Edgar Hugo Ríos Castillo
Expediente 6/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Colima. 7 actuaciones registradas, la última del 17 de octubre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 6/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 17/10/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Colima · Colima
Partes del expediente
- Actuario adscrito al Tribunal de Arbitrraje y Escalafón del Estado de Colima
- Edgar Hugo Ríos Castillo
- Comisionado Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Denuncia por Incumplimiento de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad
Agréguense a las presentes actuaciones para que surtan los efectos legales correspondientes, por encontrarse ajustado al artículo 3° de la Ley de Amparo, las piezas postales que contienen los oficios **********y ********* de dieciocho de septiembre del año en curso, dirigidas respectivamente al Comisionado Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios, Directora Ejecutiva de Regulación de Estupefacientes, psicotrópicos, y Sustancias Químicas dela COFEPRIS, así como al Comisionado de Autorización Sanitaria de la COFEPRIS, a efectos de notificarles la denuncia por incumplimiento de declaratoria General de inconstitucionalidad promovida por ********************, devueltas por el Administrador Postal Colima, con la anotación de "cambio de domicilio". Por tanto, con transcripción de este proveído se comisiona al oficial encargado de la correspondencia, reexpida los referidos oficios a los domicilios correctos, para los fines legales a que haya lugar. Cúmplase.
- Principal
De la certificación de cuenta se advierte que transcurrió el término de diez días que la Ley de Amparo establece para que la parte quejosa interponga el recurso correspondiente en contra la sentencia definitiva, sin que haya presentado impugnación alguna para tal efecto; en tales condiciones con fundamento en los artículos 2º y 86, del mismo ordenamiento, en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes. Archívese el presente juicio, como asunto totalmente concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, aprobado el veinte de febrero de dos mil veinte, se establece que el presente asunto es susceptible de destrucción, al tratarse de un expediente en el que se sobreseyó el juicio; asimismo, se advierte que no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental, en términos del numeral 15, del aludido acuerdo, aplicado a contrario sensu. En ese sentido, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, se ordena la transferencia del presente expediente a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. De conformidad con el artículo 35 del referido Acuerdo, el Secretario deberá hacer constar en la carátula del expediente en que se actúa, la leyenda: "Susceptible de Destrucción. Expediente sin relevancia documental", así como la fecha en que se ordena su archivo. Finalmente, se ordena hacer las anotaciones correspondientes en los libros de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), tal y como lo dispone el artículo 29, cuarto párrafo, del acuerdo normativo invocado. Notifíquese por lista.
- Principal
V I S T O S para resolver el juicio de amparo indirecto ********************, promovido por ********************, contra actos del Actuario adscrito al Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Colima, por estimarlo violatorio de derechos humanos consagrados en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, R E S U L T A N D O Q U E: PRIMERO. Presentación y datos de la demanda. Por escrito presentado el dos de enero de dos mil veintitrés, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Colima, dirigido, por razón de turno, a este Juzgado Segundo de Distrito, ******************** (en adelante, quejoso o agraviado o parte quejosa o parte agraviada) solicitó el amparo y la protección de la justicia de la Unión, contra los actos y autoridades siguientes: "(.) III.- Autoridad responsable.- ACTUARIO ADSCRITO AL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFÓN DEL ESTADO DE COLIMA con domicilio en calle Francisco Zarco, número 1460, colonia Girasoles, en esta ciudad de Colima, Colima. IV.- Acto reclamado: La omisión y demora en que ha incurrido la autoridad responsable al NO EMPLAZAR AL DEMANDADO (GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA) DENTRO DE LOS TÉRMINOS QUE FIJA LA LEY DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL GOBIERNO, AYUNTAMIENTOS Y ORGANISMOS DESCETRALIZADOS DEL ESTADO DE COLIMA; esto dentro del expediente número ******************** del índice del Tribunal de Arbitraje y Escalafón del estado de Colima." SEGUNDO. Registro de demanda. Por acuerdo de cuatro de enero de dos mil veintitrés, se registró y admitió la demanda de amparo con el número ********************; se solicitó el informe justificado a la autoridad responsable; asimismo, se ordenó la intervención legal del Ministerio Público Federal aquí adscrito y se fijó día y hora para el desahogo de la audiencia constitucional. Seguidos los trámites legales, el día de hoy, se celebró la audiencia constitucional, al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O Q U E: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Colima, tiene competencia legal para conocer y resolver el presente juicio de amparo, en términos de lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracciones I y VII, de la Constitución