Edgar Iván del Moral Navarrete

Expediente 583/2016 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Colima. 28 actuaciones registradas, la última del 16 de diciembre de 2016.

Datos del expediente

Expediente
583/2016
Año
2016
Actuaciones
28
Última actuación
16/12/2016

Partes del expediente

  • Edgar Iván del Moral Navarrete

Actuaciones

Las 4 más recientes de 28.

  1. Principal

    Colima, Colima dieciséis de diciembre de dos mil dieciséis. Visto lo de cuenta, se advierte que las partes no interpusieron recurso de inconformidad, dentro del término legal, contra el auto de quince de noviembre de dos mil dieciséis, a través del cual se declaró sin materia el fallo protector dictado en el presente juicio constitucional; en consecuencia, se declara que HA CAUSADO ESTADO dicho proveído, con apoyo en los con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, y 202 del último conjunto legal. Por otro lado, con base en lo ordenado por ACUERDO GENERAL CONJUNTO NÚMERO 1/2009, DE VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL NUEVE, DE LOS PLENOS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO A LA TRANSFERENCIA, DIGITALIZACIÓN, DEPURACIÓN Y DESTRUCCIÓN DE LOS EXPEDIENTES GENERADOS EN LOS JUZGADOS DE DISTRITO, se determina lo siguiente: a) El presente expediente, a consideración del suscrito juzgador, no se considera de relevancia documental, habida cuenta que la litis no versó respecto a: delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; de igual forma, no se está en el supuesto de que la resolución dictada en este controvertido haya sido impugnada ante organismos públicos internacionales o de que el problema jurídico dilucidado fuese un conflicto laboral de naturaleza colectiva trascendental, aunado a que el fallo judicial no trasciende en forma especial el ámbito jurídico, político, social o económico . Esta decisión encuentra sustento en los párrafos segundo y tercero del punto décimo primero, en relación al último párrafo del diverso dispositivo vigésimo primero, ambos del acuerdo general conjunto en cita. b) En el expediente en que se actúa en la sentencia dictada, en su segundo punto resolutivo se concedió el juicio de amparo; consecuentemente, dicho expediente es susceptible de depuración, de suerte que una vez transcurridos tres años contados a partir de este acuerdo donde también se ordenará el archivo del asunto, deberá realizarse su transferencia al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, para el trámite respectivo, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno. Lo anterior, según lo disponen los puntos décimo, fracción I, décimo primero, párrafos primero y segundo, así como el punto vigésimo primero, fracción II, todos ellos del acuerdo general invocado. c) En mérito de lo determinado en los incisos precedentes, en la carátula del presente, realícese la anotación de que el expediente, no es de relevancia documental y es sujeto de depuración, con fundamento en el párrafo segundo del artículo décimo primero, del multicitado acuerdo general. d) Con lo anterior, dese vista en los cuadernos incidentales derivados del presente juicio de amparo. e) Devuélvase el cuaderno de pruebas a la autoridad emisora. Finalmente, se ordena que notificado que sea el presente acuerdo, se archive este asunto como concluido

