Edgar Ivan Avendaño Rebolledo
Expediente 992/2019 tramitado ante el Juzgado Decimoctavo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa. 6 actuaciones registradas, la última del 15 de noviembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 992/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 15/11/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Decimoctavo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa · Veracruz
Partes del expediente
- Edgar Ivan Avendaño Rebolledo
- Edgar Ivan Avendaño Rebolledo y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Parte quejosa interpone recurso de queja, se da trámite, ES CIERTO EL ACTO IMPUGNADO, remítase copia certificada de todo lo actuado junto con el original y copia del escrito de expresión de agravios a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, para su substanciación.
- Principal
Parte quejosa interpone recurso de queja contra el auto en que se desechó la demanda de amparo; Se requiere para que en el término de tres días legalmente computado remita una copia mas del escrito de agravios para correrle traslado a la Agente del Ministerio Público de a Federación adscrita, ya que solo anexo uno; Con el apercibimiento que de no hacerlo así se tendrá por no interpuesto el medio de impugnación mencionado.
- Principal
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCION I, INCISO B) DE LA LEY DE AMPARO, NOTIFICO POR LISTA DE ACUERDOS A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO QUE DICE: "...Xalapa, Veracruz, siete de noviembre de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos el escrito signado por el autorizado de la parte quejosa, mediante el cual interpone recurso de queja contra el proveído en que se desechó de plano la demanda de amparo origen de este juicio. Sin embargo, debido a que sólo allegó el original del escrito de agravios, cuando debió anexar además dos copias de éste, pues una serviría para integrar el cuaderno en que se actúa y una para correr traslado al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, con sede en Boca del Río, Veracruz, que corresponda conocer del medio de impugnación referido. Con fundamento en lo dispuesto por el tercer párrafo del artículo 100 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, requiérasele, para que dentro del término de TRES DÍAS, computado legalmente, exhiba DOS COPIAS del escrito de cuenta, mismas que resultan necesarias para el trámite correspondiente.."
- Principal
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCION I, INCISO B) DE LA LEY DE AMPARO, NOTIFICO POR LISTA DE ACUERDOS A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO QUE DICE: "... " Xalapa, Veracruz, veintiocho de octubre de dos mil diecinueve. Vista la demanda de amparo promovida por Edgar Iván Avendaño Rebolledo, Fernando Becerril Ramírez, Francisco Salazar Solís, Francisco Javier Paredes Landa, Benito Landero González, Saúl Bautista García, Magdaleno Martínez Durán, Carlos Enrique Vázquez Carmona, Sergio Landa Hernández, Miguel Ángel Vásquez García, José Ruiz Jacinto, Carlos Jhovani Rojas Espinoza, Alejandro de Librado Zapata, Omar Carreto Hernández, José Antonio Vásquez Vega, Julio Sánchez Mella, Rodrigo Olivo Prado, Lenin Yair Hernández Ordaz, José Jair Mendoza García, Sergio Evodio Cruz Sánchez, Javier Landeros González, Rubén Omar García Guzmán, Carlos Jassir Sánchez Pérez, Adolfo Edgar García Marín, José Luis Navarro Ochoa, Audencio Odilón Hernández Vásquez, Miguel Ángel Rodríguez Solano y Daniel Hernández Gómez, contra actos de la persona moral denominada "ADO (Autobuses de Oriente) y Empresas Coordinadas, Sociedad Anónima de Capital Variable, con sede en esta ciudad, en su carácter de permisionaria y/o concesionaria para la operación y explotación de la terminal de pasajeros denominada "Central de Autobuses de Xalapa CAXA" y otras autoridades; fórmese expediente, captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), anótese en el libro de gobierno y regístrese con el número 992/2019 que le corresponde. Ahora bien, analizada la demanda de amparo, se considera procedente efectuar el pronunciamiento siguiente. DESECHAMIENTO En primer término, debe decirse que el artículo 113 de la Ley de Amparo prevé la facultad del Juez de Distrito de examinar la demanda de amparo y, en caso de que encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, desecharla de