Edgar Josue Manriquez Nieto
Expediente 810/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 13 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 810/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 13/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Edgar Josue Manriquez Nieto
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación que antecede y el estado de autos, se obtiene que feneció el plazo de cinco días que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa hiciera valer el recurso de queja contra el proveído tres de octubre de dos mil veintitrés, en el que se desechó la demanda de amparo que dio origen a este expediente, sin que haya hecho uso de tal derecho; consecuentemente, queda firme el proveído en cita. Se ordena archivo. Se ordena archivar el presente como asunto totalmente concluido. Valoración de expediente. *** Devolución de documentos y garantía. Sin que se haga pronunciamiento respecto a la devolución de documentos originales o garantía, toda vez que no se exhibieron en el sumario. Anotaciones en el libro de control y Sistema Integral de Expedientes. Háganse las anotaciones en el libro de control y las capturas correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).
- Principal
Demanda. Visto lo de cuenta, téngase recibida la demanda de amparo promovida por ***, mediante la cual solicita el amparo y protección de la justicia federal contra actos que atribuye a la autoridad: Ayuntamiento de la ciudad de Celaya, Guanajuato. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos con el número 810/2022-IV. Anótese su ingreso en el libro de control de este juzgado federal y procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación. En el entendido de que aquéllas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la Secretaría de este Juzgado. En la inteligencia de que, en el presente juicio, el acto reclamado se hace consistir en: La omisión de dar respuesta al escrito ingresado el ocho de septiembre de dos mil veintitrés, mediante el cual solicitó información respecto del evento ***, que se realizó en las instalaciones del ***de esta ciudad. Consideraciones previas. Conforme a lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe examinar, ante todo, el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. En relación con ello, debe precisarse que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que, incluso, en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran alegar las partes. Agravio personal y directo. Ahora, esta juzgadora estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 6, ambos de la Ley de Amparo. De la literalidad de este último precepto se advierte que el juicio de amparo solamente lo puede promover la persona física o moral que con la norma general, el acto o la omisión reclamados de la autoridad, haya sufrido o sufra una lesión o una afectación personal y directa en alguno de sus derechos sustantivos fundamentales, que la Constitución tutela. Es decir, sólo lo puede promover la parte que con el acto reclamado sufra un agravio actual y no futuro e incierto, en forma directa e inmediata, ya sea en su libertad, en su persona, en su familia, en su domicilio, o bien, en sus propiedades o posesiones; y dicha promoción la puede hacer por derecho propio, por medio de su representante legal o apoderado, o por cualquier persona en los casos en que la ley lo permita expresamente. A contrario sensu, cuando el amparo lo promueve quien no sufre con el acto, la omisión o la norma general reclamados de la autoridad un agravio actual o inminente en forma directa e inmediata, ya sea en su libertad, en su persona, en su familia, en su domicilio, o bien, en sus propiedades o posesiones, el juicio de amparo resulta improcedente. En ese tenor, el impulso procesal que debe provocar la actuación del órgano de control constitucional no es simple, sino calificado, pues se exige que quien ejercite la acción de amparo sea la persona que afirme, y esté en condiciones de acreditar, que ha sufrido un perjuicio a causa del acto u omisión de autoridad que se tilda de inconstitucional.