  2. Incidental

    Colima, Colima, dieciséis de diciembre de dos mil dieciséis. Visto lo de cuenta y tomando el suscrito juez en consideración que en los presentes cuadernos incidentales no existe diligencia pendiente, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como totalmente concluido. Por otro lado, con base en lo ordenado por ACUERDO GENERAL CONJUNTO NÚMERO 1/2009, DE VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL NUEVE, DE LOS PLENOS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO A LA TRANSFERENCIA, DIGITALIZACIÓN, DEPURACIÓN Y DESTRUCCIÓN DE LOS EXPEDIENTES GENERADOS EN LOS JUZGADOS DE DISTRITO, se determina lo siguiente: a) Habida cuenta que en las constancias que integran el presente expediente, no obra algún documento original ni billete de depósito y considerando que por una fue concedida la suspensión provisional y la suspensión definitiva, los cuadernos incidentales se consideran susceptibles: a) el original de depuración, debiendo conservarse únicamente la resolución relativa al otorgamiento de la suspensión y, b) el duplicado, de destrucción. Esto, según lo ordena tanto la fracción III del punto vigésimo, como la fracción III del punto vigésimo primero, ambos del acuerdo general conjunto en cita. b) Transcurridos más de seis meses contados a partir de que se resolvió la suspensión definitiva en el presente, destrúyase el duplicado del cuaderno incidental en que se actúa. Según lo ordena el artículo vigésimo del citado acuerdo general. c) Como el original del cuaderno del presente incidente de suspensión es susceptible de depuración, una vez transcurridos tres años a partir de la de este acuerdo en que se ordena su archivo, se realizará su transferencia al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno. Como lo disponen los puntos décimo, fracción I, décimo primero, párrafos primero y segundo, así como el punto vigésimo primero, fracción II y el vigésimo quinto, todos ellos del acuerdo general invocado. d) Con motivo de lo ya determinado, en la carátula del presente, realícese la anotación de que el expediente no es de relevancia documental, además inscríbase que el cuaderno original de este incidente, es sujeto de depuración, mientras que el duplicado de destrucción. Lo anterior, con fundamento en el párrafo segundo del punto undécimo del multicitado acuerdo general. Notifíquese. Lo proveyó y firma VÍCTOR HUGO VELÁZQUEZ ROSAS, Juez Primero de Distrito en el Estado de Colima, asistido del (la) secretario(a) José Alberto Saucedo Alcaraz, que autoriza y da fe. JAS/nena

