EDGAR JESUS ENCINAS ANAYA y Otros.

Expediente 1394/2019 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 5 actuaciones registradas, la última del 25 de marzo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1394/2019
Año
2019
Actuaciones
5
Última actuación
25/03/2021

Partes del expediente

  • EDGAR JESUS ENCINAS ANAYA y Otros.
  • Edgar Jesus Encinas Anaya
  • YIBRAN RODRIGO PARDO CASTELLANO y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Cuenta. El veinticinco de marzo de dos mil veintiuno, se da cuenta con la certificación secretarial que antecede y con el estado de autos. Conste.Tijuana, Baja California, veinticinco de marzo de dos mil veintiuno. Transcurrió plazo. Vista la certificación de cuenta y el estado de autos, se advierte que transcurrió el plazo de diez días establecido en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran recurso de revisión en contra de la sentencia dictada el quince de enero de dos mil veintiuno, en la que se determinó negar el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa; sin que lo hubieren hecho. Causa ejecutoria. Por tanto, con fundamento en el precepto ya mencionado y en relación con el ordinal 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que la citada sentencia ha causado ejecutoria. Archivo. En consecuencia, al no existir diligencias pendientes por desahogar, con fundamento en el numeral 214 de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido; por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como la captura de datos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Valoración. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte y que entró en vigor al día siguiente de su publicación; se determina: Juicio de amparo. De conformidad con lo establecido en el artículo 18, fracción I, inciso b) del citado acuerdo, se establece que el cuaderno relativo a este juicio es susceptible de depuración por haberse negado la protección respecto de los actos reclamados, por lo que, una vez transcurrido el término de tres años a que alude el referido numeral, procédase a su depuración. Cuaderno incidental original. Por su parte, se establece que el original del incidente de suspensión, se ubica en la hipótesis del artículo 18, fracción I, inciso a), ya que se concedió la suspensión provisional y definitiva; por tanto, una vez que transcurran tres años a partir de esta fecha, se depurará el expediente, conservando las resoluciones relativas a su otorgamiento. Cuaderno duplicado. En cuanto al duplicado del incidente, se establece que es susceptible de destrucción al ubicarse en el supuesto previsto en el inciso a), fracción II, del artículo 20 del Acuerdo antes referido; por lo que se ordena dejar por separado del cuaderno principal y una vez transcurrido el término de seis meses a que alude el referido numeral, procédase a su destrucción en los términos previstos en el penúltimo párrafo del citado precepto. Hecho lo anterior, realícese la anotación en el libro de gobierno, debiendo remitir a la Dirección General de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, original de la aludida acta a fin de dar cumplimiento al artículo 23 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Relevancia documental. De igual forma, atendiendo al contenido del artículo 15 del mencionado Acuerdo, a criterio de este juzgado se considera que el presente expediente carece de relevancia documental. Devolución de discos compactos. Finalmente, hágase la devolución de los tres discos compacto remitidos por la autoridad responsable Juez de Distrito Especializado en el Sistema de Justicia Penal Acusatorio, del Centro de Justicia Penal Federal, con residencia en esta ciudad. Notifíquese.

