Edgar Iván Canto Torres

Expediente 1671/2019 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Yucatán. 3 actuaciones registradas, la última del 23 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1671/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
23/12/2019

Partes del expediente

  • Edgar Iván Canto Torres

Actuaciones

  1. Principal

    MESA I.- Agréguese a los presentes autos, el escrito del quejoso, por medio del cual interpone recurso de queja contra el acuerdo de once de diciembre de dos mil diecinueve, en el que se desechó la demanda de amparo promovida por el citado quejoso. En tal virtud, se dispone agregar copia del escrito de expresión de agravios a este expediente principal. En cuanto a la materia de la queja, se informa que ES CIERTO EL ACTO RECLAMADO, toda vez que se consideró que respecto de los actos reclamados por el quejoso, se actualizó la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 6o, ambos de la Ley de Amparo, por tanto, se desechó la demanda de amparo promovida por ***, por encontrarse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Sin que sea el caso otorgar el plazo de tres días a las partes para que señalen constancias, como dispone el artículo 101 de la Ley de Amparo, toda vez que en atención al sentido de la resolución recurrida (desechamiento de la demanda), no se llamó a las demás partes en este asunto. Finalmente, oportunamente, remítase al H. Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa, del Decimocuarto Circuito, con residencia en Mérida, Yucatán copia certificada de las constancias conducentes de este expediente y de la resolución impugnada, contenida en dichas constancias.

  2. Principal

    MESA I.- Agréguese a los presentes autos, para que obre como legalmente corresponda el escrito signado por el quejoso ..., mediante el cual en cumplimiento a la prevención que se le hizo en proveído de veintiocho de noviembre del año en curso. Procedencia de la demanda Precisado lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 103 fracción I, 107 fracciones I y VII de la Constitución Federal; 35 y 37 y 112, de la Ley de Amparo vigente, se procede a resolver acerca de la procedencia de la demanda de amparo. INTRODUCCIÓN De la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que Edgar Iván Canto Torres, señala como actos reclamados los siguientes: La orden del ejercicio de la acción penal en su contra y la investigación ordenada igualmente en su contra, patrimonio, bienes, posesiones y su persona. La orden de la diligencia (inspección y/o peritaje) (acto de investigación), en un documento privado (pagaré), propiedad del quejoso, sin existir orden judicial alguna que autorizaba ese ingreso al título de crédito que se encuentra bajo el resguardo del Juzgado Segundo Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán y sus efectos, derivado de la carpeta de investigación UMC-U1/000670/2019. Precisado lo anterior, se advierte, que el acto que reclama la quejosa, consiste en la orden de investigación y como parte de ésta la realización de la inspección al pagaré, por peritos de la Fiscalía General del Estado de Yucatán, en el Juzgado Segundo Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, en autos del juicio ejecutivo mercantil 1726/2018, con motivo de la integración de la carpeta de investigación UMC-U1/000670/2019. En ese sentido, en el caso que nos ocupa, se actualiza la causa de improcedencia prevista en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 6 de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 6. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita. [.]" De las normas legales transcritas, se colige que la improcedencia del juicio de amparo puede derivar de alguna disposición de la propia ley de la materia; en este contexto, del segundo de los numerales en cita, se conoce que el juicio de amparo únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto o los actos que se reclamen a la autoridad señalada como responsable. Una interpretación contraria, conduce a afirmar que el juicio constitucional es improcedente en los casos en que se promueva por el gobernado que no resienta perjuicio alguno en su esfera jurídica con el acto de autoridad. En el caso, el acto que reclama el quejoso es la orden de investigación y como parte de ésta la realización de la inspección al pagaré, por peritos de la Fiscalía General del Estado de Yucatán, en el Juzgado Segundo Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, en autos del juicio ejecutivo mercantil 1726/2018, con motivo de la integración de la carpeta de investigación UMC-U1/000670/2019; sin embargo, tal acto no le causa perjuicio alguno al promovente de la instancia constitucional, habida cuenta que la investigación ministerial que en su caso exista y se haya integrado, es el resultado de una facultad y obligación exclusiva del Ministerio Público, por lo que ese acto no puede ser violatorio de derechos humanos, en mérito a que por mandato del artículo 21 de la Constitución Federal, el Ministerio Público es el órgano encargado de la investigación de los delitos. De tal manera que en su actuación como autoridad durante la investigación ministerial, está facultado para hacer las investigaciones necesarias a fin de esclarecer los hechos que se estimen constitutivos de delito, inclusive, para ejercitar la acción penal, lo cual se actualiza en el momento de la consignación que realiza de la investigación ministerial ante los tribunales. Por tanto, el actuar de la Fiscalía no causa un daño o perjuicio al gobernado, a menos que las investigaciones correspondientes, como lo han sostenido los tribunales federales desde otras épocas, se ordenara por la autoridad ministerial que se le privara ilegalmente de la libertad, de sus posesiones o derechos. Por lo anterior, también resulta improcedente el amparo cuando se reclama el hecho de que el Ministerio Público acuerda sobre la consignación de la carpeta de investigación y ejercita la acción penal, pues es al Juez de Control a quien le corresponderá resolver sobre el pedimento del representante social, cuya determinación, en todo caso, sería la que vendría a afectar la esfera jurídica del quejoso. ... En consecuencia, al actualizarse el motivo manifiesto e indudable de improcedencia previsto en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 6o, ambos de la Ley de Amparo, con fundamento en el artículo 113 de la misma legislación, SE DESECHA la demanda de amparo contra el acto que el quejoso hizo consistir en la orden de investigación y como parte de ésta la realización de la inspección al pagaré, por peritos de la Fiscalía General del Estado de Yucatán, en el Juzgado Segundo Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, en autos del juicio ejecutivo mercantil 1726/2018, con motivo de la integración de la carpeta de investigación ... Cabe destacar que los razonamientos expuestos con antelación, ponen de relieve lo manifiesto de la causal de improcedencia del juicio constitucional, la que resulta indudable habida cuenta de que en opinión de la que esto resuelve, no obstante que se admitiera la demanda de mérito y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos probatorios que eventualmente pudieran allegar las partes.

