Edgar Jaime Molina Salazar

Expediente 1375/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 2 actuaciones registradas, la última del 4 de noviembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1375/2019
Año
2019
Actuaciones
2
Última actuación
04/11/2019

Partes del expediente

  • Edgar Jaime Molina Salazar

Actuaciones

  1. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, cuatro de noviembre de dos mil diecinueve. Vista la certificación que antecede y el estado procesal que guardan los autos, se obtiene que ya transcurrió el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiese interpuesto el recurso de queja que establece el numeral 97, fracción I, inciso a), de la propia ley, en contra del auto de quince de octubre de dos mil diecinueve (fojas 13 a la 18), por el cual se desechó de plano la demanda de amparo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 355 y 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su ordinal 2, se declara que ha causado estado dicho auto; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado, y con base en lo establecido por el numeral 214 de la ley en la materia, se ordena el archivo de este asunto como totalmente concluido, en virtud de que no existe actuación pendiente por realizar. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción I del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se desechó de plano la demanda de amparo, no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. Transferir el expediente principal una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo disponen los puntos decimo y vigésimo quinto del acuerdo normativo. Notifíquese.

  2. Principal

    SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL AUTO DE QUINCE DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO, QUE DICE :...Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; a quince de octubre de dos mil diecinueve.**************************************** Se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por **********************, contra actos de las autoridades siguientes: **************************************** 1. Juez Vigésimo de lo Civil de Proceso Oral del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, con residencia en la Ciudad de México. ******************** 2. Juzgado Segundo de Primera Instancia Especializado en Juicio Oral Mercantil, con residencia en esta ciudad. **************************************** ANOTACIONES Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el Libro de Gobierno de este juzgado y registrar bajo el número de expediente 1375/2019-IV. DESECHAMIENTO******************** Ahora bien, una vez que es analizada la demanda de amparo de que se trata, este juzgado advierte de oficio que se actualiza de forma manifiesta e indudable las causales de improcedencia prevista en el artículo 61, fracciones XVIII y XXIII, esta última en relación con el 107, fracción IV, ambos de la Ley de Amparo, por lo que con fundamento en el numeral 113 de la citada legislación, procede desechar de plano la demanda de amparo. ******************** Para tal efecto es indispensable precisar el contenido del ordinal 113 de la ley en la materia, es del literal siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". De una interpretación gramatical del numeral 113 de la ley en la materia, se infiere que los jueces de distrito están facultados para desechar las demandas de amparo, cuando exista causa notoria y manifiesta de improcedencia, es decir que al analizar el escrito de demanda o escrito aclaratorio, pueda advertirse una causa que origine la improcedencia del juicio de garantías, pero que tal motivo sea claro y manifiesto, que no quede lugar a dudas en cuanto a su procedencia, para desechar de plano la demanda de amparo, por no ser susceptible de desvirtuarse durante el lapso procesal que culmina con la audiencia constitucional. De esta manera, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y del escrito de cumplimiento de la prevención, ya que los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por la promovente o en virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que el informe justificado que rinda la autoridad responsable, los alegatos y las pruebas que ésta y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia, ni tampoco puedan desvirtuar su contenido. **************************************** En el caso que nos ocupa, del escrito inicial de demanda se tiene que el promovente del juicio de amparo ********************, quien manifiesta que de la negativa de acceso a la justicia consistente en el acuerdo de cinco de septiembre del año en curso, en el juicio mercantil ********************del índice de la responsable, en la cual la autoridad responsable realizó computo de nueve días más cinco días en razón de la distancia, en el cual se le tomo