Edgar Ivan Ruiz Gomez
Expediente 576/2019 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 5 actuaciones registradas, la última del 11 de julio de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 576/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 11/07/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Edgar Ivan Ruiz Gomez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, once de julio de dos mil diecinueve. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el proveído de veinticinco de junio del año en curso, por el que se desechó la demanda de amparo; con fundamento en la fracción II, del numeral 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley la materia, se declara que dicho auto ha causado estado; háganse las anotaciones correspondientes en el libro respectivo. En otro orden de ideas, visto el estado que guardan los autos, y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones qué practicar en el expediente en que se actúa, archívese el presente como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. En virtud de lo anterior, acorde a lo establecido en el punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los Expedientes generados en los Juzgados de Distrito, debido a que en proveído de veinticinco de junio de dos mil diecinueve, se desechó la demanda con la que se formó este expediente, auto que causó estado el día de la fecha; por tanto, este asunto es susceptible de destrucción, una vez que transcurran más de cinco años conforme a lo previsto en el citado punto, sin que en el caso obre algún documento original presentado por las partes que por sus características deba ser devuelto. Atendiendo a las particularidades del juicio en que se actúa, se considera que no es de relevancia documental, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente, de conformidad con el Punto Décimo Primero del mencionado Acuerdo General Conjunto número 1/2009. Notifíquese.
- Principal
SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA LAS DETERMINACIONES DE ESTA FECHA QUE DICE:"San Luis Potosí, San Luis Potosí, veinticinco de junio de dos mil diecinueve. Visto el escrito de cuenta signado por el quejoso Edgar Iván Ruiz Gómez, mediante el cual da cumplimiento parcial al requerimiento formulado en proveído de siete de junio del año en curso; no obstante ello, en atención a que su contenido proporciona información suficiente para proveer lo conducente respecto de la demanda de amparo, se acuerda: De la lectura de los escritos de demanda, aclaratorio y sus anexos, se advierte que la parte quejosa reclama: 1. Del Presidente de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas del Estado: 1.1. La negativa de renovar el nombramiento de Asesor Jurídico adscrito a la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas del Estado, adscrito al municipio de Salinas de Hidalgo, San Luis Potosí. 2. Del Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos: 2.1. La resolución de trece de mayo del año en curso, emitida dentro del procedimiento de queja 1VQU-154/2019, así como la substanciación de dicho procedimiento. De lo anterior, resulta incuestionable que las aludidos actos que por esta vía constitucional se reclaman identificados en los puntos 1.1 y 2.1 son inconexos, toda vez que el primer acto deriva de de una relación de coordinación generada con motivo de la relación laboral entre el hoy inconforme y la responsable Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas; y el segundo de un procedimiento instaurado ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, el cual concluyó con la resolución respectiva. Lo que trae como consecuencia que técnicamente los actos reclamados no puedan ser analizados y resueltos en un solo juicio de amparo. En consecuencia, se ordena, de oficio, separar los autos del juicio de amparo en que se actúa, con fundamento en el artículo 217 de la Ley de Amparo que dispone: "Artículo 217. La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en pleno o en salas, es obligatoria para éstas tratándose de la que decrete el pleno, y además para los Plenos de Circuito, los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal, y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales. La jurisprudencia que establezcan los Plenos de Circuito es obligatoria para los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de las entidades federativas y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales que se ubiquen dentro del circuito correspondiente. La jurisprudencia que establezcan los tribunales colegiados de circuito es obligatoria para los órganos mencionados en el párrafo anterior, con excepción de los Plenos de Circuito y de los demás tribunales colegiados de circuito. La jurisprudencia en ningún caso tendrá efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna". El citado artículo establece la obligatoriedad de la jurisprudencia del Pleno o de alguna de las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o de los Tribunales Colegiados, para los Juzgados de Distrito, los tribunales militares y judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal, y tribunales administrativos y del trabajo locales o federales. Lo anterior en relación con la jurisprudencia 76/97, sustentada por el Pleno del Máximo Tribunal del País, publicada en la página 118, Tomo VI, septiembre de mil novecientos noventa y siete, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a la Novena Época, dispone: "SEPARACIÓN DE JUICIOS. SU PROCEDENCIA. Si en una demanda de amparo se reclaman actos emanados de juicios diversos, desvinculados entre sí, y dicha demanda ha sido admitida por el Juez de Distrito, o bien, tal circunstancia es advertida durante la tramitación del juicio (hasta antes de la celebración de la audiencia constitucional), con motivo de los informes justificados que rindan la o las autoridades responsables, podría iniciarse de oficio la separación de juicios, figura ésta, que al no estar específicamente regulada en la Ley de Amparo, debe por ello quedar contenida en la jurisprudencia, tomando como base el artículo 57 de esa ley, que establece la acumulación, deduciéndolo en sentido contrario, por lo que puede concluirse que, fuera de los casos que ahí se prevén, en cualquier otro supuesto se requiere hacer la separación". Dando origen a dos demandas de amparo en las que se reclama: a) En la primera demanda, se reclama del Presidente de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas del Estado, la negativa de renovar el nombramiento de Asesor Jurídico adscrito a la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas del Estado, adscrito al municipio de Salinas de Hidalgo, San Luis Potosí. b) En la