Edgar Guzmán Sánchez
Expediente 659/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 4 actuaciones registradas, la última del 30 de agosto de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 659/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 30/08/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Edgar Guzmán Sánchez
- Axel García Bonilla
- Bernardo Mendoza Cuervo
- Diego Isaac Hernández González
Actuaciones
- Principal
Agréguese a los autos el oficio de cuenta, signado por la Actuaria Judicial adscrita al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Segundo Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante el cual remite testimonio de la resolución emitida en sesión de dieciséis de agosto de dos mil veintitrés, en el recurso de queja ****, en la que declaró infundado el recurso de queja interpuesto por el promovente *****, contra el auto de nueve de junio dos mil veintitrés, en el cual se desechó la demanda de amparo. ACÚSESE RECIBO, háganse las anotaciones respectivas en el libro electrónico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. ARCHIVO En virtud de lo anterior, con apoyo en el artículo 214 de la ley de la materia, aplicado contrario sensu, SE ORDENA EL ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como totalmente concluido; hágase la captura correspondiente en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). DESTINO LEGAL En consecuencia, toda vez que el presente asunto no se considera de relevancia documental, en acatamiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se procede a determinar su destino legal. En el artículo 20, fracción IV, del mencionado acuerdo general se prevé que son susceptibles de destrucción en un plazo de tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, los expedientes en los que se haya desechado, declaren improcedentes, o declaren sin materia o infundado. Hipótesis en la que se ubica el presente expediente, toda vez que en el referido auto se desechó la demanda de amparo propuesta; por tanto, una vez que transcurran tres años de concluido, es susceptible de destrucción, previa acta de baja documental y listado de los expedientes a destruir que deberá elaborarse para constancia, misma que se remitirá en forma impresa y/o electrónica a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, de conformidad con el artículo 22 del invocado acuerdo general. Finalmente, no es el caso ordenar notificación personal a la parte promovente para que acuda a este órgano jurisdiccional dentro del plazo de noventa días naturales a efecto de recuperar algún documento original que hubiere exhibido en el presente expediente, como lo dispone el artículo 20, segundo párrafo, del citado acuerdo general, atento a que, según se observa de la certificación que antecede, no exhibió documento original alguno.
- Principal
Agréguese a los autos el oficio de cuenta, signado por la Actuaria Judicial adscrita al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Decimosegundo Circuito, con residencia en esta ciudad, en el que aparece inserto el proveído de veintinueve de junio del año en curso, dictado en la queja 129/2023, a través del cual el Magistrado Presidente de dicho Tribunal Colegiado admitió el recurso hecho valer por la parte quejosa, en contra del acuerdo de nueve de junio de dos mil veintitrés, dictado en el juicio de amparo 659/2023-I-C.
- Principal
DEVUELVE EXHORTO Agréguese a los autos el oficio remitido por el Secretario del Juzgado Decimotercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, enviado por el Módulo del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, mismo que contiene anexa la firma criptográfica, mediante el cual devuelve debidamente diligenciado el exhorto 236/2023-I, número de orden 271/2023, que le fue enviado por este Juzgado a efecto de notificar a la parte quejosa el proveído de nueve de junio del año en curso. Sin que sea necesario remitir acuse de recibo, toda vez que el mismo se generó a través del sistema que fue enviado; asimismo, dese de baja la comunicación oficial en cita en el libro de control electrónico correspondiente del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). INTERPONE QUEJA Ahora, de las constancias que obran en el exhorto antes citado, se advierte que en notificación de catorce de junio del año en curso, el promovente ********************, expuso lo siguiente: "Como representante común interpongo queja." Atento a lo anterior, con fundamento en los numerales 97, fracción I, inciso a) y 101, ambos de la Ley de Amparo, se tiene por interpuesto dicho medio de impugnación. En consecuencia, mediante oficio que derive del presente proveído, agréguese al mismo, copia certificada de las constancias necesarias para resolver el citado recurso, ríndase el informe justificado a la superioridad, manifestando que es cierto el acto impugnado por la parte quejosa, toda vez que este órgano jurisdiccional, el nueve de junio de dos mil veintitrés, emitió el acuerdo que se combate, por el cual se desechó la demanda de amparo. Ahora, intégrese debidamente el expediente electrónico; asimismo, se instruye al Encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) de este Juzgado, a fin de que realice las gestiones correspondientes en dicho sistema, con el propósito de que el expediente electrónico del presente juicio de amparo, sea vinculado en el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Decimosegundo Circuito en turno, con residencia en esta ciudad, para su debida integración a las actuaciones de su expediente de queja.
- Principal
FORMACIÓN DEL EXPEDIENTE Vista la demanda de amparo promovida por ****************************, por su propio derecho, a través de la cual solicita el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos del Director de la Penitenciaria de la Ciudad de México y otras autoridades. Fórmese el expediente 659/2023-I, tanto impreso como electrónico, de conformidad con el artículo 3o. de la Ley de Amparo, en relación con el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo. Asimismo, anótese su ingreso en el libro de control electrónico correspondiente del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). ESTE JUZGADO DE DISTRITO NO TIENE CARÁCTER DE AUTORIDAD RESPONSABLE. En este sentido, es importante tener en cuenta, el criterio sostenido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el conflicto competencial 11/2019, del que derivó la tesis aislada 1a. LXXIX/2019 (10a.), aplicado por analogía, en el cual se estimó insuficiente para declinar competencia el hecho de que el órgano jurisdiccional que conoce de una demanda de amparo por razón de turno sea señalado como autoridad responsable, pues sólo puede hacerlo si existe disidencia entre los órganos judiciales por razón de materia, territorio o grado; motivo por el cual, el solo señalamiento como autoridad responsable, no puede ser un aspecto que determine la competencia legal del órgano jurisdiccional. Lo anterior, porque en todo caso, debe analizar la demanda y verificar si realmente intervino en el acto, ya que de no ser así se permitiría a los particulares decidir cuál es el órgano competente para conocer del juicio de amparo indirecto. Sirve de apoyo la tesis XIX.2o.P.T.1 K (11a.) del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Hechos: Una persona promovió juicio de amparo indirecto contra la reubicación de dormitorio en el centro penitenciario en donde se encuentra interna, el cual fue turnado a un Juzgado de Distrito mixto, cuyo titular declinó la competencia por haber sido señalado como autoridad responsable; mientras que el juzgado contendiente no la aceptó, al estimar que fue nombrado como autoridad responsable en diversos juicios de amparo promovidos por el mismo quejoso, contra los mismos actos y respecto de las mismas autoridades responsables. