Edgar Javier Morales Ramírez
Expediente 1085/2021 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 2 actuaciones registradas, la última del 10 de enero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1085/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 10/01/2022
Partes del expediente
- Edgar Javier Morales Ramírez
Actuaciones
- Principal
Ciudad de México, a diez de enero de dos mil veintidós. Vistas la constancia y la primera certificación que anteceden, se advierte que no se recurrió el auto por el que se desechó la demanda; en consecuencia, con fundamento en los numerales 98 de la legislación reglamentaria, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley en cita, se declara que ha causado estado. En tal virtud, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como concluido y con fundamento en el precepto 214 de la ley reglamentaria, interpretado en sentido contrario, en su oportunidad envíese al archivo. Asimismo, tómese conocimiento de la segunda certificación secretarial de cuenta, relativa a la coincidencia de las constancias físicas y electrónicas que obran en los expedientes respectivos, para los efectos legales que haya lugar, en términos del artículo 25 del Acuerdo General del Pleno Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, en vigor a partir del veintiséis de marzo de dos mil veinte. En cumplimiento al diverso numeral 6 del citado Acuerdo General, toda vez que se desechó la demanda y en autos no constan documentos originales exhibidos por la parte quejosa, de conformidad con el dispositivo 21, inciso d), del acuerdo general en cita, se establece que el presente expediente es susceptible de destrucción, una vez que transcurra el plazo de tres años que ahí se estipula. Notifíquese.
- Principal
Ciudad de México, a veintiocho de diciembre de dos mil veintiuno. Vista la demanda promovida electrónicamente por **********, por conducto de **********, contra actos que reclama del Fiscal General de la República y otra(s) autoridad(es), de conformidad con el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el orden **********. Sin que en el caso resulte procedente proveer lo relativo a la admisión de la demanda, en tanto existe un obstáculo procesal que lo impide. I. En cumplimiento a lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Amparo, en principio se analizará la procedencia de la acción constitucional, toda vez que se trata de una cuestión de orden público, cuyo estudio es oficioso y preferente. Tal precepto, indica: (.) Al respecto, es conveniente precisar que los artículos 107, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el diverso 6° de la Ley de Amparo, prevén: (.) Los preceptos transcritos contienen uno de los principios fundamentales que rigen al juicio de amparo, consistente en que quien lo accione sea la parte agraviada; es decir, debe promoverse únicamente por la persona a quien afecte el acto reclamado. Ahora bien, el quejoso puede comparecer al juicio por sí mismo; o bien, en los casos así previstos en la ley reglamentaria, podrá hacerlo por conducto de: a) su representante o apoderado; b) su defensor; o incluso, c) cualquier persona. Es en relación con los últimos supuestos, que este juzgador considera necesario abundar, en tanto se encuentran vinculados con el presupuesto procesal denominado legitimación procesal activa, que debe de satisfacerse cuando el juicio de amparo sea promovido por conducto de una persona diversa a la agraviada. Al respecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió la jurisprudencia 2a./J. 75/97, consultable en la página 351, Tomo VII, Enero de 1998, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto indican: (.) En ese orden, la Ley de Amparo prevé diversas hipótesis en las que el quejoso puede promover el juicio por conducto de un tercero que ostente su representación legal. La primera se observa en el numeral 6°, en relación con el diverso 114, fracción III, de la ley de la materia, relativa a que el promovente se trate del representante o apoderado legal de la parte quejosa y, al promover el juicio exhiba adjunto a la demanda, documento con que acredite su personalidad. A partir de ello, el juez de amparo podrá determinar, según sea el caso, si el promovente carece de facultades de representación; insuficiencia de las mismas; o, ineficacia de la documentación presentada para ese efecto; lo cual propiciará que aquél lo prevenga para subsanar tal irregularidad detectada. La segunda hipótesis es acorde con el numeral 11 de la Ley de Amparo y surge cuando la persona, al instar la acción constitucional a nombre del quejoso, afirma tener reconocida su representación ante la autoridad responsable. Bajo este supuesto, la regla general es admitir la demanda, siempre que acredite lo anterior con las constancias respectivas; salvo en materia penal, en la que basta la afirmación en ese sentido. En el entendido que, en este último caso, si quien acude es el defensor del justiciable, tal manifestación tendrá que realizarla bajo protesta de decir verdad, de conformidad con el precepto 14 de la ley reglamentaria. La tercera hipótesis, se trata de aquellos asuntos promovidos en términos de lo que señala el artículo 15 de la Ley de Amparo, en los que se reclaman actos ahí precisados, incluyendo a los que se refiere el diverso 22 constitucional. En estos casos, la demanda podrá promoverla cualquier persona -incluso siendo menor de edad- a nombre del quejoso; siempre y cuando, este último se encuentre imposibilitado para promover el amparo. De esta forma, si quien insta la acción constitucional a nombre del quejoso carece de legitimación procesal activa, traerá como consecuencia la improcedencia del juicio. Sirve de apoyo la tesis aislada emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, publicada en la página 272, Tomo VII, Enero de 1991, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, que dispone: (.) Significa entonces que la falta de legitimación procesal activa, provoca el desechamiento de la demanda al actualizar la causal de improcedencia a que se refiere el precepto 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 6 del mismo ordenamiento y 107, fracción I constitucional. El primer numeral indica: (.). II. En el caso, ********** promueve demanda a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en representación del quejoso **********, y señala como actos reclamados del Fiscal General de la República y otras autoridades, los siguientes: "A) De las autoridades señaladas como responsables ordenadoras reclamo la orden de detención ministerial librada en mi contra dentro de la carpeta de investigación **********. B) De las autoridades señaladas como responsables ejecutoras reclamo la ejecución material de dicha orden de detención." III. Como se observa, ninguno de los actos impugnados se encuentra enlistado ni en el artículo 15 de la Ley de Amparo, como tampoco en el 22 de la Constitución General de la República. En la demanda, si bien se dijo que el directo quejoso tiene problemas de salud, también lo es que no se acompañaron pruebas a partir de las que se generen indicios tendentes a establecer que le quejoso se encuentra imposibilitado para promover el juicio de amparo indirecto por sí mismo. Con apoyo en lo anterior, es válido afirmar que si en el particular no se está ante el supuesto de representación que prevé el numeral 15 de la ley en la materia, resulta evidente que la persona que promovió la demanda de amparo carece de legitimación procesal activa para instar la acción constitucional. Por tanto, al no cumplirse el principio de instancia de parte agraviada, en los términos en que se presentó la demanda, de conformidad con el artículo 113 de la ley de la materia, esta autoridad judicial considera que se actualiza de forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, del mismo ordenamiento, en relación con los numerales 107, fracción I de la Constitución General de la República y 6° del primer ordenamiento señalado. Consecuentemente, lo procedente es desechar de plano la demanda de cuenta. Finalmente, no ha lugar a proveer en cuanto al domicilio que se señaló para oír y recibir notificaciones y en cuanto a las restantes cuestiones, dado el sentido de la anterior determinación, de ahí que este proveído y los subsecuentes habrán de notificarse mediante lista de acuerdos de este juzgado. Notifíquese.
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