Edgar Isaac Lopez Marin
Expediente 293/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán. 2 actuaciones registradas, la última del 8 de marzo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 293/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 08/03/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Edgar Isaac Lopez Marin
Actuaciones
- Principal
Agréguese a los autos el oficio 9728/2022, suscrito por la Secretaria del Juzgado Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México, por el cual se advierte que aceptó la competencia planteada y se avocó al conocimiento del juicio de amparo de que se trata, registrándolo con el número de expediente 744/2022, de lo que se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. En consecuencia, al no existir actuación procesal pendiente de desahogo en el presente asunto, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, y en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, mismo que entró en vigor al día siguiente de su publicación; se ordena el archivo definitivo del cuaderno de antecedentes formado por razón de este juicio de amparo, como asunto totalmente concluido. Con la precisión de que el presente asunto no se considera de relevancia documental, pues no se encuentra en ninguno de los supuestos a que hace mención el artículo 15 del referido Acuerdo General; sin que sea el caso proceder en los términos señalados en el segundo párrafo del numeral 21 del citado acuerdo, toda vez que no existen documentos originales exhibidos por la parte quejosa, como se advierte de la certificación de cuenta. En la inteligencia de que el presente asunto es destruible, de conformidad con lo dispuesto por el referido artículo 21 inciso b), del aludido Acuerdo General, por lo que una vez transcurrido el plazo establecido en el primer párrafo de dicho numeral, deberá procederse a su destrucción en términos de lo dispuesto en el penúltimo párrafo del mismo precepto legal y remitir el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Por otro lado, conforme a lo dispuesto en el párrafo primero del artículo 35 del acuerdo de que se trata, los datos anteriores háganse constar en la carátula del expediente. Háganse las anotaciones de rigor en el Libro de Gobierno correspondiente así como las capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). NOTIFÍQUESE.
- Principal
En razón de que la parte quejosa EDGAR ISAAC LÓPEZ MARÍN, o sus autorizados, no comparecieron ante este juzgado, dentro de los dos días hábiles siguientes, en términos del aviso que se les dejó en el domicilio señalado en autos, el veintiséis de mayo del año en curso; ni tampoco agotó el procedimiento para ingresar al juzgado, o bien a ponerse de acuerdo con el Actuario para que le notificara, por lo que se hace efectivo el apercibimiento ahí decretado, y la notificación del proveído de veinticinco de mayo del presente año, queda hecha mediante su publicación en la lista de la fecha indicada al inicio de la presente que se fija en los estrados de este juzgado. PROVEIDO que dice: Uruapan, Michoacán, veinticinco de mayo de dos mil veintiuno. Vista la demanda de amparo promovida por Edgar Issac López Marín, por propio derecho, contra actos que atribuye al Congreso General, integrado por las Cámaras de Diputados y Senadores, con residencia en la Ciudad de México y otras autoridades; regístrese en el libro de gobierno respectivo bajo el número 293/2021. DECLARACIÓN DE INCOMPETENCIA. Resulta pertinente precisar que uno de los presupuestos procesales de orden público que rigen en todo procedimiento, entre ellos, el juicio de amparo, es la competencia, que atañe a la facultad de los órganos del Estado para dirimir una controversia o imponer un acto a los particulares. Lo anterior es así, dado que la competencia constituye una figura jurídica que alude a la idoneidad atribuida a un órgano de autoridad para conocer o llevar a cabo determinadas funciones o actos jurídicos, por lo que en razón de su importancia en el orden jurídico mexicano se erige como un derecho fundamental inserto en la genérica de legalidad, tutelado en el artículo 16, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y respecto de la cual la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha puntualizado que en virtud de esa figura las autoridades sólo pueden hacer aquello que la ley les permite, es decir, sólo pueden emitir actos que legal o constitucionalmente estén autorizadas a pronunciar, conforme a la división competencial establecida. La Ley de Amparo prevé diversos tipos de competencia: a. Competencia por