Edgar Ivan Huerta Velasquez
Expediente 641/2020 tramitado ante el Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 15 actuaciones registradas, la última del 6 de mayo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 641/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 15
- Última actuación
- 06/05/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Edgar Ivan Huerta Velasquez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 15.
- Incidental
Córdoba, Veracruz, seis de mayo de dos mil veintiuno. Vista la certificación de esta fecha, se desprende que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiera recurrido la sentencia autorizada de quince de abril de dos mil veintiuno, mediante la cual se NEGÓ EL AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA DE LA UNIÓN, por tanto, con fundamento en el artículo 2º de la Ley de Invocada, en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, SE DECLARA QUE HA CAUSADO EJECUTORIA dicha sentencia para los efectos legales a que haya lugar. No obsta lo anterior que no obre el acuse de recibo del oficio 10860/2021, dirigido a la autoridad responsable, toda vez que la misma carece de legitimación para interponer recurso de revisión, ello de acuerdo con lo establecido en el artículo 87 de la Ley de Amparo, toda vez que su sentido no le causa agravio. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido; insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 27 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el presente expediente y el original del incidente de suspensión deberán transferirse por medio de la Administración Regional Correspondiente, una vez que transcurran tres años. Asimismo, se establece que no encuadra en alguno de los supuestos señalados en el artículo 15 del acuerdo referido, por lo que se considera que el presente expediente no es de relevancia documental. En ese tenor, se establece que el presente expediente una vez que hayan transcurrido tres años contados a partir de la emisión de este auto es susceptible de DEPURACIÓN, conforme a lo dispuesto en el citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b), de dicho ordenamiento, toda vez que SE NEGÓ EL AMPARO Y LA PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA DE LA UNIÓN. En cuanto al cuaderno original del incidente de suspensión, es susceptible de DEPURACIÓN, una vez transcurridos tres años, de conformidad con lo dispuesto en el citado Acuerdo General, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso a), de dicho ordenamiento, pues en el incidente de suspensión fue concedida la medida cautelar respecto de los actos reclamados; debiendo conservarse todas las resoluciones relativas a su otorgamiento. Por cuanto hace al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a) del citado Acuerdo, se establece que una vez transcurridos seis meses ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, al existir el cuaderno original de dicho incidente. Finalmente, toda vez que resulta innecesario seguir conservando las constancias remitidas por la Secretaría encargada del despacho por ministerio de ley del Juzgado Octavo de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, con sede en Orizaba, Veracruz, con las cuales se ordenó formar un tomo de pruebas, devuélvanse a su lugar de origen, solicitándole el acuse de recibo respectivo.
- Principal
Córdoba, Veracruz, seis de mayo de dos mil veintiuno. Vista la certificación de esta fecha, se desprende que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiera recurrido la sentencia autorizada de quince de abril de dos mil veintiuno, mediante la cual se NEGÓ EL AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA DE LA UNIÓN, por tanto, con fundamento en el artículo 2º de la Ley de Invocada, en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, SE DECLARA QUE HA CAUSADO EJECUTORIA dicha sentencia para los efectos legales a que haya lugar. No obsta lo anterior que no obre el acuse de recibo del oficio 10860/2021, dirigido a la autoridad responsable, toda vez que la misma carece de legitimación para interponer recurso de revisión, ello de acuerdo con lo establecido en el artículo 87 de la Ley de Amparo, toda vez que su sentido no le causa agravio. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido; insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 27 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el presente expediente y el original del incidente de suspensión deberán transferirse por medio de la Administración Regional Correspondiente, una vez que transcurran tres años. Asimismo, se establece que no encuadra en alguno de los supuestos señalados en el artículo 15 del acuerdo referido, por lo que se considera que el presente expediente no es de relevancia documental. En ese tenor, se establece que el presente expediente una vez que hayan transcurrido tres años contados a partir de la emisión de este auto es susceptible de DEPURACIÓN, conforme a lo dispuesto en el citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b), de dicho ordenamiento, toda vez que SE NEGÓ EL AMPARO Y LA PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA DE LA UNIÓN. En cuanto al cuaderno original del incidente de suspensión, es susceptible de DEPURACIÓN, una vez transcurridos tres años, de conformidad con lo dispuesto en el citado Acuerdo General, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso a), de dicho ordenamiento, pues en el incidente de suspensión fue concedida la medida cautelar respecto de los actos reclamados; debiendo conservarse todas las resoluciones relativas a su otorgamiento. Por cuanto hace al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a) del citado Acuerdo, se establece que una vez transcurridos seis meses ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, al existir el cuaderno original de dicho incidente. Finalmente, toda vez que resulta innecesario seguir conservando las constancias remitidas por la Secretaría encargada del despacho por ministerio de ley del Juzgado Octavo de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, con sede en Orizaba, Veracruz, con las cuales se ordenó formar un tomo de pruebas, devuélvanse a su lugar de origen, solicitándole el acuse de recibo respectivo.