como emplazado legalmente el cuatro de julio de dos mil diecinueve, argumentando la responsable que la contestación de la demanda fue extemporánea. ************************************************************ Sin embargo de las mismas manifestaciones hechas valer por el quejoso, manifestó que nunca fue emplazado personalmente, en el cual narró bajo protesta de decir verdad, confesión que constituye prueba plena de conformidad con lo dispuesto por los artículos 199 y 200 der Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. ************************************************************ De ahí que, no le asiste la calidad de tercero extraño al juicio, toda vez que el juicio natural se encuentra en trámite en etapa probatoria; por tanto, puede hacer valer los recursos y medios de defensa ordinarios previstos en la ley que rige el juicio de origen, en contra del acto reclamado. A lo anterior, tiene aplicación la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, tomo XIII, abril de 2001, página 93, número de registro electrónico 189916 del texto siguiente: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO. CARECE DE TAL CARÁCTER QUIEN COMPARECIÓ AL PROCEDIMIENTO NATURAL, POR LO QUE DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO AL ACTUALIZARSE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVIII, DE LA LEY DE AMPARO, EN RELACIÓN CON EL DIVERSO 114, FRACCIÓN V, APLICADA EN SENTIDO CONTRARIO, DEL PROPIO ORDENAMIENTO, AUN CUANDO HAYA SIDO PROMOVIDO DENTRO DEL TÉRMINO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 21 DE LA PROPIA LEY. La sola circunstancia de que el afectado conozca de la existencia del juicio en el que funge como parte y comparezca al mismo, a pesar de no haber sido legalmente emplazado, desvirtúa su carácter de persona extraña al procedimiento, por lo que si promueve el juicio de amparo indirecto, ostentándose con tal carácter, el Juez de Distrito debe sobreseerlo con fundamento en el artículo 74, fracción III, de la Ley de Amparo, fundamentalmente porque el promovente ya no es persona extraña al juicio por haber comparecido al procedimiento ordinario, quedando en posibilidad de defenderse dentro del contencioso y, en su oportunidad, si es el caso, acudir al amparo directo, fundamentándose la improcedencia en los artículos 73, fracción XVIII y 114, fracción V, aplicada en sentido contrario, de la propia ley; sin que lo anterior implique que el promovente del amparo indirecto, por el hecho de ostentarse como tercero extraño, quede al margen del término previsto en el artículo 21 de la Ley de Amparo, esto es, al plazo de quince días contados a partir del día siguiente al en que tenga conocimiento del juicio, bajo el argumento de que la falta o ilegalidad del emplazamiento sea una violación de gran magnitud, pues si bien la improcedencia por extemporaneidad o consentimiento tácito basado en los artículos 21 y 73, fracción XII, del propio ordenamiento, puede llegar a configurarse, tal circunstancia no se surte necesariamente porque puede suceder que el afectado por la falta de emplazamiento promueva el juicio de garantías antes de que transcurra el plazo referido y en tal supuesto no cabría sobreseer por inoportunidad de la demanda, ya que seguiría en pie la otra causal". **************************************** Superado lo anterior, en cuanto al acto reclamado consistente en el ilegal emplazamiento relativo al juicio ordinario mercantil ********************, la nulidad de todo lo actuado llevado a cabo por el actuario adscrito dictado dentro del juicio ********************, del índice de la autoridad señalada como responsable como ya se anticipó se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, numeral que es del literal siguiente: **************************************** "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: ******************** a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; ******************** b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; ******************** c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo ******************** Lo anterior es así, puesto que de la lectura del referido numeral, se advierte que el juicio de amparo es improcedente contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. **************************************** Ahora bien, para tener por acreditada la improcedencia del juicio de amparo, con base en el incumplimiento del principio de definitividad a que hace referencia la referida causal, misma que rige en esta materia, es menester que se cumpla con otras condiciones esenciales, a saber: Que los actos reclamados, no importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, lo que no se actualiza en el caso que nos ocupa ya que el acto reclamado deriva de un juicio ejecutivo mercantil en el que se impugna la diligencia de la