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que cuando un Juez de Distrito conoce de un juicio de amparo, por razón de turno, en el que se le señala como autoridad responsable, no se actualiza el conflicto competencial si no hay disidencia en relación con un aspecto de jurisdicción objetiva por razón de materia, territorio o grado; por ende, al proveer sobre la demanda, debe realizar un análisis integral de ésta y de sus constancias y si advierte que no intervino en la emisión del acto reclamado, debe admitir la demanda; pero si de esa revisión existen dudas del por qué se le señala como autoridad responsable, deberá prevenir al quejoso para que precise cuál es el acto que le reclama y si, en su caso, observa un motivo por el cual no pueda conocer de la demanda, procede plantear un impedimento para conocer del juicio. Justificación: Lo anterior, conforme al criterio sostenido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el conflicto competencial 11/2019, del que derivó la tesis aislada 1a. LXXIX/2019 (10a.), aplicado por analogía, en el que se dispuso que es insuficiente para declinar competencia el hecho de que el órgano jurisdiccional que conoce de una demanda de amparo por razón de turno sea señalado como autoridad responsable, pues sólo puede hacerlo si existe disidencia entre los órganos judiciales por razón de materia, territorio o grado; de ahí que si en el caso la negativa del Juez de Distrito que previno radicó en la existencia de un motivo de impedimento para conocer de la demanda al ser señalado como autoridad responsable, ello no puede ser un aspecto que determine la competencia legal del órgano jurisdiccional pues, en todo caso, debe analizar la demanda y verificar si realmente intervino en el acto, ya que de no ser así se permitiría a los particulares decidir cuál es el órgano competente para conocer del juicio de amparo indirecto." En el caso, de la demanda de amparo se advierte que los quejosos, en lo que interesa, señalan como actos reclamados: Violación al principio Pro Persona. 18) Inaplicación de criterios internacionales." Ahora, en el apartado de autoridades responsables señala: B) Los actos Reclamados con el número 17 y 18 se le reclama: -Jueces de Distrito de amparo de materia penal de la ciudad de México del primero al décimo sexta-Jueces de Distrito de amparo en materia administrativa y civil de la ciudad de México del primero al décimo séptimo. Jueces de Distrito de Aguascalientes, Colima, Chiapas, Campeche, Coahuila, Chihuahua, Durango, Estado de México, Guerrero, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Nayarit, Nuevo León, Morelos, Michoacán, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tamaulipas, Sinaloa, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán, Tabasco y Zacatecas." Lo anterior pone de manifiesto, si bien los solicitantes de amparo señalan como autoridades responsables a los Jueces de Distrito en el Estado de Sinaloa, entre los que se encuentra este Juzgado, lo cierto es que los únicos actos que les reclama son los identificados como 17) Violación al principio Pro Persona y 18) Inaplicación de criterios internacionales, los cuales, en principio, no se consideran como actos destacados, sino relacionados íntimamente con la ejecución de los restantes, aunado a que del análisis integral de la demanda no se advierte que este Juzgado realmente haya intervenido en la emisión o realización de aquellos, por lo que, en el caso, no hay impedimento para abordar el estudio de la demanda de amparo que se analiza. INSTANCIA DE PARTE Puntualizado lo anterior, si bien el escrito de demanda fue presentado mediante el Portal en Línea del Poder Judicial de la Federación, no se encuentra signado electrónicamente por los quejosos, es dable estimar, dadas las particularidades del caso, que sí se cumple con la intención de contar con su voluntad para suscribirlas. Esto, pues los quejosos *******************************************, refieren encontrarse privados de su libertad, lo cual los coloca en estado de vulnerabilidad, dada la restricción o prohibición del uso de medios informáticos por las autoridades penitenciarias. Luego, no es factible exigirle cuente con firma electrónica y la plasme en su demanda, máxime si, como en el caso, lo promueve por propio derecho; lo anterior, encuentra sustento en la tesis jurisprudencial I.9o.P. J/1 P (11a.), registro digital 2023288, de rubro y texto: Hechos: Durante la contingencia sanitaria por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19), un Juzgado de Distrito desechó de plano la demanda de amparo indirecto presentada mediante el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en razón de que en ésta no obraba la firma electrónica (FIREL) del quejoso privado de su libertad y, por tanto, no expresó su voluntad de darle trámite ni se aprecia la voluntad de instancia de parte. Sustentó lo anterior en la jurisprudencia P./J. 8/2019 (10a.), y agregó que no se actualizaba la excepción a que se refiere el artículo 15 de la Ley de Amparo o el diverso 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Inconforme con el desechamiento el quejoso interpuso recurso de queja. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que durante la contingencia sanitaria por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19) no es factible exigir al quejoso privado de su libertad que su escrito de demanda de amparo indirecto presentado vía electrónica esté signado con su firma electrónica certificada (FIREL), en atención al estado de vulnerabilidad en que se encuentra y a su nula posibilidad de tener acceso a una computadora y a Internet. Justificación: El artículo 3o. de la Ley de Amparo establece las formas en que el juicio de amparo debe promoverse, que resultan ser de forma oral y, optativamente, impresa o electrónicamente; si el quejoso decide hacerlo de la última manera, corresponde presentar su demanda mediante el empleo de las tecnologías de la información, utilizando la firma electrónica certificada (FIREL). Ahora bien, con motivo de la contingencia sanitaria por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19) y de conformidad con el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se estableció que en los órganos jurisdiccionales la presentación, entre otros documentos, de demandas, sería únicamente través del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación. No obstante, a una persona privada de su libertad, en atención al estado de vulnerabilidad en que se encuentra y, en su caso, a la restricción o prohibición del uso de medios informáticos por las autoridades penitenciarias, no es factible exigirle que cuente con su firma electrónica y la plasme en su demanda, máxime si promueve por propio derecho, ante su nula o casi nula posibilidad de tener acceso a una computadora y a Internet (herramientas indispensables para ingresar a dicho sistema), aunado a que ni siquiera puede estar capacitada para su uso o, en su caso, relacionada con los términos técnicos y jurídicos que el propio sistema establece, pues no puede perderse de vista que la tecnología en ese tema se actualiza día a día, lo que hace inalcanzable el acceso a la justicia en su perjuicio. En consecuencia, no puede desecharse su demanda de amparo, pues hacerlo genera la violación a su derecho de acceso a la tutela judicial, aunado a la observancia del principio pro persona, como base de la tutela de la dignidad humana, en consonancia con esa nueva tendencia proteccionista incorporada al régimen constitucional. No pasa inadvertida la tesis de jurisprudencia P./J. 8/2019 (10a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de título y subtítulo. sin embargo, la exigencia de que el escrito inicial presentado en el portal de servicios en línea debe contar con firma electrónica, es generada por la opción que se tiene de presentarlo por la vía electrónica o escrita, lo cual no se actualiza en la indicada contingencia sanitaria, principalmente por la situación del quejoso, al estar privado de la libertad sin acceso a los medios informáticos necesarios. DESECHAMIENTO. En ese panorama, es oportuno abordar lo relativo a la admisión o desechamiento de la demanda, para lo cual, se debe tener en cuenta, que en términos de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, al examinar el escrito de demanda de amparo, se debe analizar si existe o no un motivo manifiesto o indudable de improcedencia y, en tal supuesto, debe desecharse de plano la demanda. Al respecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis 2a. LXXI/2002, determinó que por manifiesto se entiende aquello que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, el término indudable, implica tener