Edgar Hernandez Ramirez

Expediente 1188/2020 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 4 actuaciones registradas, la última del 23 de diciembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
1188/2020
Año
2020
Actuaciones
4
Última actuación
23/12/2020

Partes del expediente

  • Edgar Hernandez Ramirez

Actuaciones

  1. Principal

    Agréguese a sus autos el oficio de cuenta signado electrónicamente por la actuaria del Juzgado Octavo de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México, mediante el cual comunica a este juzgado el proveído de dieciocho de diciembre de dos mil veinte, dictado en el juicio de amparo 1464/2020-I, de su índice, en donde, en lo que aquí interesa, solicita se le remitan la constancias que hayan enviado las autoridades responsables en cumplimiento a la suspensión de plano concedida a la parte quejosa. Ahora bien, como lo solicita el juzgado oficiante, remítansele vía interconexión las constancias que obren en autos, en particular las promociones con folios: 16002, 16045 y 16050. Sin que al efecto, se solicite a la autoridad federal el acuse de recibo correspondiente, atendiendo a que el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, genera la constancia correspondiente. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    Agréguense al sumario constitucional en que se actúa, los oficios de cuenta 16045 y 16050, signados por el Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos en representación de su Titular , ambos de la Secretaría de la Función Pública, y electrónicamente por el Director del Hospital General "Darío Fernández Fierro" del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado por medio de los cuales, en cumplimiento al requerimiento formulado en proveído de siete de diciembre de este año, remiten el informe relacionado con el cumplimiento a la suspensión de plano otorgada en favor de la parte quejosa. Ahora bien, tomando en consideración que el suscrito juzgador determinó su falta de competencia legal por cuestión de materia, resérvese el acuerdo relativo a las promociones de mérito. Por otra parte, agréguese a sus autos el oficio de folio 16066, signado electrónicamente por el Actuario adscrito al Juzgado Octavo de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México, por medio del cual acusa de recibido del juicio de amparo 1188/2020, del índice de este órgano jurisdiccional, e informa que se avocó al conocimiento de ese asunto, el que registró con el número +++++-I de su índice; de lo que se toma conocimiento para los efectos a que haya lugar. Al respecto, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno que para tal efecto se lleva en este juzgado de Distrito y de conformidad con lo previsto en el artículo 214, de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, archívese el presente cuaderno por tratarse de un asunto total y definitivamente concluido. En el entendido de que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 6, 21 y 24 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecisiete de marzo de dos mil veinte, este cuaderno será susceptible de depuración, una vez que transcurra el plazo de tres años. Lo anterior, en virtud de que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 12, 14, 21 y 22 del Acuerdo General en cita, este juzgado estima que no tiene valor jurídico o histórico por el cual se deba conservar, debiendo realizar la anotación correspondiente en el libro de gobierno respectivo. Finalmente, toda vez que mediante auto de nueve de diciembre de dos mil veinte, y atendiendo a lo narrado en párrafos que anteceden, este Juzgado de Distrito se reservó el acuerdo relativo respecto de los ocursos de folio 16002, 16045 y 16050 con motivo de la falta de competencia legal por cuestión de materia, remítanse al Juzgado Octavo de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México, a efecto de que sea ese órgano jurisdiccional quien provea lo conducente, en relación a su contenido. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    Agréguese a los autos del sumario constitucional en que se actúa, el escrito de cuenta signado electrónicamente por Alfredo ++++++, quien se ostenta con el carácter de apoderado legal de Edgar +++(aclarando que se trata de ++++), en atención a su contenido y tomando en consideración que el suscrito juzgador en proveído de siete de este mes y año, determinó su falta de competencia legal por cuestión de materia y se está en espera de recibir información sobre si se aceptó la competencia declinada, resérvese el acuerdo relativo a la promoción de mérito. NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    Vista la demanda de amparo presuntamente promovida por ....Ramos quien se ostenta con el carácter de apoderado legal de....Ramírez, en contra de actos del Titular de la Secretaría de la Función Pública del Gobierno Federal y otra autoridad, por considerarlos violatorios de los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 1, 4, 8, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; fórmese expediente, háganse las anotaciones correspondientes y regístrese en el libro de gobierno que se lleva en este juzgado con el número 1188/2020. Ahora bien, toda vez que la cuestión relativa a la competencia de los órganos jurisdiccionales es un presupuesto procesal de orden público, tal circunstancia debe ser analizada de manera previa a cualquier otra cuestión planteada, por lo que a fin de no infringir las normas de carácter procedimental que rigen el juicio de amparo, se