territorio; b. Competencia por materia; c. Competencia por razón de la vía; y, d. Competencia auxiliar. En cuanto a la competencia por materia, debe señalarse que en la República Mexicana la competencia de los órganos jurisdiccionales se distribuye entre diversos tribunales o juzgados, a los que se les asigna una especialización y a cada uno de ellos les corresponde conocer de los asuntos relacionados con su especialidad. Como regla de conocimiento, debe precisarse que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación indicó que en materia de competencia, se debe resolver un asunto, tomando en cuenta la naturaleza de la cuestión debatida y no por las leyes que las partes invoquen. Es aplicable la jurisprudencia siguiente: . Así como la tesis de rubro JUZGADOS DE DISTRITO ESPECIALIZADOS POR RAZÓN DE MATERIA. SU COMPETENCIA SE DETERMINA CONFORME A LA NATURALEZA DEL ACTO RECLAMADO. De los criterios transcritos, se advierte que la naturaleza del acto ha sido fundamental para establecer la competencia de los juzgados o tribunales por materia, buscando con ello garantizar la prontitud en la tramitación y fallo de los juicios, atendiendo a que la resolución de los asuntos por materia, requiere del conocimiento y experiencia de los que se dedican a cada una de ellas. Así, este Juzgado de Distrito carece de competencia legal por subespecialización para conocer del juicio de amparo que nos ocupa, conforme a lo que enseguida se explica. Primeramente, es necesario señalar que de la intelección integral de la demanda de amparo, se advierte que el promovente, señala como autoridades responsables y actos reclamados, los siguientes: ... Para establecer su competencia, no sólo se debe atender al planteamiento hecho en la demanda de amparo, sino que es menester analizarla de manera integral como los demás elementos que se alleguen a la misma para deducir los datos que, razonablemente hagan posible conocer la materia jurídica sobre la que trata el acto reclamado, a fin de estar en aptitud de establecer qué órgano jurisdiccional debe avocarse al conocimiento del asunto. Lo anterior encuentra sustento en la tesis 1a. II/92, sostenida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice:... Establecido lo anterior, y una vez analizado el acto reclamado, con fundamento en los artículos 28, vigésimo párrafo, fracción VII, 103 y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35 de la Ley de Amparo y 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación al Acuerdo General 23/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, este Juzgado de Distrito estima carecer de competencia legal para conocer del presente juicio por las razones que se expondrán a continuación. En efecto, como quedó precisado en párrafos precedentes, el acto reclamado en esta instancia constitucional, lo constituye, en esencia: La discusión, aprobación, publicación y refrendo mediante el cual, se reforman y adicionan diversas disposiciones de la ley federal de telecomunicaciones y radiodifusión, en específico el reforma al artículo 176 y la adición de una fracción XLII Bis al artículo 15 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión; así como la adición de un Capítulo I Bis al Título Séptimo, con los artículos 180 Bis, 180 Ter, 180 Quáter, 180 Quintus, 180 Sextus y 10 Septimus, artículo cuarto transitorio del Decreto mediante el cual se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. La recepción de datos personales (biométricos) del quejoso, derivado de la obtención e ingreso de los mismos al padrón nacional de usuarios de telefonía móvil, con base de la aprobación del Decreto mediante el cual se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, en específico al artículo 176 y la adición de una fracción XLII Bis al artículo 15 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión; así como la adición de un Capítulo I Bis al Título Séptimo, con los artículos 180 Bis, 180 Ter, 180 Quáter, 180 Quintus, 180 Sextus y 10 Septimus. La obtención e ingreso al padrón nacional de usuarios de telefonía móvil de los datos personales (biométricos) del quejoso, derivado de la aprobación del Decreto mediante el cual se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión; en específico al artículo 176 y la adición de una fracción XLII Bis al artículo 15 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión; así como la adición de un Capítulo I Bis al Título Séptimo, con los artículos 180 Bis, 180 Ter, 180 Quáter, 180 Quintus, 180 Sextus y 10 Septimus, artículo cuarto transitorio del Decreto mediante el cual se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Por