la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. Así, un indicador de que se está ante una causa manifiesta e indudable de improcedencia es que aun cuando se continuara con el trámite de la demanda de amparo, de ninguna manera pudiera desvanecerse el motivo de improcedencia. Bajo esas circunstancias, este juzgado advierte en el caso concreto, respecto de los actos reclamados identificados en la demanda de amparo, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, por no respetar los directos quejosos el principio de definitividad que rige en este juicio. Lo anterior, por los motivos siguientes. Respecto del principio de definitividad, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 317/2011, señaló implica el agotamiento previo del recurso ordinario procedente respecto de un determinado acto de autoridad, es decir, es la obligación que tiene el quejoso de agotar, antes de acudir a la instancia constitucional, el recurso ordinario procedente que pudiera tener efectos de revocar o modificar el acto reclamado. De igual manera, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo -para los efectos del juicio de amparo- un medio ordinario de defensa es aquel que se encuentra establecido dentro del procedimiento, regulado por la ley que rige el acto, que tenga por objetivo modificar, revocar o nulificar dicho acto. En resumen, para que opere el principio de definitividad, es necesario exista un recurso ordinario señalado en la ley mediante el cual se pueda modificar, revocar o nulificar el acto de autoridad. Ahora, dada la naturaleza de los actos reclamados, debe atenderse la reforma constitucional de los artículos 18 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de junio de dos mil ocho, que entró en vigor el diecinueve de junio de dos mil once, así como la diversa publicada el diez de junio de dos mil once del citado artículo 18 y 1°. Constitucional, pues de ellas se advierte se introdujo el modelo penitenciario de reinserción social y la judicialización del régimen de penas. Al examinar la primera de las citadas reformas, el Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 151/2011, del que luego derivó jurisprudencia P./J. 17/2012 (10a.) concluyó a partir de aquellas reformas, todas las cuestiones de trascendencia jurídica que puedan surgir durante la ejecución de la pena y los aspectos relacionados con los problemas cotidianos, deberían quedar bajo la supervisión de la autoridad judicial en materia penal (Jueces de Ejecución), tanto en el ámbito federal como local, velando siempre porque los derechos humanos se garanticen y efectivicen. Para complemento de lo anterior, el dieciséis de junio de dos mil dieciséis, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la Ley Nacional de Ejecución Penal que entró en vigor al día siguiente, cuya finalidad radica en implementar los mecanismos necesarios a través de los cuales, en cumplimiento de los derechos humanos, se resuelvan las controversias que surjan con motivo de la prisión preventiva, la ejecución de la sentencia penal o de la sujeción a medidas de seguridad. Luego, los actos suscitados en relación con las cuestiones de internamiento o de ejecución de sentencias de las personas privadas de su libertad, sean procesadas o sentenciadas, deben ceñirse a las disposiciones de la aludida Ley Nacional de Ejecución Penal. En el caso, los quejosos **********************************, internos de un centro de reinserción social (Penitenciaría de la Ciudad de México) acudieron al juicio de amparo indirecto para reclamar de las autoridades responsables lo siguiente: "Actos Reclamados bajo protesta de verdad. 1) Reubicación de Carlos Alberto Angelino Barrón del dormitorio 4 Zona 1 Estancia 11, a otro diverso que le genera afectaciones a su salud y dignidad, así como afectaciones psicofísicas y emocionales y tortura psicofísica y emocional con fines intimidatorios de tracto sucesivo y como forma de coacción y es un acto de represalia por su activismo social y de derechos humanos y LGBTTTIQ y por ser persona inscrita en el Renavi. 2) Ataques y actos de coacción contra ******************* por ser defensor y promotor de Derechos Humanos y LGBTTTIQ+ así como represalia y agresiones por custodios del segundo y tercer grupo y del director, subdirección jurídica, subdirección de apoyo técnico, subdirección de seguridad, jefatura de unidad departamental de centro de diagnóstico ubicación y determinación de tratamiento y de jurídica y normativa de la Penitenciaria de la ciudad de México y de custodio *********************, rondines del segundo grupo de seguridad y líder coordinador A y B del tercer grupo de seguridad de la Penitenciaria de la ciudad de México y con ello violan la convención de la Habana 1990. 3) Reubicación de ************************, del dormitorio 4 Zona 1 Estancia 11, a otro dormitorio diverso o área diversa que le genera tormento psicofísico y afectación psicoemocional de tracto sucesivo y coacción para desistir de amparos judiciales y de reubicarlo a área de población con contubernio del comité técnico así como la reubicación obligada que el jefe de unidad departamental del centro de diagnóstico ubicación y determinación de tratamiento de la Penitenciaría de la ciudad de México ******************** quiere hacer del quejoso al área de población ya que el quejoso NO HA SOLICITADO su reubicación a dicha área y en represalia por su activismo de derechos humanos y LGBTTTIQ y por su afinidad con Carlos Alberto Angelino Barrón al ser pareja sentimental de él. 4) Reubicación de *****************, del Dormitorio 4 Zona 1 Estancia 5, a otro diverso que pone en riesgo su vida y genera tormento psicofísico y afectación psicoemocional de tracto sucesivo y en represalia por su activismo de derechos humanos y LGBTTTIQ y afinidad y amistad con Carlos Alberto Angelino Barrón. 5) Reubicación de *********************, del Dormitorio 4 Zona 3 Estancia 8 a otro diverso que le genera tormento psicofísico y afectación psicoemocional de tracto sucesivo y en represalia por su activismo de derechos humanos y afinidad y amistad con Carlos Alberto Angelino Barrón. 6) Reubicación de ********************, del Dormitorio 4 Zona 3 Estancia 9, a otro diverso que genera tormento psicofísico y afectación psicoemocional de tracto sucesivo y en represalia por su activismo de derechos humanos. 7) Reubicación de ***********************, del Dormitorio 4 Zona 3 Estancia 12, a otro diverso que le genera tormento psicofísico y afectación psicoemocional de tracto sucesivo y en represalia por su activismo de derechos humanos. 8) Reubicación de ************************, del Dormitorio 4 Zona 3 Estancia 7 a otro diverso que le genera tormento psicofísico y afectación psicoemocional de tracto sucesivo y en represalia por su activismo de derechos humanos. 9) Actos de molestia, intimidación, extorsión y de coacción de custodios del segundo y tercer grupo de seguridad de la Penitenciaria. 10) ********************************************* reclaman la Restricción de reubicación al dormitorio cuatro ya que le genera afectaciones a su salud y dignidad personal así como lo pone en riesgo psicofísico y genera angustia ,así como afectaciones psicofísicas y psicoemocional de tracto sucesivo y es un acto de discriminación y represalia por su afinidad con Carlos Alberto Angelino Barrón y tener vínculos afectivos con este promotor de derechos humanos. 11) Violencia y agresiones psicoemocionales como medio de intimidación y de coacción por autoridades penitenciarias y en represalia por su activismo de derechos humanos y LGBTTTIQ. 12) Desacato de cumplir órdenes judiciales y las órdenes de suspensión dictadas por jueces y tribunales federales. 13) Traslados de los quejosos de la penitenciaria dé la ciudad de México a otro centro diverso dentro y fuera de la ciudad de México con fines intimidatorios y por represalias que ponen en riesgo su vida y dignidad, y les genera tormento psicofísico y afectación psicoemocional de tracto sucesivo y que por su activismo de derechos humanos es represalia de las autoridades penitenciarias. 14) Actos Prohibidos en el artículo 22 de la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos y 15 de la Ley de Amparo de tracto sucesivo. 