  2. Principal

    Visto el contenido de la certificación secretarial de cuenta, de la que se advierte que mediante oficio SEADS/1472/2019 de veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve, emitido por la Secretaría Ejecutiva de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, se informó que el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, determinó la designación de la licenciada Magali María Díaz Villarreal, como Titular del Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, con efectos a partir del dieciséis de diciembre del mismo año; en consecuencia, hágase lo anterior del conocimiento de las partes a efecto de que estén en posibilidad de hacer valer, en su caso, alguno de los impedimentos previstos en el artículo 51 de la Ley de Amparo, conforme a lo establecido en la jurisprudencia 2ª./J. 104/2010 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página trescientos doce, del Tomo XXXII, julio de dos mil diez, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro siguiente: "SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO. EL CAMBIO DE TITULAR DEL ÓRGANO QUE LA DICTARÁ DEBE NOTIFICARSE A LAS PARTES, PUES DE LO CONTRARIO SE ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE AMERITA REPONER EL PROCEDIMIENTO, SIEMPRE QUE SE HAGA VALER EN LOS AGRAVIOS DEL RECURSO DE REVISIÓN EL ARGUMENTO REFERENTE AL IMPEDIMENTO DEL JUEZ A QUO PARA CONOCER DEL ASUNTO." Cumplimiento a ejecutoria de amparo. Visto el estado de autos y la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término de tres días concedido a las partes mediante proveído de veintidós de octubre de dos mil diecinueve, para que manifestaran lo que a su interés legal conviniera con relación al cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. En consecuencia, este órgano jurisdiccional procede a resolver de oficio si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido, de conformidad con el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo y con la jurisprudencia 2a./J. 26/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, Marzo de 2000, página 243, cuyo rubro dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)". Efectos del fallo protector. En principio, debe precisarse que a través de la sentencia emitida el treinta de agosto del año en curso, se concedió el amparo y la protección de la Justicia de la Unión a Irán de Jesús Zepeda Pineda, contra el acto reclamado a la autoridad responsable Subsecretario del Sistema Estatal Penitenciario, con sede en Mexicali, Baja California, para los siguientes efectos: "SÉPTIMO. Efectos de la concesión. Con apoyo en el artículo 74, fracción V, en relación con el 77, ambos de la Ley de Amparo, al tratarse de un vicio de fondo y a fin de restituir a la parte quejosa en sus derechos fundamentales transgredidos, se concede el amparo y la protección federal para lo siguiente: El Subsecretario del Sistema Estatal Penitenciario, con sede en Mexicali, Baja California deberá: Dejar insubsistente el oficio SSEP/SSEP/386/2019 del nueve de enero de dos mil diecinueve, mediante el cual instruyó al Director de Centros de Reinserción Social, para que llevara a cabo el traslado del interno, aquí quejoso Irán de Jesús Zepeda Pineda, del Centro de Reinserción Social Tijuana al Centro de Reinserción Social "El Hongo", con residencia en Tecate, Baja California y dada la situación particular del quejoso -que ya fue trasladado-, delegue al Juez de ejecución competente para que sea éste quien determine si ha lugar o no a ordenar la devolución material del aquí quejoso al centro de reclusión de origen." Requerimiento. En veintiséis de septiembre de dos mil diecinueve, causó ejecutoria la sentencia; y se requirió a las responsables su cumplimiento; en atención a ello, por oficio SSEP/6565/2019, la responsable Subsecretario del Sistema Penal Penitenciario, con residencia en Mexicali, Baja California, remitió las constancias que demuestran el cumplimiento al fallo protector. Se determina cumplida la sentencia de amparo. Del análisis de las constancias que remitió la responsable, se estima que se cumplió con el fallo protector, ya que realizó lo siguiente: Primero. Mediante oficio SSEP/6266/2019 de ocho de octubre de dos mil diecinueve, el Subsecretario del Sistema Penal Penitenciario, con residencia en Mexicali, Baja California, comunicó que con relación al primer efecto de la protección constitucional dejó insubsistente la diversa comunicación SSEP/SSEP/386/2019 de nueve de enero del año en curso, para lo cual adjuntó copias certificadas de los oficios SSEP/6236/2019 y SSEP/6237/2019. Segundo. A través, del oficio SSEP/6565/2019 de diecisiete de octubre de dos mil diecinueve, el Subsecretario del Sistema Penal Penitenciario, con residencia en Mexicali, Baja California comunicó que delegó al Juez de Control Especializado en Ejecución del Poder Judicial del Estado de Baja California, con sede en Tecate, determine si ha lugar o no ordenar la devolución material del quejoso Irán de Jesús Zepeda Pineda al centro de reclusión de origen, es decir, al Centro de Reinserción Social Tijuana. Probanza a la que se le otorga valor probatorio pleno de conformidad con el artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Se determina cumplido el fallo protector. En esas condiciones, se advierte que la responsable dio cumplimiento a la sentencia de amparo; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el numeral 196, segundo párrafo, de la ley de la materia, se declara cumplida la ejecutoria de amparo sin excesos ni defectos; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Lo anterior no obstante las manifestaciones del quejoso, en las que expresa que el Juzgado de Ejecución del Poder Judicial de Baja California, con sede en Tecate, aún no dicta resolución en relación a su traslado al centro de reclusión de origen. Ello, toda vez que los efectos del fallo protector, fueron únicamente para que la autoridad responsable administrativa dejara sin efectos el oficio en el que ordenó su traslado al Centro de Reinserción Social El Hongo, con sede en Tecate, Baja California, y que delegara al Juez de Ejecución competente para que se pronunciara respecto del traslado del quejoso. Notificación. Comuníquese a la parte quejosa la determinación que antecede para los efectos del artículo 201, fracción I, en relación con el 202, primer párrafo, de la Ley de Amparo. Archivo. Al no existir diligencias pendientes por desahogar, con fundamento en el numeral 214 de la Ley de Amparo, aplicado a contrario sensu, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido; por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como la captura de datos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Valoración. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre del año dos mil nueve de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y Consejo de la Judicatura Federal, que establece lineamientos para la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito; pues en el punto Vigésimo prevé que son susceptibles de destrucción los expedientes auxiliares y los duplicados de los incidentes de suspensión que tengan más de seis meses de haberse dictado la sentencia o resolución interlocutoria correspondiente y en el punto Vigésimo Primero, establece que después de haber trascurrido cinco años como asunto concluido; son destruibles, los expedientes que se ubiquen en las fracciones I, II y III, primer párrafo de ese punto y que son susceptibles de depuración los que encuadren en las fracciones III, segundo párrafo, IV y V del punto en comento. Expediente principal. Ahora, en cumplimento al artículo Vigésimo Primero, fracción IV del citado acuerdo, se establece que el cuaderno relativo a este juicio es susceptible de depuración, por haberse concedido la sentencia de amparo. En consecuencia, una vez que transcurra el plazo de tres años contado a partir de la notificación de este proveído, transfiérase el expediente al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de conformidad con el punto Decimotercero del acuerdo en comento, lugar en el que se deberán retirar las demás actuaciones del expediente para su destrucción y conservar únicamente la demanda y sentencia. Relevancia documental. De igual forma, atendiendo al contenido del punto vigésimo primero, último párrafo, a criterio de este juzgado se considera que el presente expediente carece de relevancia documental. Notifíquese personalmente.