*** Análisis del caso concreto. De la lectura integral de la demanda de amparo, se desprende que la omisión de dar respuesta al escrito ingresado el ocho de septiembre de dos mil veintitrés, mediante el cual solicitó información respecto del evento ****, que se realizó en las instalaciones del *** de esta ciudad, no causa a la parte quejosa un agravio personal y directo, que para la procedencia del juicio constitucional establece el ordinal 6 de la ley de la materia, ya que no produce en su esfera jurídica una lesión o perjuicio que la legitimen para solicitar la protección de la justicia federal. Lo anterior, en virtud de que si la parte promovente elevó su petición ante el Ayuntamiento municipal de Celaya, Guanajuato, el ocho de septiembre pasado, y la demanda de amparo se presentó el veintinueve de los actuales en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, con sede en esta localidad, es inconcuso que no ha transcurrido el termino de veinte días que establece el artículo 5, tercer párrafo, de la Ley Orgánica municipal para el estado de Guanajuato. Ello, dado que la fecha de la presentación de la demanda de amparo transcurrieron los siguientes días hábiles: **** Lo cual arroja un total de catorce días hábiles; de ahí que, se considere que la omisión reclamada, al momento de la presentación de la demanda, no causa perjuicio alguno a la parte quejosa, pues la autoridad responsable se encuentra dentro del plazo de veinte días para dar respuesta al ahora solicitante del amparo. Lo expuesto, ya que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al dirimir la contradicción de criterios 49/2018, dispuso -en lo que interesa- que el plazo previsto en legislaciones estatales para que las autoridades den respuesta escrita, fundada y motivada a las instancias que les sean elevadas en ejercicio del derecho de petición, puede interpretarse válidamente y de forma complementaria con el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para extraer de aquél un parámetro máximo a fin de que dichas autoridades atiendan el derecho humano de petición. Pues, la disposición estatal resulta ser una norma emitida por una autoridad que tiene facultades legislativas, de naturaleza coincidente, además de que no afecta la esfera de competencia que corresponde a las autoridades de otro orden jurídico, y sin restringir ni suspender el derecho de petición, pues generó -en principio y considerado en abstracto- un beneficio, no un perjuicio para las personas, al acotar el margen temporal de actuación de los entes obligados a observarla (hasta antes indefinido legislativamente) a un plazo máximo para que den respuesta, escrita, fundada y motivada a las peticiones que se les formulen, lo que no implica un lineamiento para que se dé respuesta en los términos señalados hasta el término de ese plazo máximo, el cual es un parámetro que constituye un límite formal y materialmente legislativo, a la dilación mayor que puede tener una autoridad de los órdenes sobre los que incide la previsión constitucional estatal en torno a la cual gira la presente contradicción de tesis, pero no es equiparable al «breve término» a que se refiere el artículo 8o. de la Ley Fundamental. Esto es, pese a que válidamente en el plano de legalidad sí pueda efectuarse la interpretación complementaria de ambas normas constitucionales (federal y estatal) no puede equipararse ese plazo máximo al concepto de «breve término» de la Constitución Federal, porque éste genera la necesidad de una eventual ponderación judicial en cada caso concreto, que debe llevarse a cabo por la persona juzgadora federal respectivo (de primera o de segunda instancia) que conoce y debe resolver el juicio de amparo en que, en su caso, se reclama la violación al derecho humano de petición.*** Así, es inconcuso que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el diverso 6, ambos de la Ley de Amparo, al surtirse cada uno de los requisitos que exige. Protesta de ley. **** De lo que se sigue que la parte quejosa se hace sabedora de que, todo lo narrado en la demanda, constituye la verdad de cómo han sucedido las cosas hasta este momento, so pena de incurrir en responsabilidad por hacer declaraciones falsas ante la autoridad jurisdiccional. Motivo por el cual se estima que, hasta este momento, tanto las pruebas que se acompañaron a la demanda -y que forman parte de ésta- como las narraciones vertidas en la misma -por ser la verdad de cómo han sucedido los hechos- son suficientes para desechar la demanda en comento.*** Desechamiento. En las relatadas condiciones, al haber quedado evidenciado que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, con apoyo en el consecutivo 113 de ese ordenamiento legal, se desecha de plano la demanda de amparo en estudio.*** Autorización de reproducción de actuaciones judiciales. *** Pruebas. Con fundamento en el normativo 119 de la Ley de Amparo, se tiene como prueba de la parte promovente, la documental que anexa a su escrito de demanda, la que se admite y desahoga en razón de su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de su relación al celebrarse la audiencia constitucional. Domicilio y autorizados. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones personales el ubicado en ***, en esta ciudad, autorizado en términos restringidos a las personas que refiere para tales efectos. Habilitación de horas inhábiles, anotaciones y capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y Expediente Electrónico.
