Edgar Israel Herrera Martínez

Expediente 618/2020 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 2 actuaciones registradas, la última del 18 de noviembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
618/2020
Año
2020
Actuaciones
2
Última actuación
18/11/2020

Partes del expediente

  • Edgar Israel Herrera Martínez

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado procesal de autos, se advierte que ha transcurrido el plazo de cinco días, sin que la parte quejosa hubiere recurrido el auto de veintinueve de octubre de dos mil veinte, consecuentemente, se declara que dicho auto que tuvo por desechada la demanda de amparo ha causado estado, para todos los efectos legales procedentes. Comuníquese lo anterior a la parte quejosa, y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Una vez que obre en autos la constancia de notificación del presente proveído, sin ulterior acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, archívese el presente expediente como asunto concluido. Ahora, en términos del artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; el presente expediente carece de relevancia documental en virtud de que no se ubica en ninguna de las hipótesis establecidas dicho artículo, lo anterior hágase constar en la carátula del expediente en que se actúa. En virtud de lo anterior y toda vez que no obran en autos documentos originales, de conformidad con el numeral 21, inciso b), del citado acuerdo general, tan pronto haya transcurrido el término de tres años, procédase a la destrucción de este expediente. Mientras tanto, resérvese en el archivo de este órgano jurisdiccional para su posterior destrucción.

  2. Principal

    Visto el escrito de cuenta signado por el quejoso ***. En consecuencia, de lo manifestado por la parte quejosa, así como del análisis integral de la demanda, se advierte que la misma es NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE, lo que conduce a desecharla de plano. sin suspensión del acto reclamado, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 113 de Ley de Amparo en vigor, que dice: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del anterior precepto normativo, se colige que el desechamiento de plano de una demanda de amparo sólo procede ante la concurrencia de estos requisitos: 1.- Que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional. 2.- Que este motivo sea manifiesto e indudable. Con relación a lo anterior, se impone precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del líbelo, del escrito aclaratorio o de ampliación cuando los haya y de los documentos que se anexen a tales promociones, y lo indudable, de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultará factible formarse una convicción directa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Tiene aplicación al caso, por su sentido jurídico, la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 186605 y rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO.". En ese contexto, este juzgador estima que en la especie se actualiza la causal de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción IV, a contrario sentido, ambos de Ley de Amparo. En principio, es preciso citar el contenido de los dispositivos en que se funda la causa de improcedencia invocada, que prevén: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.]. XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.]. IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declarada la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior." Los preceptos mencionados exigen para la impugnación de actos dictados en ejecución de una sentencia, que se reclame la última resolución, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta. En ese sentido, la regla específica de procedencia del juicio de amparo, contenida en la fracción IV párrafo segundo del artículo 107 de la Ley de Amparo, rige porque las resoluciones dictadas dentro del procedimiento de ejecución de sentencia, que no son la última, tienen como apoyo la existencia de una resolución que tiene el carácter de cosa juzgada, cuya ejecución no debe obstaculizarse; así, mientras no se dicte la resolución que mande al archivo, los actos realizados en ese procedimiento, sólo podrán impugnarse hasta que se dicte la última resolución en el procedimiento de ejecución. El propio numeral en cita, a diferencia de lo que sucedía con la Ley de Amparo abrogada, establece qué debe entenderse por última resolución, esto es, (1) aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, (2) la que ordena el archivo definitivo del expediente o (3), en caso de procedimientos de remate, la que ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y bienes rematados; puntos en que el legislador recogió las consideraciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, expuestas en la jurisprudencia P./J. 32/2001 con registro 190035 y rubro siguiente: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA.". Por tanto, cabe señalar que la parte quejosa reclama las actuaciones practicadas después del dieciséis de octubre de dos mil diecinueve y el auto de ocho de octubre de dos mil veinte, por medio del cual se le requirió la entrega del inmueble materia de la litis dictado en el expediente *** del índice del Juzgado Cuarto del Distrito Judicial de Cuauhtémoc. Siendo que, en el caso, de los antecedentes que formuló la parte quejosa bajo protesta de decir verdad se advierte que el veinticinco de mayo de dos mil diecisiete, el entonces Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito confirmó la sentencia de dieciséis de noviembre de dos mil dieciséis que revocó la sentencia de primera instancia. De ahí que el acto reclamado de mérito es una actuación en ejecución de la sentencia que no constituye la última en dicha fase y no goza de autonomía propia, porque tiene relación directa con la ejecución de la sentencia dictada en el controvertido de origen. Se dice lo anterior, dado que el impetrante del amparo manifestó que la determinación recurrida versa sobre la base de que el Juez Cuarto del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, ordenó la entrega del inmueble, sin que se haya aprobado o reconocido, expresa ni tácitamente, el cumplimiento total de lo condenado; tampoco se declaró la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, menos el archivo del expediente como asunto concluido. En ese orden, no se trata de la resolución que concluya definitivamente el procedimiento de ejecución de sentencia ni de uno que afecte materialmente derechos sustantivos ajenos a la cosa juzgada, respecto de los cuales procede el juicio de amparo indirecto. Por tanto, si la determinación reclamada no es la última pronunciada en el procedimiento de ejecución de sentencia, puede válidamente concluirse que el acto reclamado no implica el cierre de la etapa ejecutiva del proceso, sino que constituye un acto que guarda relación con el procedimiento de ejecución de sentencia definitiva dictada en el juicio natural; en consecuencia, conforme a las disposiciones normativas aplicables al caso, no procede la acción constitucional contra los citados actos reclamados, pues como se indicó, la intención del legislador contenida en la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo, es que las resoluciones que adquieren categoría de cosa juzgada sean cumplidas sin que la promoción de múltiples amparos obstaculicen su ejecución, siendo hasta que se dicte la última resolución en la fase en cita cuando la parte quejosa estará en aptitud de ejercitar la acción constitucional, esto es, en el momento en que el Juez Cuarto del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, apruebe o reconozca, en forma tácita o expresa, que la sentencia definitiva dictada en el juicio de origen ha sido cumplida (o, en todo caso, la imposibilidad en su cumplimiento), o en que sin pronunciarse al respecto ordene el archivo definitivo del asunto, en que podrá reclamar todas las violaciones que se hayan cometido dentro de dicha etapa. Ahora, no es obstáculo para la presente determinación la jurisprudencia P./J. 108/2010 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 163152 y rubro siguiente: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE.". Ello, en virtud que la hipótesis de excepción establecida por el Alto Tribunal impone como requisitos: 1. Que el acto reclamado se emita dentro del procedimiento de ejecución de sentencia; 2. Que afecte inmediatamente derechos sustantivos; y, 3. Que se ajeno a la cosa juzgada en el contradictorio de origen. En el caso, no se actualizan el segundo ni el tercero de los elementos, pues no se afectó derecho sustantivo alguno reconocido en la Constitución o en los Tratados Internacionales, como la libertad, la propiedad, el derecho a la salud, el derecho de tránsito, etcétera; pues únicamente se requirió a quejoso para que entregara el bien inmueble materia de la litis, es decir, se tratan de actos que tienen como objeto dar cumplimiento a la sentencia de origen; de ahí que se reitere la actualización de la causa de improcedencia que nos ocupa. En consecuencia, al actualizarse de manera manifiesta e indudable las causales de improcedencia que establece el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción IV, interpretado a contrario sensu, de la Ley de Amparo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de la Materia, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo en cuestión.

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