Edgar Jesús Elizalde Ocampo

Expediente 1031/2016 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero. 3 actuaciones registradas, la última del 28 de noviembre de 2016.

Datos del expediente

Expediente
1031/2016
Año
2016
Actuaciones
3
Última actuación
28/11/2016

Partes del expediente

  • Enrique Ocampo Mastache y Otros.
  • Edgar Jesús Elizalde Ocampo

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado que guarda el presente asunto y toda vez que se advierte que las partes no interpusieron recurso de revisión en contra del auto de veintisiete de octubre del año en curso, dictado en el presente asunto, en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del numeral 2 de la ley de la materia, se declara que dicho auto que SOBRESEYÓ FUERA DE AUDIENCIA ha causado EJECUTORIA. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y con apoyo en el diverso artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este asunto como totalmente concluido. Por otra parte, vistas las constancias de autos el presente expediente carece de relevancia documental y sin que se advierta del mismo documento alguno en original exhibido por las partes, lo anterior se hace constar de conformidad a lo señalado en el punto Décimo Primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, con vigencia a partir de treinta días después de su publicación, según su artículo primero transitorio; en tal virtud, en términos del punto Vigésimo Primero, fracción I, del citado Acuerdo General, el presente asunto es susceptible de ser destruido.

  2. Principal

    Visto el alegato ministerial signado por el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado Federal; atento a su contenido y con apoyo en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tiene por hechas sus manifestaciones que en vía de alegatos vierte, las que serán relacionadas al celebrarse la audiencia constitucional.Por otra parte, con fundamento en el artículo 3°, párrafo tercero de la ley de la materia, expídasele las copias que solicita.Por otra parte, visto el oficio signado por el Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta Ciudad; atento a su contenido, con fundamento en el numeral 117 de la Ley de Amparo, téngase a la citada autoridad rindiendo su informe justificado.Ahora bien, de las constancias que remite la autoridad responsable a su informe justificado se aprecia que en auto de veinticuatro de octubre de dos mil dieciséis, acordó las promociones presentadas por el apoderado de los actores aquí quejosos Enrique Ocampo Mastache y Edgar Jesús Elizalde Ocampo, en el cual hizo efectivo el apercibimiento decretado el veinte de mayo del año en curso, y ordenó requerir nuevamente a la parte demandada el pago del laudo condenatorio dictado en el expediente laboral 1186/2009, documentales a la que se concede valor probatorio en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. De las referidas constancias se advierte que se actualiza una causal de sobreseimiento en el presente juicio de garantías.En efecto, se advierte que se actualiza de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia contemplada en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.)XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado."Del texto legal preinserto, se advierte que el juicio de garantías es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, de tal modo que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito consiste en la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal.Es ilustrativa la jurisprudencia número 2ª./J.59/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, publicada en la página 38, tomo IX, junio de 1999, Novena Época, siguiente:"CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal."En el caso, de la lectura integral de la demanda de amparo se advierte que el peticionario en esencia reclama de la autoridad responsable Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, la omisión de dictar todas las medidas necesarias que están a su alcance para ejecutar el laudo, petición que le fue realizada a través de los escritos de cinco y catorce de julio, dieciséis y veinticuatro de agosto y dos de septiembre, todos del año en curso; así como la omisión de vigilar del debido cumplimiento y la aplicación de las medidas de apremio impuestas. Ahora bien, de las constancias que remite la responsable consistentes en las copias certificadas del expediente laboral 1186/2009, a las cuales se les concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte que en auto veinticuatro de octubre de dos mil dieciséis, acordó las promociones de cinco y catorce de julio, dieciséis de agosto y dos de septiembre de dos mil dieciséis, presentadas por el apoderado de los actores aquí quejosos Enrique Ocampo Mastache y Edgar Jesús Elizalde Ocampo, en el cual a fin de vigilar el debido cumplimiento hizo efectivo el apercibimiento decretado en auto de veinte de mayo del año en curso, y ordenó requerir nuevamente a la parte demandada el pago del laudo condenatorio dictado en el expediente laboral 1186/2009; de lo que se deduce que dictó la medida que consideró pertinente a efecto de lograr la ejecución del laudo, lo que trae como consecuencia que los actos reclamados cesen en sus efectos.Ello es así, dado que la cesación de efectos en comento, constituye un motivo manifiesto e indudable de improcedencia que a la postre conduce a sobreseer en el juicio, aun fuera de la audiencia constitucional, en virtud de que la responsable dio contestación a los escritos presentados por la parte quejosa, y con el fin de vigilar el debido cumplimiento hizo efectivo el apercibimiento decretado en auto de veinte de mayo del año en curso, y ordenó requerir nuevamente a la parte demandada el pago del laudo condenatorio, a efecto de lograr su ejecución, con lo cual restituye al impetrante de garantías en el goce de sus garantías violadas, lo que imposibilita el examen constitucional de la retardación de justicia que tilda de inconstitucional, precisamente porque ese acto ya no invade la esfera jurídica de la amparista, de allí, que en tal evento se surte una causa notoria, manifiesta e indudable de improcedencia, que da lugar a decretar en el juicio el sobreseimiento fuera de audiencia, acorde a lo establecido en el numeral 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, sin necesidad de esperar a su celebración.Sin que obste a lo anterior, que en el proveído en cita no haya relacionado el escrito presentado el veinticuatro de agosto de dos mil dieciséis, toda vez que similar petición la realizó a través de los diversos escritos de dos de septiembre, dieciséis de agosto, catorce y cinco de julio del año en curso, dando así contestación al citado en primer término. Es así, toda vez que ningún objeto tiene ya continuar con el trámite del juicio de amparo y dar oportunidad a que se ofrezcan pruebas, si nada puede desvirtuar el resultado del fallo que será siempre en el mismo sentido.Es aplicable a lo anterior, la Jurisprudencia aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto:"SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus relaciones de manera pronta, completa e imparcial."Cabe apuntar que, esta Juzgadora se encuentra imposibilitada de analizar la legalidad o ilegalidad del auto de veinticuatro de octubre de dos mil dieciséis, así como las subsecuentes condiciones de retardo u omisión del trámite del expediente natural, pues, de lo contrario, se contravendrían los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 63, 65 y 74 de la Ley de Amparo. Apoya a lo anterior la tesis siguiente: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013. (Décima Época, Registro: 2005150, Instancia: Segunda Sala, Tesis Aislada, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I, Materia(s): Común, Tesis: 2a. CV/2013 (10a.), Página: 732)." En virtud de lo anterior, SE DEJA SIN EFECTOS LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL QUE TENDRÍA VERIFICATIVO EL DÍA DE HOY A LAS TRECE HORAS, lo anterior, hágase del conocimiento de las partes para los efectos legales procedentes.