segunda demanda, se reclama del Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos: La resolución de trece de mayo del año en curso, emitida dentro del procedimiento de queja 1VQU-154/2019, así como la substanciación de dicho procedimiento. En consecuencia, tramítese la presente demanda de amparo únicamente por lo que se refiere al acto precisado en el inciso a) que antecede. Asimismo, expídanse copias certificadas del juicio de amparo en que se actúa, inclusive hasta el presente auto, y con apoyo en la Jurisprudencia por contradicción P./J. 78/97, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Septiembre de 1997, Novena Época, página 117, de rubro: SEPARACIÓN DE JUICIOS. EL JUEZ DE DISTRITO, AL DECRETARLA, DEBERÁ TOMAR LAS MEDIDAS Y SEÑALAR EL TRATO QUE A CADA UNO CORRESPONDA; remítanse tales reproducciones, mediante oficio a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, para que por medio del sistema computarizado, registre la demanda identificada en el inciso b) y la turne al Juzgado de Distrito que corresponda por razón de turno. Sin perjuicio de que el órgano jurisdiccional que conozca de dicha demanda provea lo conducente en relación a la prevención parcialmente desahogada. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa." "San Luis Potosí, San Luis Potosí, veinticinco de junio de dos mil diecinueve. Como esta ordenado en diverso proveído de esta fecha, se procede a proveer lo conducente respecto del acto reclamado al Presidente de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas del Estado, consistente en la negativa de renovar el nombramiento de Asesor Jurídico adscrito a la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas del Estado, adscrito al municipio de Salinas de Hidalgo, San Luis Potosí. Ahora bien, el suscrito procede al estudio de la demanda de amparo en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, el cual literalmente establece: "ARTÍCULO 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Conforme al artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe examinar la demanda de amparo y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se debe desechar de plano, sin suspender el acto reclamado. Para lograr tal propósito es necesario precisar el acto que se controvierte y demás presupuestos procesales que hacen, en caso de actualizarse, procedente el juicio. Ello mediante el análisis integral de la demanda de amparo y del escrito aclaratorio a efecto de determinar la intención de la parte quejosa, en términos del criterio contenido en la jurisprudencia 2a./J. 55/98 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VIII, Agosto de 1998, página 227, del tenor siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS. Si del análisis integral del escrito de demanda se llega al conocimiento de que, aunque no de manera formal, se señala algún acto como lesivo de garantías dentro de los conceptos de violación o en cualquier otra parte de la demanda de amparo, debe tenérsele como acto reclamado y estudiarse su constitucionalidad en la sentencia, pues ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia, considerar la demanda como un todo". Igualmente debe tenerse en cuenta que tal determinación ha de realizarse prescindiendo de los calificativos y apreciaciones valorativas que la parte quejosa les atribuya, pues esto último corresponde a la evaluación de los actos reclamados que dicha parte interesada efectuó, a la cual -por consiguiente- no se encuentra vinculado el juez de amparo, en tanto que su función jurisdiccional implica efectuar -precisamente- el análisis correspondiente. Es aplicable al caso, por identidad de razón, el criterio contenido en la jurisprudencia 9 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima época, tomo VI, Apéndice 2000, página 11, que dispone: "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE EXAMINARSE SIN TOMAR EN CUENTA LOS CALIFICATIVOS QUE EN SU ENUNCIACIÓN SE HAGAN SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD. Si al enunciarse los actos reclamados se formulan apreciaciones valorativas sobre ellos, las mismas no deben de tomarse en consideración al estudiar el problema de la existencia de dichos actos, puesto que tales observaciones se refieren al fondo del asunto y su análisis procederá en el supuesto de que, al no presentarse ninguna causal de improcedencia, se tenga que entrar al estudio de la constitucionalidad de los actos". En ese tenor, de la lectura integral de la demanda de amparo y del escrito aclaratorio se advierte que la parte quejosa comparece a reclamar: - La negativa verbal del Presidente de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas de renovarle su nombramiento como Asesor Jurídico adscrito a dicho organismo. En ese contexto, el suscrito advierte que respecto del acto reclamado se actualiza de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XIV, primer párrafo, en relación con los diversos 17 y 18, todos de la Ley de Amparo, los cuales instituyen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. [.]." "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo". "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor". Del contenido de dichos preceptos legales, se advierte que el juicio de amparo es improcedente contra actos consentidos tácitamente, entendiendo dicho consentimiento como el hecho de dejar transcurrir el término que prevé la Ley de la materia para promover el juicio de amparo, es decir, que al haber permitido que transcurriese el plazo señalado por la Ley de la materia para impugnar el acto reclamado, se entiende debidamente aceptado el mismo. Lo anterior es así, toda vez que de la parte inicial del numeral 17 del ordenamiento legal referido, se desprende en forma categórica que el plazo para la interposición de la demanda de amparo es de quince días, con las salvedades a que alude el ya señalado artículo, en cuyas hipótesis no se encuentra el acto reclamado por la parte quejosa; asimismo, del segundo de los dispositivos en comento, se desprenden tres supuestos jurídicos para el cómputo del plazo establecido para el ejercicio de la acción constitucional, siendo éstos los siguientes: a. Que el plazo de quince días para promover el amparo, se contará desde el siguiente al en que haya surtido efectos la notificación al quejoso, de la resolución o acuerdo que impugne, conforme a la ley de la materia que rige el acto reclamado; y, b. Que dicho plazo comienza a correr al día siguiente al en que el quejoso tuvo conocimiento del acto reclamado o de su ejecución. c. El amparo debe pedirse dentro de los quince días siguientes a aquél en el que el quejoso se ostentó como sabedor del acto reclamado. Como se puede advertir, el