Edgar Jiménez Ordoñez
Expediente 918/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Campeche. 3 actuaciones registradas, la última del 4 de noviembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 918/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 04/11/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Campeche · Campeche
Partes del expediente
- Edgar Jiménez Ordoñez
Actuaciones
- Principal
San Francisco de Campeche, Campeche, cuatro de noviembre de dos mil veinte. Vista la certificación de cuenta, se advierte de autos que en proveído de veintiséis de agosto de dos mil veinte, se ordenó dar vista a las partes con los informes rendidos por las autoridades responsables en relación con el cumplimiento de la sentencia ejecutoria de amparo dictada en este asunto, corriéndoles traslado con las actuaciones realizadas a fin de que manifestaran lo que a su derecho conviniera, sin que desahogaran dicha vista, tal y como se advierte de la certificación que antecede. En consecuencia, este juzgado procede a resolver si la sentencia protectora ejecutoriada ha sido cumplida o no, con base a las constancias que obran en este expediente. Para lograr ese objetivo, se realizará un análisis comparativo entre: los términos de la concesión del amparo, que incluirá; en su caso, los efectos establecidos en la ejecutoria relativa y lo realizado en ese sentido por las responsables, así como las pruebas que en su caso justifiquen el cumplimiento. Antecedentes del cumplimiento al fallo protector. I.- Mediante resolución pronunciada el quince de enero de dos mil diecinueve, el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, modificó la sentencia emitida por este Juzgado de Distrito y concedió el amparo y protección de la justicia federal para los efectos siguientes: ".procede conceder a la sociedad quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que el Tesorero Municipal de Campeche, Campeche, dentro del ámbito de su competencia, no cobre a la quejosa el concepto de derecho por el servicio de Alumbrado Público, precisado en el aviso-recibo que cubre el periodo del veintiocho de febrero al doce de abril de dos mil diecinueve, por el importe de $******** y en caso de que lo haya pagado, le devuelva esa cantidad." II.- Mediante auto de seis de febrero de dos mil veinte, se recibieron los presentes autos y la ejecutoria de amparo, por lo que se requirió a la autoridad responsable, para que dentro del plazo de tres días, siguientes a la notificación del citado proveído diera cumplimiento al fallo protector. III.- En proveído de diecisiete de febrero de dos mil veinte, se recibió el oficio suscrito por el Director Jurídico, en representación del Tesorero del Ayuntamiento de Campeche, en el que solicitó a este órgano jurisdiccional, se proporcionara un número de cuenta con intervención bancaria a nombre de la quejosa, para la devolución de la cantidad por concepto de alumbrado público; ante tal situación, se dio vista a la parte quejosa. IV.- Seguidamente, por escrito de de veinte de febrero del año en curso, la moral quejosa, dio cumplimiento al requerimiento realizado y proporcionó el número de cuenta con intervención bancaria; hecho que se hizo del conocimiento de la autoridad, por oficio*****, de veintisiete del mismo mes y año. IV.- Luego, a través del comunicado *****, el Director Jurídico, en representación del Tesorero del Ayuntamiento de Campeche, informó que el seis de marzo del año actual, por transferencia bancaria 28472, devolvió la cantidad $******* a la directa quejosa ********* Sociedad Anónima de Capital Variable, anexando las constancias que acreditan lo anterior. Documentales a las que se otorga valor probatorio pleno, por tratarse de documentos públicos, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la materia, toda vez que fueron expedidas por servidores públicos en el ejercicio de sus funciones. IV. En auto de veintiséis de agosto de dos mil veinte, se dio vista a las partes, para que manifestaran lo que a su interés legal conviniera, sin que hubieran desahogado la vista concedida. Valoración del cumplimiento a la sentencia de amparo. De acuerdo con los antecedentes precisados, para poder determinar si la sentencia de amparo está cumplida o no, si las autoridades responsables incurrieron en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla, es necesario clarificar los lineamientos trazados en la ejecutoria federal dictada en este juicio de amparo. En cumplimiento a la ejecutoria de amparo, el seis de marzo de dos mil veinte, el Tesorero del Ayuntamiento de Campeche, Campeche, a través de transferencia bancaria hizo la devolución de $********* por concepto