Edgar Josue Salazar Moreno

Expediente 852/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 12 actuaciones registradas, la última del 27 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
852/2019
Año
2019
Actuaciones
12
Última actuación
27/12/2019

Partes del expediente

  • Edgar Josue Salazar Moreno

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; veintisiete de diciembre de dos mil diecinueve. Vista la certificación de cuenta se advierte que transcurrió el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hayan recurrido el proveído que sobreseyó fuera de audiencia el juicio en que se actúa; por tanto, con fundamento en el artículo 81 fracción I inciso d) de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la legislación de la materia, por mandato expreso de su artículo 2, se declara que el citado proveído ha causado estado. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y agréguese el cuadernillo original del incidente de suspensión. Ya que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia. Luego, atento a la cuenta secretarial, se califica el juicio de amparo como susceptible de destrucción según lo dispuesto por la fracción II del numeral vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Luego de transcurridos seis meses destrúyase el duplicado del incidente, de conformidad con la fracción III del punto vigésimo del invocado Acuerdo General 1/2009, para lo cual manténgase ligado. En cuanto al incidente de suspensión original, de conformidad con el segundo párrafo de la fracción III, del invocado punto vigésimo primero del Acuerdo General en mención, el mismo es susceptible de depuración, por lo que deberán conservarse todas las resoluciones relativas a su otorgamiento. Entonces, una vez que transcurran tres años transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tal como lo dispone el numeral décimo octavo del Acuerdo General en comento. En atención a la certificación, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Además las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Además, el presente juicio de amparo constituye archivo reciente, carece de relevancia documental, no tiene valor jurídico y no obran documentos originales, en términos de los artículos noveno, décimo y décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 antes citado. Notifíquese. Lo proveyó y firma el licenciado ********, Secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, en funciones de Juez de Distrito, autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de cinco de diciembre de dos mil diecinueve, y con apoyo de los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada ***********. Doy fe.

  2. Incidental

    Interlocutoria Ciudad Juárez, Chihuahua; tres de diciembre de dos mil diecinueve. Vistos para resolver los autos del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 852/2019-I-1, y; R e s u l t a n d o: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito recibido el veinticinco de noviembre del presente año, *******, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra actos de la Juez *******, Fiscal de Distrito Zona Norte, Director del Centro de Reinserción Social Estatal Número Tres y Jefe del Departamento de Ejecución de Sentencias y Medidas Judiciales Zona Norte de la fiscalía Especializada en Ejecución de Penas y Medidas Judiciales, de quienes reclamó la suspensión de la prisión preventiva impuesta al directamente agraviado como medida cautelar. SEGUNDO. Tramitación del incidente. Mediante auto de veintiséis de noviembre de dos mil diecinueve, se ordenó tramitar el incidente de suspensión, se solicitaron los informes previos a las autoridades y se señaló día y hora para celebrar la audiencia incidental, la que se llevó a cabo conforme al acta que antecede. C o n s i d e r a n d o: PRIMERO. Competencia. Este juzgado es competente para conocer y resolver el presente incidente de suspensión, en términos de los numerales 48 en relación con el 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 33, fracción IV, 125 y 128 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Inexistencia de los actos reclamados. La agente del Ministerio Público adscrita a Coordinación Regional en ausencia de la autoridad responsable Fiscal de Distrito Zona Norte (foja 19) y el Director de Ejecución de Penas y Medidas Judiciales, en sus denominaciones correctas, al rendir su informe previo, negaron la existencia de los actos que se le atribuyen, consistentes en la la suspensión de la prisión preventiva impuesta al directamente agraviado como medida cautelar, por lo que con fundamento en el artículo 146 de la Ley de Amparo, se niega la suspensión definitiva que solicitó el quejoso respecto de tales autoridades. Sirve de apoyo a lo antes considerado, la tesis de Jurisprudencia 286, sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 237, del Tomo VI, Materia Común, último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, que textualmente dice: INFORME PREVIO.