notificación de la sentencia definitiva dictada en tal sumario. Asimismo, que no consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal, lo cual tampoco se actualiza en este juicio pues como se dijo el acto reclamado deriva de un juicio ejecutivo mercantil el cual no se ha dictado un auto que afecte la libertad personal del quejoso. ******************** Que la peticionaria de amparo no tenga el carácter de tercero extraño a juicio. ******************** En el caso concreto, como ya quedó asentado a la citada promovente no le asiste el carácter de tercera extraña al juicio ordinario mercantil de origen. En ese sentido, y, dado que el promovente en su demanda de amparo y escrito aclaratorio, en primera parte reclama el ilegal emplazamiento en el juicio de origen, en el cual antes de acudir al juicio de amparo, debió hacer valer contra tal acto el incidente de nulidad de notificaciones, como lo establece el numeral 319 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al Código de Comercio, por disposición expresa del numeral 1054 de dicho ordenamiento legal, precepto el cual establece: "Cuando una notificación se hiciere en forma distinta a la prevenida en este Capítulo, o se omitiere, puede la parte agraviada promover incidente sobre declaración de nulidad de lo actuado, desde la notificación hecha indebidamente u omitida. Este incidente no suspenderá el curso del procedimiento, y si la nulidad fuere declarada, el tribunal determinará, en su resolución, las actuaciones que son nulas, por estimarse que las ignoró el que promovió incidente de nulidad, o por no poder subsistir, ni haber podido legalmente practicarse sin la existencia previa y la valides de otras. Sin embargo, si el negocio llegare a ponerse en estado de fallarse, sin haberse pronunciado resolución firme que decida el incidente, se suspenderá hasta que éste sea resuelto". **************************************** Se invoca en apoyo a lo anterior la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, tomo IV, octubre de 1996, página 207, número de registro electrónico 200390 de rubro y texto siguiente: **************************************** "EMPLAZAMIENTO EN JUICIOS EJECUTIVOS MERCANTILES, NULIDAD DEL, COMPRENDE AL REQUERIMIENTO Y EMBARGO PRACTICADOS. Conforme a lo dispuesto en los artículos 1392, 1393, 1394 y 1396 del Código de Comercio, 111 y 112 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, de aplicación supletoria, el requerimiento de pago y embargo hechos al deudor demandado, necesariamente requieren para su legal existencia de su notificación en la forma establecida en la ley, notificación que no es otra cosa que el emplazamiento a que aluden los preceptos en cita, al cual aquéllos, pese a ser actos jurídicos distintos, se encuentran estrechamente vinculados; luego la nulidad de este último, que entraña la inobservancia del requisito a que se encuentran sujetos los aludidos requerimiento y embargo, lógicamente trasciende a los mismos, sin que sea óbice para ello el hecho de que cronológicamente se hubieran practicado con anterioridad y en forma sucesiva en la misma diligencia, al indicado emplazamiento". En consecuencia, si la parte promovente no promovió el incidente de nulidad de notificaciones de que se trata, mediante el cual puede obtener la nulidad de la diligencia de emplazamiento por todo lo actuado por la que se notificó, el acuerdo de cinco de septiembre de dos mil diecinueve, en el cual se decreta la rebeldía y se ordenó a la apertura de pruebas, es obvio que no observó el principio de definitividad que consagra el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo; luego entonces, es evidente que el acto reclamado no puede ser analizado de primera intención por este órgano de control constitucional, pues contra éste procedía el incidente de nulidad mencionado, por virtud del cual pudo ser nulificado dicho acto. **************************************** Efectivamente, la nulidad de notificaciones tiene como finalidad que los actos judiciales puedan ser revisados, y en su caso, modificados o revocados, por existir en ellas un vicio cuya corrección legal procede; sin que sea impedimento que en el juicio de origen ya se haya dictado sentencia definitiva, pues el incidente de nulidad de notificaciones es procedente aún y cuando el juicio se haya resuelto en definitiva. **************************************** Es aplicable en lo conducente la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Novena época, tomo XXV, enero de 2007, página 111, con registro electrónico 173621, del epígrafe siguiente: **************************************** "AMPARO INDIRECTO. ES PROCEDENTE EN CONTRA DE LA INTERLOCUTORIA QUE DECIDE EL INCIDENTE DE NULIDAD DE LA NOTIFICACIÓN DE UNA SENTENCIA DEFINITIVA. Del contenido del artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo