Edgar Jaramillo Benítez
Expediente 1193/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 11 de agosto de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1193/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 11/08/2022
Partes del expediente
- Edgar Jaramillo Benítez
Actuaciones
- Principal
Toluca, Estado de México; once de agosto de dos mil veintidós. OFICIO Con sustento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, agréguese el oficio signado por Presidente del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, a través del cual informa las gestiones que se encuentra realizando a fin de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo emitida en el presente juicio; de lo anterior este juzgado federal toma debido conocimiento. Notifíquese como legalmente corresponda. Lo proveyó y firma Tania Rosalinda Méndez López, Jueza Séptimo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con sede en Toluca, asistida de Juan José González Azcona, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
L. Toluca, Estado de México; cuatro de agosto de dos mil veintidós. Con sustento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se ordena agregar a los autos el oficio que remite el Juzgado Sexto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, por medio del cual toma conocimiento de que este juzgado acusó recibo de su juicio de amparo 599/2022 y aceptó la competencia planteada. Lo que se toma conocimiento. Notifíquese como legalmente corresponda.
- Principal
Intégrese el oficio por medio del cual el Secretario del Juzgado Décimo Octavo de Distrito en el Estado de Veracruz, remite diligenciado el exhorto 27/2022 (orden 33/22) del índice de este órgano jurisdiccional; sin realizar mayor pronunciamiento, toda vez que mediante auto de veintiocho de junio anterior se tuvo por recibido el mismo.
- Principal
Toluca, Estado de México; veinticinco de julio de dos mil veintidós. RADICACIÓN Visto lo de cuenta, con sustento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se tiene por recibido el oficio procedente del Juzgado Sexto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, de cuyo contenido se advierte que el citado homólogo se declaró incompetente para conocer del juicio de amparo 599/2022 de su índice, por cuestión de territorio; con fundamento en el artículo 112 de la Ley de Amparo, regístrese bajo el número 1193/2022-I-D. EXPEDIR ACUSE Y REALIZAR ANOTACIONES En consecuencia, se ordena acusar recibo de estilo y realizar las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. SE ACEPTA COMPETENCIA Y SE AVOCA AL CONOCIMIENTO En términos del artículo 48 de la Ley de Amparo, este juzgado de distrito acepta la competencia declinada y se avoca al conocimiento del asunto. AUTORIDADES RESPONSABLES Directora General; y Titular del Área de Seguridad y Custodia. Ambos del Centro Federal de Readaptación Social Número Uno "Altiplano", en Almoloya de Juárez, Estado de México. ACTOS RECLAMADOS Restricción y bloqueo al derecho humano a una defensa técnica consistente en la negativa de permitirle la visita de su defensor sin más limitaciones que la que señale la ley y su ejecución. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. La suscrita estima que debe desecharse la solicitud de amparo respecto del acto reclamado consistente en la restricción y bloqueo al derecho humano a una defensa técnica consistente en la negativa de permitirle la visita de su defensor sin más limitaciones que la que señale la ley; en virtud de que, se advierte de oficio que de manera manifiesta e indudable se actualiza la causal de improcedencia contenida en el precepto 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, con relación a los preceptos 1, párrafo tercero, 18, párrafos primero y segundo, 19, párrafo octavo, y 21, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Para sustentar la presente determinación, se parte del análisis del artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, con relación a los preceptos 1, párrafo tercero, 18, párrafos primero y segundo, 19, párrafo octavo, y 21, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de los que se obtiene, en lo que se interesa, que es improcedente la demanda de amparo contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo contra los que proceda algún recurso o medio de defensa legal, por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer la parte quejosa, con los mismos alcances que los que prevé la Ley de Amparo y sin exigir mayores requisitos que los mismos alcances que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con la normatividad de garantías; y, que las condiciones de internamiento de una persona privada de su libertad y cuestiones relacionadas con las mismas, como es la ubicación de una persona en un centro penitenciario y la clasificación de sus áreas forman parte del sistema penitenciario y servicios, competencia del juez de ejecución y la autoridad penitenciaria; lo que conlleva a desechar de plano por su manifiesta e indudable procedencia la presente demanda de amparo, con fundamento en los artículos 113 y 217, de la Ley de Amparo por únicamente cuanto hace al acto reclamado consistente en la omisión de devolver los audífonos al quejoso. Cobra aplicación la tesis jurisprudencia 79/2018(10a.), del rubro: "OMISIONES INHERENTES A LAS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO. PARA RECLAMARLAS, LA PERSONA PRIVADA DE SU LIBERTAD DEBE AGOTAR EL MECANISMO DE CONTROL PREVISTO EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO". Asimismo, en lo conducente, la tesis 2a. CLVII/2017 