procede al análisis correspondiente. Así, con el propósito de decidir si corresponde a este órgano jurisdiccional conocer del asunto que nos ocupa, debe señalarse que de un estudio integral efectuado a la demanda de amparo y a sus anexos, se advierte que la parte quejosa acude a esta instancia de amparo ante: La emisión del ACUERDO por el que se establecen los criterios aplicables para la administración de los recursos humanos en las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal para mitigar la propagación del coronavirus COVID-19, el treinta y uno de julio de dos mil veinte, en particular lo relativo al artículo primero fracción I y el artículo quinto de dicho acuerdo. La negativa de que el quejoso pueda resguardarse en su domicilio, realizando trabajo desde casa como medida de seguridad para evitar se ponga en mayor riesgo su salud y su vida, en virtud del diagnóstico que tiene de Hipertiroidismo. Precisión que se hace con apoyo en lo dispuesto en la jurisprudencia 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 32, tomo XI, correspondiente a abril de dos mil, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro a la letra dice "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." En ese sentido, y como al inicio de este acuerdo se estableció, la competencia es un presupuesto procesal de orden pu´blico, a cuyo estudio se encuentra obligado el juez de Distrito, previamente a resolver cualquier otra cuestio´n relacionada con la materia del juicio constitucional, pues de no hacerlo, contravendri´a las reglas fundamentales que norman el procedimiento del juicio de amparo consolidando una violacio´n procesal trascendental. En efecto, se tiene que la competencia constituye un presupuesto procesal cuya resolucio´n reviste la mayor importancia, pues la decisio´n que al efecto se emita puede afectar a las partes, ya que no solamente es declarativa sino constitutiva, debido a que define, aparte de que´ juez es el competente, la naturaleza del asunto y las leyes aplicables para su tramitacio´n y resolucio´n, dado que de examinarse hasta la revisio´n y resultar cierta la violacio´n, implicari´a la reposicio´n del procedimiento, conforme al arti´culo 93, fraccio´n IV, de la Ley de Amparo, y la remisio´n de los autos al juez competente. Sirve de fundamento, la jurisprudencia emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, pa´gina 36, tomo 56, agosto de 1992, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federacio´n, Octava E´poca, del rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA DEL JUEZ DE DISTRITO. SE DEBE FINCAR ANTES DE RESOLVER LAS CUESTIONES DE FONDO PLANTEADAS EN LA DEMANDA. Dado que la competencia constituye un presupuesto procesal de orden pu´blico, el cual se encuentra regulado en el amparo indirecto por el arti´culo 36 de la Ley de Amparo, si las autoridades responsables residentes en el Distrito Federal al rendir su informe justificado niegan expresamente el acto de ellas reclamado, sin que la parte quejosa aporte prueba que acredite lo contrario, se debe considerar que esas autoridades no pretenden ejecutar aque´l acto; motivo por el cual el a quo, previamente a analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, debe resolver si ante dicho cuadro procesal tiene o no competencia para conocer del asunto. De no hacerlo asi´, es inconcuso que se violan las reglas fundamentales que norman al juicio de garanti´as; por lo que, con apoyo en lo dispuesto por la fraccio´n IV del arti´culo 91 de la Ley de Amparo, procede la reposicio´n del procedimiento en el juicio de amparo, para el efecto de que el juez de Distrito sen~ale nueva fecha para la celebracio´n de la audiencia constitucional y, antes o en el acto de dictar la sentencia que corresponda, finque su competencia para conocer del mismo." Entonces, para que un juez tenga competencia respecto de un asunto, se precisa que halla´ndose e´ste dentro de la o´rbita de su jurisdiccio´n, la ley le reserve su conocimiento con preferencia a los dema´s jueces y tribunales del mismo grado. Cabe destacar que las leyes procesales sen~alan ciertos criterios de asignacio´n para determinar la competencia y, generalmente, se habla de competencia por razo´n de la materia, la cuanti´a, el grado y el territorio. En ese sentido, la Ley de Amparo preve´ diversos tipos de competencia: a) Competencia por territorio; b) Competencia por materia; c) Competencia por grado; y, d) Competencia auxiliar. En cuanto a la competencia por materia, e´sta se define como la aptitud legal que se atribuye a un o´rgano jurisdiccional para conocer de las controversias referentes a una determinada rama del derecho. Tal aptitud tiene la ventaja de que los jueces de Distrito adscritos a un Juzgado Especializado en cierta materia del derecho, u´nicamente conocen de amparos de esa materia, lo que permite enfocar su atencio´n a una sola parte del derecho y, adema´s, repercute en la formacio´n de su especialidad y lo encausa hacia una mayor profundizacio´n de conocimiento del amparo de la materia. Asi´, regla general, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nacio´n indico´ que en materia de competencia, se debe resolver un asunto, tomando en cuenta la naturaleza de la cuestio´n debatida y no por las leyes que las partes invoquen, ello atento a la Jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nacio´n, publicada en la pa´gina 28, tomo VIII, Diciembre de 1998, Novena E´poca del Semanario Judicial de la Federacio´n y su Gaceta, con nu´mero de registro electro´nico 