15) Intimidación, castigos ilegales y agresiones como medios de represalia contra quejosos y en represalia por su activismo de derechos humanos y LGBTTTIQ. 16) Discriminación por ideología, preferencia y condiciones socioeconómicas. 17) Violación al principio Pro Persona. 18) Inaplicación de criterios internacionales. 19) Omisión de investigar actos constitutivos de delitos cometidos por servidores públicos contra los quejosos. 20) Omisión de suspender de sus funciones a los Servidores públicos bajo investigación ministerial, por la comisión de actos constitutivos de delitos. 21) Encubrimiento de actos constitutivos del Delito de tortura. 22) Restricción de comunicación, contacto y de convivencia entre quejosos como medio de Coacción, intimidación y represalias, atribuidas al comité técnico de esta penitenciaria. 23) La inconstitucionalidad del obsoleto reglamento de reclusorios 2006 y otros reglamentos no oficiales y usos y costumbres que usan las autoridades a su discrecionalidad y siempre en nuestro perjuicio, siendo que no está armonizada con los Derechos Humanos más fundamentales, y los tratados internacionales signados por México en ese sentido, colisionando además, con la Ley Nacional de ejecución de Sanciones Penales, que tampoco se respeta y en represalia por su activismo de derechos humanos y LGBTTTIQ. 24) intimidación y discriminación y coacción de parte de ********************************* contra los quejosos. 25) audiencias de comité técnico sin presencia de asesores jurídicos y contrarias a las establecidas por la ley nacional de ejecución ya que se sesionan en protocolo de consejo técnico y no como comité técnico (presencia de más de seis funcionarios) lo cual es ilegal conforme a la ley de ejecución de sanciones penales. 26) la negación de otorgar Kits de limpieza y aseo personal a los quejosos. 27) negación del servicio médico y dental. 28) discriminación y actos de molestia e intimidación del **************************** del tercer grupo de seguridad así como ************************************** del segundo grupo de seguridad de la Penitenciaria de la ciudad de México. 29) actos de molestia intimidación y represalia por parte de custodios y rondín del primer, segundo y tercer grupo de seguridad de la Penitenciaria de la ciudad de México y en represalia por su activismo de derechos humanos y LGBTTTIQ. 30) obligar a realizar fajina (trabajos forzados) a los quejosos por custodios de la Penitenciaría de la ciudad de México. 31) coacción de *************************** contra el quejoso ****************************************para coaccionarlo de desistir de los amparos con ello poniendo en riesgo inminente su vida integridad y dignidad sicofísica y socioemocional por motivos discriminatorios y de intimidación y en represalia por su activismo de derechos humanos y LGBTTTIQ. 32) coacción del comité técnico contra los quejosos para desistir de los amparos promovidos mediante escritos falsos dónde supuestamente se desisten de los recursos. 33) intimidación contra **************** por el Comité técnico y el jefe de unidad departamental de centro de diagnóstico ubicación y determinación de tratamiento de la Penitenciaría de la ciudad de México por su afinidad con **************** y en represalia por su activismo de derechos humanos y LGBTTTIQ y por ser pareja de él. 34) restricción de reubicar a ******************************, al dormitorio cuatro para proteger y salvaguardar su integridad personal y sicoemocional y en represalia por su activismo de derechos humanos y LGBTITIQ. 35) intimidación contra ****************************************** por el comité técnico y el jefe de unidad departamental de centro de diagnóstico ubicación y determinación de tratamiento de la Penitenciaria de la ciudad de México por su afinidad con ******************** así como reclaman la restricción de reubicarlos al dormitorio cuatro para proteger su integridad personal y sicoemocional por su afinidad con ******************************. 36) restricción de entrega de colchones a los quejosos así como ropa de lluvia y de invierno y de botas para lluvia. 37) negación de reparar el techo de la estancia once zona uno dormitorio cuatro. 38) actos de molestia de los médicos y personal de enfermería del servicio médico de la Penitenciaria de la Ciudad de México contra los quejosos cómo represalia por la certificación de estado sicofísico de los quejosos. 39) negación de inscribir a los quejosos cómo víctimas de tortura en el RENAVI. 40) actos de molestia y discriminación de los tres grupos de seguridad de la Penitenciaria de la Ciudad de México por su condición y activismo y por su afinidad con Carlos Alberto Angelino Barrón. 41) reubicación de los quejosos del dormitorio cuatro a los módulos siete, ocho o nueve de castigo o a las torres (edificios anexos) de la Penitenciaria de la ciudad de México y segregación en represalia y con fines de Intimidación y tortura sicofísica y socioemocional. 42) restricción de visita familiar los días sábados y martes en el módulo cuatro de la Penitenciaria. 43) sobreprecios de productos de canasta básica, insumos de limpieza e higiene y de alimentación. 44) alimentos proporcionados por la institución en mal estado y que no corresponden a los que se indican en el menú que se envía a la subsecretaria de sistema penitenciario y la jefatura de gobierno de la ciudad de México. 45) falta de agua potable de consumo humano accesible. 46) acoso de custodios del tercer y segundo grupo de seguridad de la Penitenciaria de la ciudad de México. 47) revisiones fuera de procedimiento y que conllevan a incautación y confiscación ilegal de bienes. 48) la restricción de recibir remuneración económica por la comisión laboral ejercida por los quejosos por parte de la institución penitenciaria. 49) Omisión de remunerar a los quejosos por la comisión laboral ejercida desde que están dados de alta en dicha comisión en la Penitenciaría. 50) maltrato y tortura sicofisico y emocional durante diligencias judiciales. 51) lesiones, tortura sicofísica y emocional así como actos de maltrato, denigración y humillación a ************************ por custodios de la Penitenciaria y del Diaamante *****************. Sin embargo, en los términos anotados, los quejosos no atendieron el principio de definitividad, necesario para la procedencia del juicio de amparo, pues respecto del acto reclamado consistente en el traslado debieron interponer la controversia judicial prevista en el artículo 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal y respecto de la reubicación de dormitorios, restricción de comunicación, contacto y de convivencia entre quejosos, atribuidas al Comité Técnico, realización de estudios y perfiles, audiencias del Comité Técnico de la Penitenciaria de la Ciudad de México, omisión de investigar actos constitutivos de delitos cometidos por servidores públicos contra los quejosos, de suspender de sus funciones a los servidores públicos bajo investigación ministerial, negación de servicio médico y dental, sobreprecios de productos de canasta básica, insumos de limpieza e higiene y de alimentación, alimentos proporcionados por la institución en mal estado y que no corresponden a los que se indican en el menú que envía a la subsecretaría de sistema penitenciario y la Jefatura de Gobierno de la ciudad de México, falta de agua potable de consumo humano accesible, así como los que identifica como acoso de custodios del tercer y segundo grupo de seguridad de la Penitenciaria de la ciudad de México; revisiones fuera de procedimiento y que conllevan a incautación y confiscación ilegal; restricción de recibir remuneración económica por la comisión laboral ejercida por los quejosos por parte de la institución penitenciaria; omisión de remunerar a los quejosos por la comisión laboral ejercida desde que están dados de alta en dicha comisión en la Penitenciaría, que como personas privadas de su libertad, debieron intentar el procedimiento administrativo de peticiones, seguido de ser necesario por la controversia ante el Juez de Ejecución, mediante el cual pueden hacer valer sus derechos atinentes a dichas condiciones por tratarse de las relativas a su internamiento, conforme los artículos 1, 2, 9, 30, 34, 74, 76 a 78, 107 a 115 y 130 a 135 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, e