Edgar Iván Moreno Cruz
Expediente 1256/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 3 actuaciones registradas, la última del 29 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1256/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 29/06/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Edgar Iván Moreno Cruz
Actuaciones
- Principal
Mérida, Yucatán, veintinueve de junio de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, en el sentido de que ha transcurrido el término de seis meses a que hace referencia el artículo 156 de la Ley de Amparo, para que se interponga el incidente de daños y perjuicios sin que se hubiere hecho, asimismo, la parte quejosa BERNARDO PLINIO MIER Y TERAN LEJEUNE, no ha solicitado la devolución del billete depósito N-770537, además de que ha transcurrido el término de dos años a que se refiere el artículo 50 de la Ley de Tesorería de la Federación, para la prescripción de dicho billete. En atención a lo anterior, en virtud de que el término que antecede para la prescripción del billete comenzó a contarse a partir del trece de octubre de dos mil diecisiete. En consecuencia de lo anterior, con fundamento en el referido numeral 50 de la Ley de Tesorería de la Federación, se decreta la prescripción del derecho de la parte quejosa para exigir la devolución del billete de depósito N-770537, de conformidad con el artículo 50 de la Ley de Tesorería de la Federación. En ese sentido, se ordena se aplique en beneficio del Fisco Federal el importe del referido billete; y una vez que cause estado el presente acuerdo, remítase al Tesorero de la Federación el billete de depósito en cuestión, debidamente endosado al Fisco Federal, adjuntándole copia certificada de este acuerdo, para los efectos legales a que haya lugar. Lo anterior, con apoyo en lo previsto por el numeral 37, primer párrafo, del ordenamiento legal invocado y en acatamiento a lo dispuesto en el punto seis de la circular II/2007, emitida el once de julio de dos mil siete, y signada por la entonces Secretaría Técnica del Fondo de Apoyo a la Administración de Justicia, por la que se precisa el procedimiento que se ha autorizado para la constitución y el manejo de los depósitos en dinero o en valores que se efectúen ante esos órganos Jurisdiccionales, en términos de lo previsto por la fracción III, del artículo 225 de la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y demás disposiciones aplicables, así como de conformidad con el primer párrafo del artículo 31, del Acuerdo General 17/2007, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se regula la Organización y Funcionamiento del Fondo de Apoyo a la Administración de Justicia, el cual fue aprobado por el Pleno del propio Consejo, en sesión de dos mayo de dos mil siete. Sin que sea necesario dar aviso de la remisión del billete de depósito de que se trata a la Dirección General de Tesorería, ni al Comité Técnico del Fondo, ambas del Consejo de la Judicatura Federal, debiéndose en cambio, comunicar dicho movimiento a la Analista Jurídico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes de este juzgado, con el fin de que haga el registro correspondiente en el mencionado sistema, para los efectos legales correspondientes, esto, en atención a lo establecido en el tercer párrafo del citado numeral 31 del mencionado Acuerdo General 17/2007, y en el punto siete de la referida circular II/2007. Notifíquese. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, asistida de Hilda Adriana Chan Canto, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
Mérida, Yucatán, diez de junio de dos mil veintidós. Agréguense a estos autos el informe justificado signado por la Presidenta de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad de Mérida, así como las constancias que acompañó, del que se advierte que el veinte de mayo del año en curso, emitió el proyecto en forma de laudo, mismo que elevó a categoría de laudo el seis de junio del presente año, en el juicio reclamatorio laboral 46/2020, de su índice. Ahora bien, se trae a colación que el acto que la parte quejosa, reclamó en su demanda de amparo, consistió medularmente en la omisión de la Junta responsable, de dictar el laudo relativo en el juicio laboral 46/2020, de su índice. En consecuencia, en el caso a estudio, se estima que se actualiza la causal de improcedencia del juicio constitucional, derivada de la fracción XXI del artículo 61, de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." El numeral transcrito prevé la improcedencia del juicio de amparo cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Esta causa de improcedencia sobreviene cuando existe una imposibilidad de conceder la protección constitucional respecto de un acto que ya no afecta al peticionario de amparo, debido a que la autoridad responsable destruyó sus efectos en forma total e incondicional, como si se hubiere otorgado el amparo; es decir, con la finalidad de hacer que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto que, para considerar que los efectos del acto reclamado han cesado, es necesario que se demuestre que éste dejó de afectar la esfera jurídica del quejoso. Lo anterior no implica sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos del acto, pues el motivo o razón que justifica la improcedencia en mención no es sólo paralización del acto de autoridad, sino también la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Sustenta lo anterior la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De lo hasta aquí expuesto se desprende que, para la actualización de la causa de improcedencia en mención, es necesaria la coincidencia de dos extremos, a saber: a. Que se demuestre que el acto reclamado ha quedado