  3. Incidental

    Tijuana, Baja California, diecisiete de diciembre de dos mil diecinueve. Cambio de titular. Visto el contenido de la certificación secretarial de cuenta, de la que se advierte que mediante oficio SEADS/1472/2019 de veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve, emitido por la Secretaría Ejecutiva de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, se informó que el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, determinó la designación de la licenciada Magali María Díaz Villarreal, como Titular del Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, con efectos a partir del dieciséis de diciembre del mismo año; en consecuencia, hágase lo anterior del conocimiento de las partes a efecto de que estén en posibilidad de hacer valer, en su caso, alguno de los impedimentos previstos en el artículo 51 de la Ley de Amparo, conforme a lo establecido en la jurisprudencia 2ª./J. 104/2010 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página trescientos doce, del Tomo XXXII, julio de dos mil diez, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro siguiente: "SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO. EL CAMBIO DE TITULAR DEL ÓRGANO QUE LA DICTARÁ DEBE NOTIFICARSE A LAS PARTES, PUES DE LO CONTRARIO SE ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE AMERITA REPONER EL PROCEDIMIENTO, SIEMPRE QUE SE HAGA VALER EN LOS AGRAVIOS DEL RECURSO DE REVISIÓN EL ARGUMENTO REFERENTE AL IMPEDIMENTO DEL JUEZ A QUO PARA CONOCER DEL ASUNTO." Feneció término legal. Vistas las certificaciones que anteceden se advierte que trascurrió el término de diez días establecido en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran recurso de revisión contra la sentencia de veintiocho de noviembre del año en curso, en la que se concedió el amparo y protección federal en el presente juicio de amparo, sin que lo hubieran hecho. Causa ejecutoria. Por tanto, con fundamento en el precepto ya mencionado y en relación con el ordinal 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que la citada resolución ha causado ejecutoria; en consecuencia, dense los avisos de rigor. Ahora bien, siguiendo los lineamientos de la sentencia de amparo, con fundamento en el artículo 192 de la ley de la materia, se requiere mediante oficio a la autoridad responsable Junta Especial Número Cincuenta y Nueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, para que dentro del plazo de tres días, contado a partir de que sea notificada de este auto, dicte las providencias correspondientes en cumplimiento al fallo protector y envíe las constancias que así lo acrediten. Se precisa que los efectos de la concesión de amparo son: La Junta responsable deberá con plenitud de jurisdicción dictar el laudo dentro del expediente laboral número ********************; esto dentro de los plazos y de conformidad con las disposiciones establecidas en los artículos 885, 886, 887 y 890 de la Ley Federal del Trabajo. Apercibida la autoridad responsable que de no hacerlo dentro del plazo otorgado; o bien, comunique la imposibilidad que para ello tenga, en términos de los artículos 192, párrafo segundo y 193, párrafo primero, ambos de la Ley de Amparo, en relación con el precepto 258 del ordenamiento legal citado, se le impondrá una multa de cien días del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente a la fecha que en su caso se haga efectiva la medida de apremio, sin perjuicio de remitir los autos al Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Quinto Circuito, con residencia en Tijuana, Baja California, en turno, para dar inicio al trámite de inejecución de sentencia, conforme lo dispone el primero de los preceptos invocados. Sin que en el caso sea procedente requerir al superior jerárquico de la autoridad responsable, en términos de lo dispuesto por el párrafo tercero del numeral 192 de la Ley de Amparo, dado que carece de superior jerárquico, por desempeñar una función jurisdiccional con competencia definida para decidir los asuntos sometidos a su conocimiento, además de facultades y atribuciones propias que le permiten cumplir con la sentencia de amparo, con total independencia y autonomía. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia P./J. 63/2014 (10a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Notable en la página seis, libro 13, tomo I de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, diciembre de dos mil catorce, intitulada: "CONSEJOS DE LA JUDICATURA LOCALES. NO SON SUPERIORES JERÁRQUICOS DE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES QUE INTEGRAN A LOS PODERES JUDICIALES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS PARA EFECTOS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 192 Y 194 DE LA LEY DE AMPARO)." En consecuencia, una vez transcurrido el plazo concedido a la autoridad precisada, dese cuenta con todo el expediente, para los efectos legales a que hubiere lugar. Háganse las anotaciones oficiales que correspondan en los registros de control de este órgano jurisdiccional. Notifíquese; personalmente a la quejosa y a los terceros interesados.

