Édgar Juárez Vázquez

Expediente 459/2015 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 17 actuaciones registradas, la última del 27 de julio de 2015.

Datos del expediente

Expediente
459/2015
Año
2015
Actuaciones
17
Última actuación
27/07/2015

Partes del expediente

  • Édgar Juárez Vázquez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 17.

  1. Principal

    Agréguese en autos el oficio signado por la Secretaria encargada del despacho, adscrita al Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guanajuato, con sede en Irapuato, mediante el cual acusa recibo del diverso de catorce de julio de dos mil quince, del original y duplicado del incidente de suspensión, así como de dos tomos de prueba que se le remitieron; de igual manera informa que se avocó al conocimiento del asunto; el Juez queda enterado de su contenido; por tanto, archívese el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido; el que al no satisfacer las condiciones establecidas en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se considera que no es de relevancia documental. De conformidad con lo previsto en el punto vigésimo, fracción I del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena la destrucción del presente cuaderno de antecedentes en el plazo a que alude dicho acuerdo.

  2. Principal

    POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL INCISO C), FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE CATORCE DE JULIO DE DOS MIL QUINCE, A LA PARTE QUEJOSA Y TERCERA INTERESADA: Visto el estado de autos, se advierte que el suscrito juzgador es legalmente incompetente para seguir conociendo de la demanda presentada por Edgar Juárez Vázquez, ello, atendiendo a las siguientes consideraciones. El artículo 37 de la Ley de Amparo establece las reglas competenciales en razón de territorio, en concordancia con la ejecución que pueda o no tener el acto reclamado. El dispositivo en mención dispone: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse se esté ejecutando o se haya ejecutado.- Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda.- Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Dicho dispositivo establece tres reglas para fijar la comparecencia de los Jueces de Distrito, en los asuntos cuyo conocimiento les corresponde: Será competente el Juez de Distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o haya ejecutado el acto reclamado; Cuando el acto reclamado haya comenzado a ejecutarse en un distrito distinto y siga ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los Jueces de esas jurisdicciones, a prevención; y, Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Lo que distingue las dos primeras reglas de competencia de la tercera, es que en esta última el acto o resolución reclamado no requiere ejecución material, mientras que la operancia de las otras exige esta ejecución; y lo que distingue a las reglas competenciales que requieren que el acto reclamado tenga ejecución material, no lo es el que el acto ya se haya ejecutado, tratado de ejecutar, se esté ejecutando o deba ejecutarse, sino el que ello ocurra en la jurisdicción de uno o varios jueces de Distrito. Ahora bien, para proveer lo relativo a la incompetencia que se plantea, cabe destacar los siguientes antecedentes: Mediante escrito presentado el veintidós de mayo de dos mil quince, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado con sede en esta ciudad, Edgar Juárez Vázquez, por propio derecho, promovió demanda de amparo en contra actos del Juez Cuarto Penal de Partido de esta ciudad, de quien reclamó la resolución de once de mayo de dos mil quince, por la cual resolvió el incidente de desvanecimiento de datos, dentro del proceso penal 8/2015 de su índice; Por razón de turno le correspondió conocer de la demanda a este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado, la que mediante acuerdo de dos de junio de dos mil quince, previa prevención, se admitió a trámite y se requirió a las autoridades responsables sus informes justificados; Mediante oficio 1352 (foja 33), que obra en autos en copia certificada, la Jueza Cuarta Penal de Partido de esta ciudad, manifestó su imposibilidad para rendir el informe justificado que le fue requerido, toda vez que había declinado la competencia para seguir conociendo de la causa penal 8/2015 de su estadística, seguida en contra del quejoso, a favor del Juez Segundo Penal de Partido de Valle de Santiago, Guanajuato, debido a que Edgar Juárez Vázquez, fue trasladado al Centro Estatal de Prevención Social de dicha localidad. Mediante oficio 1455 (foja 50), la Jueza Cuarto Penal de Partido de esta ciudad, remitió el diverso 1458 de diecisiete de junio de dos mil quince, por medio del cual la Jueza Segunda Penal de Partido de Valle de Santiago, Guanajuato, le informó que en esa fecha admitió la competencia planteada y se avocó al conocimiento de la causa penal 08/2015, instruido en contra del quejoso. En ese orden, si el artículo 37 de la Ley de Amparo, prevé que el Juez competente para conocer de un amparo será el del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; de ahí que al permanecer el procesado a disposición de la Jueza Segunda Penal de Partido de Valle de Santiago, Guanajuato, la ejecución material del fallo reclamado será en el lugar de residencia de éste y, consecuentemente, la competencia para conocer del amparo promovido contra la resolución reclamada, se surte a favor del juez de distrito en cuya jurisdicción resida el juzgado que conoce del proceso penal, en la especie, en Valle de Santiago, Guanajuato. De lo anterior, este juzgador advierte que carece de legal competencia por razón de territorio para seguir conociendo del asunto, acorde a lo establecido en el precepto legal transcrito; por tanto, se estima que la competencia para conocer del presente asunto, corresponde al Juez de Distrito en turno en la ciudad de Irapuato, Guanajuato, de conformidad con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y Límites territoriales en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, al ser el que tiene competencia territorial para ejercer válidamente su jurisdicción en aquélla ciudad. No pasa inadvertido que el acto que aquí se reclama lo constituye la resolución que dirimió el incidente de libertad por desvanecimiento de datos; sin embargo, el criterio trascrito se considera aplicable al caso puesto que al igual que el auto de formal prisión, la citada resolución requiere ejecución material toda vez que sus efectos se encuentran en que el procesado permanezca privado de su libertad. Cabe señalar que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Primera Sala de ese Alto Tribunal, han considerado que la libertad personal de los individuos no sólo se afecta a través de actos de autoridad que tengan como consecuencia material privar al gobernado de la libertad personal que en ese momento disfrute, sino que tal afectación también surge a la vida jurídica con actos que determinen, de alguna manera, la permanencia del gobernado en su situación actual de privación de libertad personal o modifiquen las condiciones en que tal privación deba ejecutarse. En ese sentido, debe señalarse que el derecho que a la libertad personal tiene el hombre, le es propio, viene de su naturaleza, y la ley no se lo concede, sino que se lo reconoce y al momento de ser privado de ella por motivos que la propia ley determina, nace el derecho de estar libre mediante ciertos requisitos; por lo que el incidente de libertad por desvanecimiento de datos que el legislador establece, con la finalidad de extinguir el proceso, no por sentencia definitiva, sino cuando durante el curso de la instrucción desaparecieran los fundamentos de derecho constitucional y sustantivo penal justificantes de su tramitación, tales como el cuerpo del delito y la probable responsabilidad del inculpado, contiene un presupuesto obvio y elemental que radica en que el procesado se encuentre en posibilidad de demostrar que las pruebas que sirvieron para fundar y motivar el auto de formal prisión, ya se desvanecieron o perdieron su valor demostrativo en tales efectos, ello con el objeto de recuperar su libertad personal antes del dictado de una sentencia definitiva. Por tanto, la resolución que declara infundado un incidente de libertad por desvanecimiento de datos, aun cuando es distinta del auto de formal prisión, puede considerarse como un agregado del mismo; en estas condiciones, resulta claro que a partir de que aquélla se dicta, la libertad personal del indiciado se encontrará restringida no sólo en virtud del auto de bien preso, sino por la determinación de que se trata. Luego, la resolución dictada en un incidente de libertad por desvanecimiento de datos constituye un acto que afecta la libertad personal del individuo, pues aun cuando es cierto que la privación de libertad del reo es consecuencia del auto de formal prisión que se dictó en su contra en el proceso penal que se le instruye, no menos cierto es que continuará privado de su libertad como consecuencia positiva del resultado de esa determinación. Sin que resulte relevante el lugar en que se encuentre recluido el quejoso, pues debido a la naturaleza del acto reclamado sus efectos se trasladan directamente al proceso, y es ahí donde tiene su principal impacto y repercusión. Bajo ese contexto, este Juzgado de Distrito declara de plano su legal incompetencia, por lo que se declina la competencia al Juez de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en Irapuato en turno, para los efectos del numeral 37 de la Ley de la materia. En virtud a ello, con fundamento en el artículo 47 de la legislación en consulta, ordena: Remitir a la autoridad aludida el expediente original 459/2015-IV, así como dos tomos de prueba y los cuadernos incidentales derivados del presente juicio, para lo que a bien tenga ordenar. Solicitarle informe si acepta o no la competencia planteada; y, Formar el cuaderno de antecedentes respectivo. En virtud a lo anterior, se deja sin efectos el señalamiento de la hora y fecha fijadas para la celebración de la audiencia constitucional.