precepto en consulta hace una clara distinción de los momentos en los que imperativamente debe promoverse el juicio de amparo, pues las hipótesis que previenen se encuentran relacionadas mediante la conjunción "o", de lo que válidamente se deduce que dichos supuestos son excluyentes entre sí y no guardan un orden de preferencia, pues de haberlo querido, el legislador habría señalado su orden de prelación. Ahora bien, como se adelantó, la parte quejosa reclama la negativa verbal del Presidente de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas de renovarle su nombramiento como Asesor Jurídico adscrito a dicho organismo, ello aparentemente con fundamento en la resolución administrativa emitida por la Comisión Estatal de Derechos Humanos, dentro de la propuesta de conciliación número 1VPC-7/2019. Luego, en el aparatado relativo a los antecedentes del acto reclamado, el quejoso manifestó bajo protesta de decir verdad, en lo conducente, lo siguiente: "[.]el día 14 de mayo de la presente anualidad, acudí a la cita y de manera verbal me informo que no me iba a renovar mi nombramiento como Asesor Jurídico debido a que la COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, le notificó una supuesta resolución administrativa que desconozco, en la que supuestamente se emitió una recomendación para destituirme o separarme del cargo". (el resaltado es propio) De lo expuesto se advierte que la parte quejosa se ostentó sabedora del acto reclamado el catorce de mayo de dos mil diecinueve. Norma el criterio a lo anterior la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 57, Tomo III, Junio de 1996, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto son: "DEMANDA DE AMPARO. TERMINO PARA INTERPONERLA (ARTICULO 22, FRACCION III, DE LA LEY DE AMPARO). LA CONFESION EXPRESA DEL QUEJOSO CONTENIDA EN LA DEMANDA, ACERCA DE QUE TUVO CONOCIMIENTO DE LA EXISTENCIA DEL PROCEDIMIENTO QUE MOTIVO EL ACTO RECLAMADO, CONSTITUYE PRUEBA PLENA DE ESE HECHO Y HACE INAPLICABLE DICHO PRECEPTO. El reconocimiento del quejoso vertido en los antecedentes de la demanda de amparo, de que tuvo conocimiento por vía telefónica del procedimiento que motivó los actos reclamados, es suficiente para estimar actualizado el último de los supuestos previstos en el párrafo final de la fracción III del artículo 22 de la Ley de Amparo y, como consecuencia, declarar inaplicable al caso el término de 180 días para la interposición de la demanda de garantías, y procedente el de quince, que como regla general establece el numeral 21 de esa misma Ley. Esto supone que la situación de que el quejoso se manifestó sabedor del procedimiento que haya motivado el acto reclamado, por las consecuencias jurídicas que produce en perjuicio del quejoso, debe estar probado plenamente, debido a que al realizarse ese evento, ocasiona que la acción de amparo no deba ejercerse dentro del término de 180 días de conformidad con el precepto en examen, sino de quince días, lo cual provocará seguramente en todo caso que se actualice la causal de improcedencia contemplada en el artículo 73, fracción XII, en relación con el 21, ambos de la Ley de Amparo. Así, la exigencia de que exista prueba plena de que el quejoso tuvo conocimiento del procedimiento antes del dictado de la sentencia se satisface si existe manifestación expresa del quejoso en ese sentido en la demanda de amparo, pues dicha manifestación constituye una confesión expresa, medio de prueba que es admisible en el juicio de amparo y que goza de valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo." Por consiguiente, si el aquí quejoso tuvo conocimiento pleno del acto que aduce le afecta sus derechos humanos desde el catorce de mayo de dos mil diecinueve, entonces el plazo de quince días que prevé la ley para promover el amparo respecto de tal acto comenzó a computarse el día hábil siguiente, que lo fue el quince de mayo siguiente. Ante lo cual, dicho término transcurrió del quince de mayo al cuatro de junio de dos mil diecinueve, sin tomar en consideración los días inhábiles, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 19 de la Ley de Amparo y 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Por tanto, si la parte quejosa presentó su escrito de demanda el cinco de junio de dos mil diecinueve, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, según sello fechador que aparece a foja dos de autos; es claro que ya había transcurrido el plazo de quince días que prevé el artículo 17 de la ley de la materia vigente, lo que genera que el acto reclamado, sea un acto consentido tácitamente. En otro orden, el suscrito considera que en relación con el acto reclamado también se surte de un modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1°, fracción I, y 5°, fracción II, todos ellos de la Ley de Amparo, los cuales disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna otra disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley". "Artículo 1°. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]". "Artículo 5.Son partes en el juicio de amparo: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. [.]". Se considera actualizada de modo manifiesto e indudable dicha causal de improcedencia porque los actos reclamados (ya descritos) no constituyen actos u omisión de autoridad para efectos del juicio de amparo. En efecto, del ocurso inicial de demanda, se advierte que el quejoso manifiesta bajo protesta de decir verdad ser trabajador de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas de San Luis Potosí, con el cargo de asesor jurídico adscrito al municipio de Salinas, San Luis Potosí. Dicha institución es un organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propios, con autonomía técnica y de gestión, de conformidad con el artículo 84 de la Ley de Atención a Víctimas para el Estado de San Luis Potosí. Asimismo, de conformidad con dicho artículo, las relaciones de trabajo entre la Comisión Ejecutiva Estatal y sus trabajadores se rigen por el apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados unidos Mexicanos. Asimismo, del artículo 79 del Reglamento de la citada ley, el personal de asesoría jurídica ingresará al servicio civil de carrera, que comprende la selección, ingreso, adscripción, permanencia, promoción, capacitación, prestaciones, estímulos y sanciones, mismo que se regirá por las disposiciones establecidas en el reglamento específico. De la demanda, se advierte además, que el quejoso aduce que atendiendo a que aparentemente existe una resolución administrativa emitida por la Comisión Estatal de Derechos Humanos, en la que se recomendó revocarle su nombramiento como servidor público, es que se le informó que no se le iba a renovar su