incluso, intentar contra lo resuelto en aquellas, los recursos ordinarios que prevé. TRASLADO En principio, respecto del traslado, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 448/2019, emitió la jurisprudencia 27/2021, en la cual estableció, la orden de traslado de un centro penitenciario a otro sin intervención judicial es un acto que se dicta dentro del procedimiento y por ende, no constituyen una violación directa a la Constitución. Por tanto, la Primera Sala en la jurisprudencia que se alude, concluyó que cuando una persona privada de la libertad -como en el caso los quejosos- busquen inconformarse con la orden de traslado de un centro penitenciario a otro, emitida sin autorización previa de la autoridad judicial, antes de la promoción del juicio de amparo, debe interponer la controversia judicial prevista en el artículo 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, para que sea el juez de control o de ejecución, quien resuelva la legalidad de ese posible traslado, a fin de respetar el principio de definitividad que rige en el amparo. Se cita la jurisprudencia 1a./J. 27/2021 (10a.) emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Registro digital 2023736, cuyo rubro y texto son: Un Tribunal Colegiado consideró que los traslados involuntarios de un centro penitenciario a otro en los que no interviene la autoridad judicial constituyen una violación directa a la Constitución, razón por la cual puede promoverse amparo indirecto sin agotar previamente el recurso ordinario. A diferencia de ese Tribunal Colegiado, uno diverso consideró que en contra de una posible orden de traslado emitida sin intervención judicial, procede un recurso ordinario previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal, por lo que debe agotarse dicho recurso antes de promover el amparo, de lo contrario este será improcedente por no cumplirse con el principio de definitividad. Criterio Jurídico: La orden de traslado de un centro penitenciario a otro que se emite sin intervención judicial es un acto que se dicta dentro del procedimiento; por lo tanto, antes de promover juicio de amparo indirecto en su contra, se debe agotar la controversia judicial prevista en el artículo 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Justificación: El artículo 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal regula la controversia judicial, recurso que se interpone ante el juez de control o de ejecución, según corresponda, con el objeto de resolver las controversias que surjan con motivo de los traslados de las personas privadas de la libertad. Por otra parte, el juicio de amparo, si bien puede promoverse contra actos de autoridad que vulneren los derechos de los gobernados, debe observar el principio de definitividad, según el cual, el amparo no procede contra violaciones cometidas en el procedimiento si en las leyes ordinarias se prevé un remedio legal por el cual puedan repararse, tal como sucede en el caso de las controversias judiciales establecidas en el ordenamiento penal en cita. Por lo tanto, cuando una persona privada de la libertad busque inconformarse con la orden de traslado de un centro penitenciario a otro, emitida sin autorización previa de la autoridad judicial, antes de la promoción del juicio de amparo, debe interponerse la controversia judicial prevista en el artículo 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, para que sea el juez de control o de ejecución, quien resuelva la legalidad de ese posible traslado. De esa manera se respeta el principio de definitividad que rige en el amparo." Luego, es una causa manifiesta e indudable que justifica el desechamiento del asunto, la existencia de dicho criterio jurisprudencial que define, específicamente que cuando el quejoso reclame la orden de traslado de un centro penitenciario a otro, emitida sin autorización previa de la autoridad judicial, antes de la promoción del juicio de amparo, debe interponerse la controversia judicial prevista en el artículo 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, para respetar el principio de definitividad que rige en el amparo. Esto, porque tal consecuencia ha sido determinada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en jurisprudencia, de observancia obligatoria en términos del artículo 217, párrafo primero, de la Ley de Amparo, para todos los órganos de menor jerarquía, motivo por el cual, no hay posibilidad que dicho obstáculo declarado para entrar al estudio del fondo del asunto, sea superado, pues el aludido numeral regula la obligatoriedad de los criterios sustentados por el Alto Tribunal, respecto de la constitucionalidad o la convencionalidad de previsiones legales, protegiéndose de esta forma el derecho humano de seguridad y certeza jurídicas, reconocido en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal. En otras palabras, la jurisprudencia es de observancia obligatoria para todas las autoridades jurisdiccionales del país, incluidos los integrantes del Poder Judicial de la Federación, por disposición expresa del artículo 217 de la Ley de Amparo, máxime la emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, obliga a todas las autoridades jurisdiccionales sin distingo alguno, obligatoriedad que se extiende a la misma Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por ello, debe considerarse la existencia de criterio jurisprudencial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, constituye una inexcusable obligación constitucional de los órganos jurisdiccionales al resolver las controversias sometidas a su conocimiento; además, si bien es cierto que los juzgadores, por virtud de la función que desempeñan, deben dejar de aplicar una disposición secundaria que atente contra los derechos humanos, no menos lo es que tal circunstancia no puede acontecer en relación con una jurisprudencia. Lo hasta aquí expuesto lleva a demostrar la posibilidad del desechamiento de la demanda como causa notoria y manifiesta cuando una demanda de amparo indirecto, cuando se promueve como en el caso, contra una orden de traslado. Sostener lo contrario implicaría admitir que un órgano de menor jerarquía pueda revisar un criterio obligatorio que se dio como resultado de un ejercicio hermenéutico del contenido de una norma, lo que sería tanto como permitir distorsionar la certeza y la seguridad jurídica que genera la definición del tema vía jurisprudencia del máximo intérprete constitucional. CONDICIONES DE INTERNAMIENTO Ahora, respecto de los actos restantes, consistentes en la reubicación de dormitorios, restricción de comunicación, contacto y de convivencia entre quejosos, atribuidas al Comité Técnico, realización de estudios y perfiles, audiencias del Comité Técnico de la Penitenciaria de la Ciudad de México, omisión de investigar actos constitutivos de delitos cometidos por servidores públicos contra los quejosos, de suspender de sus funciones a los servidores públicos bajo investigación ministerial, negación de servicio médico y dental, sobreprecios de productos de canasta básica, insumos de limpieza e higiene y de alimentación, alimentos proporcionados por la institución en mal estado y que no corresponden a los que se indican en el menú que envía a la subsecretaría de sistema penitenciario y la Jefatura de Gobierno de la ciudad de México, falta de agua potable de consumo humano accesible, así como los que identifica como acoso de custodios del tercer y segundo grupo de seguridad de la Penitenciaria de la ciudad de México; revisiones fuera de procedimiento y que conllevan a incautación y confiscación ilegal; restricción de recibir remuneración económica por la comisión laboral ejercida por los quejosos por parte de la institución penitenciaria; omisión de remunerar a los quejosos por la comisión laboral ejercida desde que están dados de alta en dicha comisión en la Penitenciaría, conforme los artículos 1, 2, 9, 30, 34, 74, 76 a 78, 107 a 115 y 130 a 135 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, los quejosos -como personas privadas de su libertad-, cuentan con el procedimiento administrativo de peticiones, mediante el cual pueden hacer valer sus derechos atinentes a dichas condiciones de internamiento. Al respecto, después de realizar una interpretación sistemática, en la parte