Edgar José Ramos

Expediente 146/2016 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 25 actuaciones registradas, la última del 9 de febrero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
146/2016
Año
2016
Actuaciones
25
Última actuación
09/02/2023

Partes del expediente

  • Edgar José Ramos
  • Sandra Patricia Escobar Jiménez
  • Edgar José Ramos y Otros.
  • Juez Primero del Ramo Penal del Distrito Judicial de Tuxtla, Con sede en Cintalapa, Chiapas y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 25.

  1. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; nueve de febrero de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede y el estado que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el plazo de cinco años previsto por el Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito y Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, para el efecto de realizar la depuración respectiva. Por tanto, de conformidad con lo instruido en la circular CAP/DGAD/7/2021, de cuatro de marzo de dos mil veintiuno, emitida por el Director General de Archivo y Documentación de la Coordinación De Asesores de la Presidencia del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena la desincorporación de este sumario, debiendo conservar la demanda, las resoluciones recurridas, la sentencia que puso fin al asunto, la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada, así como el auto en el que se ordena el archivo como asunto concluido; y en el caso de los incidentes de suspensión, las resoluciones relativas a su otorgamiento o violación; y el proveído en que se acuerde su archivo como asunto concluido, según corresponda. Háganse las anotaciones correspondientes. Notifíquese.

  2. Incidental

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; nueve de febrero de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede y el estado que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el plazo de cinco años previsto por el Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito y Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, para el efecto de realizar la depuración respectiva. Por tanto, de conformidad con lo instruido en la circular CAP/DGAD/7/2021, de cuatro de marzo de dos mil veintiuno, emitida por el Director General de Archivo y Documentación de la Coordinación De Asesores de la Presidencia del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena la desincorporación de este sumario, debiendo conservar la demanda, las resoluciones recurridas, la sentencia que puso fin al asunto, la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada, así como el auto en el que se ordena el archivo como asunto concluido; y en el caso de los incidentes de suspensión, las resoluciones relativas a su otorgamiento o violación; y el proveído en que se acuerde su archivo como asunto concluido, según corresponda. Háganse las anotaciones correspondientes. Notifíquese.

  3. Principal

    Vista la certificación que antecede y el estado de autos, se aprecia que a la fecha ha transcurrido el plazo de quince días que prevé en el primer párrafo del artículo 202 de la Ley de Amparo, para que las partes manifestaran su inconformidad contra el proveído de treinta y uno de mayo de la presente anualidad (foja 205 a la 210), que declaró cumplido el fallo protector; en consecuencia, se tiene por consentido dicho acuerdo, toda vez que ninguna de las partes se inconformó. ANOTACIONES Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); ARCHÍVESE el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: DEPURAR EXPEDIENTE PRINCIPAL 1. Depurar el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción IV del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio que concedió el amparo, en el que no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. DEPURAR CUADERNO ORIGINAL INCIDENTE 2. Depurar el cuaderno original del incidente de suspensión, derivado del presente juicio de amparo, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción III del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General Conjunto, al haberse concedido tanto la suspensión definitiva como la provisional de los actos reclamados. DESTRUIR DUPLICADO INCIDENTE 3. Destruir el duplicado del cuaderno incidental, en términos de lo dispuesto en la fracción III del punto vigésimo del citado acuerdo general conjunto, hecho que deberá realizarse una vez transcurridos seis meses a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. TRANSFERENCIA 4. Transferir el expediente principal y el cuaderno original del incidente de suspensión, una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. Notifíquese.