plano. Así, debe tenerse en cuenta que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del líbelo y lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto. De tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Tal consideración encuentra sustento en la jurisprudencia I.1o.A. J/4, del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 890, mayo de 1998, tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 196196, de rubro siguiente: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE." Al respecto, del escrito de demanda se advierte la actualización, de manera manifiesta e indudable, de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1º, fracción I, y 5º, fracción II, segundo párrafo, de la Ley de Amparo. El artículo citado artículo 61, fracción XXIII, prevé claramente la improcedencia del juicio de amparo cuando ésta resulte de alguna disposición legal. Por su parte, el artículo 1º, fracción I, mencionado, establece que el objeto de estudio del juicio de amparo serán las leyes o actos de la autoridad que vulneren derechos fundamentales. De igual modo, el artículo 5°, señala que autoridad responsable, con independencia de su naturaleza formal, para efectos del juicio de amparo, es la que dicta, promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o el acto reclamado en forma unilateral y obligatoria. Asimismo, indica que los particulares pueden tener el carácter de autoridad para los efectos del juicio de amparo, siempre que realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten los derechos del quejoso, en los mismos términos de dicha fracción, esto es, de manera unilateral y obligatoria. Y que sus funciones, con base en las cuales emitan sus actos, estén determinadas por una norma general. Luego, de la interpretación de los artículos que anteceden, en sentido contrario, se colige que el juicio de amparo no procederá contra actos que provengan de entes que no tengan el carácter de autoridad. Sobre el tema, a fin de comprender el concepto de "autoridad" para efectos de la procedencia del juicio de amparo, se hace necesario precisar que la Suprema Corte de Justicia ha distinguido así al órgano del Estado y, por tanto, en el caso que interesa, también al particular, que unilateralmente impone su voluntad en relaciones de supra a subordinación regidas por el derecho público, en las que se afecta derechos de los gobernados, sin requerir para esos efectos de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Por lo que se deduce, que autoridad es todo aquel ente, que ejerce facultades decisorias que le están atribuidas en la ley y que emite actos que tienen las características de unilateralidad, imperatividad y coercibilidad, con los cuales produce, modifica o extingue situaciones jurídicas o de hecho. Sirve de apoyo la jurisprudencia 2a./J. 164/2011, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXIV, septiembre de 2011, página 1089, con número de registro 161133, de rubro: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS" En tal virtud, la redacción del precepto que prevé y define quiénes son las partes en el juicio de amparo, no abrió la posibilidad de hacer procedente el juicio contra cualquier acto de particulares, sino, contra aquellos a quienes les revista el carácter de autoridad, conforme a las características descritas anteriormente. En esta línea, en el caso, del escrito de demanda se observa que los quejosos señalan como autoridades responsables: A la persona moral denominada "ADO (Autobuses de Oriente) y Empresas Coordinadas S.A. de C.V.", en carácter de permisionaria y concesionaria para la operación y explotación de la terminal de pasajeros denominada "Central de Autobuses de Xalapa "CAXA". Edna Pozos Viveros. Gerente Comercial de la Central de Autobuses de Xalapa (CAXA). Gerente de Operaciones Instituto de Policía Auxiliar y Protección Patrimonial del Estado de Veracruz (IPAX). De quienes reclaman: La instalación de tubos, postes y/o barreras, que limitan y obstruyen el paso vehicular en la vía pública federal dentro de la Central de Autobuses Xalapa-CAXA; así como la prohibición de transitar y trabajar (recoger pasaje en dicho tramo de vía federal); y, su ejecución. Asimismo, se advierte que su reclamo lo hacen derivar de las "atribuciones" que la persona moral, como concesionaria de la Central de Autobuses de Xalapa "CAXA", realiza en la administración del derecho