conducente, de los artículos 3, fracciones XVII y XXV; 9, fracciones I, II, III, VI y VII; 10, fracciones II, IV y V; y 30, todos de la Ley Nacional de Ejecución Penal, se obtiene que tales condiciones de internamiento, conforme la aludida ley, se refieren a cualquier medio u acto que garantice una vida digna y segura a la persona privada de su libertad dentro del centro de reinserción social (entre otros, el suministro de agua corriente y potable, alimentos, prestación de servicio médico o asistencia médica, ropa, colchones y ropa de cama, artículos de aseo personal y de limpieza, libros y útiles escolares, así como los instrumentos de trabajo, y artículos para el deporte y la recreación). En ese panorama, la Ley Nacional de Ejecución Penal establece en el título cuarto denominado "Del procedimiento de ejecución", en la parte correspondiente a su capítulo III, relativo al "Procedimiento administrativo", un mecanismo de control mediante el cual una persona privada de su libertad, sea en su carácter de procesada o sentenciada, tiene el derecho de reclamar, entre otras, situaciones inherentes a sus condiciones de internamiento, esto es, cualquiera que impida que la persona interna tenga una vida digna y segura dentro del centro de reinserción social. Ese mecanismo debe regirse por los principios de dignidad, igualdad, legalidad, debido proceso, transparencia, confidencialidad, publicidad, proporcionalidad, y reinserción social y faculta a la persona privada de su libertad a formular peticiones denominadas administrativas ante la autoridad penitenciaria o el Juez respectivo, por lo que el mismo inicia con la presentación de una petición ante la autoridad correspondiente e incluso, pueden ser presentadas por el interno, sus familiares o defensores, entre otros. Peticiones administrativas que tienen por objeto que la autoridad penitenciaria declare si ha existido o no, una afectación en las condiciones de vida digna y segura del interno, o bien, si existió afectación a los derechos de terceras personas y, en caso de existir, lograr la subsanación de dicha afectación; incluso, tal mecanismo de control establece dos modalidades, a saber, las peticiones no urgentes y las urgentes, cuyo trámite dependerá del carácter apremiante de la petición realizada. Las peticiones administrativas no urgentes se formularán por escrito, sin formalidad alguna, ante el director del centro en donde se encuentren recluida la persona. Los solicitantes podrán desistir de su petición en cualquier momento, salvo que el tema planteado se refiera al interés general del centro o de un sector de su población. El desistimiento del interno no implica la pérdida de su derecho a formular una petición sobre la misma materia con posterioridad. En el escrito de petición se podrá aportar información que se considere pertinente con el objeto de atender las condiciones de vida y seguridad en reclusión. Cuando el interno lo solicite, la autoridad administrativa del centro lo auxiliará para que formule el escrito correspondiente. Cuando las peticiones recaigan sobre casos urgentes, siendo éstas, entre otras, acciones u omisiones relativas a condiciones de internamiento que por su carácter apremiante deban ser atendidas de inmediato, pues de lo contrario quedarían sin materia. De lo expuesto se colige, el mecanismo de control denominado peticiones administrativas cumple con todas las características de un medio de defensa sencillo, rápido y eficaz, a través del cual, los internos se encuentran facultados para reclamar sin mayores formalismos, ante la autoridad penitenciaria o el Juez respectivo, las omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento y además, ofrece una asistencia continúa y personalizada al interno, pues en ciertos supuestos podrá acudir de manera directa a la autoridad penitenciaria a explicarle la misma, la razón de ésta y podrá presentar las pruebas que estime conducentes para apoyarla. De hecho, la autoridad penitenciaria, con la finalidad de proteger los derechos del interno, deberá allegarse oficiosamente de las pruebas necesarias para responder de manera óptima la petición. El mecanismo también ofrece la posibilidad que la omisión reclamada sea reparada por la autoridad penitenciaria y el interno impugne la respuesta, si estima que ésta es contraria a sus intereses, ante el Juez de Ejecución o Control, según corresponda. Finalmente, el mecanismo de control otorga la facultad a la parte legitimada para que sea ella quien decida optar por la petición administrativa no urgente, o bien, la petición administrativa por caso urgente, así como la posibilidad real y efectiva de que el acto omisivo de ser procedente sea suspendido, y las autoridades administrativas realicen las acciones positivas necesarias, a fin de que la omisión reclamada cese de inmediato o deje de existir. Incluso, no obstante la posibilidad de la petición administrativa, la Ley Nacional de Ejecución Penal, cuando se trate de un caso que estime urgente, concede al interno la posibilidad de acudir directamente a oponer controversias ante el Juez de Ejecución respectivo, quien previamente a resolver en definitiva, suspenderá de oficio y de inmediato el acto de ser positivo, o bien, si es omisivo, ordenará a la autoridad penitenciaria, también de oficio y de inmediato, que realice las acciones correspondientes; además, contra la respuesta del Juez, el interno podrá interponer recurso de apelación. Luego, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó cuando -como en el caso- una persona privada de su libertad reclame situaciones inherentes a sus condiciones de internamiento, antes de acudir al juicio de amparo indirecto, sí debe agotar el mecanismo de control previsto en el procedimiento de ejecución que regula la Ley Nacional de Ejecución Penal, el cual inicia con una petición denominada administrativa ante la autoridad correspondiente. Lo anterior, porque: a) Constituye un verdadero procedimiento conformado de diversas etapas, a través de las cuales el interno, puede ofrecer pruebas y la autoridad recabarlas de oficio. b) El acto de ser urgente sea suspendido de oficio y de inmediato por un Juez, o bien, que éste ordene las acciones positivas necesarias para que el mismo cese, en caso de constituir una omisión. c) Asimismo, establece la posibilidad de que la respuesta a la petición sea impugnada a través de los recursos correspondientes, en caso de que considere que vulnera sus derechos. Por ello, el mismo debe ser agotado previamente a acudir al juicio de amparo indirecto. Incluso, cuando los actos reclamados constituyen situaciones (acciones u omisiones) inherentes a las condiciones de internamiento y la persona privada de su libertad aún no ha formulado la petición administrativa correspondiente, éste constituye un acto omisivo cuyo cumplimiento de hacer recae en las autoridades penitenciarias, al estar dentro de sus atribuciones la administración de los centros penitenciarios, así como el ejecutar la restricción de la libertad impuesta a la persona, conforme al marco constitucional y legal antes expuesto. En efecto, es la autoridad penitenciaria la que organizará la administración y operación del sistema penitenciario sobre la base del respeto a los derechos humanos, el trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud, y el deporte, como medios para procurar la reinserción de la persona sentenciada a la sociedad; además, supervisará las instalaciones de los centros penitenciarios para mantener la seguridad, tranquilidad e integridad, entre otras, de las personas privadas de la libertad, ejerciendo las medidas y acciones pertinentes para el buen funcionamiento de éstas. Todo lo anterior cumple con el requisito exigido por el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, pues si la parte quejosa desea que su acto u omisión sea suspendido, tiene la posibilidad de acudir directamente al Juez que corresponda presentar su petición (Juez de Ejecución), quien ordenará de oficio y de inmediato la suspensión del acto, paralizándolo de plano e inmediato, o bien, ordenando a la autoridad administrativa que realice las acciones positivas conducentes a fin de que cese la omisión. Además, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que la suspensión establecida