lo que, en atención a los citados preceptos legales, así como el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y la naturaleza de los actos reclamados, resulta dable indicar, que para definir la competencia material de un Juzgado de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, no es determinante el carácter formal de la autoridad responsable, en atención a que dicho presupuesto procesal puede actualizarse cuando los actos reclamados dimanen de autoridades distintas a las creadas con motivo de la reforma constitucional publicada en el citado medio de difusión oficial, el once de junio de dos mil trece, siempre que pueda colegirse que el acto reclamado guarda relación con los temas propios de esa subespecialización, prescindiendo en todo momento de apreciaciones subjetivas planteadas por el peticionario de amparo en su escrito inicial de demanda. Lo anterior es así, pues en caso contrario, se corre el riesgo de que el quejoso participe en la delimitación de la competencia del Juzgado de Distrito, para conocer y resolver en relación a la demanda de amparo, lo que resultaría una violación al principio de seguridad jurídica. Circunstancia por la que dicha competencia para conocer de una demanda de amparo, debe determinarse atendido al análisis del acto que la parte quejosa tilda de inconstitucional. Así, en el presente asunto, en que se reclaman actos relacionados a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, los cuales pudieran incidir en la adecuada prestación de los servicios públicos de tales telecomunicaciones, es inconcuso que la competencia para conocer de la demanda de amparo que dio origen al presente asunto, se surte en favor del Juzgado de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones. Máxime que como se desprende de la demanda de amparo, en el presente asunto, se diriman cuestiones que comprenden temas técnicos de la regulación en materia de telecomunicaciones. Por lo tanto, en atención a los razonamientos anteriormente expuestos, resulta competente para conocer del presente juicio de amparo, el Juez de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, en turno, con sede en la Ciudad de México. En esas condiciones y en atención a que todos los asuntos nuevos que se presenten a partir del diez de agosto de dos mil trece, que correspondan a la materia administrativa, en específico a los temas de competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones, se remitirán conforme al sistema computarizado que se utiliza para esos efectos, a los Juzgados Primero y Segundo de Distrito Especializados de que se trata, remítanse los autos del juicio de amparo 293/2021, a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con sede en la Ciudad de México, a efecto de que este asunto se remita al Juzgado de Distrito en dicha materia, en turno, que corresponda. Resulta aplicable a lo anterior, la tesis de jurisprudencia PC.XXXIIII.CRT.J/19 A, sustentada por el Pleno de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, Libro 65, Abril de 2019, Tomo II, visible en la página 1522, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del siguiente rubro y texto: . Asimismo, la diversa tesis de jurisprudencia PC.XXXIII.CRT.J/4 A (10 a.) sustentada por el Pleno de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, Libro 16, Marzo de 2015, Tomo II, Marzo de 2015, Tomo II, visible en la página 1746, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del tenor literal siguiente: ...De igual manera, la tesis I.1o.A.E.2 A (10 a.), sostenida por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en el Distrito Federal, ahora Ciudad de México y jurisdicción en toda la República, Libro XXV, Octubre de 2013, Tomo 3, visible en la página 1813, del Semanario Judicial de la Federación, del siguiente rubro y texto:... Por tanto, con fundamento en el artículo 48 de la Ley de Amparo, y en el Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, el suscrito se declara legalmente incompetente para conocer de la demanda de amparo, y se ordena remitir el original del presente juicio de amparo a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con sede en la Ciudad de México, a efecto de que este asunto se remita al Juzgado de Distrito,, a quien se estima competente para conocer de éste, por los motivos apuntados con anterioridad. ...Solicitándose al Juez que corresponda conocer de la demanda de amparo, acuse de recibo en el que se precise el sentido que recaiga a este acuerdo, a fin de integrar debidamente el presente asunto. En tales condiciones, previo cuaderno de