de alumbrado público y ordenó la cancelación a la directa quejosa. Por tanto, lo precisado con anterioridad, es suficiente para concluir que la autoridad responsable, cumplió en su totalidad con los lineamientos establecidos en la ejecutoria dictada en este juicio, sin excesos ni defectos. En ese contexto, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo de la Ley de Amparo, SE DECLARA CUMPLIDA LA SENTENCIA que concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, por lo que deberá archivarse el asunto acorde al párrafo cuarto del mencionado artículo, hasta que transcurra el plazo a que se refiere el diverso dispositivo 202 de la citada legislación. Ahora, En cumplimiento al artículo 18, inciso b) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, por haberse concedido del amparo y protección de la justicia federal, se indica que el presente expediente es DEPURABLE. Por lo cual, deberá conservarse por el término de tres años, contados a partir del presente auto, y una vez concluido ese plazo, dentro de los siguientes noventa días, procedase a depurar el expediente, conservando la demanda, en su caso, las resoluciones recurridas, la sentencia que puso fin al asunto; la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada; y demás documentos que considere la titular de este órgano jurisdiccional. Terminado el proceso de depuración, se deberá solicitar la transferencia de este expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Finalmente, como en este expediente obran documentos exhibidos por la parte quejosa, y como el presente se trata de un juicio que no tiene relevancia documental, se requiere a aquélla para que dentro del plazo de noventa días, comparezca a recoger esos documentos, con el apercibimiento que en caso de no hacerlo, serán destruidos junto con el expediente. Notifíquese personalmente.
- Principal
SE TIENE DEBIDAMENTE NOTIFICADAS A LAS PARTES TERCERO INTERESADAS DEL ACUERDO DE OCHO DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO, QUE DICE: San Francisco de Campeche, Campeche, ocho de octubre de dos mil veinte. Vista la cuenta que antecede, con apoyo en las disposiciones contenidas en el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, este Juzgado determina el levantamiento de la suspensión decretada, lo que implica la continuación del trámite del presente asunto -desde el punto en que quedó pausado, pero no su reinicio-, de conformidad con la normatividad aplicable y sin restricción alguna, pero con los debidos ajustes derivados del citado Acuerdo. Asimismo, de conformidad a lo dispuesto en los numerales 5, 6, 7, 12, 22 y 28 del referido Acuerdo General, póngase en conocimiento de las partes que la reanudación de labores de este órgano judicial, atenderá a preservar la salud de los servidores públicos y usuarios, por lo que como regla general el personal de este juzgado continuará laborando de manera remota a través de medios electrónicos y sólo por excepción lo hará de manera presencial. Esto significa que las partes únicamente tendrán acceso a las instalaciones judiciales cuando ello resulte estrictamente necesario y se haya agendado la cita correspondiente. Por otra parte, visto lo asentado en la certificación de cuenta, se advierte de autos que en proveído de doce de marzo pasado, se ordenó dar vista a las partes con los oficios y anexos rendidos por el Juez Segundo del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Primer Distrito Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, corriéndoles traslado con dichos informes, a fin de que manifestaran lo que a su derecho conviniera, sin que hubieran desahogado dicha vista, tal y como se advierte de la certificación que antecede. En consecuencia, esta juzgadora procede a resolver si la sentencia protectora ejecutoriada ha sido cumplida o no. Lo anterior encuentra sustento en la jurisprudencia 2ª/J.26/2000, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGO LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)" Para lograr ese objetivo, se realizará un análisis comparativo entre: 1) Los términos de la concesión del amparo, que incluirá, en su caso, los efectos establecidos en la ejecutoria relativa y 2) Lo realizado en ese sentido por las responsables, así como las pruebas que justifiquen el cumplimiento. En ese orden de ideas, de las constancias que integran el presente expediente se observa que en sentencia terminada de engrosar el doce de diciembre de dos mil diecinueve, por el Juez Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Séptima Región, con sede en Acapulco, Guerrero, se otorgó el amparo y protección de la Justicia de la Unión a *********, por propio derecho