195007, cuyo contenido es el siguiente: "COMPETENCIA POR MATERIA. SE DEBE DETERMINAR TOMANDO EN CUENTA LA NATURALEZA DE LA ACCIO´N Y NO LA RELACIO´N JURI´DICA SUSTANCIAL ENTRE LAS PARTES. En el sistema juri´dico mexicano, por regla general, la competencia de los o´rganos jurisdiccionales por razo´n de la materia se distribuye entre diversos tribunales, a los que se les asigna una especializacio´n, lo que da origen a la existencia de tribunales agrarios, civiles, fiscales, penales, del trabajo, etce´tera, y que a cada uno de ellos les corresponda conocer de los asuntos relacionados con su especialidad. Si tal situacio´n da lugar a un conflicto de competencia, e´ste debe resolverse atendiendo exclusivamente a la naturaleza de la accio´n, lo cual, regularmente, se puede determinar mediante el ana´lisis cuidadoso de las prestaciones reclamadas, de los hechos narrados, de las pruebas aportadas y de los preceptos legales en que se apoye la demanda, cuando se cuenta con este u´ltimo dato, pues es obvio que el actor no esta´ obligado a mencionarlo. Pero, en todo caso, se debe prescindir del estudio de la relacio´n juri´dica sustancial que vincule al actor y al demandado, pues ese ana´lisis constituye una cuestio´n relativa al fondo del asunto, que corresponde decidir exclusivamente al o´rgano jurisdiccional y no al tribunal de competencia, porque si e´ste lo hiciera, estari´a prejuzgando y haciendo uso de una facultad que la ley no le confiere, dado que su decisio´n vinculari´a a los o´rganos jurisdiccionales en conflicto. Este modo de resolver el conflicto competencial trae como consecuencia que el tribunal competente conserve expedita su jurisdiccio´n, para resolver lo que en derecho proceda." Asi´, las reglas de competencia de los jueces de Distrito se encuentran en el arti´culo 107, fraccio´n VII, de la Constitucio´n Poli´tica de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley de Amparo y la Ley Orga´nica del Poder Judicial de la Federacio´n; por tanto, con fundamento en los arti´culos 35, 37, 38 y 48 de la Ley de Amparo, se analiza la competencia legal para conocer de los asuntos, con el fin de no violentar las reglas fundamentales que norman al juicio de amparo indirecto. Al respecto, debe sen~alarse que en la Repu´blica Mexicana la competencia de los o´rganos jurisdiccionales, se distribuye entre diversos tribunales o juzgados, a los que se les asigna una especializacio´n y a cada uno de ellos les corresponde conocer de los asuntos relacionados con su especialidad. A su vez, del arti´culo 38, de la Ley de Amparo se desprende una regla competencial consistente en que conocera´ de un juicio de amparo que se promueva contra actos de un Juez de Distrito, otro del mismo Distrito y especializacio´n, y si no lo hubiera el ma´s cercano de la jurisdiccio´n del circuito al que pertenezca; la cuales es concordante con el principio de especializacio´n por materia en el conocimiento de los asuntos, como se advierte del arti´culo de comento, que es del siguiente tenor. "ARTI´CULO 38. Es competente para conocer del juicio de amparo indirecto que se promueva contra los actos de un juez de distrito, otro del mismo distrito y especializacio´n en su caso y, si no lo hubiera, el ma´s cercano dentro de la jurisdiccio´n del circuito al que pertenezca.". De modo que, la competencia para el conocimiento de los juicios de amparo tramitados ante juzgados de Distrito, en los lugares en donde existe especializacio´n por materia, deriva de la naturaleza intri´nseca de los actos combatidos, lo que se corrobora con el contenido del arti´culo 48 de la Ley de Amparo, al establecer en la parte conducente que: "Cuando se presente una demanda de amparo ante juez de distrito o tribunal unitario de circuito y estimen carecer de competencia, la remitira´n de plano, con sus anexos, al juez o tribunal competente, sin decidir sobre la admisio´n ni sobre la suspensio´n del acto reclamado, salvo que se trate de actos que importen peligro de privacio´n de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento..." Sentado lo anterior, y con el propo´sito de dilucidar si este o´rgano jurisdiccional es competente para conocer de este asunto, es importante establecer que de un estudio efectuado a la demanda que nos ocupa y a sus anexos se advierte que la parte quejosa acude a este o´rgano jurisdiccional a solicitar el amparo y proteccio´n de la Justicia Federal, en contra de: - La emisión del ACUERDO por el que se establecen los criterios aplicables para la administración de los recursos humanos en las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal para mitigar la propagación del coronavirus COVID-19, el treinta y uno de julio de dos mil veinte, en particular lo relativo al artículo primero fracción I y el artículo quinto de dicho acuerdo. - La negativa de que el quejoso pueda resguardarse en su domicilio, realizando trabajo desde casa como medida de seguridad para evitar se ponga en mayor riesgo su salud y su vida, en virtud del diagnóstico que tiene de Hipertiroidismo. Actos respecto de los cuales el Ma´ximo Tribunal del pai´s, ya establecio´ que su conocimiento corresponde a un juzgado especializado en materia de trabajo, tal como se advierte del criterio ++sustendado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al mes de octubre de dos mil veinte, del Seminario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, que es del tenor siguiente: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA LA NEGATIVA DE APLICAR A FAVOR DE UNA PERSONA TRABAJADORA, LAS MEDIDAS IMPLEMENTADAS PARA MITIGAR Y CONTROLAR LOS RIESGOS PARA LA SALUD ORIGINADOS POR EL VIRUS SARS-CoV2 EN LOS CENTROS DE TRABAJO. CORRESPONDE A UN JUZGADO DE DISTRITO EN MATERIA DE TRABAJO. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes se pronunciaron respecto a qué Juez de Distrito correspondía conocer del juicio de amparo indirecto promovido en contra de la negativa de aplicar a favor de una persona trabajadora, las medidas implementadas para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2 en los centros de trabajo; al respecto, llegaron a conclusiones diferentes, pues mientras uno decidió que el asunto era competencia de un Juez de Distrito en Materia de Trabajo, el otro resolvió que correspondía conocer de éste a un Juez de Distrito en Materia Administrativa. Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación decide que es competente el Juez de Distrito en Materia de Trabajo para conocer de las demandas de amparo indirecto promovidas en contra de la negativa de aplicar en beneficio de una persona trabajadora, las medidas implementadas para mitigar y controlar los riesgos para la salud originados por el virus SARS-CoV2 en los centros de trabajo. Justificación: Lo anterior, porque la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que para fijar la competencia por razón de materia para conocer de un juicio de amparo, debe atenderse a la naturaleza del acto reclamado. En ese sentido, cuando en una demanda de amparo indirecto se reclame la negativa de aplicar a favor de una persona trabajadora las medidas adoptadas para la prevención y mitigación de la enfermedad ocasionada por el virus SARS-CoV2 en los centros de trabajo, se advierte que su naturaleza es de carácter laboral. Lo anterior, ya que si bien tales acciones derivan de una política de salud pública dirigida a enfrentar la situación de emergencia sanitaria, lo cierto es que su aplicación se ubica en el ámbito laboral, al tener por objeto garantizar el derecho a la seguridad y salud de las personas trabajadoras." En tales condiciones resulta inconcuso que dicho criterio es de observancia en el presente asunto, toda vez que los actos reclamados en esta vi´a se ubican en el supuesto analizado en dicha jurisprudencia, al ponderarse la inobservancia e incumplimiento a las medidas implementadas para mitigar y controlar los riesgos para la salud originados por el virus SARSCoV2, en perjuicio de un trabajador, acto catalogado como de naturaleza laboral. Ma´xime si se valora que precisamente la pretensio´n de la quejosa a trave´s del escrito de cuenta, radica en no presentarse físicamente a laborar para no contagiarse del citado virus y poner el riesgo su vida, al ubicarse en un grupo vulnerable de personas propensas a contraerlo, siendo que a la fecha existen sendos acuerdos emitidos por la Jefa de Gobierno, en donde establece esa prerrogativa en su favor, y en general de la de todos los trabajadores de la Ciudad de Me´xico, para garantizar su salud y seguridad en su centro de trabajo. Adema´s, no se esta´ en presencia de un acto que afecte la relacio´n existente entre algu´n cuerpo de seguridad y sus elementos, caso en el que resulta competente un Juzgado de Distrito en Materia Administrativa, de acuerdo con el re´gimen establecido en el arti´culo 123, apartado B, fraccio´n XIII, de la Constitucio´n Poli´tica de los Estados Unidos Mexicanos. Por tal razo´n, este Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de Me´xico se declara legalmente incompetente, por razo´n de materia, para conocer de la demanda de amparo promovida por Alfredo Aparicio Ramos quien se ostenta con el carácter de apoderado legal de Edgar Fernández Ramírez, en contra de actos del Titular de la Secretaría de la Función Pública del Gobierno Federal y otra autoridad, en virtud de que la naturaleza del acto reclamado por esta vi´a tiene su origen en una controversia de cara´cter laboral y, por tanto, tiene que analizarse bajo la o´ptica de disposiciones juri´dicas aplicables en esa materia. En consecuencia; li´brese atento oficio al Juez de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de Me´xico, en turno, a quien se considera legalmente competente con base en los motivos y los fundamentos antes expuestos, acompañándole los archivos digitalizados relativos a la demanda que se provee y al acuerdo de esta fecha, con el objeto de informarle la presente resolución, y para que tenga a bien determinar si acepta la competencia propuesta, solicitándole que a la brevedad posible remita vía interconexión el acuse de recibo respectivo y comunique su determinación. Ahora, a fin de evitar dilaciones procesales y con el fin de optimizar el uso de los recursos materiales, por tanto, se actuará únicamente en el presente, siendo innecesario formar un cuaderno de antecedentes. Lo que se hace constar para los efectos legales conducentes. No pasa inadvertido para el suscrito que la demanda de amparo, fue presentada por Alfredo Aparicio Ramos quien se ostenta con el carácter de apoderado legal de Edgar Fernández Ramírez, quien pretende acreditar la representación del quejoso mediante un escrito privado que contiene una carta poder. SIN EMBARGO, SERÁ EN SU CASO EL ÓRGANO COMPETENTE QUIEN DETERMINE LO QUE CONFORME A DERECHO CORRESPONDA RESPECTO LA PERSONALIDAD QUE REFIERE. Con independencia de lo anterior, del cuerpo de la demanda de amparo a que este expediente corresponde, se advierte que los actos por los cuales la parte quejosa solicita protección de la justicia federal, son con motivo