Edgar Iván Canto Ortíz

Expediente 666/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán. 9 actuaciones registradas, la última del 1 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
666/2021
Año
2021
Actuaciones
9
Última actuación
01/06/2022

Partes del expediente

  • Edgar Iván Canto Ortíz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    (...) SE DECLARA ESTE ASUNTO COMO CONCLUIDO (...) SE ORDENA EL ARCHIVO DE LOS PRESENTES AUTOS (...)

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, diez de agosto de dos mil veintiuno. Vista la cuenta que antecede, se agrega a estos autos para que obre como legalmente corresponda el oficio enviado por la vía telegráfica suscrito por el Delegado del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Quintana Roo, con sede en la ciudad de Cozumel, mediante el cual informa la fecha en que recibió el oficio 17393/2021 del índice de este juzgado, con el que se le comunicó el sobreseimiento dictado en el presente juicio de amparo; por lo que este juzgado toma conocimiento de lo anterior para los efectos legales correspondientes. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el secretario licenciado Estefanni Romero Navarro, que autoriza y da fe.

  3. Principal

    MESA V. Mérida, Yucatán, treinta de junio de dos mil veintiuno. Agréguese a estos autos para que obre como legalmente corresponda, el informe justificado rendido por el Delegado del Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Cozumel, Municipio de Cozumel, Quintana Roo, y en atención a lo informado en el mismo y a las constancias remitidas, se estima pertinente decretar el sobreseimiento en el presente juicio, aun fuera de la audiencia constitucional, conforme a lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, de acuerdo con las consideraciones que a continuación se exponen. Cabe señalar que diversas tesis emitidas por Órganos del Poder Judicial de la Federación, y que resultan aplicables por similitud de razón, sostienen que el sobreseimiento fuera de audiencia puede darse en casos notoriamente evidentes, tales como aquéllos en que hayan cesados los efectos del acto reclamado. Esto al tener en cuenta que la actualización de la hipótesis anterior, debe ser tan evidente que ni aun en la audiencia constitucional podría ser desvirtuada con algún medio probatorio que pudieran allegar las partes, porque el sentido del fallo siempre sería el mismo. Robustece el criterio anterior la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada el 14 de febrero de 2003, derivada de la contradicción de tesis 26/2002-PL, que es del rubro y texto siguiente: "SOBRESEIMIENTO PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". De lo anterior, se infiere que cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, no hay necesidad de seguir substanciando el juicio de amparo y llegar a celebrar audiencia constitucional, ya que no cambiaría el sentido de la sentencia. Aunado a que ésta por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, puede analizarse de oficio y en cualquier etapa del juicio, como lo señala el artículo 62 de la Ley de Amparo, motivo por el cual se procederá a su estudio. De conformidad con lo anterior, en el caso se actualiza de modo manifiesto e indudable, la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;..". La causal de improcedencia prevista en el precepto legal trascrito, cobra vigencia cuando se destruyen todos los efectos del acto reclamado en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera concedido el amparo. En efecto, en el presente caso se actualiza la mencionada causa de improcedencia, toda vez que de la lectura integral de demanda se advierte que la parte quejosa en esencia hizo consistir el acto reclamado en la omisión de la autoridad responsable de dar contestación al oficio PJ-CJ-JZCCOZ-97/2021 de uno de marzo de dos mil veintiuno, signado por el Secretario de Acuerdos en funciones de Juez, por autorización del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, adscrito al Juzgado Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cozumel, Quintana Roo, en el que se le solicitó remitiera el certificado de gravamen del bien inmueble relacionado con el juicio ejecutivo mercantil 1124/2017. Sin embargo, de las copias certificadas que el Delegado del Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Cozumel, Municipio de Cozumel, Quintana Roo, remitiera en apoyo a su informe justificado, a las que este órgano de control constitucional les confiere pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte que el ocho de junio de dos mil veintiuno, emitió un oficio en el que dio contestación al diverso oficio PJ-CJ-JZCCOZ-97/2021 de uno de marzo de dos mil veintiuno, signado por el Secretario de Acuerdos en funciones de Juez, por autorización del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, adscrito al Juzgado Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cozumel, Quintana Roo y remitió el certificado de libertad de gravamen respectivo, el cual fue entregado el nueve de junio del año en curso. Siendo esto posterior a la fecha de presentación de la demanda que lo fue el veintiuno de abril del presente año; por lo que es evidente que cesaron los efectos del acto reclamado; lo que impide a este órgano de control analizar sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del mismo, toda vez que a virtud de la cesación de efectos en cuestión, no se puede decidir sobre el acto reclamado. Tiene aplicación al caso la jurisprudencia 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 38, Tomo IX, junio de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Por lo tanto, al haberse actualizado de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, se impone sobreseer en el juicio fuera de audiencia, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, del mismo ordenamiento reglamentario. Por último, queda sin efecto la audiencia constitucional señalada para las once horas con cincuenta minutos del nueve de julio de dos mil veintiuno. Notifíquese personalmente. (...)

  4. Principal

    MESA V. Mérida, Yucatán, veintitrés de junio de dos mil veintiuno. Vista la cuenta que antecede, agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda el informe rendido vía telegráfica por el Delegado del Registro Público de la Propiedad y Comercio del Estado de Quintana Roo, de la Oficina Registral Cozumel; y con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, póngase a la vista de las partes para el uso de sus derechos de estimarlo pertinente. Ahora bien, toda vez que la citada autoridad responsable al rendir su informe no anexó las constancias relativas al acto reclamado, las cuales son necesarias para resolver el presente asunto; por tanto, con fundamento en el artículo 75 de la Ley de Amparo aplicable y 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se requiere a la citada autoridad, para que dentro del término de tres días debidamente computados, remita copia certificada de la totalidad de las constancias relativas al acto reclamado en este asunto, a fin de que este Juzgado se encuentre en aptitud de resolver lo que legalmente proceda en este asunto, apercibida que de no cumplir con lo anterior, se le impondrá una multa equivalente a cincuenta veces el valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente al dictado del presente acuerdo. Notifíquese.(.)

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