  3. Principal

    se admite la demanda. Regístrese en el libro de gobierno con el número 1031/2016, fórmese expediente impreso y electrónico. Sin incidente de suspensión, por no haberse solicitado de manera expresa, ni advertirse que proceda de oficio en términos del artículo 125 de la ley mencionada. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Cítese a las partes para la audiencia constitucional, la cual se llevará a cabo a las TRECE HORAS DEL VEINTISIETE DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECISÉIS, de conformidad con lo establecido en el artículo 115 de la Ley de Amparo, en la inteligencia de que en el plazo para celebrarla se incluyen sólo días hábiles, sin tomar en cuenta sábados y domingos y aquellos en los que no tienen lugar las actuaciones judiciales. Por otra parte, con fundamento en el artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo, que establece entre las obligaciones de la parte quejosa, la de señalar con precisión a las autoridades responsables (tema sobre el que no opera la suplencia de la queja como se advierte del artículo 79 de la Ley de Amparo); se apercibe a la parte quejosa que si la autoridad responsable señalada no existe con la denominación que indica en su escrito de cuenta, sin mayor trámite se tendrá por inexistente, suspendiéndose toda comunicación con las mismas, y en su oportunidad se resolverá conforme a tal situación; salvo prueba en contra o que se corrija el señalamiento en la denominación de la autoridad responsable; tomando en consideración que le corresponde a la parte quejosa estar pendiente en la tramitación de su asunto; circunstancia que guarda armonía con lo establecido en el artículo 17 constitucional que procura la impartición de justicia pronta y expedita; y al principio de la celeridad procesal. INFORME JUSTIFICADO Con copia de la demanda pídase a la autoridad responsable su informe justificado, el cual de conformidad con el artículo 117 de la ley de la materia deberá rendir en el plazo de quince días hábiles posteriores al en que surta efectos la notificación que se haga de este proveído, en el entendido que se tendrá por rendido extemporáneamente aun cuando se rinda antes de la celebración de la audiencia constitucional pero después del citado plazo, acompañando, en su caso, copia certificada de las constancias legibles y completas que tomó en consideración para emitir el acto combatido en esta vía constitucional, en la inteligencia que no serán admitidas copias al carbón o reproducciones de éstas, pues resulta indispensable que este órgano jurisdiccional cuente con los elementos necesarios para dictar sentencia en la que analice el fondo de la cuestión que le fue planteada, por lo que se estima que la ilegibilidad de las constancias equivale a su no envío, que ocasionaría un retraso inexcusable en la administración de justicia, debiendo manifestar, en su caso, el impedimento legal que tenga para hacerlo. Asimismo, requiérase a las autoridades señaladas como responsables para el efecto de que informen a este Juzgado de Distrito, si en el expediente del que emana el acto que reclama el quejoso, se han promovido diversos juicios de garantías, debiendo señalar el órgano u órganos de control constitucional que le haya tocado conocer del mismo y el número mediante el cual se haya radicado Se apercibe a la autoridad responsable que en caso de que no rinda su informe justificado o lo haga sin remitir las constancias necesarias, legibles y completas para apoyarlo, se le impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización, con arreglo en el artículo 260 fracción II de la Ley de Amparo, en relación con el decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones (artículos 26, 41 y 123) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Al igual, se le hace saber que, si se omite manifestar si han cesado los efectos del acto reclamado o han ocurrido causas notorias de sobreseimiento, se le impondrá una multa de treinta unidades de medida y actualización, con fundamento en el artículo 251 de la Ley de Amparo, en relación con el decreto citado en el párrafo que antecede.

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