y como apoderado legal de ****************************************************************************************************************************************, para los siguientes efectos: "Deje insubsistente la audiencia de veinticuatro de marzo de dos mil diecinueve, dictada en la carpeta auxiliar ************; y, En su lugar fije fecha y hora para que ésta tenga verificativo, en la que deberá otorgar el uso de la voz al ofendido o su defensa técnica para que de manera libre se le permita contra argumentar en relación a la postura del Ministerio Público; antes de cerrar el debate, en relación a las consideraciones del ministerio público. Hecho lo cual, con plenitud de jurisdicción, resuelva lo que en derecho corresponda. En el entendido de que la concesión del amparo, no es para el efecto de que el ofendido, su defensa o su asesor jurídico argumenten cuestiones ajenas a la litis, ni para que se les otorgue un tiempo exorbitante en el uso de la voz, pues ello es parte de las facultades del juez como rector de la audiencia, sino que se trata únicamente de otorgarles la oportunidad de contra argumentar todos y cada uno de los puntos que el Ministerio Público exponga para sustentar su determinación del no ejercicio de la acción penal, a fin de que dichos argumentos formen parte del debate y el juez responsable cuente con todos los elementos para emitir su determinación." En tal virtud, por auto de veintiséis de febrero de dos mil veinte, dicha resolución causó ejecutoria, y en esa misma fecha se requirió a la Juez Segundo del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral en el Estado de Campeche, residente en esta ciudad, el debido cumplimiento a la ejecutoria concesoria de amparo. Así, de las constancias que obran en este sumario y de los elementos aportados por la citada responsable, se advierte que realizó lo siguiente: Mediante oficio **********, de veintiocho de febrero de dos mil veinte (foja 147), la Juez Segundo del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral en el Estado, domiciliado en esta ciudad, manifestó que fijó el cinco de marzo de dos mil veinte, a las trece horas con cuarenta minutos, para la audiencia de control judicial, en el que resolvería lo relativo a la solicitud de la parte aquí quejosa, ordenando la notificación de esa determinación, apercibiéndolos que en caso de que no compareciera en la fecha y hora antes citada, declararía sin materia la impugnación, igualmente, citó al Agente del Ministerio Público encargado de la carpeta de investigación ********, a través de su superior jerárquico. Así, por oficio ******, de seis de marzo del año en curso (foja 152), remitió copia certificada del acta mínima de control, de cinco de marzo de dos mil veinte, relativa a la Carpeta Auxiliar ******, en la que se le dio el uso de la voz a todas las partes (promovente, asesor jurídico, ministerio público) en dicha audiencia. De lo expuesto, se colige que efectivamente la autoridad responsable, cumplió con la ejecutoria de amparo emitida en este expediente, en virtud de que dio cumplimiento a los puntos señalados en la ejecutoria de amparo concesorio, dentro de la Carpeta Auxiliar ******. Esto fue así, porque la autoridad responsable dejó insubsistente la audiencia de veintiuno de marzo de dos mil diecinueve, dentro de la citada Carpeta Auxiliar, y fijó fecha y hora para que tuviera verificativo la nueva audiencia de ley, ordenando la notificación de todas las partes de esa determinación para acudir a la audiencia y poder contra argumentar, tal como se ordenó en la sentencia concesoria de amparo. Así las cosas, las anteriores precisiones son aptas para concluir que la Juez Segundo del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral en el Estado, domiciliado en esta ciudad, cumplió con lo establecido en la ejecutoria dictada en este juicio, por lo que en la substanciación del cumplimiento se observa que no incurrió en exceso o defecto, así como que no existió imposibilidad por parte de éste, para su debido acatamiento. En ese contexto, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo de la Ley de Amparo, SE DECLARA CUMPLIDA LA SENTENCIA que concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, por lo que deberá archivarse el asunto acorde al párrafo cuarto del mencionado artículo, hasta que transcurra el plazo a que se refiere el diverso dispositivo 202 de la citada legislación. ............................................................... En consecuencia, háganse las anotaciones en el libro respectivo. Como ya no existe cuestión pendiente en este asunto, se declara como concluido y se ordena su archivo, en los siguientes términos: 1. En cumplimiento al artículo 18, fracción I, inciso b) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se indica que el presente expediente es susceptible de DEPURACIÓN, ya que se trata de un juicio de amparo en el que se concedió la protección constitucional. 