nombramiento como asesor jurídico. Expuesto lo anterior, se estima que se actualiza la causa de improcedencia referida, atento a la básica razón de que la relación que se generó entre la parte quejosa y la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, en la cual prestaba sus servicios como Asesor Jurídico adscrito a la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, en el municipio de Salinas de Hidalgo, San Luis Potosí, no corresponde a la de autoridad y gobernado, esto es, no se trata de una relación de supra a subordinación, sino de una relación de coordinación generada con motivo de la relación laboral entre el hoy inconforme y la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas. Lo expuesto se corrobora -según se puso de relieve-, con la circunstancia de que en su ocurso de demanda manifiesta ser Asesor Jurídico adscrito a la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, en el municipio de Salinas de Hidalgo, San Luis Potosí, lo cual incluso se patentiza con la copia simple de la credencial que lo acredita como tal, que acompañó a su demanda de amparo, que al haber sido exhibida por el propio quejoso prueba en su contra. Más aún, la pretensión del quejoso es que a través del presente juicio constitucional se le renueve su nombramiento con todas las consecuencias jurídicas. Por tanto, deviene inconcuso que la negativa verbal del Presidente de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas de renovarle su nombramiento como Asesor Jurídico adscrito a dicho organismo, atiende a la aludida relación laboral. Es así, porque para resolver si un acto es o no de autoridad para efectos del juicio de amparo, atendiendo precisamente a la dilucidación de si fue emitido o no en el marco de una relación de supra a subordinación es necesario analizar: 1) el origen material de dicho acto; 2) el carácter de la relación jurídica entre los sujetos; y, 3) el sentido de afectación del acto sobre la esfera jurídica del usuario. 1) Origen material del acto. Como ha quedado expuesto con antelación, al tenor de los antecedentes esgrimidos, los actos reclamados tienen su origen en la circunstancia de que el quejoso se desempeñaba como Asesor Jurídico adscrito a la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, en el municipio de Salinas de Hidalgo, San Luis Potosí, y derivado de dicha relación, es que pretende que se le otorgue de nueva cuenta tal nombramiento, con todas sus consecuencias jurídicas. 2) El carácter de la relación jurídica. En la especie, la entablada entre el aquí quejoso y la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, a la cual presta sus servicios; atento a lo anterior: en el marco de una relación laboral, regida por el apartado A, del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 3) Sentido de afectación del acto reclamado sobre la esfera jurídica de la quejosa. En el caso, la determinación de no renovar el nombramiento de Asesor Jurídico adscrito a la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, en el municipio de Salinas de Hidalgo, San Luis Potosí y las posibles violaciones acaecidas en el procedimiento de separación de su cargo. Sobre esas premisas, sin duda alguna los actos reclamados referidos tienen su origen en una relación de coordinación y no de supra a subordinación. En virtud de ello es que no se pueda analizar en la vía constitucional, como lo pretende la parte quejosa, si la negativa verbal del Presidente de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas de renovarle su nombramiento como Asesor Jurídico adscrito a dicho organismo, son violatorios de algún derecho, ya que esto es jurisdicción del órgano competente para dirimir los conflictos derivados de dicha relación laboral y no del Juez de amparo. Se afirma lo anterior, pues no implican propiamente una actuación entre gobernante y gobernado, sino una conducta derivada de la relación laboral entre el quejoso y la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, en la que prestaba sus servicios como Asesor Jurídico adscrito a la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, en el municipio de Salinas de Hidalgo, San Luis Potosí, por lo que los conflictos que se susciten no son propios de dilucidarse a través del juicio constitucional, sino en sede ordinaria que determine si tiene derecho a la renovación que pretende, y en su caso, si el no haberlo hecho fue apegado a derecho, atento a los derechos que invoca el empleado como violados por su empleador. Al respecto, debe tenerse en cuenta que el artículo 621 de la Ley Federal del Trabajo, que rige las relaciones de trabajo comprendidas en el artículo 123, apartado A, de la Constitución, otorga competencia a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje para conocer y resolver los conflictos de trabajo que no sean de la competencia de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Luego, al no actualizarse los supuestos de los artículos 123, apartado A, fracción XXXI constitucional, ni 527 de la Ley Federal del Trabajo, para dirimir la competencia a favor de las autoridades federales, es claro que la competencia para conocer de los conflictos laborales entre trabajadores de la Comisión Ejecutiva Estatal de Víctimas y ésta, le corresponde a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje. Apoya lo anterior, por analogía, el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 220 del Tomo IV, Diciembre de 1996, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "COMPETENCIA LABORAL. CORRESPONDE A LA JUNTA LOCAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DE SAN LUIS POTOSI CONOCER DE LOS CONFLICTOS LABORALES ENTRE EL ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS Y SUS TRABAJADORES. La indicada Junta es competente, en términos de los artículos 2o. de la Ley que crea la Comisión Estatal de Derechos Humanos, y 1o. del Estatuto Jurídico de los Trabajadores al Servicio de las Autoridades de San Luis Potosí, para conocer de las controversias laborales en que la citada Comisión sea parte, toda vez que del análisis pormenorizado del decreto de creación de ese organismo público descentralizado no se estableció que las relaciones de trabajo entre éste y sus trabajadores se normen por lo dispuesto en el referido estatuto; por el contrario, en el artículo 62 del decreto de creación en estudio se establece que: "El personal que preste sus servicios a la Comisión Estatal de Derechos Humanos se regirá por las disposiciones del apartado 'A', del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dicho personal quedará incorporado al régimen del Instituto Mexicano del Seguro Social"; además, tampoco se surten las hipótesis previstas en los artículos 123, apartado "A", fracción XXXI constitucional, ni 527 de la Ley Federal del Trabajo, para dirimir la competencia a favor de las autoridades federales". Sobre tales bases, debe tenerse en cuenta que el artículo 870 de la Ley Federal del Trabajo, prevé la tramitación y resolución de los conflictos individuales y colectivos de naturaleza jurídica que no tengan prevista tramitación especial; aquí el litigio versa sobre la interpretación o cumplimiento de una norma de carácter laboral, con independencia de la jerarquía de la norma y, por ende si en la especie se está ante la negativa de renovar el nombramiento del quejoso (y no sobre una resolución que impone una sanción derivada de la facultad punitiva del Estado en sede administrativa), entonces el procedimiento en esta clase de juicios está previsto en los artículos 870 a 891 de la Ley Federal del Trabajo. Adquiere aplicación, en lo conducente, la jurisprudencia 2a./J. 171/2012 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 2, página 1302, que ordena: "PRESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES PROMOVIDAS CONTRA LA SEPARACIÓN DE UN SERVIDOR PÚBLICO DIVERSAS AL CESE. ES APLICABLE EL PLAZO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 107 DE LA LEY PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS. Las acciones de prórroga del nombramiento de un servidor público o del otorgamiento de uno nuevo en determinada plaza deben equipararse a un despido, porque deja de desarrollar normalmente su trabajo y queda separado de sus labores. Igualmente, debe estimarse que no existe un cese formal porque las relaciones de trabajo simplemente llegan a su término, en virtud de que el nombramiento previo se otorgó por tiempo determinado y no existe obligación de realizar notificación alguna. Ahora bien, el referido artículo 107 prevé un plazo de 60 días para que prescriban las acciones para pedir la reinstalación en el trabajo o la indemnización que la ley concede, acciones que derivan necesariamente de la separación del trabajador en el empleo, y si la acción de prórroga del nombramiento debe equipararse a un despido, el referido plazo resulta aplicable a estas acciones de los trabajadores, máxime que la aludida prórroga viene acompañada de la pretensión de que se paguen salarios caídos y demás prestaciones inherentes a la continuación de la relación de trabajo; plazo que debe computarse a partir de la separación del trabajador, atento al artículo 518 de la Ley Federal del Trabajo, de aplicación supletoria a la ley burocrática del Estado, conforme a su artículo 10". Esto es así, dado que como ya se precisó, la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, al ser un organismo descentralizado de la Administración Pública Estatal, y por ende tiene personalidad jurídica propia, lo cual genera que las relaciones que se den con sus trabajadores serán en un plano de clara coordinación, y no de supra a subordinación; entonces, sus actos quedan comprendidos dentro de aquellos que cualquier gobernado ejecuta, ya que en tales relaciones el Estado también queda sometido a las prevenciones del derecho positivo como cualquier otro particular. Por consiguiente, es de concluir que sólo podrá legalmente ser considerado como acto de autoridad para los efectos del amparo, aquél que ordene o ejecute un órgano o funcionario del Estado, actuando con el imperio y potestad que le otorga su investidura pública, es decir, cuando el acto tenga su origen en relación directa con la función pública y el cargo que desempeña, en el plano que dentro del derecho se conoce como de supra a subordinación al que ya se hizo mención, lo cual en el caso no acontece por los motivos expuestos. Es decir, a efecto de considerar un acto como susceptible de análisis mediante la acción constitucional, es indispensable que éste emerja del imperio de la autoridad en el ejercicio de su función pública. Luego, si el acto reclamado tiene su origen en la negativa a prorrogarle su nombramiento al quejoso como asesor jurídico de la Comisión Estatal de Víctimas, es incuestionable que todo ello se actualiza en el marco de la relación que existe entre el quejoso y la aludida Comisión Ejecutiva Estatal Ejecutiva de Atención a Víctimas, a la cual prestaba sus servicios como Asesor Jurídico, la cual evidentemente es de naturaleza laboral; de donde deviene inconcuso que no tiene el carácter de acto de autoridad para los efectos del presente juicio de amparo. Resulta aplicable la jurisprudencia 2a./J. 164/2011 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIV, Septiembre de 2011, página 1089, que dispone: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado". Asimismo, se cita en lo conducente, la tesis I.6o.T.26 L del Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, localizable en la página 347, Tomo III, Abril de 1996, Materia Laboral, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "AUTORIDADES RESPONSABLES PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO, NO LO SON LOS ORGANOS O FUNCIONARIOS DE LAS DEPENDENCIAS DEL ESTADO CUANDO ACTUAN COMO PATRONES. La demanda de garantías que se interpone contra actos de las dependencias o funcionarios del Estado es improcedente, toda vez que el juicio de amparo sólo procede contra actos de autoridades en los términos del artículo 103 constitucional. Así es, el Estado a la vez que es persona de derecho público, en donde asume las funciones de autoridad, es también una persona moral oficial de derecho privado, en tanto que es el depositario, administrador o representante de los intereses económicos que constituyen el patrimonio de la Nación, y con este carácter puede entrar en relaciones laborales con los particulares, en un plano de clara coordinación y no de supra-subordinación; y entonces sus actos quedan comprendidos dentro de aquellos que cualquier gobernado ejecuta, ya que en tales relaciones el Estado también queda sometido a las prevenciones del derecho laboral como cualquier otro particular; por consiguiente, congruentemente con la doble personalidad del Estado, es de concluir que sólo podrá legalmente ser considerado como acto de autoridad para los efectos del amparo, aquel que ejecute un órgano o funcionario del Estado, actuando con el imperio y potestad que le otorga su investidura pública, es decir, cuando el acto tenga su origen en relación directa con la función pública y el cargo que desempeña, en el plano que dentro del derecho administrativo se conoce como de supra-subordinación a que ya se hizo mérito." Cabe precisar que no es obstáculo a lo anterior la tesis de jurisprudencia publicada bajo el rubro: "AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. NO ES LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO.", ya