Edgar Jatzen Lazaro Vargas

Expediente 104/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero. 2 actuaciones registradas, la última del 23 de febrero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
104/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
23/02/2022

Partes del expediente

  • Edgar Jatzen Lazaro Vargas

Actuaciones

  1. Principal

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, veintitrés de febrero de dos mil veintidós. Visto el estado de los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, de los que se aprecia que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido el proveído de nueve de febrero de dos mil veintidós, en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al procedimiento en que se actúa, en términos del numeral 2 de la Ley de Amparo, se declara que dicho auto que desechó la demanda de amparo promovida por la parte quejosa; ha causado estado. En virtud de lo anterior, háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo, y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente asunto como totalmente concluido. En consecuencia, en términos de lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina: De acuerdo con el supuesto que prevé el artículo 21, inciso d), el expediente principal transcurridos tres años a partir de que surta efectos la notificación personal del presente proveído, será DESTRUIBLE, en su totalidad, porque se desechó la demanda de amparo. Lo anterior, atendiendo a lo establecido en los diversos artículos 12 y 14 del referido Acuerdo General. En términos del diverso artículo 15 del señalado Acuerdo General, este expediente no es de relevancia documental, ni con trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional; aunado a que no Existen documentos originales que devolver a las partes. Notifíquese a la parte quejosa como se ordenó en auto de nueve de enero del año en curso. Así lo proveyó y firma Basilio Rojas Zimbrón, Juez Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo de los Bravo, ante el Secretario César Iván Rendón Patricio, que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, nueve de febrero de dos mil veintidós. Visto el escrito de demanda de amparo, promovida por Edgar Jatzen Lázaro Vargas, por propio derecho, contra actos del Agente del Ministerio Público del Fuero Común Sector Central, con residencia en esta ciudad y otra autoridad. Regístrese en el libro de gobierno con el número 104/2022, y fórmese expediente. DESECHAMIENTO: Ahora bien, es importante precisar que el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que el Juez de Distrito examinará ante todo el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano sin suspender el acto reclamado, al prever expresamente: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. En relación con ello, lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran alegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del Juez y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Resulta aplicable por no contraponerse al texto vigente de la ley de amparo, la jurisprudencia número I.6O.C. J/19, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo X, septiembre de 1999, página 730, que dice: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad." Ahora, del estudio íntegro del escrito de demanda se advierte que el quejoso acude a la presente instancia constitucional a reclamar: La determinación de no ejercicio de la acción penal en la carpeta de investigación 12020090100294240220. En relación a lo anterior, quien esto juzga advierte que la demanda de amparo instaurada resulta improcedente en virtud del acto reclamado a la autoridad responsable, al actualizarse la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, que dispone lo siguiente: "....Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:. [.] XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior;" En efecto, el principio de definitividad que rige al juicio de amparo, encuentra su justificación en el hecho de que al tratarse de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, la parte quejosa debe previamente a su promoción, acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, salvo los casos de excepción previstos, legal y jurisprudencialmente que, en esencia, se relacionan con el examen de aspectos de constitucionalidad de leyes y la proposición, en exclusiva, de violaciones directas a la Constitución Federal, como puede apreciarse en el criterio contenido en la tesis aislada número LVI/2000, de esta Segunda Sala, cuyo rubro es: "DEFINITIVIDAD. EXCEPCIONES A ESE PRINCIPIO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO". En el presente caso se tiene que, la parte quejosa narra en los antecedentes del acto reclamado que, el veinticuatro de febrero de dos mil veinte, presentó denuncia en contra de Elianet Carbajal Ramírez y otros, ante el Ministerio Público del Fuero Común con residencia en esta ciudad, por el delito de fraude procesal, falsedad ante autoridad y falsificación o alteración y uso indebido de documentos, en