- Debe tenerse como cierto si no existen pruebas contra lo que en él se afirma, y, consecuentemente, negarse la suspensión si se negó la existencia del acto reclamado, a no ser que en la audiencia se rindan pruebas en contrario. TERCERO. Certeza de los actos reclamados. La Juez de Tribunal de Enjuiciamiento del distrito judicial Bravos, en su denominación correcta, con residencia en esta ciudad, al rendir su informe previo aceptó la existencia del acto reclamado por el quejoso, toda vez que el ocho de noviembre de dos mil diecinueve, en audiencia, se ordenó suspender el cómputo de la medida cautelar consistente en la prisión preventiva hasta en tanto se dicte sentencia en el juicio oral ******* seguido en contra del quejoso. La autoridad responsable Director del Centro de Reinserción Social Estatal número Tres, con residencia en esta ciudad, fue omisa en rendir su informe previo, a pesar de que le fue oportunamente requerido, como se desprende de la constancia agregada en autos (foja 17). Por lo tanto, de conformidad con el primer párrafo del artículo 142 de la Ley de Amparo, se presumen ciertos los actos que le fueron reclamados por la parte quejosa. CUARTO. Suspensión sin materia. La autoridad responsable Juez de Tribunal de Enjuiciamiento del distrito judicial Bravos, en su denominación correcta, con residencia en esta ciudad, informó que el ocho de noviembre de dos mil diecinueve, en audiencia previo debate, se ordenó suspender el cómputo de la medida cautelar consistente en la prisión preventiva hasta en tanto se dictara sentencia en el juicio oral ******* seguido en contra del quejoso. Además, con esta data se recibió el oficio y anexos de la Juez de Tribunal de Enjuiciamiento del distrito judicial Bravos, mediante el cual informa que el dos de diciembre de dos mil diecinueve, dictó sentencia condenatoria al aquí quejoso Edgar José Salazar Moreno, sancionándolo con pena de prisión de diez años y al pago de la reparación del daño. El artículo 20 apartado B, fracción IX de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece: -.- 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. -.- B. De los derechos de toda persona imputada: -.- IX. En ningún caso podrá prolongarse la prisión o detención, por falta de pago de honorarios de defensores o por cualquiera otra prestación de dinero, por causa de responsabilidad civil o algún otro motivo análogo. La prisión preventiva no podrá exceder del tiempo que como máximo de pena fije la ley al delito que motivare el proceso y en ningún caso será superior a dos años, salvo que su prolongación se deba al ejercicio del derecho de defensa del imputado. Si cumplido este término no se ha pronunciado sentencia, el imputado será puesto en libertad de inmediato mientras se sigue el proceso, sin que ello obste para imponer otras medidas cautelares. En toda pena de prisión que imponga una sentencia, se computará el tiempo de la detención. -.- Del numeral en cita se infiere que la prisión preventiva es sustituida procesalmente por el dictado de la sentencia que se dicte al imputado, ello porque si esta es condenatoria, entonces, será con motivo de la sentencia que continúe privado de la libertad. En esa medida, ya no hay objeto sobre el cual decretar la suspensión definitiva respecto de la determinación dictada el ocho de noviembre de dos mil diecinueve, en que se suspendió la prisión preventiva impuesta al directamente agraviado como medida cautelar, dado que la misma dejó de tener vida jurídica por ser sustituida por la condena dictada en contra del quejoso por la que se le sancionó con una pena de prisión de diez años. En mérito de lo expuesto es que se deja sin materia la suspensión porque no se puede hacer pronunciamiento sobre el objeto de la prisión preventiva que ha sido sustituida por la pena de prisión dictada en sentencia. Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se declara sin materia este incidente de suspensión, derivado del juicio de amparo promovido por *******, respecto de los actos y autoridades precisados en los considerandos segundo y tercero de esta resolución. Notifíquese. Lo resolvió y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.