se sigue que el sistema de procedencia del amparo contra actos emitidos por autoridad judicial después de concluido un juicio, establece un distingo entre 1) los actos de ejecución de sentencia y 2) los que gozan de autonomía con relación a dicha ejecución. Con relación a los primeros, la procedencia del amparo se posterga hasta el dictado de la última resolución del procedimiento respectivo (definida jurisprudencialmente como la que aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o la que declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento). Con relación a la segunda clase de actos, esto es, aquellos que son dictados después de concluido el juicio pero no vinculados con la fase ejecutiva, no se establece la prevención de postergar la procedencia del amparo y, por lo mismo, debe estimarse que el amparo indirecto es procedente de manera inmediata. Ahora bien, para determinar qué actos dictados después de concluido el juicio pertenecen a una u otra categoría, ha de establecerse cuándo inicia la ejecución de una sentencia. Ante la sentencia, la parte que ha sido vencida en juicio puede asumir una de dos actitudes: cumplirla o no cumplirla. En ambos casos es necesario que el Juez dicte, a instancia de parte, las medidas necesarias para lograr el contenido de la sentencia, aun en contra de la voluntad del vencido. En este orden, la interlocutoria que desestima el incidente de nulidad de la notificación de la sentencia definitiva si bien pertenece al ámbito de los actos dictados después de concluido el juicio, no pertenece a los dictados dentro de la fase propia de ejecución de sentencia, porque se refiere a un estadio independiente del en que la parte interesada excita al Juez de la causa a que inicie el procedimiento de ejecución. La finalidad del incidente de nulidad de la notificación de la sentencia definitiva, es nulificar el acto de comunicación procesal, que se estima viciado, a efecto de remediarlo. Como se puede apreciar, dicha resolución no pertenece a la esfera de la ejecución de sentencia, pues, primero, es independiente de la petición del interesado de que se cumpla con una sentencia; segundo, se dicta al margen de dicho procedimiento y, tercero, su efecto no es impedir propiamente la ejecución, sino nulificar un acto viciado. Así las cosas, debe concluirse que la sentencia interlocutoria que decide el incidente de nulidad de notificación de la sentencia definitiva no tiene la naturaleza de una resolución dictada dentro del procedimiento de ejecución de una sentencia y, por ello, puede ser reclamada vía amparo indirecto de manera inmediata, previo agotamiento del principio de definitividad". **************************************** En tal virtud, es evidente que en contra del acto reclamado debió hacerse valer el incidente de nulidad de notificaciones antes mencionado, ya que de no hacerlo así, se surte la causal de improcedencia a que hace referencia la fracción XVIII, párrafo primero del numeral 61 de la Ley de Amparo, al no haber agotado el principio de definitividad que rige al juicio de amparo. ******************** Resulta aplicable al caso que nos ocupa, el criterio sustentado por el Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Octava época tomo VI, segunda parte-1, julio a diciembre de 1980 página 204, que reza: ******************** "NOTIFICACIONES IRREGULARES. PREVIAMENTE AL AMPARO DEBEN IMPUGNARSE EN INCIDENTE DE NULIDAD. Es improcedente, de acuerdo con la fracción XIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, el juicio de garantías, en el cual se reclama una notificación, por considerar que la misma se hizo en forma contraria a la ley, toda vez que en contra de dicho acto procesal debe promoverse previamente el incidente de nulidad de notificación, que la ley local establece, para cumplir con el principio de definitividad que rige en materia de amparo". ************************************************************ ************************************************************ ************************************************************ En ese contexto, el quejoso ********************, reclama en este juicio de amparo el ilegal emplazamiento relativo al juicio Mercantil ********************, la nulidad de todo lo actuado, el acuerdo de cinco de septiembre de dos mil diecinueve, en el cual se decreta la rebeldía y se ordenó a la apertura de pruebas actuado dentro del juicio ********************, del índice de la autoridad señalada como responsable. **************************************** Por lo que, el acto reclamado en esta vía constitucional, es atacable mediante el incidente de nulidad de notificaciones, a través del cual se puede lograr el incidente de nulidad de notificaciones de esa determinación judicial, por lo que si la promovente no agotó tal recurso previo al ejercicio de esta vía constitucional