su agravio. Entonces, resulta necesario destacar que por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de junio de dos mil ocho, se reformaron, entre otros, los artículos 16 y 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con ello, la implementación de un nuevo Sistema Procesal Penal, previsto en la modificación a tales preceptos, cuya entrada en vigor fue condicionada a que los Estados, en el ámbito de sus competencias, realizaran la expedición y puesta en vigor de las modificaciones u ordenamientos legales necesarios, de conformidad con el artículo transitorio segundo establecido para dicha reforma. Es el caso, en el Estado de Guerrero, por declaratoria de incorporación del Código Nacional de Procedimientos Penales, publicada el seis de octubre de dos mil quince, mediante Decreto Número 503, se determinó la entrada en vigor del citado ordenamiento el veinte de mayo de dos mil dieciséis, y consecuentemente la abrogación del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Guerrero, Número 357. De tal manera que, en el caso en cuestión, si la denuncia se presentó el veinticuatro de febrero de dos mil veinte, resulta inconcuso que la carpeta de investigación 12020090100294240220, iniciada con motivo de ello y el procedimiento penal respectivo, se rige por lo dispuesto en el Código Nacional de Procedimientos Penales. De ahí que la improcedencia en cita, se manifiesta, al no haber interpuesto la parte quejosa el medio ordinario de defensa contemplado en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en contra de la determinación del ministerio público de no ejercicio de la acción penal en la carpeta de investigación 12020090100294240220 y las omisiones de investigar los hechos materia de denuncia. Ello es así, toda vez que el artículo 20 constitucional menciona los principios y directrices que regirán el proceso penal acusatorio, en cuyo apartado "C" se reconocen los derechos de las víctimas u ofendidos, entre los cuales destacan los que permiten impugnar ante autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, el no ejercicio de la acción penal, desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño. Como consecuencia de lo establecido en el citado numeral constitucional, se proporcionó en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, un medio de impugnación innominado a través del cual la víctima u ofendido puede inconformarse contra la omisión del agente del ministerio público de investigar los delitos denunciados y contra la determinación del no ejercicio de la acción penal. Recurso que se traduce en un medio de defensa legal, por virtud del cual como ya se dijo en párrafos que anteceden, puede ser modificado, revocado o nulificado el acto que en esta instancia constitucional se pretende reclamar, por lo que éste carece de definitividad, presupuesto necesario para que proceda el juicio de amparo. Entonces, al acudir el quejoso a la vía constitucional a combatir las omisiones del ministerio público en investigar lo hechos materia de la denuncia y el no ejercicio de la acción penal, previo agotar el recurso ordinario contemplado en el Código Nacional de Procedimientos Penales, se pone de manifiesto que el acto que por esta vía se combate, no tiene aún firmeza legal, puesto que, contra esa omisión y determinación la parte quejosa está en condiciones de inconformarse, habida cuenta que, señala en los antecedente de sus demanda que no se le ha notificado el acuerdo por medio del cual se determina el no ejercicio de la acción penal en la carpeta de investigación 12020090100294240220. Por tanto, en contra del acto reclamado por el quejoso, resulta inconcuso que sí cuenta con un medio de impugnación que debe agotar, previo a la promoción del juicio de amparo. Sustenta lo anterior, las tesis jurisprudencia 1a./J. 28/2018 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro digital: 2017640, consultable en Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 57, Agosto de 2018, Tomo I, página 943, de rubro y texto: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. CONTRA LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, PROCEDE EL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, EL CUAL DEBE AGOTARSE EN CUMPLIMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EL JUICIO DE AMPARO. De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 16, párrafo décimo cuarto y 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 109, fracción XXI y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se advierte que la víctima u ofendido puede impugnar ante el Juez de Control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado que prevé el artículo 258 citado, cuya finalidad es que el Juez de Control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria, pues al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que cese ese estado de cosas, reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos. Por lo tanto, previamente a la promoción del juicio de amparo indirecto, se debe agotar ese medio de defensa ordinario, en observancia