  3. Principal

    VISTA LA RAZON DEL ACTUARIO SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO Y SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEIDO DE FECHA TRES DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, EL CUAL A LA LETRA DICE:Ciudad Juárez, Chihuahua, tres de diciembre de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos para que conste como corresponda, el informe justificado signado por la Jueza de Tribunal de Enjuiciamiento del distrito judicial Bravos, en su denominación correcta, residente en esta ciudad; tal como dispone el artículo 117 de la Ley de Amparo, con el contenido del informe en mención y de las constancias que anexa, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés jurídico convenga. Asimismo, se ordena dar vista a las partes con el disco compacto remitido por la autoridad de referencia, a fin de que si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga. Sustenta lo anterior la jurisprudencia 1a./J. 43/2013 (10a.) con número de registro 2004362, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo I, Décima Época que establece: VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga. Asimismo, se le tiene remitiendo las constancias de emplazamiento realizadas a los terceros interesados agentes del Ministerio Público licenciadas ******* y *******, así como a ******* representante legal de la menor de iniciales ******* y al Asesor Jurídico *******. Visto el informe de cuenta la Jueza de Tribunal de Enjuiciamiento del distrito judicial Bravos, con residencia en esta ciudad, indica que en los autos del juicio oral ******* dictó sentencia condenatoria al aquí quejoso *******, sancionándolo con pena de prisión de diez años y al pago de la reparación del daño, por lo que, se advierte de manera manifiesta e indudable, que en el caso, han cesado los efectos del acto reclamado, como a continuación se pone de relieve. Así, el que suscribe resuelve: RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda. El veintidós de noviembre de dos mil diecinueve, en la oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con sede en esta ciudad se recibió la demanda que dio origen al juicio, la que fue turnada a este Juzgado de Distrito el veinticinco de noviembre de esta anualidad. En el escrito inicial la parte quejosa *******, promovió juicio de amparo contra el Juez *******, Fiscal de Distrito Zona Norte, Director del Centro de Reinserción Social Estatal Número Tres y Jefe del Departamento de Ejecución de Sentencias y Medidas Judiciales Zona Norte de la fiscalía Especializada en Ejecución de Penas y Medidas Judiciales, de quienes reclamó la determinación dictada el ocho de noviembre de dos mil diecinueve, en que se suspendió la prisión preventiva impuesta al directamente agraviado como medida cautelar, dentro de los autos del juicio oral *******. SEGUNDO. Derechos constitucionales reclamados. La parte quejosa señaló como derechos vulnerados los contenidos en el artículo 1°, 14, 16 y 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Trámite al escrito inicial. Mediante auto de veintiséis de noviembre de dos mil diecinueve, se ordenó formar expediente y registrar el asunto como juicio indirecto 852/2019-I-1; se admitió a trámite la demanda, se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado; a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita se le dio la intervención legal que le compete; y se fijó fecha para la celebración de la audiencia constitucional. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en la ciudad de Juárez, es competente por razón de materia, grado y territorio, para conocer y fallar el presente juicio de amparo, en virtud de que es un asunto en materia penal en el que se reclaman actos de autoridades que tienen su domicilio dentro del territorio donde ejerce jurisdicción este juzgado. Tal competencia tiene su fundamento en lo dispuesto por los artículos 94, 103, fracción I y 107, fracción I y VII, de la Constitución Federal, 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; 1, fracción V, 48, 144 y 145 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 y los diversos que lo reforman, modifican y adicionan, todos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Causa de improcedencia. Es pertinente señalar que la improcedencia del amparo es una institución por virtud de la cual existe un impedimento para establecer si el acto reclamado por el quejoso es constitucional o no. Es decir, la improcedencia va a motivar que el juzgador federal no dirima la controversia constitucional ante él planteada, por exigirlo así alguna de las causas que conforman a la misma institución, ya que ésta