Federal; 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 1, fracción V, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y del Acuerdo General número 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, reformado por el diverso 43/2018 del propio Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, atento a que se reclaman actos de autoridades que tienen ejecución dentro de la circunscripción territorial en la que ejerce jurisdicción este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Precisión de actos. Por cuestión de orden, en términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo y en cumplimiento al precepto 76 de dicho cuerpo legal, se procede a la fijación clara y precisa del acto reclamado en el presente juicio de amparo. Esto es así, porque antes de verificar la certeza o inexistencia de los actos impugnados en el juicio de amparo, deben quedar precisados cuáles son éstos. Lo anterior encuentra apoyo, por identidad jurídica, en la tesis P. VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tomo XIX, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente al mes de abril de dos mil cuatro, Materia Común, Novena Época, página 255, de rubro y texto: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". Igualmente es aplicable al caso, por no contravenir las disposiciones de la Ley de Amparo, de conformidad con su artículo Sexto Transitorio, la jurisprudencia P.J. 40/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tomo XI, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente al mes de abril de dos mil, Novena Época, página treinta y dos, del siguiente rubro y contenido: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". Sobre esta base, de la lectura integral de la demanda de amparo inicial, en armonía con la totalidad de la información allegada a este expediente, se advierte que la parte quejosa reclama: La omisión de emplazar a la parte demandada, dentro del expediente ********************, del Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Colima. TERCERO. Consideración preliminar. Determinados los actos reclamados, lo siguiente es pronunciarse respecto de la certeza o inexistencia de éstos, ya que por razón de método, en toda sentencia de amparo indirecto, dicha situación debe ocurrir previamente y, sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, se deben estudiar las causas de improcedencia señaladas o que a criterio de este juzgador se actualicen, para que finalmente de ser procedente el juicio, se analice el fondo de la cuestión planteada. Esta situación es así, porque de no existir los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, entrar al estudio de cualquier causa de improcedencia y, en el evento de ser fundada alguna de éstas, legalmente sería imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o de la parte substancial del asunto, implica en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ciertos, el juicio de amparo sea procedente. Apoya la consideración anterior, la jurisprudencia XVII.2o. J/10, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, publicada en la página 68, Tomo 76, de la Gaceta al Semanario Judicial de la Federación, abril de mil novecientos noventa y cuatro, Octava Época, de rubro y texto siguientes: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO. El artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece que procede revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento cuando, entre otros casos, el Juez de Distrito o la autoridad que haya conocido del juicio en primera instancia haya incurrido en alguna omisión que pudiere influir en la sentencia que deba dictarse en definitiva. Por otra parte, de acuerdo con la técnica que rige al juicio de garantías, en toda sentencia de amparo, sea directo o indirecto, la autoridad que conozca del mismo, en primer lugar debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, debe estudiar las causas de improcedencia aducidas o que en su criterio se actualicen, para, por último, de ser procedente el juicio, dictar la resolución de fondo que en derecho corresponda. Lo anterior es así, entre otras razones, ya que de no ser ciertos los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el evento de ser fundada alguna de éstas, legalmente resulta imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos los actos reclamados, el juicio de garantías sea procedente. A mayor abundamiento, el no estudio de la certeza o inexistencia de los actos reclamados por parte del Juez de Distrito, independientemente de que es contrario a la técnica del juicio de amparo en los términos antes apuntados, entre otras cuestiones, trastoca la litis del recurso de revisión que hagan valer las partes y limita las defensas de éstas, porque la sentencia que se dicte en dicho recurso, podría carecer de sustento legal, al no poder precisarse con exactitud, en primer lugar, la materia del recurso y, en segundo lugar, sobre qué actos de los reclamados es procedente, en su caso, conceder el amparo, sin que el tribunal del conocimiento pueda suplir la omisión apuntada por carecer de facultades para ello, pues es obligación del Juez de Distrito ocuparse de la cuestión de que se trata, siguiéndose con ello el cumplimiento de la obligación constitucional de otorgar a las partes plenitud de defensa en contra de un acto de autoridad que afecte su esfera jurídica, como puede ser la resolución definitiva por él dictada. Así pues, si