que fue materia de la solicitud de sustitución de jurisprudencia 9/2015, merced a la cual la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aclaró el rubro de dicha jurisprudencia limitándola a los asuntos en que se impugne el acuerdo de fijación de tarifas para suministro y venta de energía eléctrica, quedando con el rubro: "AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. NO ES LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, CUANDO SE IMPUGNA EL ACUERDO DE FIJACIÓN DE TARIFAS PARA SUMINISTRO Y VENTA DE ENERGÍA ELÉCTRICA.". En ese tenor, resulta inconcuso que en el caso a estudio se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 1°, fracción I, y 5°, fracción II, todos de la Ley de Amparo, consistentes en la negativa verbal del Presidente de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas de renovarle su nombramiento como Asesor Jurídico adscrito a dicho organismo. En tal virtud, al actualizarse de forma manifiesta e indudable las causales de improcedencia enunciada a lo largo de esta resolución; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de la materia, se desecha de plano la demanda de que se trata. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, y notifíquese el presente acuerdo en forma personal al promovente. Notifíquese personalmente a la parte quejosa."
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San Luis Potosí, San Luis Potosí, veinticinco de junio de dos mil diecinueve. Visto el escrito de cuenta signado por el quejoso Edgar Iván Ruiz Gómez, mediante el cual da cumplimiento parcial al requerimiento formulado en proveído de siete de junio del año en curso; no obstante ello, en atención a que su contenido proporciona información suficiente para proveer lo conducente respecto de la demanda de amparo, se acuerda: De la lectura de los escritos de demanda, aclaratorio y sus anexos, se advierte que la parte quejosa reclama: 1. Del Presidente de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas del Estado: 1.1. La negativa de renovar el nombramiento de Asesor Jurídico adscrito a la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas del Estado, adscrito al municipio de Salinas de Hidalgo, San Luis Potosí. 2. Del Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos: 2.1. La resolución de trece de mayo del año en curso, emitida dentro del procedimiento de queja 1VQU-154/2019, así como la substanciación de dicho procedimiento. De lo anterior, resulta incuestionable que las aludidos actos que por esta vía constitucional se reclaman identificados en los puntos 1.1 y 2.1 son inconexos, toda vez que el primer acto deriva de de una relación de coordinación generada con motivo de la relación laboral entre el hoy inconforme y la responsable Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas; y el segundo de un procedimiento instaurado ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, el cual concluyó con la resolución respectiva. Lo que trae como consecuencia que técnicamente los actos reclamados no puedan ser analizados y resueltos en un solo juicio de amparo. En consecuencia, se ordena, de oficio, separar los autos del juicio de amparo en que se actúa, con fundamento en el artículo 217 de la Ley de Amparo que dispone: "Artículo 217. La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en pleno o en salas, es obligatoria para éstas tratándose de la que decrete el pleno, y además para los Plenos de Circuito, los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal, y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales. La jurisprudencia que establezcan los Plenos de Circuito es obligatoria para los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de las entidades federativas y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales que se ubiquen dentro del circuito correspondiente. La jurisprudencia que establezcan los tribunales colegiados de circuito es obligatoria para los órganos mencionados en el párrafo anterior, con excepción de los Plenos de Circuito y de los demás tribunales colegiados de circuito. La jurisprudencia en ningún caso tendrá efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna". El citado artículo establece la obligatoriedad de la jurisprudencia del Pleno o de alguna de las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o de los Tribunales Colegiados, para los Juzgados de Distrito, los tribunales militares y judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal, y tribunales administrativos y del trabajo locales o federales. Lo anterior en relación con la jurisprudencia 76/97, sustentada por el Pleno del Máximo Tribunal del País, publicada en la página 118, Tomo VI, septiembre de mil novecientos noventa y siete, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a la Novena Época, dispone: "SEPARACIÓN DE JUICIOS. SU PROCEDENCIA. Si en una demanda de amparo se reclaman actos emanados de juicios diversos, desvinculados entre sí, y dicha demanda ha sido admitida por el Juez de Distrito, o bien, tal circunstancia es advertida durante la tramitación del juicio (hasta antes de la celebración de la audiencia constitucional), con motivo de los informes justificados que rindan la o las autoridades responsables, podría iniciarse de oficio la separación de juicios, figura ésta, que al no estar específicamente regulada en la Ley de Amparo, debe por ello quedar contenida en la jurisprudencia, tomando como base el artículo 57 de esa ley, que establece la acumulación, deduciéndolo en sentido contrario, por lo que puede concluirse que, fuera de los casos que ahí se prevén, en cualquier otro supuesto se requiere hacer la separación". Dando origen a dos demandas de amparo en las que se reclama: a) En la primera demanda, se reclama del Presidente de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas del Estado, la negativa de renovar el nombramiento de Asesor Jurídico adscrito a la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas del Estado, adscrito al municipio de Salinas de Hidalgo, San Luis Potosí. b) En la segunda demanda, se reclama del Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos: La resolución de trece de mayo del año en curso, emitida dentro del procedimiento de queja 1VQU-154/2019, así como la substanciación de dicho procedimiento. En consecuencia, tramítese la presente demanda de amparo únicamente por lo que se refiere al acto precisado en el inciso a) que antecede. Asimismo, expídanse copias certificadas del juicio de amparo en que se actúa, inclusive hasta el presente auto, y con apoyo en la Jurisprudencia por contradicción P./J. 78/97, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Septiembre de 1997, Novena Época, página 117, de rubro: SEPARACIÓN DE JUICIOS. EL JUEZ DE DISTRITO, AL DECRETARLA, DEBERÁ TOMAR LAS MEDIDAS Y SEÑALAR EL TRATO QUE A CADA UNO CORRESPONDA; remítanse tales reproducciones, mediante oficio a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, para que por medio del sistema computarizado, registre la demanda identificada en el inciso b) y la turne al Juzgado de Distrito que corresponda por razón de turno. Sin perjuicio de que el órgano jurisdiccional que conozca de dicha demanda provea lo conducente en relación a la prevención parcialmente desahogada. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.
