Edgar Iván Cruz Ponce
Expediente 826/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula. 4 actuaciones registradas, la última del 23 de agosto de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 826/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 23/08/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula · Chiapas
Partes del expediente
- Edgar Iván Cruz Ponce
Actuaciones
- Principal
Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas; a veintitrés de agosto de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el plazo legal de cinco días, dentro del que la parte quejosa, pudo recurrir en queja el auto de tres de agosto de dos mil veintidós, que desechó de plano la demanda de garantías, sin que hiciera manifestación alguna; por tanto, con fundamento en el artículo 97 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria al citado ordenamiento legal, se declara que dicha determinación HA CAUSADO ESTADO. Hágase las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado, y con base en lo establecido por el numeral 214 de la ley en la materia, se ordena el archivo de este asunto como totalmente concluido, en virtud de no existe actuación pendiente por realizar. En cumplimiento al artículo 21, fracción d)1 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en relación con el Capítulo 8, punto 8.1.2 apartado 42 del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, se indica que el presente expediente es susceptible de DESTRUCCIÓN, además, no tiene relevancia documental, ni se encuentra en los supuestos previstos en el artículo 15 del referido Acuerdo General. Lo anterior, pues en el caso: I) se desechó por improcedente la demanda de amparo, II) la demanda que forma este juicio no está vinculado a determinar la constitucionalidad de resoluciones referente a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental, III) no se ocupa de resoluciones impugnadas ante organismos públicos internacionales, IV) tampoco a conflictos laborales colectivos, patrimonio histórico, arqueológico y artístico V) ni se trata de materia agraria o se encuentre ligado a una jurisprudencia o tesis aislado de los Tribunales de Circuito. Entonces, este expediente, al ser destruible, se conservará por el término de tres años en el "archivo de trámite" a que se refieren los artículos 8, fracción I, y 9 del citado Acuerdo General, contados a partir de que se ordenó el archivo como asunto concluido, y una vez concluido dicho plazo, dentro de los siguientes treinta días deberá procederse a su destrucción, hecho lo anterior, remítase el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación, tal como lo establece el penúltimo párrafo del artículo 21 del referido Acuerdo General. Se ordena estampar el sello correspondiente en la carátula del expediente, atendiendo a lo establecido en el presente acuerdo, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 35 del acuerdo en comento. Notifíquese.
- Principal
Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a tres de agosto de dos mil veintidós. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo se tiene por recibido el escrito signado por los quejosos ***** y *****; por medio del cual desahogan la prevención formulada en proveído de catorce de julio de dos mil veintidós (fojas 07-13). Al respecto, se tiene por desahogada la citada prevención en la cual se advierte que los referidos quejosos bajo protesta de decir verdad refieren que el único acto que reclaman es la omisión de la responsable de la Presidenta Municipal del Honorable Ayuntamiento de Tapachula, Chiapas de dar contestación al escrito de fecha de seis de julio de dos mil veintidós. DESECHAMIENTO Analizado el escrito de cumplimiento a la prevención, se aprecia que los promoventes del amparo reclaman en esta vía constitucional: La omisión de la responsable de dar contestación al escrito de fecha de seis de julio de dos mil veintidós Previo a la admisión o desechamiento de la demanda de amparo, es necesario establecer que en términos de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe analizar si existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia y, en tal supuesto, debe desecharse de plano la demanda. En efecto, el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: (.). Al respecto, se considera necesario precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; a su vez, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. (.).Ahora bien, contra el citado acto reclamado se considera desechar de plano la demanda instada, al ser notoria, manifiesta e indudable su improcedencia, lo cual debe ser analizado de manera preferente a cualquier otra cuestión, por ser de orden público, conforme a lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo. En ese tenor, quien ahora resuelve estima que contra el acto reclamado citado con anterioridad, se actualiza la causal de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XII de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 8° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los cuales disponen: (.).Conviene prevenir que