de la emergencia sanitaria generada por el por el virus SARS-Co2 (COVID -19), y esencialmente pide su suspensión para el siguiente aspecto: Se le permita dejar de asistir a su centro de trabajo y se determine su resguardo domiciliario en virtud de que se encuentra en un grupo vulnerable de salud, por tener un diagnóstico de Hipertiroidismo, y sin que se afecten sus derechos laborales, respetándole al quejoso su puesto de Camillero. No se le de baja en el puesto que desempeña por motivos de discriminación, contagio o propagación por terceros de la pandemia del Covid-19. Efectos que, indudablemente, se encuentran encaminados a preservar su derecho a la salud e incluso su vida propia, pues es un hecho conocido y cierto que a la fecha han fallecido muchas personas a causa del contagio originado por el virus SARS-Co2 (COVID -19). En esa medida, es obligación de este órgano de amparo, decretar las medidas necesarias para preservar el estado de salud de la parte justiciable, tal como lo dispone el artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que, en lo que a aquí importa, establece: "Artículo 4+. +Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución." De las transcripción que antecede se colige que el derecho a la salud se traduce en la obligación del Estado de establecer los mecanismos necesarios para que todas las personas tengan acceso a los servicios de salud, a través de la implementación de acciones dirigidas a proteger, promover y restaurar la salud del individuo y de la sociedad en general, lo que implica información, prevención, atención, control de enfermedades y otorgamiento de medicamentos y otros insumos esenciales requeridos para el diagnóstico y tratamiento de los padecimientos, cuya existencia y disponibilidad debe estar garantizada. Así, en el texto constitucional reproducido en párrafos anteriores, por una parte se reconoce el derecho fundamental del que gozan todos los gobernados a tener servicios de salud, los cuales deben ser proporcionados por el Estado a través de instituciones públicas que se establezcan para tal efecto. Asimismo, el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, dispone lo siguiente: "Artículo 12 1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental. 2. Entre las medidas que deberán adoptar los Estados Partes en el Pacto a fin de asegurar la plena efectividad de este derecho, figurarán las necesarias para: a) La reducción de la mortinatalidad y de la mortalidad infantil, y el sano desarrollo de los niños; b) El mejoramiento en todos sus aspectos de la higiene del trabajo y del medio ambiente; c) La prevención y el tratamiento de las enfermedades epidémicas, endémicas, profesionales y de otra índole, y la lucha contra ellas; d) La creación de condiciones que aseguren a todos asistencia médica y servicios médicos en caso de enfermedad." Igualmente, el artículo 10 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, "Protocolo de San Salvador", establece: "Artículo 10 Derecho a la salud 1. Toda persona tiene derecho a la salud, entendida como el disfrute del más alto nivel de bienestar físico, mental y social. Con el fin de hacer efectivo el derecho a la salud los Estados Partes se comprometen a reconocer la salud como un bien público y particularmente a adoptar las siguientes medidas para garantizar este derecho: a. La atención primaria de la salud, entendiendo como tal la asistencia sanitaria esencial puesta al alcance de todos los individuos y familiares de la comunidad; b. La extensión de los beneficios de los servicios de salud a todos los individuos sujetos a la jurisdicción del Estado; c. La total inmunización contra las principales enfermedades infecciosas; d. La prevención y tratamiento de las enfermedades endémicas, profesionales y de otra índole; e. La educación de la población sobre la prevención y tratamiento de los problemas de salud, y f. La satisfacción de las necesidades de salud de los grupos de más alto riesgo y que por sus condiciones de pobreza sean más vulnerables." Instrumentos internacionales, que al igual que nuestra Carta Magna, reconocen el derecho que tiene toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, así como la obligación del Estado en establecer las medidas necesarias para lograrlo. Sobre ese tópico, y principalmente, por el acontecimiento inesperado que se vive en esta Ciudad de México, en los Estados de la República mexicana y en gran parte del mundo, provocado por la propagación y contagio del virus SARS-Co2 (COVID -19), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el diez de abril de dos mil veinte, emitió la resolución No. 1/2020, en la que estableció que las medidas adoptadas por los Estados miembros en relación con esa pandemia debe tener como centro el pleno respeto de los derechos humanos, como lo son, principalmente, la vida, la salud y la integridad personal de la sociedad en general, en la que, evidentemente, se incluyen los grupos en situación de especial vulnerabilidad (diabéticos, hipertensos, enfermedades crónicas, obesidad, edad adulta, infantes, etc). Destacando que la salud es un bien público que debe ser protegido por todos los Estados y que ese derecho incluye la atención de salud oportuna y apropiada, así como los elementos esenciales e interrelacionados de disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad de los servicios, bienes e instalaciones de salud, incluyendo los medicamentos y los beneficios del progreso científico en esta área, en condiciones de igualdad y no discriminación. Por