antecedentes que se forme y deje en este juzgado, remítase el presente juicio de amparo con las copias de traslado al Juez competente. Por otro lado, no es factible pronunciarse sobre la suspensión de los actos reclamados, en virtud de que en el caso se actualiza la regla prevista en el primer párrafo del artículo 48 de la Ley de Amparo, además de que, no se está en presencia de alguno de los actos prohibidos por el artículo 15 de la Ley de Amparo. Ahora cuando por la naturaleza de la notificación lo amerite, se tiene a la parte quejosa señalando domicilio para oír y recibir notificaciones el que cita en su escrito de demanda pero solo para el caso de que se estime indispensable notificarle presencialmente a través de actuario, en términos del artículo 30 fracción I, quinto párrafo, hipótesis final de la Ley de Amparo, y autorizando en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Jorge Álvarez Banderas, Raúl Carrera Castillo y José Gilberto Pedraza Escobar, toda vez que tienen registradas sus cédulas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, asimismo téngasele únicamente autorizando para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos a Kevin Omar Cano Quezada y Alejandro Melosa Bermúdez, por así haberlo solicitado expresamente la parte quejosa. Se exhorta a las partes, a que de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades de acceso al expediente físico, continúen la tramitación del caso, mediante el esquema de juicio en línea, conforme al artículo 3° de la Ley de Amparo, ello con la finalidad de privilegiar la salud de la parte quejosa, así como de los servidores públicos como de quienes intervienen en el presente juicio dentro del contexto de la pandemia originada por el virus Sars-Cov2; bajo apercibimiento que de no hacerlo, solo se tramitará este asunto mientras no resulte indispensable que se presente alguna persona a las instalaciones de este juzgado, en cuyo caso no se podrá celebrar la audiencia constitucional, salvo que en su momento se reúnan las condiciones necesarias para llevar a cabo la audiencia por videoconferencia. Con apoyo en el artículo 3° de la Ley de Amparo, desde éste momento se autoriza a las partes la expedición de copias simples y certificadas, de las constancias que obren en el expediente, salvo aquéllas respecto de las que deba guardarse sigilo, previa identificación y recibo que del mismo se deje en autos. A fin de dar puntual cumplimiento al derecho fundamental establecido en el artículo 17 Constitucional, con fundamento en el numeral 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, con excepción de aquellos que llegaren a declararse inhábiles laborales, para que los Actuarios de la adscripción estén en posibilidad de realizar la práctica de todas aquellas diligencias de notificación que les sean encomendadas con motivo de la tramitación de este juicio. Asimismo, se autoriza al Actuario de la adscripción, a efecto de que con apoyo en el artículo 29 de la Ley de Amparo, en su caso, practique notificaciones a las partes por medio de lista, cuando para la realización de una de ellas, de carácter personal, se constituya en cualquiera de los domicilios de éstas y no encuentre a persona alguna o nadie acuda a su llamado, previamente la razón que al respecto se levante y haber observado lo dispuesto en el artículo 27 de la invocada ley. Por otra parte, de conformidad con el reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, hágase del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales en términos del artículo 8° de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, cuando se presente la solicitud de acceso a alguna de las resoluciones o las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, siempre y cuando la Unidad Administrativa que lo tenga bajo su resguardo determine si tal posición puede o no surtir efectos, tomando en cuenta para ello si la resolución solicitada, las pruebas o las demás constancias contienen información considerada como reservada en términos de lo previsto en la fracción IV del artículo 13 de la Ley referida; así como para precisar las constancias, que en su caso, consideren reservadas o confidenciales, esto último atendiendo a lo dispuesto para el segundo párrafo del artículo 6° del ordenamiento legal en cita. Se autoriza a los Secretarios de este Juzgado para firmar toda comunicación oficial que derive del presente juicio. Finalmente, háganse las anotaciones en el libro de gobierno y las capturas correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
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