de operación y explotación de dicha terminal. Igualmente, de las manifestaciones efectuadas por quienes vienen al amparo, se deriva que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, otorgó la concesión de la Central referida, a la moral destacada; por lo que, con base en ello, ésta tiene la facultad para administrar, operar y conservar sus instalaciones, prestar servicios de autotransporte, así como para organizar y usufructuar dichos bienes. De lo que se deriva, que la moral responsable en el ejercicio de las facultades de administración, como concesionaria de los servicios que ahí se prestan, puede adoptar medidas para lograr su mejor organización o funcionamiento, así como para cumplir con su objeto social. Sin que las actuaciones que lleve a cabo la empresa concesionaria "ADO (Autobuses de Oriente) y Empresas Coordinadas S.A. de C.V.", a través de sus empleados o empresas contratistas, en relación con los particulares, puedan calificarse como actos emanados de una autoridad. Pues aquélla sólo tiene una relación con el Estado, derivada del objeto con el que se crea, pero no cuenta con las atribuciones que lo caracterizan; es decir, carece de imperio en las relaciones que entabla con los particulares y las conductas que realiza las efectúa en su calidad de ente particular. En virtud que sus atribuciones y funciones, no están determinadas por una ley o normal de carácter general, que le den a sus actos el carácter de unilateralidad, imperatividad y coercibilidad. Sin que obste que los quejosos manifiesten que las señaladas como responsables revisten el carácter de autoridad, en virtud que de manera unilateral impusieron vallas que dividen la vía federal y limitan su libre tránsito y desempeño de su actividad laboral. No obstante que la única que puede modificar, limitar o restringir su uso es la administración Pública Federal, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en términos de las leyes aplicables. Y, que resulta obligatorio para ellos sujetarse a dichas limitaciones, pues en caso contrario tendrían que pasar sobre ellas, incurriendo así en una conducta ilícita. Pues la imposición de objetos, por parte de la moral señalada como responsable, que limitan u obstruyen el paso vehicular, así como la prohibición de transitar y levantar pasaje en ella, es una actuación, si bien unilateral, porque aparentemente sólo aquélla intervino en ella, que carece de jurisdicción e imperio. Motivo por el cual, su obligatoriedad está sujeta a la "imposibilidad material" que tienen los quejosos para accesar a la vialidad que indican y respetar las indicaciones que se les otorga por parte del personal que administra la vía de acceso a la Central de autobuses. Más no así, a una fuerza pública derivada de una limitante o prohibición legal y jurídicamente establecida en un ordenamiento legal; como tampoco lo está, la facultad de la moral que se señala como responsable, para efectuarlo. Aunado a que, la restricción de la vía federal que se alega y sus consecuencias, deberá ser, en todo caso, materia de reclamación en los procedimientos que las leyes ordinarias establezcan al efecto, ante la autoridad competente para ello. Robustece lo anterior, la tesis XI.1o.A.T.52 K (9a.), visible en la página 1081, Libro VI, Marzo de 2012, Tomo 2, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 160246, de rubro: "COLISIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES. LIBERTAD DE TRABAJO Y LIBRE CIRCULACIÓN. SE VIOLAN DICHAS GARANTÍAS CONSTITUCIONALES SI LA AUTORIDAD COMPETENTE EN LA MATERIA DE MANERA OMISIVA TOLERA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES POR UN TERCERO (PARTICULAR) QUE POR DISPOSICIÓN DE LA LEY LE SON EXCLUSIVAS DE ELLA." De ahí, que sea factible concluir, que los actos que se combaten a través de esta vía no pueden considerarse de autoridad para efectos de juicio de amparo, al no provenir de una norma legal que le otorgue a la moral emisora por sí y ante sí, la facultad de conducirse de tal o cual manera, que mediante ésta cree una situación jurídica concreta que afecte derechos, sin la necesidad de acudir a los órganos jurisdiccionales o supeditarse a éstos, ni del consenso de la voluntad del afectado. Apoya la tesis III.4o.C.10 K (10a.), localizable en la página 1828, Libro 14, Enero de 2015, Tomo III, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con registro 2008197, de