- Principal
Vistos, para dictar sentencia, los autos del juicio de amparo número 641/2020, promovido por . contra un acto del Juez Octavo de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, con residencia en Orizaba, Veracruz, el que consideró violatorio en perjuicio de los derechos fundamentales consagrados en los artículos 4, 14 y 16, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el catorce de diciembre de dos mil veinte, en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Córdoba, . acudió a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal contra el acto reclamado del Juez Octavo de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, con sede en Orizaba, Veracruz, que se precisa a continuación: ACTO RECLAMADO: "(.) LA RESOLUCIÓN INTERLOCUTORIA dictada por la H. Autoridad señalada como Responsable, dentro de los autos del Juicio Civil No. ., publicada en la lista de acuerdos de fecha 23 de Noviembre del año en curso, en la que se procedió a regular la pensión alimenticia provisional, decretada para el suscrito inicialmente en el 10% (diez por ciento) del salario y demás prestaciones que percibe la C. . SEGUNDO. Admisión y trámite de la demanda de amparo. Por auto de dieciséis de diciembre de dos mil veinte, este Juzgado de Distrito en el Estado, con residencia en Córdoba, al que correspondió el conocimiento del presente asunto, admitió la demanda de amparo, solicitó a la autoridad responsable su informe con justificación, dio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal que le compete, ordenó emplazar a la tercero interesada y citó a las partes a la audiencia constitucional (fojas 10 a 13 del juicio). TERCERO. Emplazamiento de la tercero interesada. El veintiséis de enero del año en curso, se llevó a cabo el emplazamiento de la tercero interesada, . (foja 44 del juicio). CUARTO. Celebración de la audiencia constitucional. El veintinueve de marzo de dos mil veintiuno, se celebraron las dos primeras etapas de la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Córdoba, es competente para resolver el presente juicio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 33, 35, 37, 107 y 108, de la Ley de Amparo; 1º, fracción V, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, toda vez que de ser cierto el acto reclamado tendría ejecución dentro de la jurisdicción territorial asignada a este juzgado federal según el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Previo a determinar la existencia o no del acto reclamado en esta vía constitucional, se estima necesario precisarlo, esto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, y de la lectura integral de la demanda se advierte que aquél consiste en: - La resolución de veintitrés de noviembre de dos mil veinte, dictada en los autos del juicio ordinario civil ., en la que el Juez Octavo de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, con residencia en Orizaba, Veracruz, declaró procedente la reclamación interpuesta por . contra la pensión alimenticia provisional fijada a su cargo y en favor de ., y decretó la reducción de dicha medida cautelar, del diez al tres por ciento del salario y demás prestaciones que percibe la reclamante. Tal noción nos ayuda a determinar la existencia o no del acto reclamado en esta vía constitucional. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado al Juez Octavo de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, con residencia en Orizaba, Veracruz, pues así lo manifestó al rendir su informe justificado (foja 27 del juicio). Lo que se corrobora con las copias certificadas de las constancias deducidas del juicio ordinario civil número ., del índice administrativo de la referida autoridad responsable, remitidas como apoyo de su informe. Documentales que adquieren pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, de conformidad con lo que dispone esta ley, en su ordinal 2°, ya que se trata de documentos públicos expedidos por funcionario en ejercicio de las atribuciones que le asigna la ley. CUARTO. Oportunidad de la demanda de amparo. La demanda de amparo fue promovida en tiempo, porque el acto reclamado fue notificado por lista al quejoso el veintitrés de noviembre de dos mil veinte, por lo que, de conformidad con el artículo 78 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Veracruz, dicha notificación surtió sus efectos al día hábil siguiente, esto es, el veinticuatro de los citados mes y año, y el término de quince días hábiles para promover la demanda de amparo, previsto en el artículo 17 de la Ley de la