tal motivo, realizó algunas recomendaciones, en las que, para efectos de este asunto, destaca lo siguiente: Adoptar de forma inmediata, urgente y con la debida diligencia, todas las medidas que sean adecuadas para proteger los derechos a la vida, salud e integridad personal de las personas. Tales medidas deben estar enfocadas de manera prioritaria a prevenir los contagios y brindar un tratamiento médico adecuado a las personas que lo requieran. Sentado lo anterior, resulta evidente la obligación de este juzgado de Distrito en decretar las medidas necesarias para proteger los derechos de salud, vida e integridad de los que goza la parte justiciable. Sirve de apoyo a la anterior consideración la tesis emitida por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su, Tomo XXXIV, Agosto de 2011, página 31 de rubro y texto: "DERECHO A LA SALUD. SU NATURALEZA NORMATIVA. Nuestro país atraviesa una etapa de intensa transformación en la manera de identificar la sustancia normativa de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y sus consecuencias para la mecánica del funcionamiento del juicio de amparo. Una de las manifestaciones específicas de este fenómeno es la alteración de la comprensión, hasta ahora tradicional, de derechos como el relativo a la salud o a la educación. Esto es, a pesar de su consagración textual en la Carta Magna, estos derechos han sido tradicionalmente entendidos como meras declaraciones de intenciones, sin mucho poder vinculante real sobre la acción de ciudadanos y poderes públicos. Se ha entendido que su efectiva consecución estaba subordinada a actuaciones legislativas y administraciones específicas, en cuya ausencia los Jueces Constitucionales no podían hacer mucho. Ahora, en cambio, se parte de la premisa de que, aunque en un Estado constitucional democrático el legislador ordinario y las autoridades gubernamentales y administrativas tienen un margen muy amplio para plasmar su visión de la Constitución y, en particular, para desplegar en una dirección u otra las políticas públicas y regulaciones que deben dar cuerpo a la garantía efectiva de los derechos, el Juez Constitucional puede contrastar su labor con los estándares contenidos en la propia Ley Suprema y en los tratados de derechos humanos que forman parte de la normativa y vinculan a todas las autoridades estatales." Asimismo, resulta aplicable al caso, la tesis aislada 1.LXV/2008, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 457, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro y texto siguientes: "DERECHO A LA SALUD. SU REGULACIÓN EN EL ARTÍCULO 4o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y SU COMPLEMENTARIEDAD CON LOS TRATADOS INTERNACIONALES EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS. Este Alto Tribunal ha señalado que el derecho a la protección de la salud previsto en el citado precepto constitucional tiene, entre otras finalidades, la de garantizar el disfrute de servicios de salud y de asistencia social que satisfagan las necesidades de la población, y que por servicios de salud se entienden las acciones dirigidas a proteger, promover y restaurar la salud de la persona y de la colectividad. Así, lo anterior es compatible con varios instrumentos internacionales de derechos humanos, entre los que destacan el apartado 1 del artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que señala que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que alude al derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, y refiere que los Estados deben adoptar medidas para asegurar la plena efectividad de este derecho; y el artículo 10 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales "Protocolo de San Salvador", según el cual toda persona tiene derecho a la salud, entendida como el disfrute del más alto nivel de bienestar físico, mental y social. En ese sentido y en congruencia con lo establecido por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, el derecho a la salud debe entenderse como una garantía fundamental e indispensable para el ejercicio de los demás derechos humanos y no sólo como el derecho a estar sano. Así, el derecho a la salud entraña libertades y derechos, entre las primeras, la relativa a controlar la salud y el cuerpo, con inclusión de la libertad sexual y genésica, y el derecho a no padecer injerencias, torturas, tratamientos o experimentos médicos no consensuales; y entre los derechos, el relativo a un sistema de protección de la salud que brinde a las personas oportunidades iguales para disfrutar del más alto nivel posible de salud. Asimismo, la protección del derecho a la salud incluye, entre otras, las obligaciones de adoptar leyes u otras medidas para velar por el acceso igual a la atención de la salud y los servicios relacionados con ella; vigilar que la privatización del sector de la salud no represente una amenaza para la disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad de los servicios; controlar la comercialización de equipo médico y medicamentos por terceros, y asegurar que los facultativos y otros profesionales de la salud reúnan las condiciones necesarias de educación y experiencia; de ahí que el derecho a la salud debe entenderse como un derecho al disfrute de toda una gama de facilidades, bienes, servicios y condiciones necesarios para alcanzar el más alto nivel posible de salud". En esa medida, de la narrativa expuesta en el escrito inicial de demanda, se advierte que el ocursante manifestó bajo protesta de decir verdad que labora para las aquí