2. Este expediente, al ser depurable, se conservará por el término de tres años en el "archivo de trámite" a que se refieren los artículos 8, fracción I, y 9 del citado Acuerdo General, contados a partir de que se ordenó el archivo como asunto concluido, y una vez concluido dicho plazo, dentro de los siguientes noventa días deberá procederse a su depuración, conservando la demanda, las resoluciones recurridas (en su caso) y la sentencia que puso fin al asunto, así como la resolución que le otorgó autoridad de cosa juzgada y el proveído en que se acuerda el archivo como asunto concluido; y terminado el proceso de depuración, deberá solicitarse la transferencia a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación, tal como lo establece el penúltimo y último párrafo del artículo 18 del referido Acuerdo General. Hágase constar en la carátula del expediente principal, la leyenda "DEPURABLE", de conformidad con lo dispuesto por el cardinal 35 del citado Acuerdo archivístico, para efectos de su transferencia. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 21 del referido Acuerdo General, dese vista a las partes para que en el término de noventa días hábiles contados a partir de que tengan conocimiento de este proveído, comparezcan a este órgano de control constitucional a recuperar los documentos originales que hubieren exhibido en el presente expediente; apercibidos que de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos; por tanto, notifíquese de manera personal a las partes, esta determinación, en el entendido de que, tal como lo prevé el artículo 21 en mención, cuando no se pueda efectuar la notificación personal a las partes, aquélla se realizará a través de las listas que se publican en los estrados de este órgano jurisdiccional. Notifíquese personalmente.
- Principal
SE TIENE POR DEBIDAMENTE NOTIFICADA A LA PARTE QUEJOSA DEL ACUERDO DE CATORCE DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO QUE EN SINTESIS DICE: San Francisco de Campeche, Campeche, catorce de octubre de dos mil veinte. REGISTRO, CAPTURA EN SISE Y FORMACIÓN DE EXPEDIENTE FÍSICO Y ELECTRÓNICO. Vista la demanda de amparo promovida por +++++++, quien se ostenta como apoderado legal ++++++, personalidad que se le reconoce en términos del artículo 11 de la Ley de Amparo, por tenerla acreditada ante la autoridad responsable, contra actos de la Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Campeche, con residencia en esta ciudad y del Actuario adscrito al mismo órgano laboral; se ordena anotar en el Libro de Registro de Juicios de Amparo con el número 918/2020-V-B, registrar en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de este órgano jurisdiccional y formar expediente, tanto físico como electrónico. En ese sentido, con fundamento en el artículo 3o de la Ley de Amparo, se ordena al Oficial Administrativo la digitalización de todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como de los acuerdos, resoluciones o sentencias que elaboran, y toda información relacionada con los expedientes que deberán ingresar en el sistema respectivo y en cuanto a los Actuarios, deberán digitalizar todas las actas, citatorios y razones de notificación que elaboren; debiendo el Secretario cerciorarse de que tanto el expediente electrónico como el expediente impreso o físico coincidan en su totalidad. Además, se hace del conocimiento de las partes que no formarán parte de éste las constancias siguientes: copias de traslado, hojas en blanco, folders micas o cualquier material sin leyenda relevante alguna y de los que se aprecie que únicamente fueron presentados con la finalidad de proteger los documentos, así como las copias que corresponden a actuaciones del propio juzgado que evidentemente ya forman parte de los autos y los documentos anexos a los informes justificados que no resulten necesarios para sustentar una determinación judicial; asimismo, no formarán parte las promociones o constancias respecto de las cuales, a juicio de este órgano, deba guardarse sigilo en relación a una diversa o varias partes o resulten confidenciales o reservadas en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, las cuales se conservarán en este juzgado sin digitalizarse, o bien, si se procede a su digitalización, no serán visibles para la parte respectiva; tampoco formarán parte las constancias que por imposibilidad material no se puedan digitalizar. Asimismo, a