Edgar Iván Hernández García

Expediente 1620/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 2 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1620/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
29/11/2023

Partes del expediente

  • Edgar Iván Hernández García

Actuaciones

  1. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, veintinueve de noviembre de dos mil veintitrés. Efectivo apercibimiento a tercero interesada, se ordenan listas. Visto el estado procesal de las presentes actuaciones y en atención a la certificación de cuenta, de los que se advierte que el tercera ********************no dio cumplimiento al requerimiento formulado en proveído de nueve de noviembre del año en curso, en el sentido de señalar domicilio en la zona metropolitana Tlaxcala-Apizaco, para oír y recibir todo tipo de notificaciones, ante este Juzgado Federal, con el apercibimiento que de no hacerlo así en el plazo de tres días contados a partir de la fecha en que quedó notificada del proveído en comento, las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, se le harían por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado. En consecuencia y toda vez que la tercero interesada de referencia no dio cumplimiento a lo anterior, se hace efectivo el apercibimiento contenido en dicho proveído; por tanto, con fundamento en el artículo 26, fracción III y 29 de la Ley de Amparo, practíquense la presente y subsecuentes notificaciones, aun las de carácter personal, por medio de lista que se fija en los estrados de este juzgado. Informes justificados. Por otra parte, agréguense el oficio signado por la Juez Familiar del Distrito Judicial de Zaragoza, atento a su contenido, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene por rendido su respectivo informe justificado. Pruebas De igual forma, se tienen como pruebas de la autoridad las documentales que anexa al oficio de cuenta, mismas que se desahogan por su propia y especial naturaleza, en términos del artículo 119 de la Ley de Amparo. Sobreseimiento fuera de audiencia. Ahora bien, de las constancias remitidas por la autoridad responsable, se advierte que se acredita de manera manifiesta e indudable el motivo de sobreseimiento previsto en la fracción V, del artículo 63, en relación con la fracción XXI, del numeral 61, ambos de la Ley de Amparo. Los preceptos legales de referencia, establecen a la letra lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. (.)". "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior". Al respecto, se destaca que cuando durante el juicio biinstancial sobrevenga alguna causal de improcedencia manifiesta e indudable, el órgano de control constitucional está facultado para decretar el sobreseimiento fuera de la audiencia constitucional, tal como lo sostuvo la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia de rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE". Ahora en primer lugar, se destaca que la parte quejosa señaló como acto reclamado el siguiente: ". la falta de emisión y notificación de la resolución que deberá recaer respecto del recurso de revocación interpuesto por el suscrito en contra del auto de fecha 23 veintitrés de agosto de 2023 dos mil veintitrés, dentro del expediente familiar número ********************, radicado ante la autoridad señalada como responsable y que, como consecuencia inmediata de ellos, desemboca en la paralización total de dicho procedimiento.". (Sic) Bajo este contexto, este juzgador reitera que se actualiza la causa de improcedencia, prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, al haber cesado los efectos del acto reclamado. Al efecto, es pertinente fijar su alcance, para lo cual debe tenerse presente que, generalmente, la emisión de un determinado acto de autoridad o la abstención de llevar a cabo actuaciones en los términos y condiciones que marca la ley, generan el reconocimiento o el establecimiento de una nueva situación jurídica, o crean inseguridad jurídica a las partes y las deja en estado de indefensión. Esto lleva aparejado determinados efectos materiales y jurídicos que deben concretarse, en alguna medida, en la esfera de derechos del gobernado y que lo legitiman para acudir al juicio de amparo con el fin de obtener una sentencia que declare la invalidez del acto relativo o la obligación de la autoridad de actuar conforme a las normas legales, por estimar que el acto o la omisión son violatorios de los derechos fundamentales, o sus garantías. En tal virtud, al ser el juicio de amparo un medio de control de constitucionalidad cuyo objeto es reparar las violaciones de derechos y garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que acuda a él, con el fin de restituirlo en el goce de las prerrogativas que le han sido violadas, el legislador ordinario ha establecido diversos requisitos de procedencia del juicio constitucional, los que condicionan ésta a la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegue a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica de quien obtenga la protección constitucional. Entre dichos requisitos que genera la improcedencia del juicio constitucional (aludidos por la Primera Sala de nuestro Más Alto Tribunal en sentido positivo) se encuentra la cesación de los efectos del acto reclamado; causal respecto de la que la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que para su actualización es necesario que la autoridad responsable derogue o revoque el acto reclamado