  3. Principal

    Agréguese en autos el oficio signado por el Juez Segundo Penal de Partido de Valle de Santiago, Guanajuato; en atención a su contenido, téngasele ofertando como prueba de su intención la documental que acompaña, la que de conformidad con el numeral 119 de la ley de la materia, se admite y se tiene por desahogada, dada su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de hacer relación de ella al celebrarse la audiencia constitucional. Sin que haya lugar a tenerlo rindiendo informe justificado como refiere, toda vez que el seis de los actuales se le tuvo por recibido. Asimismo, téngasele remitiendo la constancia que acredita el emplazamiento al Agente del Ministerio Público de su adscripción, en su calidad de tercero interesado en el presente juicio. Dado lo voluminoso de las constancias recibidas y para un mejor manejo del expediente se ordena formar dos tomos de prueba.

  4. Principal

    Agréguese en autos el oficio que remite el Secretario del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato, residente en esta ciudad, por medio del cual, anexa el escrito signado por el quejoso Edgar Juárez Vázquez, dirigido a este Juzgado Sexto de Distrito. En virtud a lo anterior, visto el escrito signado por el quejoso Edgar Juárez Vázquez; con fundamento en el numeral 124 de la ley de la materia se tienen por reproducidas las manifestaciones que en vía de alegatos formula, las cuales podrán ser tomadas en cuenta al momento de resolver el presente juicio. Por otra parte, visto el oficio signado por la Jueza Segunda Penal de Partido de Valle de Santiago, Guanajuato, mediante el cual rinde su informe justificado, de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo. Dese vista a las partes, sin perjuicio de hacer nueva relación al celebrarse la audiencia constitucional. Por lo que hace a las constancias de la causa penal 16/2015 de su estadística, que menciona, una vez que sean exhibidas, se acordara lo conducente; de igual manera, estese en espera de las constancias relativas al emplazamiento del Agente del Ministerio Público de su adscripción.

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