- Principal
AL NO SER ATENDIDO EL AVISO POR LA PARTE QUEJOSA; CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C, DE LA LEY DE AMPARO, SE LE NOTIFICA POR LISTA QUE SE FIJAN EN LOS ESTRADOS DE ESTE JUZGADO QUINTO DE DISTRITO, ASÍ COMO EN EL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE), LA DETERMINACIÓN DE TRES DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, QUE EN SU PARTE CONDUCENTE DICE:Demanda. Visto lo de cuenta, téngase recibida la demanda de amparo promovida por ***, mediante la cual solicita el amparo y protección de la justicia federal contra actos que atribuye a la autoridad: Ayuntamiento de la ciudad de Celaya, Guanajuato. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos con el número 810/2022-IV. Anótese su ingreso en el libro de control de este juzgado federal y procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación. En el entendido de que aquéllas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la Secretaría de este Juzgado. En la inteligencia de que, en el presente juicio, el acto reclamado se hace consistir en: La omisión de dar respuesta al escrito ingresado el ocho de septiembre de dos mil veintitrés, mediante el cual solicitó información respecto del evento ***, que se realizó en las instalaciones del ***de esta ciudad. Consideraciones previas. Conforme a lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe examinar, ante todo, el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. En relación con ello, debe precisarse que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que, incluso, en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran alegar las partes. Agravio personal y directo. Ahora, esta juzgadora estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 6, ambos de la Ley de Amparo. De la literalidad de este último precepto se advierte que el juicio de amparo solamente lo puede promover la persona física o moral que con la norma general, el acto o la omisión reclamados de la autoridad, haya sufrido o sufra una lesión o una afectación personal y directa en alguno de sus derechos sustantivos fundamentales, que la Constitución tutela. Es decir, sólo lo puede promover la parte que con el acto reclamado sufra un agravio actual y no futuro e incierto, en forma directa e inmediata, ya sea en su libertad, en su persona, en su familia, en su domicilio, o bien, en sus propiedades o posesiones; y dicha promoción la puede hacer por derecho propio, por medio de su representante legal o apoderado, o por cualquier persona en los casos en que la ley lo permita expresamente. A contrario sensu, cuando el amparo lo promueve quien no sufre con el acto, la omisión o la norma general reclamados de la autoridad un agravio actual o inminente en forma directa e inmediata, ya sea en su libertad, en su persona, en su familia, en su domicilio, o bien, en sus propiedades o posesiones, el juicio de amparo resulta improcedente. En ese tenor, el impulso procesal que debe provocar la actuación del órgano de control constitucional no es simple, sino calificado, pues se exige que quien ejercite la acción de amparo sea la persona que afirme, y esté en condiciones de acreditar, que ha sufrido un perjuicio a causa del acto u omisión de autoridad que se tilda de inconstitucional.*** Análisis del caso concreto. De la lectura integral de la demanda de amparo, se desprende que la omisión de dar respuesta al escrito ingresado el ocho de septiembre de dos mil veintitrés, mediante el cual solicitó información respecto del evento ****, que se realizó en las instalaciones del *** de esta ciudad, no causa a la parte quejosa un agravio personal y directo, que para la procedencia del juicio constitucional establece el ordinal 6 de la ley de la materia, ya que no produce en su esfera jurídica una lesión o perjuicio que la legitimen para solicitar la protección de la justicia federal. Lo anterior, en virtud de que si la parte promovente elevó su petición ante el Ayuntamiento municipal de Celaya, Guanajuato, el ocho de septiembre pasado, y la demanda de amparo se presentó el veintinueve de los actuales en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, con sede en esta localidad, es inconcuso que no ha transcurrido el termino de veinte días que establece el artículo 5, tercer párrafo, de la Ley Orgánica municipal para el estado de Guanajuato. Ello, dado que la fecha de la presentación de la demanda