la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, debe interpretarse en el sentido de que las causas de improcedencia que ahí se contemplan, deben derivar necesariamente de cualquier mandamiento de la propia Ley de Amparo o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo cual implica que las veintidós primeras fracciones del artículo 61 de la Ley de Amparo sólo establecen algunos de los supuestos de improcedencia del juicio de amparo, pero esos supuestos no son los únicos que pueden estimarse improcedentes, pues existen otras causas claramente previstas en algunos de los preceptos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la propia Ley de Amparo. (.).En esa tesitura, el derecho de petición consignado en el artículo 8° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consiste en que a toda petición formulada por escrito en forma pacífica y respetuosa deberá recaer una contestación también por escrito y congruente a lo solicitado, la cual deberá hacerse saber al peticionario en "breve término". De esta forma, el derecho de petición es la potestad que tiene el individuo de acudir a las autoridades del Estado con el fin de que éstas intervengan en su favor para hacer cumplir la ley en su beneficio o para constreñir a su coobligado a cumplir con los compromisos contraídos válidamente; por tanto, el titular del derecho subjetivo público individual de petición consagrado como garantía individual en el artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es el gobernado en general, es decir, todo individuo que habite en territorio nacional, aunque está limitado en materia política a los ciudadanos de la República. De igual manera, la petición debe formularse de manera pacífica y respetuosa, ser dirigida a una autoridad y, recabarse la constancia de que fue entregada, además de proporcionar el domicilio para recibir la respuesta; por su parte, la autoridad debe emitir un acuerdo en breve término, entendiéndose por éste el que racionalmente se requiera para estudiar la petición y acordarla, misma que tiene que ser congruente con lo solicitado, ello sin perjuicio de que la respuesta sea contraria a sus intereses, pues el ejercicio del derecho de petición no constriñe a la autoridad ante quien se formula, a proveer necesariamente de conformidad lo solicitado, sino que está en libertad de resolver de conformidad con los ordenamientos legales que resulten aplicables al caso; asimismo, dicha resolución debe notificarse en forma personal al gobernado en el domicilio que señaló para tales efectos. (.).En efecto, si bien es cierto el artículo 8° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no precisa el número de días en que debe darse contestación a todo ocursante o peticionario, la expresión usada por el constituyente "en breve término" debe entenderse como el plazo que racionalmente se requiera para estudiar la petición, acordarla y notificarla. Ahora bien, resulta dable citar el contenido del artículo 18 de la Ley de Procedimientos Administrativos para el Estado de Chiapas, que dispone textualmente lo siguiente: (.).Luego, de la exegesis del artículo citado se obtiene que la autoridad responsable no puede exceder del plazo de tres meses para dar contestación a la petición que le fuera formulada, en ese sentido, se sostiene que no le asiste razón a la parte quejosa para la promoción del presente asunto. Lo anterior se afirma, en razón de que el escrito de petición dirigido a la Presidenta Municipal del Honorable Ayuntamiento de Tapachula, Chiapas, fue presentado el diecisiete de diciembre de dos mil veinte, conforme al artículo 8° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en tanto que, la demanda de amparo de cuenta, en la que se reclama la omisión de dar respuesta a dicha petición fue presentada el seis de julio de dos mil veintidós. Luego, si la demanda de amparo que se estudia, fue presentada en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito Estado de Chiapas, con residencia en esta ciudad, el trece de julio de dos mil veintidós, como puede apreciarse de la boleta de ingreso respectiva; en tanto que, como ya se adelantó, el escrito mediante el cual se presentó la solicitud ante la autoridad responsable, cuya falta de respuesta reclama, se realizó el seis de julio de dos mil veintidós; en tal razón, el juicio constitucional fue promovido habiendo transcurrido cuatro días hábiles después de haberse elevado la solicitud de mérito ante la autoridad responsable, por ende, no median los tres meses referidos en el artículo 18 de la Ley de Procedimientos Administrativos para el Estado de Chiapas, pues dicho plazo transcurre del seis de julio de dos mil veintidós al seis de octubre de la presente anualidad de conformidad con lo dispuesto por el diverso 1091 , fracción IV2 , de la citada legislación. En consecuencia, es evidente que al no mediar el citado plazo o cuando menos el término que permitiera estudiar, acordar y notificar la petición, entre la fecha de su presentación y la demanda de amparo, no es dable considerar que haya transcurrido el "breve término", a que se refiere el