se encuentra constituida por una serie de hipótesis normativas debidamente descritas por la Constitución, la Ley de Amparo y la jurisprudencia emitida por nuestro Más Alto Tribunal, la que se analiza en forma profunda de acuerdo con el texto del último párrafo del artículo 73 de la ley en cita. Consecuentemente, este órgano jurisdiccional federal, previo abordar el estudio del fondo de la constitucionalidad del acto reclamado, se inclina, por ser una cuestión de orden público, a profundizar sobre la causa de improcedencia que se estima actualizada. Es aplicable la jurisprudencia 158, emitida por el Pleno del Máximo Tribunal del País visible en las página 262, parte VIII, Quinta Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, de mil novecientos ochenta y cinco, registro 395571, que establece: IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías. En el particular, el que suscribe estima que se actualiza de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia contenida en el normativo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. Tal numeral y fracción establecen: 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; Para explicar el contexto de la actualización de la aludida causa de improcedencia, conviene citar el contenido de la tesis 2a. XLVIII/98, aprobada por la Segunda Sala del Alto Tribunal, que aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo VII, de abril de 1998, materia común, página 241, con registro 196442, del siguiente tenor: CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO E INSUBSISTENCIA DE SU OBJETO O MATERIA. LA DISTINCIÓN ENTRE ESTAS CAUSAS DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO RADICA EN QUE LA PRIMERA REQUIERE DE LA INTERVENCIÓN DE LA AUTORIDAD. Es factible distinguir la causa de improcedencia del juicio de garantías prevista en la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo, consistente en la cesación de los efectos del acto reclamado, de la establecida en la fracción XVII del mismo dispositivo legal, que entraña la insubsistencia del objeto o la materia del acto reclamado. La distinción radica en que la primera requiere de la actividad o participación de la autoridad, que es la única que puede hacer cesar los efectos de un acto autoritario, mientras que la actualización de la segunda, aunque parte de la subsistencia del acto reclamado, necesita que se presente la imposibilidad de que sus efectos se realicen o continúen realizando por haber dejado de existir totalmente el objeto o la materia del acto, lo cual puede suceder por causas ajenas a la voluntad de la autoridad. Con el propósito de fijar el alcance de la citada causa de improcedencia conviene tener presente que, por regla general, la emisión de un determinado acto de autoridad conlleva el reconocimiento o el establecimiento de una nueva situación jurídica, la cual se distingue por llevar aparejada determinados efectos materiales y jurídicos que deben concretarse, en alguna medida, en la esfera jurídica del gobernado y que lo legitiman para acudir al juicio de amparo con el fin de obtener una sentencia que declare la invalidez del acto relativo, por estimarlo violatorio de los derechos humanos reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En tal virtud, derivado de que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa, cuyo objeto es reparar la violación a esos derechos que un determinado acto de Autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que acuda a él, con el fin de restituirlo en el goce pleno de las prerrogativas que le hayan sido violadas, tanto el legislador ordinario ha establecido, como la jurisprudencia de los tribunales del Poder Judicial de la Federación han interpretado, diversos requisitos de procedencia del juicio que condicionan ésta a la circunstancia de que el fallo protector que, en su caso, llegue a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del que obtenga la protección constitucional. Del precepto legal, se infiere que el juicio de amparo se torna improcedente cuando el acto reclamado deja de incidir en la esfera jurídica del peticionario de garantías, de modo que ya no puede producir efecto alguno. Debe precisarse que tal hipótesis puede actualizarse por dos circunstancias: 1. Porque el acto reclamado sea sustituido procesalmente por otro. 2. Porque la responsable determinó revocarlo, anulando todos los efectos que producía. En el primer caso, se cancelan jurídicamente los efectos de la determinación controvertida, aun cuando en la realidad objetiva se verifiquen consecuencias materiales semejantes a las que producía el acto originalmente reclamado, siempre y cuando éstas dependan