título: "AUTORIDAD RESPONSABLE. NO TIENE ESE CARÁCTER, PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, EL PARTICULAR SEÑALADO COMO TAL, SI LOS ACTOS QUE SE LE RECLAMAN NO REÚNEN LAS CARACTERÍSTICAS DE UNILATERALIDAD, IMPERIO Y SUS FUNCIONES NO ESTÁN DETERMINADAS POR UNA NORMA GENERAL." Bajo estas premisas, ante la actualización manifiesta e indudable de la causa de improcedencia destacada, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, lo procedente es DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA origen de este asunto. Sin que se soslaye la existencia de la jurisprudencia 54/2012 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. NO ES LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO". Que establece que por regla general en el auto inicial de trámite de una demanda de amparo no pueden realizarse análisis exhaustivos, para analizar si el acto reclamado proviene de autoridad para efectos del juicio constitucional; dado que el criterio citado no excluye la posibilidad de que existan casos de excepción a la regla general, como acontece en este biistancial. Sirve a lo anterior la tesis I.2o.A.E.6 K (10a.), ubicada en la página 4063, Libro 23, Octubre de 2015, Tomo IV, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 2010256, titulada: "PARTICULAR SEÑALADO COMO AUTORIDAD RESPONSABLE EN EL AMPARO. DESDE LA ADMISIÓN DE LA DEMANDA DEBE DETERMINARSE SI LE ASISTE ESE CARÁCTER." REPRESENTANTE COMÚN, DOMICILIO Y AUTORIZADOS Toda vez que los promoventes fueron omisos en señalar entre ellos un representante común en este asunto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 13 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional designa como tal a Edgar Iván Avendaño Rebolledo, en dichos términos. Como lo solicitan los promoventes, se tiene como su domicilio para oír y recibir notificaciones, el que indican en el proemio de su demanda, de conformidad con el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo. Y, como sus autorizados en términos del artículo 24 de la Ley de Amparo a Erick Hoyos Aponte de la Luna y Leovani Arellano Rodríguez, debido a que no cuentan con cédula registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Cédulas Profesionales de Abogados Postulantes acreditados ante el Poder Judicial de la Federación, así como a Carlos Enrique Vásquez Carmona, por así haberlo solicitado los promoventes. LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Suprímase en la versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 1°, 3, 11, fracción VI, 16, 67, fracción II, inciso c) y 68, este último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. DIGITALIZACIÓN Conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio, ambos de la Ley de Amparo en vigor, así como en capítulo tercero, del Acuerdo General Conjunto 1/2014, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se regula la integración de los expedientes impreso y electrónico, y el acceso a éste, así como las notificaciones por vía electrónica, mediante el uso de la FIREL, a través del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación previsto en el artículo 3º de la Ley de Amparo, procédase a la digitalización del expediente. HABILITACIÓN DÍAS Y HORAS Finalmente, con fundamento en el artículo 282 del Código de Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que los Actuarios Judiciales de la adscripción puedan efectuar las actuaciones y diligencias que deriven de este juicio de amparo, incluso, fuera del horario que para tal efecto dispone la Ley de Amparo. SOLICITUD DE COPIAS En términos de lo previsto en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se autoriza la entrega de copias de las actuaciones que se realicen en este juicio de amparo, a las partes que se encuentren facultadas para ello y lo soliciten ante el actuario adscrito a este órgano jurisdiccional, quien hará entrega de las mismas, previa identificación y razón que por su recibo se otorgue en autos para debida constancia. Con la salvedad, de que no procederá la entrega de copias en los casos expresamente prohibidos por la ley aplicable. Notifíquese como corresponda. Así lo proveyó y firma José Ezequiel Santos Álvarez, Juez Décimo Octavo de Distrito en el Estado de Veracruz, ante María Fernanda Prianti Gómez, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.
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