  4. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, treinta y uno de mayo de dos mil diecisiete. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que mediante oficios registrados con los folios 7059 y 7629 (foja 111 y 119), la autoridad responsable Juez Primero en Materia Penal para la Atención de Delitos Graves del Distrito Judicial de Tuxtla, Cintalapa y Chiapa, con residencia en Cintalapa de Figueroa, Chiapas, manifestó haber dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Ahora bien, tomando en consideración que el cumplimiento de las sentencias de los procedimientos de amparo es de orden público, este órgano jurisdiccional se encuentra obligado a determinar si tal ejecutoria está cumplimentada o no, aun cuando las partes no hayan desahogado la vista ordenada sobre el particular, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo. Apoya la anterior determinación -en términos del transitorio sexto de la Ley de Amparo- la jurisprudencia 2a./J. 26/2000 , sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuya sinopsis es: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia."Igualmente resulta aplicable, en términos del transitorio sexto de la Ley de Amparo, la tesis IX.1o.6 K , sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, que dice: "AMPARO, EJECUTORIAS DE. SU CUMPLIMIENTO DEBE SER INMEDIATO. Los artículos 104, 105, 106 y 107 de la Ley de Amparo, que se refieren a la ejecución de las sentencias dictadas en los juicios de garantías, no prevén ningún caso de excepción. Por el contrario, se advierte que el espíritu de estas disposiciones legales, es el de que las ejecutorias de amparo deben ser cumplimentadas sin demora por las autoridades responsables, pues el restablecimiento de la garantía o garantías violadas, mediante la ejecución de la sentencia de amparo, es una cuestión legal de orden público, que no puede ser aplazada o condicionada a procedimientos ordinarios; estimarlo de otra forma es contrario a los fines del juicio de garantías y altera la jerarquía de las normas jurídicas."En la demanda de amparo la parte quejosa señaló como autoridades responsables -en lo que interesa- al Juez de Control y Tribunales de Enjuiciamiento Región Uno, con sede en Cintalapa de Figueroa, Chiapas, y Director de la Policía Especializada de la Procuraduría General del Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad, de quienes reclamó lo siguiente:".Que la responsable transgredió sus derechos fundamentales reconocidos en los artículos 14, 16, 19 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al dictar un auto de formal prisión carente de fundamentación y motivación, en el que se limitó a valorar únicamente la declaración de la ofendida."Mediante resolución de diez de abril de dos mil diecisiete, pronunciada por este órgano jurisdiccional, la cual causó ejecutoria el cuatro de mayo del año en curso, concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión.EFECTO DE LA SENTENCIA AMPARADORALos efectos de la concesión de amparo fueron precisados en la resolución en comento, quedando de la siguiente forma:".En consecuencia, al resultar fundados los conceptos de violación, suplidos en su deficiencia, lo procedente es conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión para el efecto de que la autoridad responsable, Juez Primero del Ramo Penal para la Atención de Delitos Graves de los Distritos Judiciales de Chiapa, Cintalapa y Tuxtla, con residencia en Cintalapa de Figueroa, Chiapas:a) Deje sin efectos el auto de formal prisión de siete de diciembre de dos mil dieciséis, pronunciado en la causa penal 41/2016; b) Reponga el procedimiento en la etapa de preinstrucción, a efecto de ordenar la ratificación de los que no fueron debidamente ratificados en la averiguación previa; sin embargo, de no lograr la comparecencia de los suscriptores en el plazo constitucional, deberá evitar conceder validez probatoria a los citados medios de convicción. Lo anterior, en el entendido de que dichas pruebas presentan vicios formales susceptibles de ser subsanados en cualquier etapa del procedimiento, inclusive, de decretarse la libertad con las reservas de ley, al perfeccionarse el ejercicio de la acción penal. c) Hecho lo anterior, con plenitud de jurisdicción y sin que pueda tomar en cuenta mayores probanzas a las inicialmente consideradas, resuelva de nueva cuenta la situación jurídica del peticionario dentro del plazo constitucional; resolución que podrá ser en el mismo sentido de la anterior, purgando los vicios formales que la afectaban, o en sentido diverso. Concesión de amparo que se hace extensiva a los actos reclamados a la autoridad ejecutora, por no haberse impugnado por vicios