y, además, que se destruyan todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional como si se hubiese otorgado el amparo o como si el acto nunca hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola interrumpido, la cesación no deje huella alguna; tal como puede advertirse de las tesis cuyos rubros se citan a continuación: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL". "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL". Ahora, la referida causa de improcedencia se actualiza, dado que lo reclamado por la quejosa consiste en: ". la falta de emisión y notificación de la resolución que deberá recaer respecto del recurso de revocación interpuesto por el suscrito en contra del auto de fecha 23 veintitrés de agosto de 2023 dos mil veintitrés, dentro del expediente familiar número ********************, radicado ante la autoridad señalada como responsable y que, como consecuencia inmediata de ellos, desemboca en la paralización total de dicho procedimiento.". (Sic) Y, de las constancias remitidas por la Juez Familiar del Distrito Judicial de Zaragoza, a las que se les otorga valor probatorio pleno conforme a los numerales 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de acuerdo a su numeral 2°, se evidencia que el diecisiete de noviembre de dos mil veintitrés, emitió resolución correspondiente relativo al recurso de revocación interpuesto por la parte quejosa en contra del auto de veintitrés de agosto de dos mil veintitrés, dentro del expediente familiar ******************** de índice de la responsable. Asimismo, el diligenciario adscrito al Juzgado Familiar del Distrito Judicial de Zaragoza, Tlaxcala, practicó la notificación correspondiente el veintidós de noviembre de dos mil veintitrés. Por tanto, en la especie se actualiza la causal de improcedencia en estudio, pues de las constancias antes relacionadas se evidencia que la omisión reclamada por el quejoso dejó de existir, pues el diecisiete de noviembre de dos mil veintitrés, emitió resolución correspondiente relativo al recurso de revocación interpuesto por la parte quejosa en contra del auto de veintitrés de agosto de dos mil veintitrés, dentro del expediente familiar ******************** de índice de la responsable. En tales condiciones, se estima que han cesado los efectos de la omisión reclamada, pues al ser una abstención, en términos del artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo, la finalidad de la resolución del presente juicio constitucional sería obligar a la autoridad responsable a que actuara en el sentido de respetar la garantía contenida en el artículo 17 constitucional y a cumplir, por su parte, lo que la misma garantía exija; lo que ya ocurrió en los términos apuntados. En las relatadas condiciones, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del arábigo 61 de la Ley de Amparo, respecto de la omisión atribuida a la autoridad responsable, procede sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de garantías conforme lo preceptúa la fracción V del numeral 63 del propio ordenamiento legal. En apoyo, se cita la jurisprudencia 2a./J. 9/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". Se precisa que las tesis citadas resultan aplicables a pesar de referirse a numerales de la Ley de Amparo abrogada, pues no se contraponen con lo establecido en la norma en vigor, al ser de contenido similar. Se deja insubsistente fecha y hora de audiencia constitucional. En consecuencia, se deja insubsistente la hora y fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional (DIEZ HORAS CON DIECIOCHO MINUTOS DEL DOCE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS), por los motivos antes precisados. Anotaciones en el Libro de Gobierno y SISE. Finalmente, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante Cecilia Ángeles Serrano Secretaria de este Juzgado, quien autoriza y da fe.EDUARDO

  2. Principal

    A las nueve horas del diecisiete de noviembre de dos mil veintitrés, la suscrita Karen Aguas Pérez, Actuaria Judicial adscrita al Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, HAGO CONSTAR: Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 26, fracción III y 29, de la Ley de Amparo, notifico por medio de lista a la parte quejoso Abraham Flores Pérez, el contenido del proveído de trece de noviembre de dos mil veintitrés, dictado en el juicio de amparo referido al rubro. Doy fe: Apizaco, Tlaxcala, trece de noviembre de dos mil veintitrés. Se da vista con dictámenes periciales. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que en diligencia de treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés, el perito oficial ********************, ratificó el dictamen en materia de inmobiliaria, presentado ante este juzgado el once de octubre del año en curso, el cual fue registrado en el libro de correspondencia con el folio 15243. En consecuencia, con fundamento en la fracción II del artículo 297 del Código Federal de Procedimientos Civiles1, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo de conformidad con su numeral 2°, con el contenido del dictamen de mérito, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés legal convenga dentro del plazo de tres días, contados a partir de la legal notificación del presente proveído. Notifíquese personalmente a las partes. Así lo proveyó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante Sonia López Márquez, Secretaria que autoriza y da fe.

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