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro siguiente "COMPETENCIA PARA CONOCER DE LOS ACTOS RECLAMADOS A LAS AUTORIDADES PENITENCIARIAS DURANTE LA PRISIÓN PREVENTIVA Y EN LA EJECUCIÓN DE LAS PENAS. CORRESPONDE AL ÓRGANO ESPECIALIZADO EN MATERIA PENAL". Los artículos 117, fracciones I y II, 120, párrafo primero, 121, fracción I, 122, 124, 126, 127, 128 y 129, de la consabida Ley Nacional de Ejecución Penal, establecen que los sujetos legitimados para interponer peticiones administrativas (entre los que se encuentra la persona privada de la libertad), también tendrán acción judicial ante el Juez de Ejecución con el objeto de resolver las controversias relacionadas con las condiciones de internamiento y cuestiones relacionadas con las mismas; como en la especie sucede con la devolución de los audífonos, en cuyo caso, es requisito indispensable haber agotado la petición administrativa, salvo que se trate de casos urgentes. De ahí que el juicio de amparo es improcedente contra actos de autoridades administrativas relativos a las condiciones de internamiento de una persona privada de su libertad y cuestiones relacionadas con las mismas, como es la devolución de audífonos, previstas en los artículos 5, 31 y 37 de la multicitada legislación, incluso si se alega violación a derechos fundamentales, dado que precisamente esa es la finalidad de la creación de la preindicada jurisdicción especializada, como entre otras normas ya invocadas lo estatuye el numeral 127 de la Ley Nacional de Ejecución Penal: ".En la resolución el juez deberá pronunciarse, incluso de oficio, sobre cualquier violación a los derechos fundamentales.". Por ende, resulta manifiesta e indudable la improcedencia del juicio constitucional, respecto del acto reclamado consistente en la omisión de devolver los audífonos, en tanto que en su contra se prevé el controvertido previsto en el artículo 117, fracción I, del Código Nacional de Ejecución Penal. En consecuencia, se actualiza la causal de improcedencia contenida en el precepto 61, fracción XX, ibídem, con relación a los preceptos 1, párrafo tercero, 18, párrafos primero y segundo, 19, párrafo octavo, y 21, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, respecto del acto reclamado consistente en la negativa de permitir el ingreso de diversas prendas, así como televisiones de siete pulgadas y dinero. Por tanto, con sustento en los artículos 111, 112, párrafo primero, y 113 de la Ley de Amparo, al existir causa manifiesta e indudable de improcedencia, se desecha la demanda de amparo, promovida por el quejoso Edgar Jaramillo Benítez. Sin que pase inadvertido para la suscrita, que la demanda de amparo fue presentada vía electrónica y la misma no contaba con firma electrónica certificada (FIREL); sin embargo, dada la contingencia que sigue prevaleciendo, no fue óbice para tomar como causal de improcedencia, no obstante que se actualizó una diversa como se advierte en párrafos que anteceden; sustenta lo anterior, la jurisprudencia I.7o.P. J/10 K (10a.), de rubro y contenido siguientes: DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA VÍA ELECTRÓNICA. LA FALTA DE FIRMA ELECTRÓNICA CERTIFICADA (FIREL) DEL QUEJOSO, NO ACTUALIZA DE MANERA MANIFIESTA E INDUDABLE LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO POR INCUMPLIMIENTO DEL PRINCIPIO DE INSTANCIA DE PARTE AGRAVIADA, QUE DÉ LUGAR A SU DESECHAMIENTO DE PLANO, ATENTO A LAS CIRCUNSTANCIAS EXTRAORDINARIAS DE PANDEMIA QUE PREVALECEN EN EL PAÍS GENERADAS POR EL VIRUS SARS-CoV2 (COVID-19) [INAPLICABILIDAD DE LA JURISPRUDENCIA P./J. 8/2019 (10a.)]. Hechos: El Juez de Distrito recurrido desechó de plano la demanda de amparo indirecto presentada vía electrónica, al estimar que en el escrito respectivo no obra la firma electrónica (FIREL) del quejoso, lo que constata que no expresó su voluntad para dar trámite a la demanda -principio de instancia de parte agraviada-, sin que sea el caso de prevenirlo en términos del artículo 114 de la Ley de Amparo, en tanto que no se trata de una irregularidad susceptible de subsanarse. Criterio jurídico: Atento a las circunstancias extraordinarias de pandemia que prevalecen en el país, generadas por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), la falta de Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) del quejoso en la demanda de amparo indirecto presentada vía electrónica, no actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia del juicio por incumplimiento del principio de instancia de parte agraviada, que dé lugar a su desechamiento de plano. Justificación: Lo anterior es así, porque un presupuesto del principio de instancia de parte agraviada, consiste en que la demanda de amparo presentada vía electrónica cuente con la firma electrónica (FIREL) de quien dice ser el afectado por el acto de autoridad, ya que ésta es el signo inequívoco de la voluntad y que la ausencia de algún signo que conduzca al juzgador a considerar que efectivamente es el afectado quien solicita la protección constitucional, es indicativo de incumplimiento del principio citado, ya que la falta de firma conduce, indefectiblemente, a que no pueda considerarse como agraviado a alguien que no suscribió la demanda. Sin embargo, dada la situación de salud que prevalece en el país, cuya circunstancia es incuestionable, que impide material y tecnológicamente que el común de las personas puedan colmar los requisitos que se exigen para la tramitación y obtención de la mencionada firma, para la promoción de la demanda de amparo indirecto debe prescindirse de la firma electrónica (FIREL) del quejoso. Así, estimar que la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 5o., fracción I y 6o., de la Ley de Amparo, así como 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que se refiere a la falta de firma electrónica (FIREL), como mecanismo de manifestación de la voluntad y reflejo del principio constitucional de instancia de parte agraviada, es manifiesta e indudable, impediría a la parte quejosa el acceso a la tutela jurisdiccional. Por tanto, en los juicios de amparo promovidos durante la situación extraordinaria de contingencia epidemiológica actual, los operadores judiciales deben actuar con la mayor flexibilidad y amplitud en la protección de los derechos humanos, es decir, "favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia", como ordena el párrafo segundo del artículo 1o. constitucional, a efecto de proteger los derechos humanos del quejoso. No se soslaya la tesis de jurisprudencia P./J. 8/2019 (10a.), de título y subtítulo: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. PROCEDE DESECHARLA DE PLANO CUANDO CARECE DE LA FIRMA ELECTRÓNICA DEL QUEJOSO."; sin embargo, este criterio jurisprudencial del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se debe analizar en consideración de las circunstancias particulares del caso. DOMICILIO Con apoyo en el artículo 26, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el lugar en que se encuentra privado de su libertad personal el quejoso, cuando constriña realizarlo de manera personal. JUICIO EN LÍNEA (ACUERDO GENERAL 21/2020) Por otra parte, conforme a lo dispuesto por el artículo 22, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a la parte quejosa para haga uso de los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación para la tramitación del sumario mediante el esquema de juicio en línea. CONSULTA FÍSICA DEL EXPEDIENTE. Ahora, en caso de que alguna de las partes opte por revisar el presente asunto físicamente, indíquese que para ello, deberán cumplir con lo establecido en los artículos 3°, 4°, 5°, 6° y 7°, del capítulo II, del acuerdo general 21/2020; preceptos que en síntesis hacen referencia a la forma en que los justiciables, podrán acudir a los órganos jurisdiccionales a fin de desahogar cualquier clase de diligencias (desahogo de audiencias, comparecencias, revisión de expedientes como en el caso); sin embargo, para tal fin deberán generar su código QR y agendar la cita respectiva conforme a los lineamientos allí establecidos. EMISIÓN DE OFICIOS Se instruye al oficial judicial "C" encargado del trámite de este expediente, así como a la Secretaria de acuerdos y en su momento al proyectista, para que vigile la emisión de los oficios respectivos a las autoridades responsables o cualquier otra autoridad que tenga intervención en este asunto, así como los anexos respectivos que deriven de esa determinación. De igual forma, se requiere a la Secretaria y Oficial Judicial "C", para que agenden los plazos y términos que surjan en la tramitación de este expediente, a fin de que los acuerdos respectivos se propongan a tiempo, y con ello, no se afecte el desarrollo de pronta impartición de justicia. En el mismo orden, se conmina a los actuarios para que realicen todas y cada una de las notificaciones que deriven del presente juicio en los términos que manda la ley; además, en este acto se les instruye para que verifiquen que los oficios que deriven del presente acuerdo, así como los subsecuentes, se entreguen de manera correcta a sus destinatarios. APARTADO ESPECIAL ACTUARIOS Asimismo, de conformidad con el artículo 2, fracción XII, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, se comisiona al actuario de la adscripción para que mediante notificación electrónica a través del Portal de Servicios en Línea, por oficio electrónico o digitalizado con firma electrónica, por lista electrónica según corresponda realicen las notificaciones que se emitan en el presente sumario; asimismo, para que realicen todas y cada una de las comunicaciones que deriven del presente juicio en los términos que manda la ley. De igual manera, en este acto se les instruye para que verifiquen que los oficios que deriven del presente acuerdo y subsecuentes, se entreguen de manera correcta a sus destinatarios. NOTIFICACIÓN ESPECIAL A LAS PARTES En términos del Acuerdo General 1/2022, hágase del conocimiento de las partes que el instrumento que regirá la actividad de este órgano jurisdiccional hasta el uno de mayo de dos mil veintidós o hasta que el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal lo determine, será el Acuerdo General 21/2020. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles. INFORMACIÓN PÚBLICA Con fundamento en los artículos 1 y 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, con relación a los diversos 1 y 21 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, así como 34 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado el seis de febrero de dos mil catorce, en el Diario Oficial de la Federación; se hace del conocimiento de las partes que en todo tratamiento de datos personales en el presente asunto deberá de ponderar la existencia o no del consentimiento inequívoco de su titular para su publicación, otorgado por escrito, en forma libre, expresa e informada, con las excepciones previstas en los numerales en cita, en el entendido que de no hacerlo, se publicará la resolución que se dicte con la supresión de datos conforme a los lineamientos mencionados. Notifíquese como legalmente corresponda.
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