  3. Principal

    MESA I.- Mérida, Yucatán, veintiocho de noviembre de dos mil diecinueve. Se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por ***, presentada ante la Oficialía de Partes de este Juzgado el veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve, con once copias de la misma y siete anexos, contra actos del Fiscal General del Estado de Yucatán, y otras autoridades, todas con sede en esta ciudad. Radicación. Con el original de la demanda fórmese expediente, regístrese en el Libro de Gobierno bajo el número 1671/2019-I y dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Análisis. Precisado lo anterior, con fundamento, en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, III, inciso b) y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 35 y 37 de la Ley de Amparo vigente, ténganse por recibida dicha demanda; sin embargo antes de proveer sobre la admisión de la misma que nos ocupa y previo el análisis efectuado en forma íntegra a la demanda de amparo, se advierte lo siguiente: - Que el quejoso en su capítulo de autoridades responsables señala como tal al Fiscal General del Estado de Yucatán y Vicefiscal de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Yucatán, ambos con residencia en esta ciudad; sin embargo, el quejoso no señala de manera concreta el acto o actos que le reclama a las citadas autoridades responsables. - En su capítulo de actos reclamados, refiere que reclama los siguientes: 1.- La inconstitucionalidad e inconvencional, orden y sus efectos, emitido por el Fiscal en Jefe de la Unidad de Investigación de Delitos Comunes, por la cual llevó a cabo una diligencia (inspección y/o peritaje) (acto de investigación), en un documento privado (pagaré), propiedad del quejoso, sin existir orden judicial alguna que autorizaba ese ingreso al título de crédito que se encuentra bajo el resguardo del Juzgado Segundo Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán. 2.- La inconstitucionalidad e inconvencional orden de la Juez Segundo Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, de permitir la diligencia de la inspección ocular y/o pericial en el documento privado (pagaré) de su propiedad, al sacar de la caja de seguridad del Juzgado el original del título de crédito y ponérselo a la vista a una persona ajena al proceso judicial de origen. Sin embargo, fie omiso en señalar si las ordenes a que hace alusión, derivan de algún acuerdo o resolución emitidos por las autoridades que señala, así como la fecha de los mismos, y en su caso, la fecha en la que fue notificada o tuvo conocimiento de ello. En consecuencia, con fundamento en el artículo 114 de la Ley de Amparo, fracción I, II y IV, en relación al 108, fracción III y IV y 110 de la misma normatividad, prevéngase a dicho promovente para que dentro del plazo de CINCO DIAS hábiles siguientes, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este acuerdo, por escrito bajo protesta de decir verdad: Precise qué acto o actos en concreto y en específico le reclama a cada una de las autoridades que señala responsables Fiscal General del Estado de Yucatán y Vicefiscal de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Yucatán, ambos con residencia en esta ciudad, la fecha de dichos actos y la fecha en que fue notificado o tuvo conocimiento de los mismos. Señale en concreto el acto que reclama a la Juez Segundo Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, y Fiscal en Jefe de la Unidad de Investigación de Delitos Comunes, es decir, si lo que reclama deriva de un acuerdo o resolución emitida por la citadas autoridades, señale la fecha de dicho acuerdo o resolución, y la fecha en que tuvo conocimiento o le fueron notificados los mismos. Con el apercibimiento al nombrado ocursante que de no cumplir con lo señalado en el inciso a), no se tendrá como autoridades responsables al Fiscal General del Estado de Yucatán y Vicefiscal de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Yucatán, ambos con residencia en esta ciudad, y en caso de no cumplir con el inciso b), no se tendrá como actos reclamados lo señalado en los puntos 1 y 2 del capitulo dde actos reclamados. Medios electrónicos. Por otra parte, ... este Tribunal Federal no tiene inconveniente alguno de que la parte quejosa y las personas autorizadas en el presente juicio, obtenga la reproducción de actuaciones judiciales que obren en el expediente, mediante el uso de cámaras, grabadoras o lectores ópticos para la reproducción electrónica, ante la presencia del secretario a cuyo cargo se encuentra el trámite de este asunto.