en la Ley Nacional de Ejecución Penal tiene los mismos alcances que la diversa de la Ley de Amparo, dado que no exige mayores requisitos que los de esta para concederla, y tampoco un plazo mayor del que esta ley determina para el otorgamiento de la suspensión provisional. Por el contrario, se insiste, el citado mecanismo ofrece una oportunidad real, ágil y eficaz para que las peticiones de la persona privada de su libertad sea atendida de inmediato, sin mayor trámite ni dilación alguna, incluso de manera personalizada frente a la autoridad correspondiente, en donde la persona interna podrá formular de viva voz sus inquietudes y también las razones del porqué las omisiones que está reclamando atentan contra su derecho a tener una vida digna y segura dentro del centro de reinserción social, otorgando con ello la posibilidad de que en ese mismo acto o audiencia la autoridad correspondiente, frente al interno, ordene el cese inmediato de la omisión reclamada, es decir, la suspensión del acto reclamado. En tal virtud, acorde con lo sostenido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación las personas privadas de su libertad, antes de acudir al juicio de amparo indirecto para reclamar situaciones inherentes con sus condiciones de internamiento, deben agotar el mecanismo de control establecido en la Ley Nacional de Ejecución Penal, así como los medios de impugnación previstos en la ley referida, el cual inicia con la formulación de una petición denominada administrativa ante la autoridad correspondiente. Con dicho criterio, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación busca darle funcionalidad y coherencia a las reformas constitucionales de los artículos 18, 21, y 73, fracción XXI, de la Constitución Federal, que en su conjunto, como ya se examinó, implementaron un modelo penitenciario de reinserción social, la judicialización del régimen de penas, control judicial de las cuestiones inherentes a las condiciones de internamiento, así como la creación de un Juez cuya función primordial sería, entre otras, la de proteger y velar por los derechos humanos de quienes en su condición de interno acuden ante su potestad. También, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el diverso conflicto competencial 3/2020, estableció que las sanciones disciplinarias en un centro penitenciario no guardan relación alguna con los aspectos sustantivos, lo que resulta necesario distinguir pues permite fijar un criterio para distinguir la competencia de un Juez o Jueza de Ejecución conforme a la naturaleza del acto que se somete a su consideración: de naturaleza sustantiva inherentes a la pena impuesta (es decir, las que impactan en su modificación, duración o extinción) y, por otro, cuestiones de tipo adjetivo (como lo son las sanciones disciplinarias). En efecto, la Suprema Corte ha señalado que las infracciones a la normativa de un centro penitenciario (reglamentado y administrado por el Poder Ejecutivo respectivo) no implican un proceso que dé como consecuencia un impacto sustantivo en la pena, como sí lo implican los beneficios preliberacionales, pues aquellas infracciones únicamente denotan las condiciones administrativas internas de seguridad, el procedimiento de determinación de faltas y el cumplimiento de las sanciones administrativas. Por ende, consideró las sanciones disciplinarias, también se contemplan dentro de ese género de condiciones de internamiento que no guardan relación alguna con un aspecto sustantivo al no constituir una variante de la ejecución de la pena o de su modificación o duración, motivo por el cual, no existe una conexión directa entre el fuero en el cual fue sentenciada la persona (federal o local) y el análisis de tales sanciones impuestas en el centro de reclusión en que la persona se encuentra interna, como sí existe en el caso de los beneficios preliberacionales. Así, la Primera Sala ha determinado las personas privadas de la libertad incluso respecto de sanciones disciplinarias pueden oponer controversias ante el Juez de Ejecución respectivo en contra de las omisiones o determinaciones que afecten las condiciones de su internamiento en los centros de reclusión en que se encuentren, acorde con las disposiciones relativas de la Ley Nacional de Ejecución Penal. En estos casos, si bien la controversia se resuelve adjetivamente conforme a la Ley Nacional de Ejecución Penal, el fondo del asunto se decide atendiendo a los preceptos jurídicos específicos al centro penitenciario en cuestión, como lo es su reglamento interior y demás disposiciones administrativas que le sean aplicables, pero en definitiva, no se relacionan con aspectos sustantivos de las penas impuestas, pues las cuestiones de internamiento están disociadas de las causas que originaron la privación de la libertad de la persona, lo que permite sentar las primeras bases para resolver esta contradicción de tesis. Además, contra dicha resolución, es decir, la del Juez de Ejecución, la persona privada de su libertad o la parte promovente, puede interponer recurso de apelación ante la alzada, en caso de que considere que la decisión adoptada por el Juez vulnera sus derechos, medio de impugnación que tiene por objeto modificar, revocar o confirmar la determinación impugnada. Consecuentemente, al tratarse lo reclamados por los quejosos, de los actos que identifica como reubicación de dormitorios, restricción de comunicación, contacto y de convivencia entre quejosos, atribuidas al Comité Técnico, realización de estudios y perfiles, audiencias del Comité Técnico de la Penitenciaria de la Ciudad de México, omisión de investigar actos constitutivos de delitos cometidos por servidores públicos contra los quejosos, de suspender de sus funciones a los servidores públicos bajo investigación ministerial, negación de servicio médico y dental, sobreprecios de productos de canasta básica, insumos de limpieza e higiene y de alimentación, alimentos proporcionados por la institución en mal estado y que no corresponden a los que se indican en el menú que envía a la subsecretaría de sistema penitenciario y la Jefatura de Gobierno de la ciudad de México, falta de agua potable de consumo humano accesible, así como los que identifica como acoso de custodios del tercer y segundo grupo de seguridad de la Penitenciaria de la ciudad de México; revisiones fuera de procedimiento y que conllevan a incautación y confiscación ilegal; restricción de recibir remuneración económica por la comisión laboral ejercida por los quejosos por parte de la institución penitenciaria; omisión de remunerar a los quejosos por la comisión laboral ejercida desde que están dados de alta en dicha comisión en la Penitenciaría (condiciones de internamiento), son actos de autoridades distintas a los tribunales judiciales administrativos o del trabajo, respecto al cual, la Ley Nacional de Ejecución Penal establece un mecanismo de control que cumple cabalmente con los requisitos previstos en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, por lo que debe ser agotado por la persona privada de su libertad antes de acudir al juicio de amparo indirecto, lo que no ocurrió en el caso, por lo que ha lugar a desechar la demanda. Sin que obste para ello que los quejosos consideraran que tales actos constituyen intimidación, discriminación, represalias, violación al principio pro persona e Inaplicación de los criterios internacionales pro persona, y por ende, estiman derivan en un riesgo a su integridad, salud y dignidad personal, psicofísica y emocional y por ello, son de los prohibidos por el artículo 22, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y referidos en el artículo 15, de la Ley de Amparo. Esto porque al igual que respecto del acto que identifica como maltrato y tortura sicofísica y emocional durante diligencias judiciales de la lectura integral de la demanda no se observó dato o información que evidenciara se llevaran a cabo dichos actos contra los solicitantes de amparo, por lo que se concluye que esa circunstancia la hicieron depender de la ejecución de los diversos actos que reclamó, pues con el sólo hecho de invocar los artículos 15 de la ley de la materia y 22 de la Carta Magna, no se puede tener por satisfecha la excepción a que alude el diverso 109 de la Ley de Amparo. Es