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San Luis Potosí, San Luis Potosí, siete de junio de dos mil diecinueve. Vista la demanda promovida por EDGAR IVÁN RUIZ GÓMEZ, por su propio derecho, contra actos del Presidente de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, y de otra autoridad; fórmese el expediente respectivo y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado, bajo el número 576/2019-IV. Ahora bien, a efecto de acordar lo que en derecho proceda en cuanto a la admisión de la demanda de que se trata, con fundamento en los artículos 114, fracciones I y IV, en relación con el 108, fracciones IV y V, 110, así como el 112 de la Ley de Amparo, prevéngase al promovente para que dentro del término de cinco días, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, por escrito y con las copias necesarias del ocurso aclaratorio, esto es, dos para las autoridades responsables que señale y una más para el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, aclare su demanda y dé cumplimiento a los siguientes requerimientos: 1.- Precise si el acto que reclama en la presente instancia constitucional del Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos lo constituye la resolución administrativa emitida dentro de la propuesta de conciliación número 1VPC-7/2019, en la que refiere se emitió recomendación en su contra. Caso contrario, indique con precisión el acto que reclama de dicha autoridad, manifestando bajo protesta de decir verdad la fecha en que tuvo conocimiento del mismo y precise en forma concreta, cronológica y ordenada, todos y cada uno de los hechos o abstenciones que le constan y que constituyen los antecedentes de dicho acto reclamado. 2.- Manifieste bajo protesta de decir verdad, la fecha en que le fue emitido su último nombramiento como asesor jurídico adscrito a la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, su fecha de inicio y de conclusión, transcribiéndolo o acompañando copia del mismo. Sirve de apoyo a las anteriores consideraciones, la tesis emitida por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, visible a fojas 54, tomo III, Segunda Parte-1, Enero a Junio de 1989, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación que dice: "ACTO RECLAMADO, FALTA DE PRECISIÓN EN EL SEÑALAMIENTO DEL. PROCEDE LA ACLARACIÓN DE LA DEMANDA Y NO EL SOBRESEIMIENTO DEL JUICIO. Si el quejoso en su demanda de garantías, omite precisar el acto reclamado de las autoridades responsables, el juez a quo, previamente a su admisión, debe dictar el acuerdo correspondiente a efecto de subsanar la irregularidad destacada para resolver conforme a derecho, esto es, desechándola por falta de aclaración, o bien admitiéndola con base al escrito aclaratorio que permita conocer los actos reclamados a la totalidad de las autoridades señaladas como responsables, si esto no sucede y en su lugar el juez de Distrito sobresee en el juicio, lo procedente es, en la revisión, revocar la sentencia y ordenar la reposición del procedimiento con base en la fracción IV del artículo 91 de la Ley de Amparo." Así como, la tesis XX.57 K, sustentada por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, visible en la página 871, del tomo III, Marzo de 1996, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto son: "ACTO RECLAMADO. SI ES OBSCURO E IMPRECISO, DEBE REQUERIRSE AL QUEJOSO PARA QUE CUMPLA CON ESOS REQUISITOS APERCIBIDO QUE DE NO HACERLO SE TENDRÁ POR NO INTERPUESTA LA DEMANDA DE GARANTÍAS. De conformidad con la naturaleza y fines del juicio de amparo, el acto reclamado a las autoridades, debe señalarse con claridad y precisión, en virtud, de que, a través del mismo sólo puede juzgarse sobre la legalidad o no de lo reclamado en los términos en que se hace la reclamación y se acredita ante la responsable, toda vez que esto resulta indispensable para establecer la relación procesal en los juicios de garantías; por tanto, ante la falta de precisión y claridad de los actos reclamados debe requerirse al quejoso que dé cumplimiento a esos requisitos apercibido que de no hacerlo se tendrá por no interpuesta la demanda, sin que sea válido considerar que ante la obscuridad de la misma debe desecharse ésta, en razón que de conformidad con el artículo 146 de la Ley de Amparo, ante omisiones de tal naturaleza, se concede al peticionario de garantías la oportunidad de corregirlos mediante un escrito aclaratorio, siendo categórico el contenido del numeral en cita, en el sentido de que si no se cumple con el requerimiento, el Juez Federal deberá tener por no interpuesta la demanda.". Del mismo modo, la tesis I.7o.A.100 K, emitida por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, perteneciente a la Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo: XXIII, abril de 2006, visible en la página 990, cuyo rubro y texto son: "DEMANDA DE GARANTÍAS. FORMA EN QUE DEBE CUMPLIRSE EL REQUISITO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 116, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE AMPARO, RESPECTO A LA EXPRESIÓN DE LOS HECHOS Y ABSTENCIONES QUE LE CONSTEN AL GOBERNADO Y QUE CONSTITUYAN ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO O FUNDAMENTO DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. Conforme al precepto legal aludido, la parte quejosa debe manifestar los hechos y abstenciones descritos con antelación; sin embargo, en la hipótesis de que no sea satisfecha dicha carga procesal, el Juez Federal debe requerir para que sea subsanada la irregularidad. Ahora bien, en el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española, página mil ciento noventa y dos, vigésima segunda edición, Editorial Espasa Calpe, Sociedad Anónima, dos mil uno, Madrid, España, se establecen distintas acepciones de la palabra "hecho", entre ellas, las siguientes: "hecho, cha. [...] 5. Cosa que sucede. 6. [...] Acción que se ha llevado a cabo, adelantándose a cualquier evento que pudiera dificultarla o impedirla [...]". Por su parte, en la página ciento sesenta y dos de la obra consultada, es definido el vocablo "antecedente" de diferentes maneras, entre las cuales destaca la que se reproduce a continuación: "[...] 