responsables, y no obstante el padecimiento que refiere, la obligan a seguir laborando. En consecuencia, con fundamento en el artículo 126 de la Ley de Amparo, se CONCEDE la suspensión de plano a Edgar Fernández Ramírez, para que: a) Se le permita dejar de asistir a su centro de trabajo, en virtud de los padecimientos que refiere y que lo colocan en un grupo vulnerable de contagio del virus COVID-19, y por tanto, si las autoridades responsables, lo determinan, se le permita realizar sus labores a distancia. b) Se considere a la parte quejosa en una situacio´n especial por las manifestaciones precisadas en el punto que antecede. c) Que no se afecten sus derechos laborales, particularmente su sueldo i´ntegro, prestaciones y no sea despedido. Pues de razonar en sentido contrario, se causarían daños de difícil o imposible reparación a la salud de la parte quejosa; además, se pondría en peligro su vida, e incluso la de sus familiares; de ahí que deben tomarse todas las medidas pertinentes. En la inteligencia de que la medida cautelar que ahora se otorga, no suspende cualquier otro acto diverso que no sea materia de la demanda de amparo, y estará vigente hasta en tanto el juzgado declinado determine, en uso de su competencia legal, lo correspondiente en relación con la suspensión de plano que este juzgado otorgó en los términos antes precisados. 1. No se obligue a Edgar Fernández Ramírez a acudir a su centro de trabajo para efecto de cubrir su jornada laboral, por padecer Hipertiroidismo y así evitar se contagie de la enfermedad coronavirus (COVID-19). 2. No se ejerza ninguna clase de amonestación, represalia y/o sanción en materia laboral, incluyendo el descuento a su salario por ausencia, bajo cualquier esquema de contratación. Sin que sea óbice a lo anterior, que haya acompañado para acreditar su dicho, el certificado médico expedido por una institución privada. Dejando expedito el derecho de las autoridades responsables o en su defecto, de los superiores jerárquicos del quejoso, para que en caso de considerarlo necesario, ya sea para integrar debidamente el expediente del quejoso o bien, corroborar lo afirmado por el impetrante, soliciten que un especialista realice el diagnostico correspondiente en relación con la condición médica que refiere, debiendo cuidar la debida sanidad y protocolos para garantizar su salud, respecto del virus SARS-Co2 (COVID -19), a efecto de no mermar la salud del quejoso, en relación de la condición médica que refiere padecer. De igual manera, la medida cautelar queda condicionada a su cumplimiento, siempre y cuando las cosas sean tal y como las manifestó bajo protesta de decir verdad el quejoso, por lo que se hace de su conocimiento que la afirmación de hechos falsos en la demanda y anexos, así como en los ocursos presentados, pudiera hacerlo incurrir en responsabilidad, en términos de lo dispuesto por el artículo 261, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por lo anterior, se le apercibe en términos de lo dispuesto por el artículo 261, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual dispone: "ARTÍCULO 261.- Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días: I.- Al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 192 así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; y" Pues de razonar en sentido contrario, se causarían daños de difícil o imposible reparación a la salud de la parte quejosa; además, se pondría en peligro su vida, de ahí que deben tomarse todas las medidas pertinentes para evitarlo. En la inteligencia de que la medida cautelar que ahora se otorga, no suspende cualquier otro acto diverso que no sea materia de la demanda de amparo, y estará vigente hasta en tanto el juzgado competente determine, lo correspondiente en relación con la suspensión de plano que este juzgado otorgó en los términos antes precisados. Luego, atendiendo a la naturaleza del acto reclamado en la presente instancia constitucional, a la urgencia de la medida cautelar concedida, únicamente por los efectos que anteriormente quedaron enumerados, y a los principios de prontitud y expeditez en la impartición de justicia a que se encuentra obligado este juzgado de Distrito, por mandato expreso del artículo 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, se comisiona a los actuarios de la adscripción para que notifiquen mediante oficio a las autoridades responsables la suspensión de plano decretada en el presente acuerdo, a fin de que se dé cumplimiento a los efectos por los que se concede la medida cautelar solicitada, por sí, o bien, girando las instrucciones necesarias a las autoridades respectivas que, por sus funciones específicas, sean competentes para esa finalidad, pues debe recordarse que al cumplimiento de la medida cautelar otorgada se encuentran constreñidas todas las autoridades, aunque no tengan la calidad de responsables. En este punto, se hace del conocimiento de las autoridades señaladas como responsables que de conformidad con el referido artículo 28, fracción I, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, están obligadas a recibir los oficios que con motivo de este juicio se les dirijan, por lo que en caso de negarse a recibirlos, siempre y cuando no exista duda y resulte evidente su existencia, se tendrá por hecha la notificación y serán responsables de la falta de cumplimiento del acuerdo o resolución que los propios oficios contengan. Debiendo acreditar con las constancias fehacientes dentro del término de VEINTICUATRO HORAS, contado a partir de la siguiente a la en que queden legamente notificadas del presente proveído, en el ámbito de sus atribuciones, las actuaciones que realizan a fin de dar cumplimiento a la suspensión de plano decretada en el presente asunto. Apercibidas que en caso de ser omisas en desahogar el requerimiento que se les formula, este órgano jurisdiccional estará en aptitud de proceder en términos de lo previsto en el título quinto de la Ley de Amparo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 158, del propio ordenamiento citado. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones la VÍA ELECTRÓNICA; y de conformidad con lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo, se tienen por autorizados únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos a las personas que menciona, sin perjuicio de que en el momento que promueva alguno de los señalados por la parte quejosa en términos amplios, se le reconozca dicho carácter en el acuerdo que recaiga, siempre y cuando cumpla con los requisitos del precepto legal citado; lo que se hace constar para los efectos a que haya lugar. Asimismo y tomando en consideración la certificación secretarial de cuenta, se autoriza al usuario "AlfredoAR", la consulta vía electrónica del juicio de amparo en que se actúa en línea, a través del portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. En ese sentido, hágase del conocimiento de la parte quejosa que en el Portal de referencia se ha abierto recientemente una pestaña con el nombre de "Fallas Técnicas", donde, en caso de suscitarse algún problema técnico, podrá ingresar para que le sea proporcionada la ayuda correspondiente por parte del Escritorio de Soporte del Consejo de la Judicatura Federal, o bien podrá comunicarse al número 01800-83-69-52-5, donde serán atendidos sus reportes. En tal virtud, se instruye a la Analista Jurídica encargada del "Sistema Integral del Seguimiento de Expedientes (SISE 2.0)", a fin de que realice el registro y trámites necesarios para tal efecto. En el entendido de que las autorizaciones a que se refieren los párrafos que anteceden no se hacen extensivas sobre documentos que sean clasificados como reservados o confidenciales. Además, de conformidad con la circular número "12/2009", del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de fecha dieciocho de marzo de dos mil nueve, y con lo dispuesto en los artículos 278 y 279, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, las partes previa autorización del juzgado, pueden obtener copia de cualquier constancia o documento que obre en autos, por conducto de sus autorizados, o bien, de sus delegados, en ese sentido, por economía procesal, se les autoriza el uso de medios electrónicos, para obtener una reproducción de las constancias que integran el presente asunto, dejando para tal efecto la razón correspondiente y firma de conformidad respectiva. Dicha autorización estará vigente hasta en tanto se ordene el archivo del presente asunto y no se hace extensiva sobre documentos que sean clasificados como reservados o confidenciales. En el entendido de que dicha reproducción mientras se encuentre vigente el ACUERDO GENERAL 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el VIRUS COVID-19, deberá realizarse en términos de lo que disponen los artículos 3 y 6. Se autoriza a los secretarios adscritos a este Juzgado a firmar los oficios derivados del presente asunto. Luego, a efecto de proteger la integridad de los actuarios que se encuentran adscritos a este juzgado, los que incluso, son comisionados para realizar las diligencias de carácter urgente, se determina que cuando se trate de un caso que, por sus características, implique un peligro de contagio por el virus SARS-Co2 (COVID -19), en las notificaciones que aquellos efectúen no se estampe la firma respectiva por la persona a notificar, y solamente se haga constar cómo se cercioró de que es la persona indicada. Ahora, tomando en consideración que la demanda de amparo fue recibida dentro de la guardia para recibir demanda en casos urgentes, en su oportunidad, infórmese a la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, de la recepción de dicha demanda, a efecto de que proceda a la elaboración de la papeleta y registro correspondiente. A efecto de no retardar el procedimiento, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, en caso de ser necesario, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todas las notificaciones personales que se ordenen en este asunto. Finalmente, en términos de lo que disponen los artículos 22 y 29, del ACUERDO GENERAL 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el VIRUS COVID-19, se sugiere a las partes que, de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea; esto es, las partes, sus representantes o sus autorizados con facultades expresas para hacerlo, realicen las actuaciones desde el Portal de Servicios en Línea, mediante la utilización de una firma electrónica vigente, ya sea FIREL,++u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal, proporcionen el "Nombre de Usuario" que deberá registrar ante el Portal de Servicios en Línea y solicitar la autorización para la consulta del expediente electrónico, manifestar si es su deseo que las notificaciones se le realicen por vía electrónica a través del usuario que proporcione para la consulta del expediente electrónico. NOTIFÍQUESE; Y DE MANERA ELECTRÓNICA A LA PARTE QUEJOSA.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México · 13,852 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano