Edgar Isaac Briseño Gutiérrez
Expediente 1872/2021 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 6 actuaciones registradas, la última del 25 de marzo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1872/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 25/03/2022
Partes del expediente
- Edgar Isaac Briseño Gutiérrez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Zapopan, Jalisco, veinticinco de marzo de dos mil veintidós Se ordena notificar sentencia. Vista la certificación de cuenta, se advierte que no obra constancia de que se hayan remitido los oficios respectivos del acuerdo de veintitrés de diciembre de dos mil veintidós, por el cual se sobresee fuera de audiencia el juicio de amparo que nos ocupa. En consecuencia, se ordena de manera inmediata, remitir los oficios conducentes al Director General Jurídico de la Secretaría de Movilidad del Estado de Jalisco. Hecho lo anterior, se instruye al actuario de la adscripción, que una vez realizada la diligencia encomendada, integre al expediente electrónico las constancias respectivas. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Rogelio Alberto Ayala Gutiérrez, Juez Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y del Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan, asistido por el secretario María del Rosario García Pérez, que autoriza y da fe. RAAG/MRGP/Gabriel
- Principal
Zapopan, Jalisco, a veintitrés de diciembre de dos mil veintiuno. Se sobresee fuera de audiencia. Visto el estado de autos, se advierte que ha sobrevenido una causa de improcedencia cuyo análisis debe realizarse de oficio por ser de orden público y de estudio preferente a cualquier otro. Primeramente, el artículo 107, fracción IV de la Constitución Federal, dispone que el juicio de amparo procede, contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o de trabajo -autoridades administrativas- y que causen agravio no reparable mediante algún medio de defensa legal; además, que será necesario agotar estos medios de defensa siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos, ya de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal, que haga valer el agraviado, con los mismos alcances que prevé la Ley reglamentaria (Ley de Amparo) y sin exigir mayores requisitos que los que la propia ley consiga para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional con independencia de que el acto en sí mismo sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con dicha Ley. Por otra parte, bajo esa postura, el artículo 61, en su fracción XX, de la Ley de Amparo, establece que el juicio de amparo es improcedente contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos, de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esa Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esa Ley. Señala además, que no existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia; esto es, que el medio ordinario de defensa no se encuentre contemplado en el catálogo de recursos de un Ley desde el punto de vista formal y material, que rija el acto reclamado. De la norma anterior, se extrae que, en el artículo 107, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el diverso numeral 61, fracción XX, de la Ley de Amparo se consagra el principio de definitividad y la improcedencia del juicio de amparo en materia administrativa. Cuyo estudio ha sido abordado por el máximo Órgano Jurisdiccional del país, en la jurisprudencia 2a./J.115/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se rubro y texto siguiente: "RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA ORDINARIOS. REGLAS PARA SU DETERMINACIÓN EN RELACIÓN CON EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 107, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN Y 73, FRACCIÓN XV, DE LA LEY DE AMPARO). Los aludidos preceptos consagran la improcedencia del juicio de garantías en materia administrativa, en el supuesto de que contra el acto reclamado proceda un recurso o medio ordinario de defensa susceptible de nulificar, revocar o modificar dicho acto, sin que la ley que lo establezca o que rija el acto exija mayores requisitos que los previstos para el otorgamiento de la suspensión definitiva. Cuando tales preceptos se refieren a la ley que establezca el recurso o medio de defensa procedente contra el acto reclamado, o que rija a éste, debe entenderse que dicha remisión significa que la norma jurídica respectiva debe regular por algún título a ese acto de manera específica, aludiendo expresamente a él, debiendo colmar todas las determinaciones que contenga, así como las consecuencias que produzca en el ámbito jurídico del gobernado. Asimismo, el ordenamiento relativo requiere ser una norma legal, en sentido formal y material, puesto que tanto la disposición constitucional como la legal que la reglamenta, establecen que debe ser una "ley", y no cualquier otro ordenamiento general, el que señale la procedencia de aquéllos, motivo por el cual, aplicando el principio jurídico consistente en que cuando la norma no distingue, no existe razón para efectuar una distinción, debe concluirse que sólo los medios defensivos consagrados en una ley formal y material son susceptibles de provocar la improcedencia del juicio de amparo, derivada de la falta de cumplimiento con el principio de definitividad en relación con la impugnación de un acto de autoridad, siempre que no exijan mayores requisitos para otorgar