  3. Principal

    Colima, Colima, quince de noviembre de dos mil dieciséis. Vista la certificación con la que se da cuenta, en la que se hace constar que al día de hoy las partes no interpusieron recurso de revisión, dentro del término legal, contra la sentencia dictada en el presente juicio; en consecuencia, se declara que la misma HA CAUSADO EJECUTORIA, con apoyo en los numerales 354, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo. Ahora bien, de la sentencia emitida por este juzgado con engrose de nueve de septiembre de dos mil dieciséis, se concedió el amparo y la protección de la Justicia Federal, para los efectos siguientes: "[.] EFECTOS DEL AMPARO. Para que el Juez responsable, deje insubsistente la orden de aprehensión emitida el seis de abril de dos mil dieciséis; Hecho lo anterior, en restitución de la garantía violada, con plenitud de jurisdicción, emita una nueva determinación, la cual puede ser en sentido diverso, pero si es en el mismo sentido, deberá cumplir con los requisitos de fundamentación y motivación, esto es, deberá pronunciarse en torno al material probatorio de cargo y de descargo que obraba, en la causa penal 41/2016, hasta el seis de abril de dos mil dieciséis, data en el que se libró la orden de aprehensión reclamada [.]". La responsable mediante oficio 2158 de ocho de noviembre de dos mil dieciséis, remitió, entre otras, copias certificadas de las constancias siguientes: -Oficio 1164/2016 de treinta de agosto de dos mil dieciséis mediante el cual se dio cumplimiento la orden de aprehensión contra Edgar Iván del Moral Navarrete, decretada por el Juzgado Primero Penal de Tecomán, Colima, dentro de los autos de la causa penal 41/2016 -Declaración preparatoria a cargo del aquí quejoso Edgar Iván del Moral Navarrete en la que ratificó la declaración vertida ante el Ministerio Público. -Resolución constitucional de cinco de septiembre del año en curso, en la que se decretó auto de formal prisión contra Edgar Iván del Moral Navarrete, por el delito de Incumplimiento de las obligaciones de asistencia familiar, previsto y sancionado por el artículo 167 Bis, párrafo primero del Código Penal Vigente para el Estado de Colima, en agravio de Luis Daniel y Edgar Damían de apellidos del Moral Escobedo, representados por su madre Karina Guadalupe Escobedo. Así las cosas, la protección de la Justicia Federal tenía por efecto que la autoridad dejara insubsistente la orden de aprehensión emitida el seis de abril de dos mil dieciséis y con plenitud de jurisdicción, emitiera una nueva determinación purgando los vicios analizados, es decir, debería pronunciarse en torno al material probatorio de cargo y de descargo que obraba, en la causa penal 41/2016, hasta el seis de abril de dos mil dieciséis, data en el que se libró la orden de aprehensión reclamada. Sin embargo, la autoridad responsable ocho de noviembre del año en curso emitió un diverso oficio en el que informó que el treinta de agosto de dos mil dieciséis se dio cumplimiento a la orden de captura decretada en contra del aquí quejoso, que el día treinta y uno siguiente se rindió su declaración preparatoria y el cinco de septiembre de ese mismo año se decretó auto de formal prisión en contra del referido quejoso. Lo anterior redunda en la imposibilidad material y jurídica de la autoridad responsable para cumplir con la sentencia de amparo. Es decir, la imposibilidad de cumplimiento de la sentencia de amparo se actualiza dado que la causa obedece a factores externos, aleatorios o imprevisibles, ajenos al control de la autoridad obligada, y no deriva de omisiones culposas o dolosas de ésta. Si bien la materia del cumplimiento se traduce en este asunto en una obligación de hacer a cargo de la autoridad responsable, lo cierto es que en el caso de que surja la imposibilidad material o jurídica que tenga para cumplir con la ejecutoria de tutela conforme al artículo 77 de la Ley de Amparo, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se ha pronunciado en el sentido de que si los obstáculos que tenga la autoridad para ese efecto resultan insuperables, ésta tiene derecho a que se le dé la oportunidad de demostrarlo en forma fehaciente, pues si ello es así, no se podrán imponer las sanciones a que se refiere el artículo 107, fracción XVI, constitucional. En el caso justiciable, se produjo un cambio de situación jurídica del quejoso Edgar Iván del Moral Navarrete, debido a que se cumplimentó la orden de aprehensión decretada en su contra, rindió declaración preparatoria y se dictó auto de formal prisión por el delito que le atribuyó la representación social. Por tanto, la responsable se encuentra imposibilitada para emitir una nueva orden de aprehensión contra el impetrante del amparo; dado que como se indicó ya se dictó auto de formal prisión en su contra. En las relatadas condiciones, la responsable se encuentra imposibilitada para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Esto último tiene sustento en la tesis que aparece publicada en la novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo V, junio de 1997, página 167, que es del tenor literal siguiente: "SENTENCIAS DE AMPARO. LAS AUTORIDADES RESPONSABLES TIENEN DERECHO A DEMOSTRAR LA IMPOSIBILIDAD DE SU CUMPLIMIENTO. De la interpretación lógica sistemática de los artículos 104 a 112 de la Ley de Amparo, que consagran el procedimiento mediante el cual la Suprema Corte de Justicia, los Tribunales Colegiados de Circuito y los Jueces de Distrito, pueden constreñir a las autoridades responsables al cumplimiento de las sentencias que conceden la protección de la Justicia Federal, se advierte que el legislador estableció dicho procedimiento obedeciendo a un principio unitario, con propósitos definidos, con espíritu de coordinación y enlace, como lo es el que se acaten los fallos protectores y no, primordialmente, la aplicación de las