2. m. Acción, dicho o circunstancia que sirve para comprender o valorar hechos posteriores.". De la misma manera, en la página veintiuno del diccionario mencionado se establecen los conceptos de la palabra "acción", entre otros, los que se transcriben enseguida: "[...] Ejercicio de la posibilidad de hacer. 2. Resultado de hacer". En la página catorce se define el vocablo "abstención" de la manera siguiente: "[...] Acción y efecto de abstenerse". En esas condiciones se concluye que para dar cumplimiento al requisito previsto en la fracción IV del artículo 116 de la Ley de Amparo, concerniente a la manifestación bajo protesta de decir verdad sobre los hechos o abstenciones que le constan al gobernado y que constituyen antecedentes del acto reclamado o fundamentos de los conceptos de violación, es necesario realizar una narración precisa de todos aquellos acontecimientos de carácter positivo o negativo ocurridos con antelación a los actos reclamados y que por su estrecha relación resultan relevantes para conocer la verdad legal al resolverse el juicio de garantías, incluyendo los aspectos que influyan en su procedencia por ser una cuestión de orden público conforme al último párrafo del artículo 73 de la citada ley." Apercíbase al promovente que de no dar cumplimiento a lo anterior dentro del término conferido, se procederá en términos de lo dispuesto en el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de la Materia, esto es, se tendrá por no presentada la demanda de amparo. Es aplicable la tesis número P./J.35/2001, visible a fojas 79, Tomo XIII, abril de 2001, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO, EL ESCRITO INICIAL Y SU ACLARACIÓN NO PUEDEN DESVINCULARSE NI ANALIZARSE POR SEPARADO YA QUE AMBOS INTEGRAN AQUELLA.- Al tener el escrito aclaratorio de una demanda de amparo indirecto su origen en una irregularidad del escrito inicial, ya sea por que éste no cumplió con todos los requisitos previstos en el artículo 116 de la Ley de Amparo, o bien, porque con él no se exhibió el número de copias a que se refiere el artículo 120 de tal ordenamiento legal, y que su propósito es el de subsanar tales vicios, puede concluirse que no pueden desvincularse, analizarse o considerarse por separado, pues ambos escritos integran la demanda de amparo y, consecuentemente, deben ser considerados indefectiblemente como un solo documento.". Hágase del conocimiento de las partes, que desde este acuerdo queda autorizada la expedición de copias simples, en un solo tanto, previa petición verbal que hagan al secretario encargado del expediente; dejando constancia de su recepción. De igual forma, de conformidad con la circular 12/2009, del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a las partes reproducir o fotocopiar los documentos que obran en este expediente, mediante el uso de aparatos y medios electrónicos; en la inteligencia de que en cada caso deberán solicitar autorización al secretario de acuerdos de este Juzgado a fin de dejar constancia de los documentos que se reproduzcan, mediante la razón correspondiente. Asimismo, se hace de su conocimiento que para el caso de devolución de los documentos que aquí ofrezcan, los mismos serán devueltos hasta que quede firme la determinación que falle el presente asunto, toda vez que estos pueden ser objetados por las partes y es necesario que obren en autos. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el que indica en el proemio de la demanda y como autorizados en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo a las personas que menciona, toda vez que no proporciona los datos relativos a que se encuentren legalmente autorizados para ejercer la profesión de licenciados en derecho o abogados, tal como lo exige el segundo párrafo del citado numeral. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 17 Constitucional y 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, atendiendo a la carga de trabajo y al principio de expeditez en la administración de justicia y por economía procesal, se habilitan desde este momento, días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales, a cualquiera de las partes en el juicio y que no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente para ello la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos del último de los numerales invocados. En ese mismo sentido, en aras de una administración de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de manera adicional a lo estatuido en el numeral 27 de la Ley de Amparo, desde este momento se faculta al Actuario de la adscripción, para que en el supuesto de que en este juicio de amparo se ordene una notificación personal y se presente alguna imposibilidad para practicarla, como enunciativa más no limitativamente se precisa, no conozca a la persona buscada o esté desocupado el inmueble designado, dicha notificación se efectué (previa razón asentada como soporte), por medio de lista que se fije en los estrados de este Juzgado de Distrito; en la inteligencia de que dicho medio de publicidad será el lugar donde se practiquen las subsecuentes notificaciones, hasta en tanto la parte interesada señale un nuevo domicilio para tal efecto. Finalmente, con fundamento en lo que dispone el primer transitorio de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, se informa que el presente asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la referida ley y, por ende, los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, quedan sujetos a lo establecido en los artículos 1°, 3°, fracciones I, VIII, IX y XVII, 5°, 22, fracciones I, IV y V, 25, 31 y demás relativos y aplicables al caso de la legislación en cita, además se informa que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario solo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgado y que sea materia de este asunto, y los mismos serán protegidos conforme a la referida ley, a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce, aplicando en las resoluciones que se emiten en el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no se contravengan las disposiciones, además se les hace del conocimiento a las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, conforme a los lineamientos referidos en los artículos 21, 22, fracción VIII, 43, 46 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, en la inteligencia que la falta de oposición conlleva a su consentimiento para que las resoluciones que se dicten, se publiquen sin supresión de datos conforme a lo señalado en la ley antes citada. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
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