Materia, inició el veinticinco de noviembre y concluyó el quince de diciembre del año pasado, sin contar en dicho lapso los días veintiocho y veintinueve de noviembre, cinco, seis, doce y trece de diciembre, por ser inhábiles en términos del artículo 19 de la ley de la materia. Luego, si . presentó su demanda de amparo el catorce de diciembre de dos mil veinte, se concluye que ésta es oportuna. QUINTO. Antecedentes del acto reclamado. Para mejor comprensión del asunto resulta pertinente reseñar algunos antecedentes del acto reclamado, que se desprenden de las constancias del juicio ordinario civil ., remitidas por la autoridad responsable en vía de informe, cuyo valor probatorio fue precisado en el considerando tercero de este fallo, a saber: 1. Mediante escrito presentado el treinta de junio de dos mil veinte, ante la Secretaría de Acuerdos del Juzgado Octavo de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, con residencia en Orizaba, . demandó, en la vía ordinaria civil, de ., el pago de una pensión alimenticia provisional y en su momento definitiva (fojas 1 a 6 del tomo de pruebas). Como pruebas justificativas de la pretensión exhibió: a) Copia certificada del acta de matrimonio que une al actor y a la demandada (foja 7 del tomo de pruebas); b) Copia fotostática simple de aviso de atención médica inicial y calificación de probable riesgo de trabajo, de ., de nueve de septiembre de dos mil diez (foja 8 del tomo de pruebas); c) Copia fotostática simple de nota médica de doce de octubre de dos mil diez, a nombre de . expedida por médico del Instituto Mexicano del Seguro Social (foja 9 del tomo de pruebas). d) Copia fotostática simple de resumen médico del paciente antes nombrado, de diecisiete de noviembre de ese año, expedido por médicos del Instituto Mexicano del Seguro Social (foja 10 del tomo de pruebas). e) Copia fotostática simple de solicitud de estudio electromiográfico y/ velocidad de conducción nerviosa, de diecinueve de noviembre de esa anualidad, a nombre de . (foja 11 del tomo de pruebas). f) Copia fotostática simple de interpretación de estudio de electromiografía practicado al paciente indicado, de esa misma fecha (foja 12 del tomo de pruebas). g) Copia fotostática simple de resumen médico de ., de treinta de noviembre de esa anualidad, expedido por médico del Instituto Mexicano del Seguro Social (foja 15 del tomo de pruebas). h) Copia fotostática simple de dictamen temporal de incapacidad permanente del citado mes y año, expedido por la Dirección de Prestaciones Médicas del Instituto Mexicano del Seguro Social, a nombre del referido paciente (foja 16 del tomo de pruebas) i) Copia fotostática simple de resumen médico de . de veintiocho de septiembre de dos mil once, expedido por médico del Instituto Mexicano del Seguro Social (foja 17 del tomo de pruebas). j) Copia fotostática simple de interpretación de estudio de electromiografía practicado al paciente indicado, de ocho de octubre de ese año (foja 18 del tomo de pruebas). k) Copia fotostática simple de resumen médico del plurimencionado paciente, de dieciocho de octubre de esa anualidad, expedido por médico del Instituto Mexicano del Seguro Social (foja 20 del tomo de pruebas). 2. El uno de julio de dos mil veinte, se admitió la demanda en la vía y forma propuestas, se ordenó emplazar a la demandada para que dentro del término de nueve días diera contestación a la demanda y, en lo que aquí trasciende, se fijó en favor de . una pensión alimenticia provisional equivalente al diez por ciento del sueldo y demás prestaciones que percibe la deudora alimentaria como trabajadora del Instituto Mexicano del Seguro Social (fojas 21 a 25 del tomo de pruebas). 3. El siete de agosto del año pasado, se recibió el oficio . firmado por el Encargado del Departamento Contencioso de la Delegación Regional Veracruz Sur, del Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en Orizaba, Veracruz, al que adjuntó el diverso . suscrito por el Jefe del Departamento de Pensiones de dicha Delegación, que contiene informe relativo a las percepciones que recibe el actor ., como pensionado (fojas 30 a 33 del tomo de pruebas). 4. El veinte de agosto de esa anualidad, se recibió el oficio . firmado por el Encargado del Departamento Contencioso de la Delegación Regional Veracruz Sur, del Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en Orizaba, Veracruz, al que adjuntó el diverso . suscrito por el Jefe de la Oficina de Control de Fuerza de Trabajo de dicha Delegación, que contiene informe relativo a las percepciones que recibe la demandada . como trabajadora del Instituto Mexicano del Seguro Social (fojas 34 a 36 del tomo de pruebas). 