sanciones a las autoridades remisas; lo que se corrobora con la obligación que establece la ley a cargo de los Jueces de Distrito, o Tribunales Colegiados de Circuito, de hacer cumplir, por sí o por medio de sus secretarios o actuarios, auxiliados con el uso de la fuerza pública, si es necesario, la sentencia constitucional, cuando ello sea jurídicamente posible; con el hecho de la intervención de los superiores jerárquicos, quienes también son responsables del cumplimiento aun cuando no hayan sido señalados como tales en la demanda de amparo, cuya injerencia persigue el propósito de facilitar, por la presión que dicha intervención implica, la ejecución del fallo en los plazos determinados por el legislador; así como del deber de las autoridades sustitutas de las destituidas para cumplir con la ejecutoria; y, por último, con el establecimiento del procedimiento incidental de cumplimiento sustituto de la sentencia. Por consiguiente, si una autoridad, responsable del cumplimiento de una sentencia protectora, manifiesta la imposibilidad material o jurídica del mismo, tiene derecho a que se le dé oportunidad de demostrarlo en forma fehaciente, pues si ello es así el Tribunal Pleno no podría imponer las sanciones a que se refiere el artículo 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dado que con la separación y consignación de la autoridad, no podría el Juez del conocimiento hacer cumplir la sentencia, ni tampoco lo podría hacer la autoridad sustituta y el único camino a seguir sería, a petición del quejoso, mientras no se reglamente el artículo 107, fracción XVI, constitucional reformado, el pago de daños y perjuicios, o el que el expediente se fuera a reserva, hasta en tanto cambiaran las condiciones o la situación jurídica en el asunto." Entonces, si bien del artículo 77 de la Ley de Amparo, se desprende que la restitución en el pleno goce de la garantía individual violada, consiste en restablecer las cosas al estado que tenían antes de la violación, cuando el acto sea de carácter positivo, u obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar lo dispuesto por la garantía de que se trate y a cumplir con lo que la misma exija, cuando el acto sea de carácter negativo, esto será siempre y cuando la naturaleza del acto reclamado lo permita. En el caso, se trata de una sentencia que constriñe a la autoridad responsable a un hacer, ya que conforme a la ejecutoria de amparo, tiene la obligación de dejar insubsistente la resolución reclamada y en su lugar, de estimarlo necesario, dictar otra en la que debería pronunciarse en torno al material probatorio de cargo y de descargo que obraba, en la causa penal 41/2016, pero su cumplimiento no es posible dado que el propio quejoso fue detenido con motivo de la orden de captura mencionada, rindió declaración preparatoria y el cinco de septiembre del presente año se decretó auto de formal prisión en su contra, lo cual vuelve imposible la materialización de los efectos restitutorios de la sentencia de amparo. En consecuencia, los impedimentos invocados por la autoridad responsable para cumplir la ejecutoria de amparo encuadran dentro de estos supuestos jurídicos, pues constituyen un obstáculo para la continuación del procedimiento de ejecución de la sentencia de amparo, y su planteamiento no constituye de ninguna manera una acción evasiva de la autoridad para eludir el cumplimiento, o bien, para ser exonerada de las sanciones respectivas, pues así se desprende de las constancias de autos. Sirve de apoyo a la anterior consideración la jurisprudencia que aparece publicada en la novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XVI, octubre de 2002, página 134, que a la letra dice: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. DEBE DECLARARSE SIN MATERIA EL INCIDENTE RELATIVO, SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE REALIZA ACTOS QUE ENTRAÑAN UN PRINCIPIO DE EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA CONCESORIA DEL AMPARO. Del análisis de lo dispuesto en el artículo 105 de la Ley de Amparo, se desprende que para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelva en definitiva un incidente de inejecución de sentencia, es necesario que exista, previamente, una determinación del Juez de Distrito, de la autoridad que haya conocido del juicio de amparo o del Tribunal Colegiado de Circuito, en el sentido de que no se ha cumplido con la sentencia de amparo pese a los requerimientos hechos a las responsables, y no obre en autos constancia alguna que demuestre lo contrario. En estas condiciones, se concluye que si encontrándose pendiente de resolver ante este Alto Tribunal un incidente de inejecución de sentencia, la autoridad responsable lleva a cabo algún acto tendiente a acatar la ejecutoria de amparo, que se pudiera considerar como un principio de ejecución del fallo protector, dicho incidente deberá declararse sin materia, porque éste exige, como presupuesto para su procedencia, que la aludida responsable incurra en una abstención total de dar cumplimiento a la ejecutoria protectora, lo que no se actualiza si aquélla efectúa algún acto relacionado con el núcleo esencial de la obligación." Por tanto, este Juzgado de Distrito considera que lo procedente en el caso es declarar SIN MATERIA EL CUMPLIMIENTO DEL FALLO PROTECTOR dado que la autoridad responsable no ha incurrido en una conducta omisiva o contumaz sino que por el contrario, ha demostrado la imposibilidad jurídica y material que existe para el acatamiento a los deberes impuestos, como quedó determinado, de tal manera que la naturaleza del acto no lo permite tal y como se desprende de lo relatado en este proveído. Notifíquese personalmente. Lo proveyó y firma Víctor Hugo Velázquez Rosas, Juez Primero de Distrito en el Estado de Colima, asistido del (la) secretario(a) José Alberto Saucedo Alcaraz, quien autoriza y da fe.