directamente del nuevo pronunciamiento de la autoridad. Esto es, cuando la afectación al gobernado derive invariablemente de la nueva resolución, de modo que aquéllas no puedan entenderse sin éste y, por tanto, los efectos en concreto pierdan toda vinculación con el acto en principio combatido. Ese primer supuesto es característico de los actos jurisdiccionales, por la dinámica en la que se emiten, pues los procedimientos judiciales o procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, se conforman por una serie de actos concatenados de tal manera que la existencia de uno constituye la base de otro subsecuente con el que se encuentra íntimamente vinculado y, así, cada acto que se sustenta en otro precedente, lo sustituye de inmediato en los efectos que produce. En el segundo supuesto se analizan exclusivamente actos administrativos que, por regla general, no se emiten a partir de procedimientos con las formalidades que exige el actuar de una autoridad judicial, sino que generalmente constituyen determinaciones unilaterales del imperio estatal, que no exigen un acto posterior que sustituya o modifique el estatus generado por el acto reclamado, porque no son más que expresiones de las diversas atribuciones del Poder Ejecutivo cuya finalidad es regular el comportamiento de los gobernados o exigir el cumplimiento de determinadas obligaciones. En el particular, el quejoso reclamó de la Juez de Tribunal de Enjuiciamiento del distrito judicial Bravos, con sede en esta ciudad, la determinación dictada el ocho de noviembre de dos mil diecinueve, en que se suspendió la prisión preventiva impuesta al directamente agraviado como medida cautelar, dentro de los autos del juicio oral ******* de su índice. Además, la Juez de Tribunal de Enjuiciamiento del distrito judicial Bravos, informó que el dos de diciembre de dos mil diecinueve, dictó sentencia condenatoria al aquí quejoso *******, sancionándolo con pena privativa de prisión de diez años y al pago de la reparación del daño. El artículo 20 apartado B, fracción IX de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece: [.] 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. [.] B. De los derechos de toda persona imputada: [.] IX. En ningún caso podrá prolongarse la prisión o detención, por falta de pago de honorarios de defensores o por cualquiera otra prestación de dinero, por causa de responsabilidad civil o algún otro motivo análogo. La prisión preventiva no podrá exceder del tiempo que como máximo de pena fije la ley al delito que motivare el proceso y en ningún caso será superior a dos años, salvo que su prolongación se deba al ejercicio del derecho de defensa del imputado. Si cumplido este término no se ha pronunciado sentencia, el imputado será puesto en libertad de inmediato mientras se sigue el proceso, sin que ello obste para imponer otras medidas cautelares. En toda pena de prisión que imponga una sentencia, se computará el tiempo de la detención. [.] Del numeral en cita se infiere que la prisión preventiva es sustituida procesalmente por el dictado de la sentencia que se dicte al imputado, ello porque si esta es condenatoria, entonces, será con motivo de la sentencia que continúe privado de la libertad. En esa medida, es claro que la determinación dictada el ocho de noviembre de dos mil diecinueve, en que se suspendió la prisión preventiva impuesta al directamente agraviado como medida cautelar, dejó de tener vida jurídica por ser sustituida procesalmente por la condena dictada en contra del quejoso en la cual se le sancionó con una pena de prisión de diez años. En otras palabras, la determinación de ocho de noviembre de dos mil diecinueve, en la que suspendió la prisión preventiva impuesta al directamente agraviado como medida cautelar, que constituye el acto reclamado cesó en todos sus efectos con el dictado de la sentencia de dos de noviembre de la presente anualidad, dada la sustitución procesal de la resolución de la jueza de enjuiciamiento. Sirve de apoyo a lo anterior, por igualdad de razón, la tesis XCVII/89, que emitió LA Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, octava época, tomo III, Primera Parte, enero-junio 1989, página 314, con registro 207350, que establece: CAMBIO DE SITUACION JURIDICA, IMPROCEDENCIA DEL AMPARO POR, EN CASO DE SUSTITUCION DE UNA ETAPA PROCESAL POR OTRA EN UN JUICIO PENAL. Si la situación jurídica que impera para el recurrente en la época que solicita el amparo, depende de los efectos y consecuencias de un auto de formal prisión, los cuales desaparecen al ser sustituidos por los efectos y consecuencias de la sentencia que se dicta en el proceso penal, aun cuando en ambos