propios, sino que su inconstitucionalidad se hizo depender de los actos reclamados a la ordenadora, respecto de los cuales se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal.ACTO DE LA AUTORIDAD EN RELACIÓN CON EL CUMPLIMIENTO Por oficios registrados con los folios 7059 y 7627 (foja 111 y 119), la autoridad responsable Juez Primero en Materia Penal para la Atención de Delitos Graves del Distrito Judicial de Tuxtla, Cintalapa y Chiapa, con residencia en Cintalapa de Figueroa, Chiapas, informó que en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, dejó sin efectos el auto de formal prisión de siete de diciembre de dos mil dieciséis, pronunciado en la causa penal 41/2016 de su índice, contra el quejoso Edgar José Ramos, como probable responsable del delito de violación agravada, previsto por el articulo 233 y agravado por las fracciones IV y V del artículo 248 con relación al 71 del Código Penal del Estado, cometido en agravio de ***, y ordenó reponer el procedimiento en la etapa de preinstrucción, a efecto de ordenar la ratificación de los dictámenes periciales que no fueron debidamente ratificados dentro de la averiguación previa; y resolvió con plenitud de jurisdicción la nueva situación jurídica de Edgar José Ramos dentro del plazo constitucional, en la cual purgó los vicios formales; documentales que tienen pleno valor probatorio en términos de lo preceptuado en los artículos 197 y 202 del Código de Procedimientos Civiles, ordenamiento de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. ANÁLISIS EVALUATIVOEn efecto, el Juez Primero en Materia Penal para la Atención de Delitos Graves del Distrito Judicial de Tuxtla, Cintalapa y Chiapa, con residencia en Cintalapa de Figueroa, Chiapas, mediante oficios registrados con los folios 7059 y 7627 (foja 111 y 119), dejó sin efecto el auto de formal prisión de siete de diciembre de dos mil dieciséis, pronunciado en la causa penal 41/2016 de su índice, contra el quejoso Edgar José Ramos, como probable responsable del delito de violación agravada, previsto por el articulo 233 y agravado por las fracciones IV y V del artículo 248 con relación al 71 del Código Penal del Estado, cometido en agravio de ***. Además, ordenó la ratificación de los dictámenes periciales que fueron detallados en el auto de doce de mayo actual, emitido en la causa penal 41/2016 y resolvió con plenitud de jurisdicción la nueva situación jurídica de Edgar José Ramos dentro del plazo constitucional, en la cual purgó los vicios formales que afectaban el acto reclamado, tomando en cuenta todos los elementos que integran el cuerpo del delito de violación agravada cometido en agravio de la tercera interesada ***y otorgó valor probatorio a las pruebas desahogadas, las cuales consideró idóneas y suficientes para tener por acreditados tanto el cuerpo del delito de violación agravada, como la probable responsabilidad en su comisión de ***, con lo que acató los lineamientos establecidos en la ejecutoria de amparo.Esto es, la autoridad vinculada previa ratificación de las personas que signaron los dictámenes rendidos, otorgó validez probatorio a los mismos, y por ende, pronunció una nueva resolución dentro de la causa penal 41/2016, en la que fundó y motivó el auto de formal prisión en contra del quejoso, como probable responsable del delito de violación agravada, de manera que su pronunciamiento cumple con los requisitos constitucionales de señalar con precisión las circunstancias especiales, razones particulares y causas inmediatas que tuvo en consideración para emitir su determinación, basándose para ello en los medios de convicción apartados, mismas que fueron analizaos en lo individual y en conjunto. Lo anterior encuentra apoyo, en el hecho de que tuvo como propósito fundamental y primordial que la parte quejosa conozca el "para qué" de la conducta de la autoridad, pues constituye una obligación por parte de la autoridad responsable darle a conocer en detalle y de manera completa, todas las circunstancias y condiciones que determinaron el acto de autoridad, con el objeto de que la afectada pueda cuestionar y controvertir la decisión, permitiéndole una real y auténtica defensa; la que además de ser congruente, se adecua a las normas que involucró en la determinación que tomó. En ese sentido, la declaración de cumplimiento de la ejecutoria de amparo, está condicionada por la determinación del núcleo esencial del derecho que debe ser respetado, lo cual en la especie se traduce, como se indicó, en la reparación de la violación cometida, consistente en dejar insubsistente el acto reclamado, formalmente ilegal; debido a que la concesión de amparo pronunciada en el presente juicio fue para dejar