prudente arbitrio de este juzgador, no serán digitalizados los documentos públicos o privados o las copias simples o certificadas que como anexos incluyan las partes en sus oficios o promociones, las cuales quedarán a disposición de éstas en el expediente impreso, lo anterior para todos los efectos legales a que haya lugar. COMPETENCIA Con fundamento en los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35, 37 de la Ley de Amparo, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de lo expuesto en la demanda de garantías, este Juzgado de Distrito es competente para conocer de la misma. DESECHAMIENTO Sin embargo, previamente a la admisión de la demanda de cuenta, es necesario examinar si colma los requisitos indispensables para su procedencia, o bien si se encuentra algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia de acuerdo con lo establecido en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Pues bien, el contenido del artículo 113 de la Ley de Amparo, mismo que establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." El artículo 113 en mención señala que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que dicho motivo sea manifiesto e indudable. Ahora, es necesario precisar que "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. Previo a determinar la causa de improcedencia que en el caso se actualiza, es importante destacar que el estudio que se realiza se efectúa en términos de la jurisprudencia P./J.40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, cuyo rubro y texto dicen: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Ahora bien, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la ley de la materia, es menester precisar que del estudio íntegro de la demanda de amparo, se obtiene que la parte quejosa hace consistir el acto reclamado en: la omisión de dictar auto de requerimiento de pago y embargo dentro del juicio laboral 291/2018, solicitado por escrito de veintiuno de agosto de dos mil veinte. La determinación aludida, no tiene efectos de imposible reparación como lo exige la interpretación gramatical en sentido contrario del artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, para la procedencia del juicio de amparo. Por lo que se actualiza, de manera notoria e indudable, la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el mencionado precepto, ambos de la ley de la materia. En consecuencia, en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con su diverso precepto 107, fracción V, este último interpretado en sentido contrario. Además, dicha improcedencia es notoria porque se advierte del contenido íntegro de la demanda constitucional, y es indudable si se toma en cuenta que la improcedencia del juicio no puede ser desvirtuada con ningún medio de prueba que ofreciera el quejoso durante la tramitación del juicio de amparo. Por tanto, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO la demanda constitucional, promovida por +++++++, en contra del acto que reclama de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Campeche, con residencia en esta ciudad. DESIGNACIÓN DE DOMICILIO Se tiene como domicilio del peticionario de amparo para oír y recibir notificaciones el señalado en el escrito de demanda, y como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a las personas que menciona. PUBLICACIÓN DE DATOS PERSONALES De conformidad con los artículos 1, 9, 118 y tercero transitorio, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, difundida mediante el DECRETO por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en vigor a partir del diez de mayo de dos mil dieciséis, según los dispone su artículo primero transitorio, en concordancia con el ordinal 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, reglamento vigente hasta en tanto se emita la nueva norma complementaria, se hace saber a las partes que hasta antes de la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, cuentan con el derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales que aparecen en resoluciones, pruebas y demás constancias del expediente, ello en el momento de hacerse pública la misma; asimismo, en la etapa de allegar pruebas o constancias a juicio, pueden manifestar en forma expresa, si las mismas deben considerarse como reservadas o confidenciales con base en lo dispuesto en algún tratado internacional o en una ley expedida por el Congreso de la Unión o las Legislaturas de los Estados, todo lo anterior, sin perjuicio de lo que determine la unidad administrativa al instante en que le sea solicitada por terceros, información de este expediente. Notifíquese.
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