al principio de definitividad. También, sirven de apoyo las consideraciones expuestas en la tesis jurisprudencia PC.I.P. J/68 P (10a.), emitida por el Pleno en Materia Penal del Primer Circuito, al resolver la Contradicción de tesis 14/2019, registro digital: 2021659, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 75, Febrero de 2020, Tomo II, página 1433, de rubro y texto: "NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL EN EL SISTEMA ACUSATORIO. CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE LO DETERMINA DEBE AGOTARSE, PREVIAMENTE AL JUICIO DE AMPARO, EL RECURSO INNOMINADO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. La reforma constitucional en materia penal publicada en el Diario Oficial de 18 de junio de 2018, debe asociarse a la diversa en materia de derechos humanos publicada en el medio de difusión oficial indicado el 10 de junio de 2011 y armonizar la protección de éstos con los principios del nuevo procedimiento penal. En ese sentido, los artículos 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales y 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, deben interpretarse de acuerdo a los principios constitucionales que rigen el sistema acusatorio, especialmente el de contradicción y el de continuidad que constituyen los pilares en que se sustenta el referido sistema, motivo por el cual, aun cuando el recurso innominado previsto en el artículo 258 del código citado, no prevé la suspensión del acto reclamado en los términos descritos en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, esa circunstancia obedece a la fase procesal en que se emite el no ejercicio de la acción penal, cuya vigilancia recae en el Juez de Control, a quien está encomendado vigilar, controlar, avalar y, en su caso, descalificar las acciones llevadas a cabo en esa etapa, a fin de preservar el respeto a los derechos humanos y brindar una solución rápida a ese tipo de decisiones, con lo que se garantiza que el juicio de amparo conserve su naturaleza: erigirse como un medio extraordinario que debe agotarse sólo en casos excepcionales. Es por lo anterior que, cuando se está frente a una resolución dictada por el Ministerio Público donde se decrete el no ejercicio de la acción penal, debe agotarse previamente al juicio de amparo, el recurso innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, no actualizándose así, la excepción al principio de definitividad a que se refiere el artículo 61 citado." Por tanto, SE DESECHA DE PLANO LA PRESENTE DEMANDA, por notoriamente improcedente de acuerdo con el artículo 113 de la ley de la materia. No pasa inadvertido que la parte quejosa cite en apoyo de sus consideraciones las tesis aisladas, I.9o.P.189 P (10a.), y XVII.1o.P.A.54 P (10a.); con las cuales aduce que la demanda de amparo es procedente; sin embargo, los citados criterios ya fueron superados con las jurisprudencias PC.I.P. J/68 P (10a.) y 1a./J. 28/2018 (10a.), mismas que fueron citadas en párrafos que anteceden, en las que se expusieron consideraciones para justificar que, en contra de las omisiones del agente del ministerio público en la etapa de investigación y de la determinación de no ejercicio de la acción penal, previo acudir a la instancia del amparo indirecto se debe agotar el recurso innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales; por lo cual tiene la vía expedita para hacerlo valer ante las instancias correspondientes. De igual manera, la parte quejosa cita en sus consideraciones la tesis aislada P. CLXVI/97 y tesis jurisprudencias 1a./J. 24/2001, P. CLXVI/97 emitidas por el Pleno y Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; sin embargo, los citados criterios fueron pronunciados analizando el proceso penal tradicional, por lo que no son aplicables en procedimientos que se desahogan en términos del sistema penal acusatorio y oral que contempla el artículo 20 constitucional, es por ello, que resultan inaplicables al presente caso; por tanto, dicha demanda de amparo resulta como se dijo improcedente. NOTIFICACIÓN POR LISTA. Toda vez que la parte quejosa señala domicilio para oír y recibir notificaciones en los estrados de este juzgado, las notificaciones necesarias, aun las de carácter personal se le realizaran por medio de lista que se publique en los estrados de este Juzgado de Distrito. DOMICILIO. Se tienen como su autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a Ángel Barrientos Muñoz, quien tiene registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, creado por Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y a José Antonio Lázaro Salgado, Jesús Parra Arroyo y Carolina Chela Marín, únicamente para oír, recibir notificaciones e imponerse de los autos, por no contar con dicho registro. Notifíquese a la parte quejosa como esta ordenado en autos. Así lo proveyó y firma Basilio Rojas Zimbrón, Juez Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo de los Bravo, ante el Secretario César Iván Rendón Patricio, que autoriza y da fe.

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