sin efecto el auto de formal prisión de siete de diciembre de dos mil dieciséis, emitido en la causa penal 41/2016, y con libertad de jurisdicción, previa ratificación de los dictámenes periciales emitiera la determinación que conforme a derecho corresponda, en la que evitara conceder validez probatorio a los medios de convicción respecto de los cuales no se lograra la comparecencia de su suscriptor. Esto es, de una manera fundada y motivada, resolviera la situación jurídica del ahora quejoso, siguiendo los lineamientos de la ejecutoria dictada en el presente juicio, pues en el caso subsanó la violación cometida en perjuicio del accionante de amparo, debido a que acató el núcleo esencial de la misma; esto es, llevó a cabo el análisis de los elementos que integran el cuerpo del delito de violación agravada purgando los vicios formales que la afectaban, y previa valoración de los medios de convicción tanto en lo individual como en su conjunto, afirmó que eran suficientes para acreditar la comisión del hecho delictivo "violación agravada" previsto por el articulo 233 y agravado por las fracciones IV y V del artículo 248 con relación al 71 del Código Penal del Estado, cometido en agravio de ***. A mayor abundamiento, la ejecutoria de amparo le dejó a la responsable libertad de decisión, lo que significa que en el juicio de amparo no se tomó una decisión definitiva sobre el problema jurídico, es decir, no impera el principio de cosa juzgada, por lo cual la determinación que emita la autoridad responsable no obedece al cumplimiento de una ejecutoria de amparo, o en ejecución de la misma, atendiendo a lineamientos precisos que detalló este órgano federal. De tal suerte que, si bien es cierto que el cumplimiento de la sentencia concesoria del amparo obliga a la autoridad vinculada con el cumplimiento a acatar las directrices marcadas en la ejecutoria de amparo, al tratarse de una cuestión de orden público, también lo es que la concesión del amparo puede ser total o parcial. Así, en el segundo caso, significa que la vinculación a la autoridad no es completa, sino que se le deja un cierto ámbito de su actividad en que puede actuar con libertad de jurisdicción, por ello es necesario distinguir entre los actos vinculados, que son aquellos a cuya realización se ve constreñida la responsable sin margen alguno dentro del cual emitirlos y, por la otra, actos libres, entendidos éstos como los realizados por la autoridad en uso de su arbitrio jurisdiccional, como consecuencia de que el órgano de amparo le devuelva plenitud de jurisdicción respecto de ellos. Ahora bien, cuando los alcances del fallo protector tienen un carácter mixto, pues por una parte se deja en libertad de jurisdicción a la responsable, pero en otro aspecto se le obliga a resolver en determinada forma, esto es, la ejecutoria de mérito la vincula con un mandato expreso y concreto que debe cumplir, sin posibilidad de proceder en otro sentido, es inconcuso que el acto nuevo emitido por la autoridad responsable de manera autónoma, no puede ser materia de análisis en la presente resolución, debido a que se le dejó libertad de jurisdicción. CUMPLIDA EJECUTORIA En las relatadas circunstancias y una vez analizada la ejecutoria de mérito, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, SE TIENE POR CUMPLIDA LA EJECUTORIA DICTADA EN EL PRESENTE ASUNTO, sin exceso ni defecto, al considerar que la autoridad responsable, acató el núcleo de la ejecutoria. Resulta aplicable la jurisprudencia 2a./J. 9/2016 (10a.) , sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "SENTENCIAS DE AMPARO. SU CUMPLIMIENTO DEBE SER TOTAL, ATENTO A LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y DE EXHAUSTIVIDAD. Acorde al nuevo sistema en materia de cumplimiento de sentencias de amparo, establecido por el legislador en la Ley de Amparo vigente a partir del 3 de abril de 2013, dicho cumplimiento debe ser total, sin excesos o defectos; por tanto, tratándose del pronunciamiento de sentencias o laudos, éstos deben contener la declaración de la autoridad en relación con la solución integral del conflicto conforme a los principios de congruencia y de exhaustividad, que obligan a dirimir todas las cuestiones litigiosas, entre las que se encuentran tanto las que son materia de ejecución de la sentencia de amparo, como las que quedaron definidas o intocadas por la propia ejecutoria; de ahí que la autoridad debe reiterarlas en la sentencia o laudo que cumplimente." VISTA A LAS PARTES Se da vista a las partes para los efectos del artículo 202 de la Ley de Amparo. Notifíquese, y personalmente a la quejosa y a la parte tercera interesada.

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