5. Una vez que se llevó a cabo el emplazamiento de la demandada, ésta interpuso reclamación contra la pensión alimenticia provisional decretada y dio contestación a la demanda (fojas 39 a 47 del tomo de pruebas). A tal ocurso la demandada adjuntó lo siguiente: a) Solicitud de autorización permanente de atención médica en favor de . de nueve de noviembre de dos mil once, formulada por el representante legal de la empresa al Departamento de Afiliación y Vigencia de la Subdelegación del Instituto Mexicano del Seguro Social, con residencia en Xalapa, Veracruz (foja 48 del tomo de pruebas). b) Autorización permanente para recibir servicios en circunscripción foránea, de la citada fecha y año, en favor del indicado paciente, expedida por Servicios de Afiliación de la Subdirección General Técnica del Instituto Mexicano del Seguro Social (foja 49 del tomo de pruebas). c) Resolución de otorgamiento de pensión definitiva por incapacidad permanente parcial, de doce de marzo de dos mil trece, otorgada en favor de . por el Jefe del Departamento de Pensiones del Instituto Mexicano del Seguro Social (foja 50 del tomo de pruebas). d) Impresión de certificado de incapacidad de once de agosto de dos mil veinte, a nombre del actor (foja 51 del tomo de pruebas). e) Recibo de impuesto predial expedido por la Tesorería Municipal del Ayuntamiento de Mariano Escobedo, Veracruz, a nombre de . (foja 53 del tomo de pruebas). f) Ocho recibos de nómina de diferentes fechas, expedidos a nombre del referido acreedor alimentario (fojas 54 a 61 del tomo de pruebas). 6. El veintiocho de octubre del año pasado, en lo que aquí trasciende, se tuvo a la demandada interponiendo reclamación contra la pensión alimenticia provisional, la cual se puso a vista del actor por el término de tres días para que manifestara lo que a su interés conviniera (foja 62 del tomo de pruebas). 7. Por auto de diez de noviembre de esa anualidad, se tuvo a la parte actora desahogando la vista concedida en relación con la reclamación y se turnaron los autos para resolverla (fojas 63 a 70 del tomo de pruebas). 8. El veintitrés de los citados mes y año, el juez responsable emitió interlocutoria en la que declaró procedente la reclamación, y decretó la reducción del quantum de la pensión alimenticia provisional fijada inicialmente en favor de . del diez (10%) al tres (3%) por ciento del salario y demás prestaciones que percibe ., como trabajadora del Instituto Mexicano del Seguro Social (fojas 71 a 77 del tomo de pruebas. Resolución que constituye el acto reclamado en esta vía constitucional. SEXTO. Procedencia del juicio. La procedencia del juicio de amparo es un presupuesto procesal que debe estudiarse por el juzgador aun de oficio antes de examinar las cuestiones de fondo de la controversia constitucional lo aleguen o no las partes de conformidad con lo que establece el artículo 62 de la Ley de Amparo aplicable; sin embargo, en el caso, de oficio, no se advierte la actualización de causa de improcedencia alguna en relación con el acto reclamado, ni las partes formularon planteamiento alguno al respecto. SÉPTIMO. Análisis de constitucionalidad del acto reclamado. Son ineficaces los conceptos de violación formulados por el quejoso, sin que se advierta queja deficiente que suplir en su beneficio. Para la mejor comprensión del asunto, previo a demostrar la ineficacia de los motivos de disenso, es pertinente precisar que en la resolución reclamada, la autoridad responsable decretó la reducción de la pensión alimenticia provisional fijada en auto de inicio en favor del aquí quejoso, . con la reclamación éste aceptó laborar y que durante el periodo que comprende del mes de enero a noviembre de dos mil veinte, percibió la cantidad de . que no acreditó que efectuara erogaciones por concepto de rehabilitación o medicamentos con motivo de su incapacidad, ni que sus ingresos fueran insuficientes para su subsistencia, además de que la deudora demostró que dicho acreedor tiene un inmueble a su nombre. Por cuestión de método, los conceptos de violación serán analizados en un orden distinto al en que fueron planteados en la demanda de amparo. Hecha esta precisión, se tiene que es ineficaz el motivo de disenso en el que se aduce: - Que la responsable consideró que el peticionario reconoció que percibe un salario, una pensión y que tiene una casa, pero omitió analizar las pruebas que presentó, como es un estado de cuenta en el que -afirma- claramente se observa que tiene un descuento y no percibe la cantidad que la autoridad responsable manifiesta en su resolución; así como el reporte de afiliación emitido por el Instituto Mexicano del Seguro Social, en el que claramente se ve que su salario integrado es de . y que de dicho salario tiene un descuento del cincuenta por ciento (50%), por concepto de pensión alimenticia en el expediente ., del índice del Juzgado Sexto de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar de Orizaba, Veracruz, por lo que considera justo y equitativo que se deje intocado el porcentaje fijado inicialmente. Carece de razón el peticionario cuando alega que el juez responsable omitió analizar el estado de cuenta (que adjuntó al desahogar la vista de la reclamación), del que -señala- se advierte que tiene un descuento y no percibe la cantidad que refiere la autoridad responsable. En efecto, la autoridad sí ponderó dicho elemento de prueba, pues incluso fue con base en él y en lo manifestado por el impetrante que tuvo por demostrado que dicho acreedor, en el periodo comprendido del mes de enero a noviembre de dos mil veinte, percibió la cantidad de $31,518.73 (treinta y un mil quinientos dieciocho pesos 73/100 M.N.). Ahora, no se pierde de vista que, como lo sostiene el quejoso, el estado de cuenta relativo a los depósitos que le fueron efectuados con motivo de la pensión por incapacidad permanente parcial de que disfruta (foja 68 del tomo de prueba), refleja que tiene un descuento por concepto de "PGB" por la cantidad de $1,625.75 (un mil seiscientos veinticinco pesos 75/100 M.N.), que a decir del peticionario deriva de un préstamo personal que solicitó; sin embargo, también se aprecia que después de aplicado el referido descuento, en el periodo comprendido del mes de enero a noviembre de dos mil veinte, recibió una cantidad superior a la que afirmó la autoridad responsable en la resolución que se combate, a saber: $49,266.53 (cuarenta y nueve mil doscientos sesenta y seis pesos 53/100 M.N.). Lo que se adminicula con el contenido del oficio 329102900110/PENS/0529/2020, suscrito por el Jefe del Departamento de Pensiones de la Delegación Regional Veracruz Sur, del Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en Orizaba, Veracruz, del que se advierte que . percibe como pensionado la cantidad $5,421.09 (cinco mil cuatrocientos veintiún pesos 09/100 M.N.), que tiene un descuento por concepto de "PGB" de $1,625.75 (un mil seiscientos veinticinco pesos 75/100 M.N.), por lo que mensualmente recibe el monto de $3,795.34 (tres mil setecientos noventa y cinco pesos 34/100 M.N.). De ahí que no exista la omisión indicada y menos aún que lo apreciado por el juez responsable respecto de la valoración del referido estado de cuenta le cause perjuicio alguno, por el contrario, como se ve, le resultó benéfico, toda vez que dicho documento arroja que los ingresos percibidos por el quejoso en el periodo comprendido del mes de enero a noviembre de dos mil veinte es superior al estimado por el juez natural. Por lo que respecta a que el juez responsable omitió analizar el reporte de afiliación emitido por el Instituto Mexicano del Seguro Social (que adjuntó a su escrito de desahogo de vista), es cierto que el juzgador no se pronunció expresamente en torno al valor probatorio de dicho medio de prueba. Sin embargo, ello no le causa perjuicio alguno, en la medida de que el contenido de dicha prueba es evidentemente perjudicial a los intereses del peticionario, pues demuestra que, además de lo que recibe mensualmente como pensionado, percibe ingresos de una fuente laboral. Así es, del reporte de afiliación exhibido por el propio inconforme y de lo que manifestó al desahogar la vista de la reclamación, se advierte que trabaja para la empresa "." y percibe un salario diario integrado de $321.01 (trescientos veintiún pesos 01/100 M.N.), que equivalen a $9,630.30 (nueve mil seiscientos treinta pesos 30/100 M.N.) mensuales. Luego, esta cantidad sumada al monto de $3,795.34 (tres mil setecientos noventa y cinco pesos 34/100 M.N.), que recibe el quejoso por concepto de pensión (después de aplicado el descuento respectivo), arroja como resultado que éste cuenta con un ingreso mensual total de $13,425.64 (trece mil cuatrocientos veinticinco pesos 64/100 M.N.). Sin que obste lo alegado por el peticionario en el sentido de que al salario integrado diario que percibe de $321.01 (trescientos veintiún pesos 01/100 M.N.), se le debe descontar el cincuenta por ciento (50%) que le fue fijado por concepto de