---... Notificación. Toda vez que a su solicitado que se le proporcione el acceso al expediente electrónico de este juicio de amparo, a través del portal de servicios electrónicos del Poder Judicial de la Federación, a efecto de consultar el expediente de este juicio, promover electrónicamente en el mismo, y solicita que se le notifique el presente asunto por la vía electrónica, proporcionando para ello el nombre de usuarios que es: "***". Y por cuanto que el nombre de usuario de la parte quejosa, "***", se encuentra inscritos en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación y con ello, sus firmas electrónicas reconocidas por la Unidad del Poder Judicial de la Federación para el Control de Certificación de Firmas; y tomando en consideración que solicita que se le notifique el presente asunto por la vía electrónica; con fundamento en los artículos 64 y 67 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, se accede al uso de su firma electrónica y notifíquesele los autos y resoluciones de este por vía electrónica, se autoriza a la parte quejosa, para tener acceso al expediente electrónico del presente juicio de amparo, para consultar y promover en el mismo con su nombre de usuario "ecanto", o bien, a través de su firma electrónica reconocida por la Unidad del Poder Judicial de la Federación para el Control de Certificación de Firmas, para todos los efectos legales que correspondan. Por tanto, hágase lo anterior del conocimiento del oficial administrativo del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, para el efecto de que realice el registro correspondiente del usuario. Igualmente, en relación a la solicitud del peticionario de amparo indirecto, consistente en que la suscrita se sirva notificar el presente juicio de amparo indirecto al autorizado en amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo ***, por medio del correo electrónico *** hágase de su conocimiento, que no ha lugar a acceder a su solicitud, toda vez que si bien el citado autorizado acreditó tener registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho del Consejo de la Judicatura Federal; lo cierto, es que de conformidad con lo estipulado en el artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece que las notificaciones se harán vía electrónica a las partes que expresamente así lo acrediten, y que previamente hayan obtenido la firma electrónica, nombre de usuario que a la presente fecha fue proporcionado y autorizado su acceso al expediente electrónico, como se acordó en el párrafo precedente; además, el ACUERDO GENERAL NÚMERO 1/2015, DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE REGULA LOS SERVICIOS TECNOLÓGICOS RELATIVOS A LA TRAMITACIÓN ELECTRÓNICA DEL JUICIO DE AMPARO, LAS COMUNICACIONES OFICIALES Y LOS PROCESOS DE ORALIDAD PENAL EN LOS CENTROS DE JUSTICIA PENAL FEDERAL, establece en su artículo 10, que para que las partes ingresen al Sistema Electrónico de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, será indispensable que utilicen su FIREL o una diversa firma electrónica y no a través del correo electrónico como solicita el ocursante. Autorizados. Se tienen como sus autorizados de la parte quejosa a Edgar Iván Canto Ortíz y José Eduard Argáez Castillo, de conformidad con el artículo 12 de la Ley de Amparo, acreditó encontrarse legalmente autorizados para ejercer la profesión de Licenciado en Derecho, al estar registrada su cédula profesional en el Sistema Computacional para el Registro Único de Profesionales del Derecho del Consejo de la Judicatura Federal, y se tienen como autorizados de la parte quejosa a Carina Santiago Brito y Mercieileen Johanne Sánchez Briceño, con las limitaciones a que se refiere el segundo párrafo del artículo 12 referido, esto es, únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos, debido a no acreditaron encontrarse legalmente autorizados para ejercer la profesión de Licenciados en Derecho, y no estar registradas sus cédulas profesionales en el Sistema Computacional para el Registro Único de Profesionales del Derecho del Consejo de la Judicatura Federal; en virtud de que la presente demanda versa en materia penal. Transparencia Hágase saber a las partes que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 6º. Fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 113 de Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la ley abrogada, la omisión de manifestar el consentimiento o la oposición para la publicación de sus datos personales, no exime a este Juzgado de suprimirlos en las sentencias, resoluciones y constancias que obren en el presente expediente y que, en su caso, sean requeridas vía solicitud de acceso a la información, protegiendo así la privacidad y la vida íntima de los ciudadanos.---... Expediente Electrónico. ..., se ordena efectuar la digitalización electrónica del presente juicio de amparo en el que se actúa, respecto a las promociones, determinaciones judiciales y notificaciones que, al efecto, integren el mismo.

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