insubsistente; y, b. Que, con motivo de la insubsistencia del acto reclamado, las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia a la parte quejosa y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. En el caso, se reclama la omisión atribuida a la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, de dictar el laudo correspondiente en el juicio laboral 46/2020, de su índice. Sin embargo, como se mencionó, de las constancias que la Presidenta de la Junta responsable adjuntó a su informe con justificación, se desprende que el veinte de mayo del año en curso, emitió el proyecto en forma de laudo, mismo que elevó a categoría de laudo el seis de junio del presente año en curso, en el juicio laboral de origen, del índice de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado. Dichas documentales, por su naturaleza pública, gozan de valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo, al haber sido expedida por una autoridad en ejercicio de sus funciones. Lo expuesto hace evidente que en el caso han cesado los efectos de la omisión atribuida a la autoridad responsable, al haberse demostrado que la Junta responsable emitió el laudo correspondiente, de tal forma que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación impugnada. Es así, porque la parte quejosa reclamó la violación al derecho de prontitud en la impartición de justicia a partir de la inactividad de las autoridades responsables de no emitir el fallo relativo al juicio laboral de origen dentro del plazo que la ley establece, lo que en el caso se subsana con el dictado del laudo respectivo en el juicio de laboral de origen. Por consiguiente, este Juzgado de Distrito decreta de oficio, fuera de audiencia, el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo, al surtirse la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXI, del mismo ordenamiento legal, y, en consecuencia, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las DIEZ HORAS CON CINCO MINUTOS DEL TREINTA DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIDOS. De conformidad con el Acuerdo General 29/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el uso obligatorio del módulo de captura del sistema integral de seguimiento de expedientes (SISE), relativo a las resoluciones dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; captúrese el día de su publicación la presente resolución, con la certificación secretarial respectiva; y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Miguel Alejandro Patrón Ballote, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
Mérida, Yucatán, a diecinueve de mayo de dos mil veintidós. Agréguese a estos autos para que Director General de Asuntos Jurídicos del Registro Agrario Nacional, Órgano Administrativo Desconcentrado de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano con sede en la Ciudad de México, compareciendo en representación del Director en Jefe y del Director General de Registro y Control Documental de dicha institución, mediante el cual informa a este Juzgado, la fecha en que recibió los oficios 11267/2022 y 11268/2022, mediante el cual se les comunicó la sentencia de cuatro de marzo de dos mil veintidós, y señala que dichos oficios fueron recibidos el veintiocho de marzo del presente año. En tal virtud, y toda vez que ha transcurrido el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes hubiera interpuesto el recurso de revisión en contra de la sentencia constitucional dictada en el presente juicio de amparo, con apoyo en el artículo 81, inciso e), de la Ley de la Materia, se declara que la expresada resolución que en su primer punto resolutivo AMPARÓ y PROTEGIÓ a VICTOR RAMÓN FERRAEZ CERVERA, MARIO JAVIER CÁMARA RÉNDON, JOSÉ ARMANDO DE JESÚS CEBALLOS CHÁVEZ, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Por tanto, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la Encargada del Registro Agrario Nacional, Delegación Yucatán, con sede en esta ciudad; y el Director en Jefe y Director General de Registro y Control Documental ambos del Registro Agrario Nacional en la Ciudad de México, para que en el plazo de tres días siguientes a la notificación de este acuerdo, cumplan con la ejecutoria de mérito, a fin de restituir a la parte quejosa en el pleno goce de sus derechos violados; apercibidas que de no cumplir con lo anterior en el lapso señalado, se les impondrá una multa mínima de cien veces el valor diario de la Unidad y Medida y Actualización, en términos del artículo conforme al numeral 258, en armonía con el diverso ordinal 238, ambos del citado ordenamiento legal; en relación con el artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación de veintisiete de enero de dos mil dieciséis; así como se remitirá este expediente al Tribunal Colegiado de Circuito competente para seguir el trámite de inejecución. Comuníquese la presente determinación a las autoridades residentes en la ciudad de México, por medio de mensajería acelerada ESTAFETA, a fin de cumplimentar con prontitud la sentencia de amparo; debiendo la Actuaría de este Juzgado, glosar las constancias de envío de los referidos por la aludida vía. Notifíquese. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Pamela Medina Sánchez, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · 12,065 expedientes
- Edgar Ilario Sosa Rivero1269/2017
- Edgar Iván Canto Ortiz1417/2022
- Edgar Iván Canto Ortiz1467/2016
- Edgar Iván Canto Ortiz1418/2022
- Edgar Ivan Canto Torres1580/2019
- Edgar Ivan Ku Batun2531/2022
- Edgar Ivan Rodriguez Perez2071/2021
- Edgar Jesús Escalante Calderas115/2023
- Edgar Jesus Ganzo Figueroa329/2019
- Edgar Jesús García Valle1005/2021
- Edgar Joaquin Aguilar Piña647/2018
- Edgar Jonathan Reyes Ordoñez1879/2022