pensión alimenticia en el expediente 423/2020, del índice del Juzgado Sexto de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, con residencia en Orizaba, Veracruz. Lo anterior, pues si bien al interponer la reclamación la tercero interesada manifestó que le reclamó alimentos en representación de sus menores hijos en dicho expediente, no existe constancia alguna que acredite que se estableció la citada medida cautelar a cargo del aquí quejoso y menos aún, de ser el caso, a qué porcentaje del salario del inconforme asciende esa pensión provisional. De ahí lo ineficaz del motivo de disenso que se analiza. Finalmente, son infundadas las inconformidades en las que el peticionario sostiene: - Que la responsable dejó de entrar al debido estudio de lo que dicta el artículo 242 del Código Civil del Estado de Veracruz, siendo suficiente -señala- haber requerido los alimentos y haber demostrado las deudas generadas por continuar la vida que acostumbra el quejoso, y que dada la situación que se vive en el país por la pandemia del "COVID-19" se han visto afectadas sus jornadas laborales, por lo que no percibe lo suficiente para vivir; que la pensión alimenticia fijada inicialmente en un diez por ciento (10%) fue proporcional y en ningún momento menoscaba el patrimonio de la demandada. - Que la reducción de la pensión alimenticia provisional de diez al tres por ciento, acarrearía problemas de imposible reparación, pues se le condenaría a vivir de más préstamos y apoyos, lo que -dice- es injusto e inhumano, ya que el monto de los ingresos de la tercero interesada es suficiente para otorgar los alimentos provisionales fijados; máxime que, señala, tiene otros ingresos como los provenientes de un vehículo en su modalidad de taxi. No asiste razón al peticionario, porque como lo sostuvo la autoridad responsable, no acreditó que los ingresos que percibe sean insuficientes para satisfacer sus necesidades alimentarias, pues no exhibió medio de prueba que refleje a cuánto ascienden las erogaciones que realiza para satisfacer dichas necesidades y, con ello, se pueda conocer "la vida que acostumbraba vivir". Ante ello, no existe base probatoria a partir de la cual pueda analizarse la insuficiencia que alega el impetrante. Por lo que respecta a que los ingresos de la tercero interesada son suficientes para satisfacer los alimentos provisionales inicialmente fijados, resulta intrascendente si se toma en cuenta que el motivo de la reducción de dicha medida cautelar obedeció a que se demostró que el peticionario percibe ingresos y que éste no justificó que éstos fueran insuficientes para lograr su subsistencia. De ahí lo infundado de los motivos de disenso de trato. Ante tal panorama, al ser ineficaces los conceptos de violación y no advertirse queja deficiente que suplir, lo que procede es negar el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitados por . contra la resolución de veintitrés de noviembre de dos mil veinte, dictada por el Juez Octavo de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, con residencia en Orizaba, Veracruz, en el juicio ordinario civil . OCTAVO. Forma de publicación de la sentencia. Cabe precisar que por autos de dieciséis de diciembre de dos mil veinte, se hizo del conocimiento de las partes que el contenido de las resoluciones que se emitieran en el juicio constituirían información reservada hasta en tanto se dictara sentencia definitiva, otorgándoles el derecho a oponerse a la publicación de sus datos personales, con la prevención en el sentido de que si no se hacía manifestación alguna se les tendría por inconformes con tal publicación. Por tanto, de conformidad con lo previsto en los artículos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente, y al no existir manifestación alguna de las partes en el sentido de permitir el acceso a la información confidencial, se les tiene por inconformes en la divulgación de dicha información. Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 62, 73, 74, 75 y 76, de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. LA JUSTICIA DE LA UNIÓN NO AMPARA NI PROTEGE a ., en el juicio de amparo 641/2020, promovido contra el acto reclamado del Juez Octavo de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, con residencia en Orizaba, Veracruz, por las razones expresadas en el considerando séptimo, de esta sentencia. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el último considerando de este fallo.
- Principal
AUDIENCIA CONSTITUCIONAL CELEBRADA.
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