el Juez de Distrito omitió, previamente al estudio de la causa de improcedencia que estimó fundada, el análisis de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, se actualiza la hipótesis jurídica que contempla el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, procediendo, en consecuencia, revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento". CUARTO. Análisis de la certeza del acto reclamado. El Magistrado Presidente del Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Colima, negó la existencia del acto reclamado, consistente en la omisión de emplazar a la parte demandada Gobierno del Estado de Colima, dentro del juicio laboral ********************, pues refiere que de la copia del acuerdo de nueve de enero del actual, que remitió en alcance a su informe justificado, se obtiene que se requirió a la parte quejosa, a efecto de que en el término de tres días, proporcionara domicilio correcto de la citada demandada, en virtud de que de la constancia actuarial de doce de octubre de dos mil veintidós, levantada por la actuaria adscrita al Tribunal de mérito, hizo constar la imposibilidad para realizar el emplazamiento de la demandada Gobierno del Estado de Colima; de ahí la inexistencia del acto reclamado, pues al no haberse podido emplazar a la citada demandada en el domicilio proporcionado, la autoridad responsable se encuentra imposibilitada para llevar a cabo la diligencia de emplazamiento, hasta en tanto la parte actora cumpla con lo solicitado. Al respecto se invoca la jurisprudencial 133, Época: Octava Época, Registro: 1002199, Instancia: Segunda Sala, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Apéndice de 2011, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Segunda Sección - Improcedencia y sobreseimiento, Materia(s): Común, Tesis: 133, Página: 156 que dice: "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTO LA DEMANDA. La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja" Así como la Tesis Jurisprudencial 284, bajo el tenor literal siguiente: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esa negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo." Esto es así, toda vez que la quejosa fue omisa en exhibir prueba alguna para desvirtuar la negativa de actos de la autoridad responsable y por el contrario de las copias certificadas que remitió con su informe justificado se obtiene la imposibilidad de llevar a cabo el emplazamiento de la demandada, debido a que en el domicilio proporcionado para tal efecto, no se le pudo localizar, por lo que en el auto de nueve de enero del actual, se requirió a la aquí quejosa, a efecto de que proporcionara el domicilio correcto de la autoridad demandada para poder emplazarla a juicio. De lo cual resulta la inexistencia del acto reclamado por la quejosa, pues será hasta que proporcione el domicilio correcto de la demandada, cuando la autoridad responsable estará en condiciones de realizar el emplazamiento, cuya omisión reclama en el presente juicio. Se invoca en apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 99/2018 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo I, octubre de 2018, página 926, de rubro y texto siguiente: "ACTOS OMISIVOS. CUANDO LA AUTORIDAD NIEGA SU EXISTENCIA, EL JUEZ DEBE EXAMINARLA VERIFICANDO SI LA RESPONSABLE SE ENCONTRABA EN APTITUD LEGAL DE ATENDER A LO SOLICITADO. Ante el reclamo de actos de omisión, cuando la autoridad responsable los niegue bajo la justificación de que no estaba en posibilidades de actuar, el juzgador de amparo, en el capítulo de existencia de la sentencia respectiva, debe analizar precisamente este aspecto, es decir, si la autoridad se encontraba en condiciones y momento de contestar la solicitud de origen, o si el procedimiento respectivo estaba en estado de resolución, lo que, en su caso, podrá dar lugar al sobreseimiento por inexistencia de actos reclamados; cuestión que no implica el estudio de fondo, pues no involucra el análisis de la constitucionalidad de los actos". En consecuencia, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se decreta el sobreseimiento del presente juicio. QUINTO. Decisión. Por lo expuesto y fundado, con apoyo, además, en los artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 64, de la Ley de Amparo; 1º, fracción V y 48, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, S E R E S U E L V E : ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por la quejosa ********************, contra los actos reclamados al Actuario adscrito al Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Colima, en los términos precisados en el considerando cuarto de esta resolución. Notifíquese por lista.
- Principal
Agréguese a las presentes actuaciones para que surta los efectos legales correspondientes, por encontrarse ajustado al artículo 3° de la Ley de Amparo, el documento a través del cual el Magistrado Presidente del Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Colima, en atención al requerimiento formulado en auto de treinta de enero de dos mil veintitrés, remite copia certificada del acuerdo de nueve de enero del año en curso, en el que acordó la solicitud realizada por la parte quejosa, dictada en el juicio laboral ******************** de su índice. En consecuencia, se tiene por cumplido dicho requerimiento y queda sin efecto, el apercibimiento decretado en el proveído de mérito. Notifíquese por lista.
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