  4. Principal

    Se notifica por medio de lista de acuerdos al quejoso el auto de quince de noviembre de dos mil dieciséis, que en su parte conducente dice: Colima, Colima, quince de noviembre de dos mil dieciséis. Vista la certificación con la que se da cuenta, en la que se hace constar que al día de hoy las partes no interpusieron recurso de revisión, dentro del término legal, contra la sentencia dictada en el presente juicio; en consecuencia, se declara que la misma HA CAUSADO EJECUTORIA, con apoyo en los numerales 354, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo. Ahora bien, de la sentencia emitida por este juzgado con engrose de nueve de septiembre de dos mil dieciséis, se concedió el amparo y la protección de la Justicia Federal, para los efectos siguientes: "[.] EFECTOS DEL AMPARO. Para que el Juez responsable, deje insubsistente la orden de aprehensión emitida el seis de abril de dos mil dieciséis; Hecho lo anterior, en restitución de la garantía violada, con plenitud de jurisdicción, emita una nueva determinación, la cual puede ser en sentido diverso, pero si es en el mismo sentido, deberá cumplir con los requisitos de fundamentación y motivación, esto es, deberá pronunciarse en torno al material probatorio de cargo y de descargo que obraba, en la causa penal 41/2016, hasta el seis de abril de dos mil dieciséis, data en el que se libró la orden de aprehensión reclamada [.]". La responsable mediante oficio 2158 de ocho de noviembre de dos mil dieciséis, remitió, entre otras, copias certificadas de las constancias siguientes: -Oficio 1164/2016 de treinta de agosto de dos mil dieciséis mediante el cual se dio cumplimiento la orden de aprehensión contra Edgar Iván del Moral Navarrete, decretada por el Juzgado Primero Penal de Tecomán, Colima, dentro de los autos de la causa penal 41/2016 -Declaración preparatoria a cargo del aquí quejoso Edgar Iván del Moral Navarrete en la que ratificó la declaración vertida ante el Ministerio Público. -Resolución constitucional de cinco de septiembre del año en curso, en la que se decretó auto de formal prisión contra Edgar Iván del Moral Navarrete, por el delito de Incumplimiento de las obligaciones de asistencia familiar, previsto y sancionado por el artículo 167 Bis, párrafo primero del Código Penal Vigente para el Estado de Colima, en agravio de Luis Daniel y Edgar Damían de apellidos del Moral Escobedo, representados por su madre Karina Guadalupe Escobedo. Así las cosas, la protección de la Justicia Federal tenía por efecto que la autoridad dejara insubsistente la orden de aprehensión emitida el seis de abril de dos mil dieciséis y con plenitud de jurisdicción, emitiera una nueva determinación purgando los vicios analizados, es decir, debería pronunciarse en torno al material probatorio de cargo y de descargo que obraba, en la causa penal 41/2016, hasta el seis de abril de dos mil dieciséis, data en el que se libró la orden de aprehensión reclamada. Sin embargo, la autoridad responsable ocho de noviembre del año en curso emitió un diverso oficio en el que informó que el treinta de agosto de dos mil dieciséis se dio cumplimiento a la orden de captura decretada en contra del aquí quejoso, que el día treinta y uno siguiente se rindió su declaración preparatoria y el cinco de septiembre de ese mismo año se decretó auto de formal prisión en contra del referido quejoso. Lo anterior redunda en la imposibilidad material y jurídica de la autoridad responsable para cumplir con la sentencia de amparo. Es decir, la imposibilidad de cumplimiento de la sentencia de amparo se actualiza dado que la causa obedece a factores externos, aleatorios o imprevisibles, ajenos al control de la autoridad obligada, y no deriva de omisiones culposas o dolosas de ésta. Si bien la materia del cumplimiento se traduce en este asunto en una obligación de hacer a cargo de la autoridad responsable, lo cierto es que en el caso de que surja la imposibilidad material o jurídica que tenga