de amparo transcurrieron los siguientes días hábiles: **** Lo cual arroja un total de catorce días hábiles; de ahí que, se considere que la omisión reclamada, al momento de la presentación de la demanda, no causa perjuicio alguno a la parte quejosa, pues la autoridad responsable se encuentra dentro del plazo de veinte días para dar respuesta al ahora solicitante del amparo. Lo expuesto, ya que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al dirimir la contradicción de criterios 49/2018, dispuso -en lo que interesa- que el plazo previsto en legislaciones estatales para que las autoridades den respuesta escrita, fundada y motivada a las instancias que les sean elevadas en ejercicio del derecho de petición, puede interpretarse válidamente y de forma complementaria con el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para extraer de aquél un parámetro máximo a fin de que dichas autoridades atiendan el derecho humano de petición. Pues, la disposición estatal resulta ser una norma emitida por una autoridad que tiene facultades legislativas, de naturaleza coincidente, además de que no afecta la esfera de competencia que corresponde a las autoridades de otro orden jurídico, y sin restringir ni suspender el derecho de petición, pues generó -en principio y considerado en abstracto- un beneficio, no un perjuicio para las personas, al acotar el margen temporal de actuación de los entes obligados a observarla (hasta antes indefinido legislativamente) a un plazo máximo para que den respuesta, escrita, fundada y motivada a las peticiones que se les formulen, lo que no implica un lineamiento para que se dé respuesta en los términos señalados hasta el término de ese plazo máximo, el cual es un parámetro que constituye un límite formal y materialmente legislativo, a la dilación mayor que puede tener una autoridad de los órdenes sobre los que incide la previsión constitucional estatal en torno a la cual gira la presente contradicción de tesis, pero no es equiparable al «breve término» a que se refiere el artículo 8o. de la Ley Fundamental. Esto es, pese a que válidamente en el plano de legalidad sí pueda efectuarse la interpretación complementaria de ambas normas constitucionales (federal y estatal) no puede equipararse ese plazo máximo al concepto de «breve término» de la Constitución Federal, porque éste genera la necesidad de una eventual ponderación judicial en cada caso concreto, que debe llevarse a cabo por la persona juzgadora federal respectivo (de primera o de segunda instancia) que conoce y debe resolver el juicio de amparo en que, en su caso, se reclama la violación al derecho humano de petición.*** Así, es inconcuso que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el diverso 6, ambos de la Ley de Amparo, al surtirse cada uno de los requisitos que exige. Protesta de ley. **** De lo que se sigue que la parte quejosa se hace sabedora de que, todo lo narrado en la demanda, constituye la verdad de cómo han sucedido las cosas hasta este momento, so pena de incurrir en responsabilidad por hacer declaraciones falsas ante la autoridad jurisdiccional. Motivo por el cual se estima que, hasta este momento, tanto las pruebas que se acompañaron a la demanda -y que forman parte de ésta- como las narraciones vertidas en la misma -por ser la verdad de cómo han sucedido los hechos- son suficientes para desechar la demanda en comento.*** Desechamiento. En las relatadas condiciones, al haber quedado evidenciado que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, con apoyo en el consecutivo 113 de ese ordenamiento legal, se desecha de plano la demanda de amparo en estudio.*** Autorización de reproducción de actuaciones judiciales. *** Pruebas. Con fundamento en el normativo 119 de la Ley de Amparo, se tiene como prueba de la parte promovente, la documental que anexa a su escrito de demanda, la que se admite y desahoga en razón de su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de su relación al celebrarse la audiencia constitucional. Domicilio y autorizados. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones personales el ubicado en ***, en esta ciudad, autorizado en términos restringidos a las personas que refiere para tales efectos. Habilitación de horas inhábiles, anotaciones y capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y Expediente Electrónico.
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