  4. Principal

    Tijuana, Baja California, diez de diciembre de dos mil diecinueve. Radicación. Vista la demanda de cuenta, fórmese el expediente físico y electrónico respectivos y regístrese en el libro de gobierno como juicio de amparo 1394/2019-VIII. Personalidad del promovente. Previo a pronunciarse sobre la admisión o rechazo de la demanda de amparo recibida vía electrónica, debe analizarse la personalidad de la promovente Sheila Marina Ibarra Domínguez, quien manifiesta bajo protesta de decir verdad ser Defensora Pública Federal que patrocina a Yibrán Rodrigo Pardo Castellanos y Edgar Jesús Encinas Anaya, en la causa penal 690/2019 del índice del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Baja California, con sede en esta ciudad; por tanto, se le reconoce tal carácter, de conformidad con lo establecido en el artículo 14 de la Ley de Amparo, empero se solicita al Juez de Distrito Especializado en el Sistema de Justicia Penal Acusatorio, del Centro de Justicia Penal Federal, en esta ciudad, en su carácter de Juez de Control, remita la certificación a que alude dicho numeral en la que se haga constar tal circunstancia para acreditar la personalidad de la promovente. Asimismo, es válida la demanda de amparo recibida vía electrónica, toda vez que la misma cuenta con firma electrónica FIREL de la promovente y por ende, produce los mismos efectos que la firma autógrafa, en concordancia con el inciso f) del artículo 12 del Acuerdo General Conjunto número 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal. Admisión de la demanda. Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, fracción I, 33, 35, 107, 108, 110, 112, 115, 116, 117 y demás relativos de la Ley de Amparo; se admite la demanda que promueve Sheila Marina Ibarra Domínguez, Defensora Pública Federal de Yibrán Rodrigo Pardo Castellanos y Edgar Jesús Encinas Anaya contra los actos reclamados a la autoridad responsable que menciona. Incidente de suspensión. De conformidad con el artículo 128 de la Ley de Amparo, se ordena tramitar por separado el incidente de suspensión solicitado. Agente del Ministerio Público de la Federación. Dese la intervención que legalmente le corresponde a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, en términos de los numerales 107, fracción XV, constitucional y 5°, fracción IV de la Ley de Amparo. Tercero interesado. Ahora, con fundamento en lo previsto en el artículo 5°, fracción III, inciso e) de la Ley de Amparo, se le reconoce el carácter de tercero interesado al Agente del Ministerio Público de la Federación, Titular de la Célula II-III en el Estado de Baja California, con sede en esta ciudad; en consecuencia, emplácesele al presente juicio de amparo por medio de oficio y con copia simple de la demanda debiendo ser entregado por conducto del actuario de la adscripción. Audiencia constitucional. Cítese a las partes a la audiencia constitucional que tendrá verificativo a las nueve horas con treinta minutos del diez de enero de dos mil veinte. Señalamiento de autorizados. Se tienen por autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a los profesionistas que sí cuentan con registro en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, como se advierte de las constancias que se glosan en autos. Habilitación de días y horas inhábiles. De conformidad con lo señalado en el párrafo tercero del artículo 21 de la ley de la materia, en uso de las facultades conferidas a los tribunales federales para dictar las medidas que se estimen pertinentes a fin de lograr las notificaciones personales que puedan ordenarse en el presente juicio, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles. Notifíquese en términos de ley.

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