para cumplir con la ejecutoria de tutela conforme al artículo 77 de la Ley de Amparo, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se ha pronunciado en el sentido de que si los obstáculos que tenga la autoridad para ese efecto resultan insuperables, ésta tiene derecho a que se le dé la oportunidad de demostrarlo en forma fehaciente, pues si ello es así, no se podrán imponer las sanciones a que se refiere el artículo 107, fracción XVI, constitucional. En el caso justiciable, se produjo un cambio de situación jurídica del quejoso Edgar Iván del Moral Navarrete, debido a que se cumplimentó la orden de aprehensión decretada en su contra, rindió declaración preparatoria y se dictó auto de formal prisión por el delito que le atribuyó la representación social. Por tanto, la responsable se encuentra imposibilitada para emitir una nueva orden de aprehensión contra el impetrante del amparo; dado que como se indicó ya se dictó auto de formal prisión en su contra. En las relatadas condiciones, la responsable se encuentra imposibilitada para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Esto último tiene sustento en la tesis que aparece publicada en la novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo V, junio de 1997, página 167, que es del tenor literal siguiente: "SENTENCIAS DE AMPARO. LAS AUTORIDADES RESPONSABLES TIENEN DERECHO A DEMOSTRAR LA IMPOSIBILIDAD DE SU CUMPLIMIENTO. De la interpretación lógica sistemática de los artículos 104 a 112 de la Ley de Amparo, que consagran el procedimiento mediante el cual la Suprema Corte de Justicia, los Tribunales Colegiados de Circuito y los Jueces de Distrito, pueden constreñir a las autoridades responsables al cumplimiento de las sentencias que conceden la protección de la Justicia Federal, se advierte que el legislador estableció dicho procedimiento obedeciendo a un principio unitario, con propósitos definidos, con espíritu de coordinación y enlace, como lo es el que se acaten los fallos protectores y no, primordialmente, la aplicación de las sanciones a las autoridades remisas; lo que se corrobora con la obligación que establece la ley a cargo de los Jueces de Distrito, o Tribunales Colegiados de Circuito, de hacer cumplir, por sí o por medio de sus secretarios o actuarios, auxiliados con el uso de la fuerza pública, si es necesario, la sentencia constitucional, cuando ello sea jurídicamente posible; con el hecho de la intervención de los superiores jerárquicos, quienes también son responsables del cumplimiento aun cuando no hayan sido señalados como tales en la demanda de amparo, cuya injerencia persigue el propósito de facilitar, por la presión que dicha intervención implica, la ejecución del fallo en los plazos determinados por el legislador; así como del deber de las autoridades sustitutas de las destituidas para cumplir con la ejecutoria; y, por último, con el establecimiento del procedimiento incidental de cumplimiento sustituto de la sentencia. Por consiguiente, si una autoridad, responsable del cumplimiento de una sentencia protectora, manifiesta la imposibilidad material o jurídica del mismo, tiene derecho a que se le dé oportunidad de demostrarlo en forma fehaciente, pues si ello es así el Tribunal Pleno no podría imponer las sanciones a que se refiere el artículo 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dado que con la separación y consignación de la autoridad, no podría el Juez del conocimiento hacer cumplir la sentencia, ni tampoco lo podría hacer la autoridad sustituta y el único camino a seguir sería, a petición del quejoso, mientras no se reglamente el artículo 107, fracción XVI, constitucional reformado, el pago de daños y perjuicios, o el que el expediente se fuera a reserva, hasta en tanto cambiaran las condiciones o la situación jurídica en el asunto." Entonces, si bien del artículo 77 de la Ley de Amparo, se desprende que la restitución en el pleno goce de la garantía individual violada, consiste en restablecer las cosas