de amparo, indudablemente que inobservó el principio de definitividad que, al igual que otros, rigen el juicio de garantías, lo que hace patente y manifiesta la causal de improcedencia contenida en el invocado numeral 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, lo que conlleva a desechar de plano la demanda que se prové. **************************************** Por consiguiente, y al ser estas causales de improcedencia notoria, manifiesta e indudable, la cuales quedaron plenamente demostradas en los párrafos que anteceden, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, lo procedente es DESECHAR de plano la demanda promovida por ********************. Lo anterior es así, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes; además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita. **************************************** Sirve de apoyo a lo anterior el criterio sustentado por Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa Del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, tomo XX, septiembre de 2004, página 1631, del texto siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita". ******************** Igualmente, es aplicable el criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y del Trabajo del Segundo Circuito, publicado en el Semanario Judicial de la Federación, Novena época, tomo V, mayo de 1997, página 618, del texto siguientes: ******************** "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO POR CAUSA NOTORIA Y MANIFIESTA DE IMPROCEDENCIA. ÉSTA DEBE ESTAR PLENAMENTE PROBADA. Para desechar una demanda de amparo por causa notoria y manifiesta de improcedencia se requiere que la causal sea indudable, esto es, que esté plenamente demostrada, pues en caso contrario, es indispensable admitir la demanda a trámite, para que en el curso del procedimiento se dilucide si efectivamente se actualiza o no la causal, pues no debe olvidarse que las causales de improcedencia deben estar debidamente acreditadas por ser denegatorias de justicia, y si al acordar sobre la admisión de la demanda tal causal no está fehacientemente probada, y pese a ello se desecha aquélla, se estaría privando al afectado de su derecho a instar el juicio constitucional sin posibilidad de prueba al respecto". Los criterios expuestos en el cuerpo del presente proveído son aplicables, en virtud que no se oponen a la presente Ley de Amparo, por lo que se continúa con su vigencia, conforme al artículo sexto transitorio de la ley de la materia. **************************************** DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones, el que indica en su escrito de demanda; y téngase por autorizado en términos amplios del numeral 12 de la Ley de Amparo vigente, a ********************y en términos restringidos a la persona que designa por así haberlo solicitado expresamente. **************************************** HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA EL ACTUARIO. En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles para que el actuario adscrito a este juzgado pueda realizar las diligencias inherentes a sus funciones, haciéndolo constar en el acta correspondiente. **************************************** TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Con fundamento en los artículos 1, 6, 8, 9, 16, 113, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, referente a los criterios de clasificación y conservación de la información reservada o confidencial para garantizar el respeto a la privacidad; hágase saber a las partes la facultad que les asiste para oponerse a la publicación de sus nombres y datos personales en la sentencia respectiva, en el entendido que de no realizar manifestación alguna serán omitidos y solamente en caso de consentimiento expreso serán publicados. Por otra parte, dígase a la parte quejosa que la demanda de amparo digitalizada y demás proveídos relativos al expediente electrónico que al efecto se forme, se encontrarán disponibles para su consulta en el expediente electrónico de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, en la página de internet htlp://consultaexpedienteelectronico.cjf.gob.mx o para las autoridades responsables en el sistema informático de ingreso mediante la Firma Electrónica de Seguimiento de Expedientes (FESE) cuya liga es htlp://www.dgepj.cjf.gob.mx., respectivamente. En ese sentido y, para otorgar la autorización, así como el acceso a la parte quejosa al sistema de consulta aducido en primer término, deberá solicitarlo por escrito señalando el nombre de usuario y por única ocasión en el expediente principal; lo anterior con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo General 1/2014 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese personalmente al promovente.

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