Edgar Hernadez Ramiro
Expediente 1164/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 14 actuaciones registradas, la última del 13 de marzo de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1164/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 13/03/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Edgar Hernadez Ramiro
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, trece de marzo de dos mil diecinueve. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se desprende que ha transcurrido el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo para la interposición del recurso de revisión en contra de la sentencia dictada el dieciocho de febrero de dos mil diecinueve (fojas 139 a 165), misma que negó el amparo y protección de la Justicia Federal, sin que las partes lo hayan hecho valer; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia de mérito ha causado ejecutoria para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. En consecuencia, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, se establece que el presente asunto en el que se negó el amparo y protección de la Justicia Federal, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción II del artículo vigésimo primero del ordenamiento en cita, sin que sea necesario requerir a las partes la devolución de documentos originales al no obrar en autos. En cuanto al original del incidente de suspensión, en virtud de que se negó la medida cautelar solicitada, con fundamento en la fracción III del aludido artículo vigésimo primero del citado Acuerdo, se decreta que es susceptible de destrucción, en el término señalado en el párrafo que antecede, esto es, después de transcurridos cinco años, debiendo conservar aquéllas actuaciones en las que se concedió la medida. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en la fracción III del artículo vigésimo del referido Acuerdo es susceptible de destrucción transcurridos seis meses a partir de esta fecha, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en el duplicado. Se ordenan fijar las anotaciones correspondientes en las carátulas de dichos expedientes, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo en el punto Décimo Primero del Acuerdo en Comento (1/2009). En otro sentido, ya que resulta innecesario conservar las pruebas documentales que remitió el Juez de Oralidad Penal y de Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Oriente, con sede en Teziutlán, Puebla, en apoyo a su informe justificado consistente en copia autorizada de diversas constancias que obran en la causa penal 1132/2016/TEZIUTLAN de su estadística, con la que se formó el anexo I en el presente juicio de amparo, así como dos discos versátiles digitales (DVD´S), mismos que obran en sobres cerrados agregados al presente expediente a fojas treinta y uno y ciento treinta y seis; se ordena devolver dichos documentos a la autoridad citada; y requiérasele para que en el improrrogable término de veinticuatro horas, contado a partir de la notificación del presente proveído, se sirva acusar de recibo. Se apercibe a la citada autoridad responsable que para el caso de no cumplir el presente requerimiento, se le impondrá una multa de cincuenta veces, calculada al valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), vigente al momento de la emisión de este proveído, de conformidad con los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo. Finalmente, toda vez que el quejoso Edgar Hernández Ramiro, se encuentra recluido en el Centro de Reinserción Social de Teziutlán, Puebla, de acuerdo con lo establecido en el artículo 27, fracción II de la Ley de Amparo, así como en los diversos numerales 298 y 299, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, se ordena girar atento despacho al Juez de lo Penal de Teziutlán, Puebla, para que en auxilio de las labores de este Juzgado, instruya al Diligenciario o Diligenciaria de su adscripción, a efecto de que notifique al quejoso del presente acuerdo, para lo cual deberá ceñirse a las formalidades establecidas en el artículo 27, fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo, esto es, única y exclusivamente, deberá realizar los actos siguientes: a) Se constituya en las instalaciones del Centro de Reinserción Social de Acatlán de Osorio, Puebla; b) Busque, por conducto del personal de custodia correspondiente, al aquí quejoso Edgar Hernández Ramiro, y se cerciore de su identidad; c) Le haga saber el órgano jurisdiccional que ordena su notificación -Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla-, así como el número de expediente -juicio de amparo 1164/2018-B; d) Notifique al quejoso el presente auto; y, e) Asiente razón en el sentido de si el quejoso quiso o no recibir la notificación, así como si fue su deseo o no firmar para constancia; sin que se encuentre facultada la persona encargada de realizar la diligencia para asentar manifestaciones que no se encuentren relacionadas con la notificación. Así mismo, las notificaciones que se encomienda deberán practicarse en términos de lo dispuesto en el artículo 27 fracción I, de la Ley de Amparo. En ese orden, dígase al juez auxiliante que deberá remitir dentro del término de cuarenta y ocho horas a partir de su notificación, copia certificada de las constancias que acrediten que se practicó la diligencia de mérito. Apercibido que de no hacerlo se le impondrá una multa de cincuenta veces, calculada al valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), vigente al momento de la emisión de este proveído, de conformidad con los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo. Así mismo, se solicita atentamente al Juez que ordene al Diligenciario que corresponda realice la diligencia en los términos solicitados, a efecto de no retrasar el trámite del juicio de amparo en contravención de lo establecido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Queda a cargo del secretario encargado de este asunto, cerciorarse de que la comunicación de mérito sea remitida con las constancias necesarias para su diligenciación.
- Principal
PRIMERO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Edgar Hernández Ramiro en el juicio de amparo indirecto 1164/2018-B, contra los actos reclamados al 1. Juez de Oralidad Penal y de Ejecución de la Región Judicial Oriente, con residencia en Teziutlán, Puebla y, 2. Director del Centro de Reinserción Social de Teziutlán, Puebla, en términos del considerando séptimo de esta sentencia. SEGUNDO. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el considerando último de este fallo.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, ocho de febrero de dos mil diecinueve. Intégrese a sus autos únicamente para que obre como corresponda el oficio signado por el Juez de Control de la Región Judicial Oriente, con sede en Teziutlán, Puebla, pues en proveído de siete de febrero de esta anualidad, se tuvo por recibido el mismo vía correo electrónico; asimismo, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, téngase a la autoridad responsable antes referida ofreciendo como prueba la documental que anexa a su oficio de cuenta (disco versátil digital que contiene la audiencia de uno de febrero de dos mil diecinueve, celebrara en autos de la causa penal 1132/23016/TEZIUTLÁN, sin perjuicio de relacionarla nuevamente en el momento procesal oportuno; esto es, en la celebración de la audiencia constitucional. En ese sentido, por cuanto hace a la prueba antes referida consistente en el disco versátil digital que acompaña en el oficio de cuenta la autoridad responsable, no ha lugar a señalar fecha para que sea reproducido en audiencia pública, pues dicha probanza se desahoga por sí misma, al tener el carácter de prueba documental. Se cita por su aplicabilidad, la jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y contenido se citan a continuación: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." Guárdese en un sobre cerrado el disco versátil digital que acompaña, mismo que se glosa al expediente, para los efectos legales a que haya lugar.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, siete de febrero de dos mil diecinueve. Intégrese a sus autos el oficio signado por el Juez de Control de la Región Judicial Oriente, con sede en Teziutlán, Puebla, con el que hace del conocimiento de este órgano de control constitucional que en los autos de la causa penal 1132/2016/TEZUITLÁN, instruida en contra del quejoso Edgar Hernández Ramiro, por el delito de violación equiparada, cometido en agravio de la víctima identificada con las iniciales E.C.V., en audiencia de uno de febrero de esta anualidad, emitió auto de apertura a juicio oral, para los efectos legales procedentes.
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