segundo párrafo, del artículo 8° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Máxime que, para dar respuesta a lo anterior, es preciso que la autoridad responsable analice, en principio, la personalidad del ocursante para promover tal petición, para entonces contar con los elementos necesarios que le permitan estar informado sobre lo pedido y así, estar en aptitud de pronunciarse sobre ello. De ese modo, corresponde al Juez de Distrito que conozca del amparo indirecto promovido por violación al artículo 8° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, calificar el "breve término", de manera congruente con la naturaleza de la petición formulada en cada caso concreto y en ese sentido se estima, y se reitera, que en el caso la petición objeto del acto reclamado no excede el plazo de "breve término" a que se refiere el citado precepto constitucional en relación con el artículo 18 de la Ley de Procedimientos Administrativos para el Estado de Chiapas. (.).CONCLUSIÓN. Al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia invocada, respecto del acto antes señalado se desecha de plano por notoriamente improcedente la demanda de amparo, con fundamento en el artículo 8° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 61, fracción XXIII, y 113 de la Ley de Amparo. (.).Sin que esta determinación constituya cosa juzgada sobre el acto negativo reclamado; por tanto, si en un plazo de tres meses, el promovente estima que la autoridad responsable continúa con dicha omisión, hágase del conocimiento a la parte quejosa que tiene a salvo sus derechos para promover un nuevo juicio de amparo, en atención a que las omisiones en que incurren las autoridades son de tracto sucesivo. Lo anterior, para que este juzgador esté en aptitud de determinar la actualización del caso de excepción establecido en la jurisprudencia 48/2016 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, esto es, que en el caso existe una abierta dilación del procedimiento. Lo anterior es así, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, además de que no se tiene la certeza de la ejecución o realización del acto referido y se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 Constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita. (.).Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
- Principal
***** SE NOTIFICA POR LISTA DE ACUERDOS A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE 03/08/2022, RELATIVO AL AVISO DE NOTIFICACIÓN DE 09/08/2022 ***** Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a tres de agosto de dos mil veintidós. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo se tiene por recibido el escrito signado por los quejosos ***** y *****; por medio del cual desahogan la prevención formulada en proveído de catorce de julio de dos mil veintidós (fojas 07-13). Al respecto, se tiene por desahogada la citada prevención en la cual se advierte que los referidos quejosos bajo protesta de decir verdad refieren que el único acto que reclaman es la omisión de la responsable de la Presidenta Municipal del Honorable Ayuntamiento de Tapachula, Chiapas de dar contestación al escrito de fecha de seis de julio de dos mil veintidós. DESECHAMIENTO Analizado el escrito de cumplimiento a la prevención, se aprecia que los promoventes del amparo reclaman en esta vía constitucional: La omisión de la responsable de dar contestación al escrito de fecha de seis de julio de dos mil veintidós Previo a la admisión o desechamiento de la demanda de amparo, es necesario establecer que en términos de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe analizar si existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia y, en tal supuesto, debe desecharse de plano la demanda. En efecto, el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: (.). Al respecto, se considera necesario precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; a su vez, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. (.).Ahora bien, contra el citado acto reclamado se considera desechar de plano la demanda instada, al ser notoria, manifiesta e indudable su improcedencia, lo cual debe ser analizado de manera preferente a cualquier otra cuestión, por ser de orden público, conforme a lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo. En ese tenor, quien ahora resuelve estima que contra el acto reclamado citado con anterioridad, se actualiza la causal de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XII de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 8° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los cuales disponen: (.).Conviene prevenir que la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, debe interpretarse en el sentido de que las causas de improcedencia que ahí se contemplan, deben derivar necesariamente de cualquier mandamiento de la propia Ley de Amparo o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo cual implica que las veintidós primeras fracciones del artículo 61 de la Ley de Amparo sólo establecen algunos de los supuestos de improcedencia del juicio de amparo, pero esos supuestos no son los únicos que pueden estimarse improcedentes, pues existen otras causas claramente previstas en algunos de los preceptos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la propia Ley de Amparo. (.).En esa tesitura, el derecho de petición consignado en el artículo 8° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consiste en que a toda petición formulada por escrito en forma pacífica y respetuosa deberá recaer una contestación también por escrito y congruente a lo solicitado, la cual deberá hacerse saber al peticionario en "breve término". De esta forma, el derecho de petición es la potestad que tiene el individuo de acudir a las autoridades del Estado con el fin de que éstas intervengan en su favor para hacer cumplir la ley en su beneficio o para constreñir a su coobligado a cumplir con los compromisos contraídos válidamente; por tanto, el titular del derecho subjetivo público individual de petición consagrado como garantía individual en el artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es el gobernado en general, es decir, todo individuo que habite en territorio nacional, aunque está limitado en materia política a los ciudadanos de la República. De igual manera, la petición debe formularse de manera pacífica y respetuosa, ser dirigida a una autoridad y, recabarse la constancia de que fue entregada, además de proporcionar el domicilio para recibir la respuesta; por su parte, la autoridad debe emitir un acuerdo en breve término, entendiéndose por éste el que racionalmente se requiera para estudiar la petición y acordarla, misma que tiene que ser congruente con lo solicitado, ello sin perjuicio de que la respuesta sea contraria a sus intereses, pues el ejercicio del derecho de petición no constriñe a la autoridad ante quien se formula, a proveer necesariamente de conformidad lo solicitado, sino que está en libertad de resolver de conformidad con los ordenamientos legales que resulten aplicables al caso; asimismo, dicha resolución debe notificarse en forma personal al gobernado en el domicilio que señaló para tales efectos. (.).En efecto, si bien es cierto el artículo 8° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no precisa el número de días en que debe darse contestación a todo ocursante o peticionario, la expresión usada por el constituyente "en breve término" debe entenderse como el plazo que racionalmente se requiera para estudiar la petición, acordarla y notificarla. Ahora bien, resulta dable citar el contenido del artículo 18 de la Ley de Procedimientos Administrativos para el Estado de Chiapas, que dispone textualmente lo siguiente: (.).Luego, de la exegesis del artículo citado se obtiene que la autoridad responsable no puede exceder del plazo de tres meses para dar contestación a la petición que le fuera formulada, en ese sentido, se sostiene que no le asiste razón a la parte quejosa para la promoción del presente asunto. Lo anterior se afirma, en razón de que el escrito de petición dirigido a la Presidenta Municipal del Honorable Ayuntamiento de Tapachula, Chiapas, fue presentado el diecisiete de diciembre de dos mil veinte, conforme al artículo 8° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en tanto que, la demanda de amparo de cuenta, en la que se reclama la omisión de dar respuesta a dicha petición fue presentada el seis de julio de dos mil veintidós. Luego, si la demanda de amparo que se estudia, fue presentada en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito Estado de Chiapas, con residencia en esta ciudad, el trece de julio de dos mil veintidós, como puede apreciarse de la boleta de ingreso respectiva; en tanto que, como ya se adelantó, el escrito mediante el cual se presentó la solicitud ante la autoridad responsable, cuya falta de respuesta reclama, se realizó el seis de julio de dos mil veintidós; en tal razón, el juicio constitucional fue promovido habiendo transcurrido cuatro días hábiles después de haberse elevado la solicitud de mérito ante la autoridad responsable, por ende, no median los tres meses referidos en el artículo 18 de la Ley de Procedimientos Administrativos para el Estado de Chiapas, pues dicho plazo transcurre del seis de julio de dos mil veintidós al seis de octubre de la presente anualidad de conformidad con lo dispuesto por el diverso 1091 , fracción IV2 , de la citada legislación. En consecuencia, es evidente que al no mediar el citado plazo o cuando menos el término que permitiera estudiar, acordar y notificar la petición, entre la fecha de su presentación y la demanda de amparo, no es dable considerar que haya transcurrido el "breve término", a que se refiere el segundo párrafo, del artículo 8° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Máxime que, para dar respuesta a lo anterior, es preciso que la autoridad responsable analice, en principio, la personalidad del ocursante para promover tal petición, para entonces contar con los elementos necesarios que le permitan estar informado sobre lo pedido y así, estar en aptitud de pronunciarse sobre ello. De ese modo, corresponde al Juez de Distrito que conozca del amparo indirecto promovido por violación al artículo 8° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, calificar el "breve término", de manera congruente con la naturaleza de la petición formulada en cada caso concreto y en ese sentido se estima, y se reitera, que en el caso la petición objeto del acto reclamado no excede el plazo de "breve término" a que se refiere el citado precepto constitucional en relación con el artículo 18 de la Ley de Procedimientos Administrativos para el Estado de Chiapas. (.).CONCLUSIÓN. Al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia invocada, respecto del acto antes señalado se desecha de plano por notoriamente improcedente la demanda de amparo, con fundamento en el artículo 8° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 61, fracción XXIII, y 113 de la Ley de Amparo. (.).Sin que esta determinación constituya cosa juzgada sobre el acto negativo reclamado; por tanto, si en un plazo de tres meses, el promovente estima que la autoridad responsable continúa con dicha omisión, hágase del conocimiento a la parte quejosa que tiene a salvo sus derechos para promover un nuevo juicio de amparo, en atención a que las omisiones en que incurren las autoridades son de tracto sucesivo. Lo anterior, para que este juzgador esté en aptitud de determinar la actualización del caso de excepción establecido en la jurisprudencia 48/2016 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, esto es, que en el caso existe una abierta dilación del procedimiento. Lo anterior es así, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, además de que no se tiene la certeza de la ejecución o realización del acto referido y se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 Constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita. (.).Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
- Principal
En catorce de julio de dos mil veintidós, el Secretario da cuenta a la Secretaria en funciones de Juez de Distrito, con la demanda de amparo promovida por Edgar Iván Cruz Ponce y Jorge Enrique García Orozco. Conste. Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chiapas; catorce de julio de dos mil veintidós. Vista la demanda de amparo que promueve Edgar Iván Cruz Ponce y Jorge Enrique García Orozco, por derecho propio, contra actos de la Presidenta Municipal del Honorable Ayuntamiento de Tapachula, Chiapas. ANOTACIONES Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el Libro de Gobierno de este juzgado y registrar bajo el número de juicio de amparo 826/2022-5-B. PREVENCIÓN En principio, es importante indicar que en los antecedentes del acto reclamado los quejosos bajo protesta de decir verdad refieren lo siguiente: Que en data de cuatro de abril del año actual, formularon mediante escrito la petición a la autoridad Presidenta Municipal del Honorable Ayuntamiento de Tapachula, Chiapas, presentada en esa misma fecha ante la citada, para efecto de que la mencionada autoridad informara cuánto devengan como salario mensual; sin que a la presente data haya dado contestación alguna. Que en fecha de seis de julio del año en curso, los citados quejosos volvieron a formular mediante escrito la petición a la autoridad Presidenta Municipal del Honorable Ayuntamiento de Tapachula, Chiapas, presentada en esa misma fecha ante la citada, para efecto de que la mencionada autoridad informara cuanto devenga como salario mensual; sin que a la presente data haya dado contestación alguna. Y al efecto, anexan copia simple del acuse de recibo del escrito presentado el seis de julio del año en curso, ante la Presidenta Municipal del Honorable Ayuntamiento de Tapachula, Chiapas. Bajo ese contexto, previo a acordar sobre la admisión de la demanda, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 110, 112 y 114 fracción I de la Ley de Amparo, a efecto de acordar lo procedente, prevéngase al promovente para que dentro del término de cinco días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, bajo protesta de decir verdad, regularice su demanda y apercibido de las penas en que incurren los solicitantes del amparo que al formular su demanda afirmen hechos falsos u omitan los que le consten en relación con el juicio de garantías, en cuanto a lo siguiente: a) Aclaren si van a combatir en el presente juicio de garantías las dos omisiones, es decir la de cuatro de abril y seis de julio ambas del año actual, dado que de la lectura integra de la demanda de amparo se advierte que se trata de una misma solicitud. b) En caso de combatir las dos omisiones en el presente juicio de amparo, deberán allegar el acuse original donde peticionan la solicitud de cuatro de abril del año actual, dado que en los anexos de la demanda de mérito, únicamente anexan copia simple del acuse de recibo del escrito presentado en data de seis de julio de este año, y por ello no se tiene la certeza de que, como refieren los quejosos, hayan presentado el escrito que refieren en data de cuatro de abril del año en curso, ante la referida autoridad. c) De igual forma, precisen para qué efecto solicitan la suspensión provisional en el presente juicio, dado que reclaman un acto de carácter omisivo, mismo que no tiene ninguna ejecución material tal y como lo refieren los citados quejosos en el escrito de cuenta. d) Asimismo, remitan el original del acuse de recibo del escrito de seis de julio del año en curso, en virtud, que en su escrito de demanda únicamente anexan copia simple del mismo. Es así, toda vez que dichos datos son necesarios para poder analizar la procedencia del presente juicio de amparo; lo cual, es de orden público y estudio preferente. Al respecto se cita el criterio sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, en la Tesis VI.1o.C.18 K1 del rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. EL JUEZ DE DISTRITO, AL PREVENIR AL QUEJOSO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 146 DE LA LEY DE AMPARO, DEBE EXPRESAR CON CLARIDAD Y PRECISIÓN LAS IRREGULARIDADES O DEFICIENCIAS QUE DEBEN LLENARSE PARA QUE EL QUEJOSO ESTÉ EN APTITUD DE SUBSANARLAS." APERCIBIMIENTO Bajo el apercibimiento que de no desahogar la prevención en sus términos y en el plazo señalado; únicamente se conocerá del acto reclamado consistente en la omisión de la Presidenta Municipal del Honorable Ayuntamiento de Tapachula, Chiapas, en dar contestación a su escrito de seis de julio del año en curso, a los aquí quejosos, dado que acompañó copia del acuse de recibo. En el entendido de que el desahogo de la prevención de referencia la deberá realizar la propia parte quejosa, pues de conformidad con el artículo 12 de la Ley de Amparo, el autorizado en términos amplios no está facultado para desahogar prevenciones en las cuales el quejoso deba manifestar "bajo protesta de decir verdad". (.).Debe decirse que el que criterio que se cita, y que interpreta la Ley de Amparo, abrogada se hace sin desconocer lo que establece el artículo sexto transitorio del Decreto de la Ley de Amparo publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, en el sentido de que "La jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la presente Ley", pues es evidente que las consideraciones contenidas en tal criterio de manera alguna contraviene disposiciones contenidas en la Ley de Amparo vigente, con respecto al tema que se trata, por tanto, su aplicación no es contraria a la prevención hecha en su artículo sexto transitorio. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala en esta ciudad. Se tiene como autorizado de la parte quejosa, en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Pablo García Suriano, puesto que su cédula profesional se encuentra inscrita en el registro y consulta de cédulas profesionales de abogados postulantes acreditados ante el Poder Judicial de la Federación. (.).PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Dígase a las partes que los datos personales y sensibles que se alleguen en el presente asunto, quedan sujetos a lo contemplado en los arábigos 1, 3 fracciones IX, X y XVII, 5, 18, 22, fracciones IV y V, 25, 26, 27 y 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Además, en cumplimiento a lo ordenado en los artículos 1, 9, 16, 113, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las resoluciones y sentencia que se emitan en el presente asunto, estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten. Asimismo, de conformidad con lo estatuido en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, hágase saber a las partes la facultad que les asiste para oponerse a la publicación de sus nombres y datos personales en el presente asunto, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados; en el entendido que de no realizar manifestación alguna, las resoluciones que se dicten se publicarán con supresión de datos, y solamente en caso de consentimiento expreso serán publicados. Por otra parte, dígase a la parte quejosa que la demanda de amparo digitalizada y demás proveídos relativos al expediente electrónico que al efecto se forme, se encontrarán disponibles para su consulta en el expediente electrónico de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, en la página de internet htlp://consultaexpedienteelectronico.cjf.gob.mx o para las autoridades responsables en el sistema informático de ingreso mediante la Firma Electrónica de Seguimiento de Expedientes (FESE) cuya liga es htlp://www.dgepj.cjf.gob.mx, respectivamente. En ese sentido y, para otorgar la autorización, así como el acceso a la parte quejosa al sistema de consulta aducido en primer término, deberá solicitarlo por escrito señalando el nombre de usuario y por única ocasión en el expediente principal; lo anterior con fundamento en los arábigos 34, 35, 36 y 37 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Toda vez que mediante Acuerdo General 32/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el quince de diciembre de dos mil veinte, se ordenó la creación del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Chiapas, con sede en Tapachula de Córdova y Ordoñez, hágase lo anterior del conocimiento de las partes. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
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