la suspensión que los previstos en la Ley de Amparo." En el caso, el acto reclamado consiste en la emisión de diversos folios de infracción reclamados a las autoridades administrativas locales, señaladas como responsables. Tal como se ilustra a continuación: En ese orden de ideas, este Juzgador concluye que en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, toda vez que de conformidad con lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 1º de la de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco -publicada en el periódico oficial "El Estado de Jalisco", el nueve de septiembre de dos mil veintiuno-, los actos reclamados pueden ser impugnados a través del juicio contencioso administrativo (juicio de nulidad). Por lo tanto, como se adelantó, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, al reunirse los siguientes requisitos: El acto reclamado fue emitido por una autoridad distinta de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, es decir, por la Secretaria de Seguridad del Estado de Jalisco. El acto reclamado es susceptible de ser modificado, revocado o nulificado a través del juicio de nulidad de conformidad con lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 1º de la de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco. En efecto, el artículo 74 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco señala que la sentencia definitiva del juicio podrá reconocer la validez del acto reclamado impugnado, declarar su nulidad o determinar la nulidad para determinados efectos y decretar el sobreseimiento en el juicio. Por otra parte, en el Capítulo IX "De las Medidas Cautelares", comprendido de los artículos 66 a 70 Octies de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, se establecen las reglas que se deben observar respecto a la suspensión de la ejecución del acto impugnado en el juicio contencioso administrativo. Además, el numeral 68 de la Ley antedicha prevé un plazo idéntico al artículo 112 de la Ley de Amparo para el otorgamiento de la suspensión provisional, es decir, veinticuatro horas. En consecuencia, se tiene que los requisitos para otorgar la suspensión, previstos en la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco no son mayores a los exigidos por la Ley de Amparo para el mismo efecto. De ahí que, a criterio de este Juzgador, deje de tener aplicabilidad la tesis de jurisprudencia 2a./J. 104/2007 emitida a la luz de la Ley de Justicia Administrativa anterior a la reforma publicada en el periódico oficial "El Estado de Jalisco" el nueve de septiembre de dos mil veintiuno. Criterio de interpretación, de rubro siguiente: "CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO EN EL ESTADO DE JALISCO. NO ES NECESARIO AGOTAR ESE JUICIO ANTES DEL DE AMPARO PUES SE DA UNA EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD AL ESTABLECERSE EN EL ARTÍCULO 67, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE ESE ESTADO MAYORES REQUISITOS PARA LA SUSPENSIÓN QUE LOS ESTABLECIDOS EN LA LEY DE AMPARO." Finalmente, quien ahora resuelve, considera que, en el caso, no se actualizan los supuestos de excepción al principio de definitividad previsto tanto en la Ley de Amparo como en los criterios interpretativos formulados por los Tribunales del Poder Judicial de la Federación. Ilustra a lo anterior y, sirve de sustento, la tesis aislada 2a. LVI/2000, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; de rubro y texto siguiente: "DEFINITIVIDAD. EXCEPCIONES A ESE PRINCIPIO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. De la interpretación literal y teleológica del artículo 107, fracciones III, IV, VII y XII, de la Constitución Federal, así como de los artículos 37, 73, fracciones XII, XIII y XV y 114 de la Ley de Amparo y de los criterios jurisprudenciales emitidos al respecto por los Tribunales del Poder Judicial de la Federación, se deduce que no existe la obligación de acatar el principio de definitividad que rige el juicio de amparo indirecto, cuando se reclaman los siguientes actos: I. Los que afectan a personas extrañas al juicio o al procedimiento del cual emanan; II. Los que dentro de un juicio su ejecución sea de imposible reparación; III. Los administrativos respecto de los cuales, la ley que los rige, exija mayores requisitos que los que prevé la Ley de Amparo, para suspender su ejecución; IV. Los que importen una violación a las garantías consagradas en los artículos 16, en materia penal, 19 y 20 de la Constitución Federal; V. Leyes, cuando se impugnan con motivo del primer acto de aplicación; VI. Los que importen peligro de la privación de la vida, deportación o destierro o cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 constitucional; VII. Actos o resoluciones respecto de los cuales, la ley que los rige no prevé la suspensión de su ejecución con la interposición de los recursos o medios de defensa ordinarios que proceden en su contra; VIII. Los que carezcan de fundamentación; IX. Aquellos en los que únicamente se reclamen violaciones directas a la Constitución Federal, como lo es la garantía de audiencia; y X. Aquellos respecto de los cuales los recursos ordinarios o medios de defensa legales, por virtud de los cuales se puede modificar, revocar o nulificar el acto reclamado, se encuentran previstos en un reglamento, y en la ley que éste regula no se contempla su existencia." Bajo ese contexto, al surtirse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX de la Ley de Amparo, de manera notoria, manifiesta e indudable, con fundamento en el artículo 63, fracción V, del mismo ordenamiento legal, se sobresee en el juicio de amparo fuera de audiencia. En el entendido de que el sobreseimiento decretado en el juicio, no constituye denegación de justicia ni genera inseguridad jurídica, dado que, cuando el juzgador o tribunal de amparo se funda en una de las causales de improcedencia que actualizan el sobreseimiento, imparte justicia, no obstante que la resolución sea desfavorable a los intereses del promovente. Sirve de fundamento, la tesis de jurisprudencia emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, de rubro siguiente: "DESECHAMIENTO O SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. NO IMPLICA DENEGACIÓN DE JUSTICIA NI GENERA INSEGURIDAD JURÍDICA." III. Se deja sin efectos fecha de audiencia constitucional. Como consecuencia de lo acordado anteriormente, se deja sin efectos la celebración de la audiencia constitucional señalada en autos. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Zapopan, Jalisco, a ocho de diciembre de dos mil veintiuno. I. Autoridad remite constancias. Vista la cuenta que antecede, téngase al Secretaría de Seguridad del Estado Jalisco cumpliendo el requerimiento realizado en proveído de diecisiete de noviembre del año en curso, mediante el cual se le solicitó que remitiera copias certificadas de las cedulas de infracción con número de folio 325240903, 328548585, 35749435, 353484206, 354858967, 355454304, 355646068, 355808351, 355924114, 356219120, 356606990, 358538827. Atento a lo anterior, toda vez que, las aludidas cédulas de infracción fueron emitidas por una autoridad diversa a la señalada en la demanda inicial, a saber: Autoridad: Director General Jurídico de la Secretaria de Seguridad del Estado de Jalisco. III. Requerimiento a la parte quejosa. En consecuencia, de conformidad con los artículos 111, fracción II y 108, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, requiérase a la parte quejosa para que dentro del plazo de quince días contados a partir de que surta efectos la notificación del presente acuerdo, por escrito, manifieste si es su deseo señalar como autoridad responsable a la referida en el párrafo que antecede, respecto de las cédulas precisadas; ello, para efectos de esta instancia. Por lo que en caso de ser afirmativa su respuesta, deberá precisar el o los actos que les reclama y en el caso del acto, a quién se le atribuye adecuando el contenido de su escrito correspondiente conforme a lo establecido en el artículo 108 de la Ley de Amparo, y deberá acompañar un juego más del escrito inicial de demanda y anexos para correrle traslado, así como copias suficientes del escrito de la ampliación correspondiente para correr traslado a las demás partes procesales. IV. Apercibimiento. Bajo el apercibimiento que de no cumplir con lo anterior, o bien, de no manifestar el impedimento legal o material que tenga para ello, una vez que se certifique que dicho plazo ha transcurrido, se seguirá el juicio únicamente por las autoridades y actos respecto de los cuales se admitió la demanda de amparo, con las consecuencias legales que ello conlleve y se le tendrá por desinteresada en ampliar su demanda. Sirve de apoyo a lo anterior, los siguientes criterios cuyos rubros a la letra dice: Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa, corriéndole traslado con copia del oficio de cuenta y sus anexos.
- Principal
Vista la certificación de cuenta se advierte que, Que por auto de diecisiete de noviembre del año en curso, se requirió a la Secretaría de Seguridad Jalisco, para que remitiera, copia certificada y legible de las siguientes cédulas de infracción: Y, que por auto de veintinueve de noviembre del año en curso, la referida autoridad solicitó se le precisaran los números de cédulas que le fueron requeridas, para cumplir con el requerimiento antes mencionado; por lo que a la fecha, sigue en curso el termino otorgado a la referida autoridad para tal efecto. II. Diferimiento. En tales consideraciones, procede diferir la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y en su lugar se fijan las CATORCE HORAS CON ONCE MINUTOS DEL CUATRO DE ENERO DE DOS MIL VEINTIDÓS. En otro contexto, de conformidad con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 29, 30 y 31, del mismo ordenamiento legal, se ordena que las notificaciones a las autoridades responsables en el presente juicio de amparo indirecto, o de los recursos que llegaren a interponerse, entre ellas, el auto que tenga por recibido el informe justificado, un acuerdo de vista a las partes o los diferimientos de las 26/04/22 10:09:15 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7e.6f ZULEMA SANCHEZ IBARRA JUICIO DE AMPARO INDIRECTO 1872/2021 3 ??????????????? audiencias que llegaren a ocurrir, deben notificarse por lista; salvo aquellas que se estime que deban efectuarse en forma personal, las cuales se les notificarán por medio de oficio. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.), de la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, consultable a página mil doscientos cincuenta y tres, del Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 2, Décima Época, que por rubro señala: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS" Notifíquese.
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