte SCJN, Apéndice de 1995, que establece: "ALIMENTOS, IMPROCEDENCIA DE LA SUSPENSIÓN CONTRA EL PAGO DE. Es improcedente conceder la suspensión contra el pago de alimentos porque, de concederse, se impediría al acreedor alimentario recibir la protección necesaria para su subsistencia, en contravención de las disposiciones legales de orden público que la han establecido y se afectaría el interés social; de donde resulta que se surte el requisito negativo exigido por la fracción II del artículo 124 de la Ley de Amparo para negarla." Asimismo, se invoca la tesis I.5OC.71 C, aprobada por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la página 1052 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Enero de 1998, Novena Época, Materia Civil, que dispone: "ALIMENTOS. IMPROCEDENCIA DE LA SUSPENSIÓN CONTRA EL AUMENTO DE LA PENSIÓN. En virtud de que al decretarse el aumento de la pensión alimenticia que reclama la recurrente, se tuvo en cuenta que la pensión concedida a la acreedora era insuficiente, resulta inconcuso que de concederse la suspensión al aumento decretado, se causarían perjuicios irreparables a dicha acreedora, por su incapacidad para cubrir sus necesidades con la primera pensión que se le fijó, independientemente de que se controvertirían disposiciones de orden público que establecen el pago de alimentos suficientes para sufragar las necesidades de los acreedores, y se afectaría el interés social, de conformidad con lo dispuesto en la fracción II del artículo 124 de la Ley de Amparo, por lo que no procede la suspensión." Sin que a la quejosa le favorezca la apariencia del buen derecho y peligro en la demora respecto del acto reclamado, toda vez que no pueden estar por encima sus intereses personales a los que tiene la sociedad, en relación con el pago de alimentos que a todo gobernado le interesa se realicen, toda vez que se impediría al acreedor alimentario recibir la protección necesaria para su subsistencia, en contravención de lo dispuesto en la fracción II del artículo 128 de la Ley de Amparo. Apoya lo anterior, la tesis siguiente: Tesis: Semanario Judicial de la Federación Octava Época 215245 1 de 1 Tribunales Colegiados de Circuito Tomo XII, Agosto de 1993 Pág. 331 Tesis Aislada (Civil) "ALIMENTOS. NEGATIVA DE LA SUSPENSION TRATANDOSE DE. De la lectura de las jurisprudencias cuyos rubros versan: "ALIMENTOS IMPROCEDENCIA DE LA SUSPENSION CONTRA EL PAGO DE" Y "ALIMENTOS. PROCEDENCIA DE LA SUSPENSION TRATANDOSE DE PENSIONES CAIDAS", consultables en las páginas 236, 237 y 261, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, segunda parte, salas y tesis comunes; se advierte que, si los actos reclamados cuya suspensión se solicita se refiere al pago de alimentos decretados por resolución judicial de manera provisional, y al cual el inconforme ha sido omiso en cumplir voluntariamente, la suspensión solicitada, resulta improcedente de conformidad con la primera de las tesis citadas, la que resulta aplicable por tratar esta lo relativo a pensiones alimenticias actuales que los acreedores no han recibido, en contravención a disposiciones de orden público; y no la segunda de las tesis mencionadas, porque esta se refiere a pensiones caídas, es decir, los alimentos que el acreedor alimentario dejó de recibir durante el tiempo anterior a la presentación de la demanda respectiva." Consecuentemente, por lo expuesto con anterioridad y con fundamento en el artículo 128, fracción II de la Ley de Amparo, no se justifica que se conceda a favor de la parte quejosa la medida cautelar en la forma solicitada, pues como se dijo, la suspensión de los actos reclamados procede concederla siempre y cuando con ella no se afecte el interés social y el orden público, y en el caso, hasta el momento no se justifica tal requisito. Por lo expuesto y fundado; y con apoyo además en los artículos 128, 138, 139, 140 y relativos de la Ley de Amparo se: RESUELVE: ÚNICO. Se NIEGA a Edgar Julián Cabrera Estrada, la suspensión definitiva por los motivos expuestos en el considerando quinto de la presente interlocutoria. NOTIFÍQUESE.

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