al estado que tenían antes de la violación, cuando el acto sea de carácter positivo, u obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar lo dispuesto por la garantía de que se trate y a cumplir con lo que la misma exija, cuando el acto sea de carácter negativo, esto será siempre y cuando la naturaleza del acto reclamado lo permita. En el caso, se trata de una sentencia que constriñe a la autoridad responsable a un hacer, ya que conforme a la ejecutoria de amparo, tiene la obligación de dejar insubsistente la resolución reclamada y en su lugar, de estimarlo necesario, dictar otra en la que debería pronunciarse en torno al material probatorio de cargo y de descargo que obraba, en la causa penal 41/2016, pero su cumplimiento no es posible dado que el propio quejoso fue detenido con motivo de la orden de captura mencionada, rindió declaración preparatoria y el cinco de septiembre del presente año se decretó auto de formal prisión en su contra, lo cual vuelve imposible la materialización de los efectos restitutorios de la sentencia de amparo. En consecuencia, los impedimentos invocados por la autoridad responsable para cumplir la ejecutoria de amparo encuadran dentro de estos supuestos jurídicos, pues constituyen un obstáculo para la continuación del procedimiento de ejecución de la sentencia de amparo, y su planteamiento no constituye de ninguna manera una acción evasiva de la autoridad para eludir el cumplimiento, o bien, para ser exonerada de las sanciones respectivas, pues así se desprende de las constancias de autos. Sirve de apoyo a la anterior consideración la jurisprudencia que aparece publicada en la novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XVI, octubre de 2002, página 134, que a la letra dice: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. DEBE DECLARARSE SIN MATERIA EL INCIDENTE RELATIVO, SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE REALIZA ACTOS QUE ENTRAÑAN UN PRINCIPIO DE EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA CONCESORIA DEL AMPARO. Del análisis de lo dispuesto en el artículo 105 de la Ley de Amparo, se desprende que para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelva en definitiva un incidente de inejecución de sentencia, es necesario que exista, previamente, una determinación del Juez de Distrito, de la autoridad que haya conocido del juicio de amparo o del Tribunal Colegiado de Circuito, en el sentido de que no se ha cumplido con la sentencia de amparo pese a los requerimientos hechos a las responsables, y no obre en autos constancia alguna que demuestre lo contrario. En estas condiciones, se concluye que si encontrándose pendiente de resolver ante este Alto Tribunal un incidente de inejecución de sentencia, la autoridad responsable lleva a cabo algún acto tendiente a acatar la ejecutoria de amparo, que se pudiera considerar como un principio de ejecución del fallo protector, dicho incidente deberá declararse sin materia, porque éste exige, como presupuesto para su procedencia, que la aludida responsable incurra en una abstención total de dar cumplimiento a la ejecutoria protectora, lo que no se actualiza si aquélla efectúa algún acto relacionado con el núcleo esencial de la obligación." Por tanto, este Juzgado de Distrito considera que lo procedente en el caso es declarar SIN MATERIA EL CUMPLIMIENTO DEL FALLO PROTECTOR dado que la autoridad responsable no ha incurrido en una conducta omisiva o contumaz sino que por el contrario, ha demostrado la imposibilidad jurídica y material que existe para el acatamiento a los deberes impuestos, como quedó determinado, de tal manera que la naturaleza del acto no lo permite tal y como se desprende de lo relatado en este proveído. Notifíquese personalmente. Lo proveyó y firma Víctor Hugo Velázquez Rosas, Juez Primero de Distrito en el Estado de Colima, asistido del (la) secretario(a) José Alberto Saucedo Alcaraz, quien autoriza y da fe.

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