casos resulta privado de su libertad personal, en cada uno lo es por motivos diversos, por lo que opera un cambio de la situación jurídica precedente, lo que lleva a concluir que se consumaron de manera irreparable las violaciones reclamadas, provocando la improcedencia del juicio de garantías, en los términos del artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo. También es aplicable, por identidad jurídica, el criterio I.3o.C.769 C, que emitió el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo XXX, diciembre de 2009, página 1492, con registro 165869, que establece: CESACIÓN DE EFECTOS POR SUSTITUCIÓN PROCESAL. LA RESOLUCIÓN QUE RECAE A LOS MEDIOS DE DEFENSA ORDINARIOS, TORNA IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INTENTADO CONTRA EL AUTO O RESOLUCIÓN RECURRIDO. El ejercicio de los medios ordinarios de defensa, incide en la vigencia y ejecutividad de la determinación recurrida; motivo por el que la misma tendrá ejecutividad y firmeza, una vez que se decida el medio de impugnación, ya sea por el propio Juez del conocimiento o por el tribunal de alzada. Así, la decisión que recaiga al medio de defensa sustituye al auto o resolución impugnado, por virtud del análisis de legalidad que se hace de él, por lo que será esta nueva determinación y no la impugnada la que de manera extraordinaria podrá ser materia de análisis a través del juicio de garantías, pues el juicio de amparo no puede coexistir con los medios de defensa ordinarios; máxime que conforme al principio de definitividad, el amparo sólo es procedente contra actos definitivos. En tales condiciones, al quedar actualizada la causal de improcedencia prevista en en el artículo 61, fracción XXI; con fundamento en el numeral 63, fracción V, de la Ley de Amparo, procede sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, dado que cesó el acto reclamado. Corrobora lo anterior, la tesis de jurisprudencia número 2a./J.9/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 210, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VII, correspondiente al mes de febrero de 1998, que a la letra dice: SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo. Consecuentemente, se deja sin efecto la fecha y hora señalada para la audiencia constitucional que se programó a las nueve horas con veinte minutos del veintitrés de diciembre de dos mil diecinueve, por actualizarse la causal de anotada en líneas precedentes. Notifíquese personalmente. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.

  4. Incidental

    VISTA LA RAZON DEL ACTUARIO SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO Y SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA INTERLOCUTORIA DE FECHA TRES DEDICIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, LA CUAL ENTRE OTRAS COSAS DICE: Interlocutoria Ciudad Juárez, Chihuahua; tres de diciembre de dos mil diecinueve. Vistos para resolver los autos del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 852/2019-I-1, y; R e s u l t a n d o: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito recibido el veinticinco de noviembre del presente año, *******, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra actos de la Juez *******, Fiscal de Distrito Zona Norte, Director del Centro de Reinserción Social Estatal Número Tres y Jefe del Departamento de Ejecución de Sentencias y Medidas Judiciales Zona Norte de la fiscalía Especializada en Ejecución de Penas y Medidas Judiciales, de quienes reclamó la suspensión de la prisión preventiva impuesta al directamente agraviado como medida cautelar. SEGUNDO. Tramitación del incidente. Mediante auto de veintiséis de noviembre de dos mil diecinueve, se ordenó tramitar el incidente de suspensión, se solicitaron los informes previos a las autoridades y se señaló día y hora para celebrar la audiencia incidental, la que se llevó a cabo conforme al acta que antecede. C o n s i d e r a n d o: PRIMERO. Competencia. Este juzgado es competente para conocer y resolver el presente incidente de suspensión, en términos de los numerales 48 en relación con el 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 33, fracción IV, 125 y 128 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Inexistencia de los actos reclamados. La agente del Ministerio Público adscrita a Coordinación Regional en ausencia de la autoridad responsable Fiscal de Distrito Zona Norte (foja 19) y el Director de Ejecución de Penas y Medidas Judiciales, en sus denominaciones correctas, al rendir su informe previo, negaron la existencia de los actos que se le atribuyen, consistentes en la la suspensión de la prisión preventiva impuesta al directamente agraviado como medida cautelar, por lo que con fundamento en el artículo 146 de la Ley de Amparo, se niega la suspensión definitiva que solicitó el quejoso respecto de tales autoridades. Sirve de apoyo a lo antes considerado, la tesis de Jurisprudencia 286, sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 237, del Tomo VI, Materia Común, último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, que textualmente dice: INFORME PREVIO.- Debe tenerse como cierto si no existen pruebas contra lo que en él se afirma, y, consecuentemente, negarse la suspensión si se negó la existencia del acto reclamado, a no ser que en la audiencia se rindan pruebas en contrario. TERCERO. Certeza de los actos reclamados. La Juez de Tribunal de Enjuiciamiento del distrito judicial Bravos, en su denominación correcta, con residencia en esta ciudad, al rendir su informe previo aceptó la existencia del acto reclamado por el quejoso, toda vez que el ocho de noviembre de dos mil diecinueve, en audiencia, se ordenó suspender el cómputo de la medida cautelar consistente en la prisión preventiva hasta en tanto se dicte sentencia en el juicio oral ******* seguido en contra del quejoso. La autoridad responsable Director del Centro de Reinserción Social Estatal número Tres, con residencia en esta ciudad, fue omisa en rendir su informe previo, a pesar de que le fue oportunamente requerido, como se desprende de la constancia agregada en autos (foja 17). Por lo tanto, de conformidad con el primer párrafo del artículo 142 de la Ley de Amparo, se presumen ciertos los actos que le fueron reclamados por la parte quejosa. CUARTO. Suspensión sin materia. La autoridad responsable Juez de Tribunal de Enjuiciamiento del distrito judicial Bravos, en su denominación correcta, con residencia en esta ciudad, informó que el ocho de noviembre de dos mil diecinueve, en audiencia previo debate, se ordenó suspender el cómputo de la medida cautelar consistente en la prisión preventiva hasta en tanto se dictara sentencia en el juicio oral ******* seguido en contra del quejoso. Además, con esta data se recibió el oficio y anexos de la Juez de Tribunal de Enjuiciamiento del distrito judicial Bravos, mediante el cual informa que el dos de diciembre de dos mil diecinueve, dictó sentencia condenatoria al aquí quejoso Edgar José Salazar Moreno, sancionándolo con pena de prisión de diez años y al pago de la reparación del daño. El artículo 20 apartado B, fracción IX de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece: -.- 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. -.- B. De los derechos de toda persona imputada: -.- IX. En ningún caso podrá prolongarse la prisión o detención, por falta de pago de honorarios de defensores o por cualquiera otra prestación de dinero, por causa de responsabilidad civil o algún otro motivo análogo. La prisión preventiva no podrá exceder del tiempo que como máximo de pena fije la ley al delito que motivare el proceso y en ningún caso será superior a dos años, salvo que su prolongación se deba al ejercicio del derecho de defensa del imputado. Si cumplido este término no se ha pronunciado sentencia, el imputado será puesto en libertad de inmediato mientras se sigue el proceso, sin que ello obste para imponer otras medidas cautelares. En toda pena de prisión que imponga una sentencia, se computará el tiempo de la detención. -.- Del numeral en cita se infiere que la prisión preventiva es sustituida procesalmente por el dictado de la sentencia que se dicte al imputado, ello porque si esta es condenatoria, entonces, será con motivo de la sentencia que continúe privado de la libertad. En esa medida, ya no hay objeto sobre el cual decretar la suspensión definitiva respecto de la determinación dictada el ocho de noviembre de dos mil diecinueve, en que se suspendió la prisión preventiva impuesta al directamente agraviado como medida cautelar, dado que la misma dejó de tener vida jurídica por ser sustituida por la condena dictada en contra del quejoso por la que se le sancionó con una pena de prisión de diez años. En mérito de lo expuesto es que se deja sin materia la suspensión porque no se puede hacer pronunciamiento sobre el objeto de la prisión preventiva que ha sido sustituida por la pena de prisión dictada en sentencia. Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se declara sin materia este incidente de suspensión, derivado del juicio de amparo promovido por *******, respecto de los actos y autoridades precisados en los considerandos segundo y tercero de esta resolución. Notifíquese. Lo resolvió y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.

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