decir, de la demanda de amparo se advierte se reclaman actos relacionados con las condiciones de internamiento en el Centro Penitenciario de la Ciudad de México en el que se encuentra recluido quien aparece como directos quejosos, como parte del sistema penitenciario de ese lugar, el cual, acorde con la reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos del diez de junio de dos mil once, se organizará, entre otros aspectos, en el trabajo como medio para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad, tal como se prevé el artículo 18, por lo que no se trata de aquellos prohibidos por el artículo 22, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se estima aplicable la tesis II.2o.P.108 P (10a.) del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito. Lo anterior además se corrobora, del ejercicio interpretativo realizado a los argumentos expuestos por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver las contradicciones de tesis 57/2018 y 42/2018, de las que derivaron las jurisprudencias 1a./J. 79/2018 (10a.) y 1a./J. 55/2019 (10a.). Además, de lo expuesto en la ejecutoria que dio origen a la Jurisprudencia 1a./J. 10/2021 (11a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, debe desecharse de plano la demanda de amparo indirecto presentada vía medios electrónicos por ***********************************. Esto, porque se estima actualizado un caso de excepción, ante la improcedencia del juicio respecto de los actos reclamados y por ende, el desechamiento de plano de la demanda, al derivar de la interpretación jurisprudencial de la norma aplicable realizada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues ante ese escenario, es evidente la condición de defensa garantizada los quejosos en la parte inicial del juicio de amparo, no podría superar la obligatoriedad en la aplicación de la jurisprudencia que define la improcedencia del juicio, en términos del artículo 217, párrafo primero, de la Ley de Amparo. Por los motivos que contiene, se estima aplicable la tesis II.2o.P.89 P (10a.) del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito. PRONUNCIAMIENTO DE LA SUSPENSIÓN DE PLANO. No ha lugar a que este Juzgado se pronuncie respecto de la aludida suspensión de plano solicitada, pues esta medida se encuentra condicionada a la vida del juicio constitucional, lo que no se actualiza cuando la demanda -como en el caso- fue desechada de plano. En ese tema, resulta aplicable al caso la Tesis: II.4o.C.7 K (10a.), registro digital 2015987 Si bien es verdad que del texto del artículo 113 de la Ley de Amparo, en contraste con el diverso numeral 145 de la ley abrogada, se advierte que el legislador suprimió la parte final de este último, donde señalaba que cuando del examen al escrito de demanda se advierta un motivo manifiesto e indudable de improcedencia debía desecharse de plano: ...sin suspender el acto reclamado"; sin embargo, dicha supresión en su redacción actual, no significa permisión en cuanto a que al desechar de plano la demanda, sea factible proveer sobre la solicitud de la suspensión del acto reclamado, ya que no debe soslayarse que la figura de la suspensión en el juicio de amparo se ha concebido como una cuestión accesoria de aquél, esto es, la medida cautelar tiene como conditio sine qua non, la admisión a trámite de la solicitud de amparo, puesto que sus efectos consisten en interrumpir transitoriamente la ejecución del acto reclamado, hasta en tanto se dicte sentencia ejecutoria. De lo anterior se concluye que aunque la determinación de desechamiento de una demanda de amparo por motivo manifiesto e indudable, se encuentre sub júdice, en su caso, por virtud de su impugnación mediante el recurso de queja previsto en el artículo 97, fracción I, inciso a), de la ley citada, ello no implica que en tanto se resuelve este último, el Juez de Distrito deba proveer sobre la suspensión del acto reclamado, puesto que esta medida se encuentra condicionada a la vida del juicio constitucional, lo cual no se actualiza cuando la demanda fue desechada de plano. Aunado a que, es un hecho notorio en términos de artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2º, que en los amparos indirectos 261/2023, 278/2023, 421/2023, 422/2023, 423/2023, 424/2023 y 425/2023 del índice de este juzgado de distrito, los cuales fueron promovidos por los aquí quejosos, se concedió la suspensión de plano de los actos ahí precisados (mismos que se combaten en esta demanda) para el efecto de que cese cualquiera de los actos señalados por los promoventes en el escrito de demanda y que se encuentran previstos en el artículo 22 constitucional, que importen peligro a la integridad de los quejosos señalados en la parte inicial de esta determinación. De ahí que, este Juzgado no se pronuncie respecto de la aludida suspensión de plano solicitada. SE ENVÍA EXHORTO. Toda vez que los directos quejosos *********************************, se encuentran recluidos en la *****************************, al resultar necesaria la práctica de notificación personal, con fundamento en los artículos 27, fracción II, de la Ley de Amparo, 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo y artículos 52 Ter y 52 Terdecies, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, y en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, LÍBRESE ATENTO EXHORTO ELECTRÓNICO vía interconexión al Juzgado de Distrito en Materia de Amparo Penal, con residencia en la Ciudad de México, en Turno, para que en auxilio a las labores de este Juzgado de Distrito, instruya al Actuario de su adscripción, se constituya en la Penitenciaría de la Ciudad de México, a fin de notificar a los directos quejosos el presente proveído. Se faculta al Juez exhortado para efecto de no incurrir en dilación procesal alguna y atendiendo al principio de expedites en la administración de justicia, como lo dispone el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, habilite a quien corresponda el uso de días y horas inhábiles para la práctica de la notificación a que se refiere el párrafo anterior. A efecto de solventar cualquier duda o aclaración sobre la diligenciación del exhorto que se ordena librar en líneas anteriores, queda a disposición de la citada autoridad el teléfono 01 (667) 846 5766 y el correo electrónico oficial 4jdo12cto@correo.cjf.gob.mx. TÉRMINOS DE DEVOLUCIÓN DEL EXHORTO Asimismo, se solicita al Juez exhortado, que de no tener inconveniente alguno, solamente remita o devuelva las constancias correspondientes a las actuaciones realizadas con motivo de la diligencia encomendada. ESTO ES, SÓLO DEVOLVER: 1) El auto de radicación del exhorto; 2) En su caso, del proveído o proveídos, diversos al de su radicación, donde se emitan determinaciones para su diligenciación; y, 3) Las constancias de las diligencias que se practiquen con motivo de dicha comunicación oficial. REPRESENTANTE COMÚN Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional designa como representante común al primero de los quejosos Carlos Alberto Angelino Barrón, sin perjuicio de que la parte respectiva lo sustituya por otro. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Se habilitan días y horas inhábiles, a fin de que el órgano ejecutor de este juzgado, lleve a cabo las diligencias judiciales necesarias relacionadas con sus funciones de notificador, de conformidad con lo establecido en el último párrafo del numeral 21 de la Ley de Amparo. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN De conformidad con los artículos 68, 110 y 113, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, resérvese la publicación de información de carácter clasificada y confidencial. DIGITALIZACIÓN DE EXPEDIENTE En cumplimiento al artículo 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, así como el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, se instruye a la Secretaria actuante para efectos de que se digitalicen todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias, constancias, diligencias y toda información relacionada con el presente asunto, asimismo, en caso de que las promociones y documentos se presente en forma electrónica, se proceda su impresión para ser incorporada al expediente impreso. EXHORTO PARA TRANSICIÓN AL JUICIO EN LÍNEA. De conformidad con el artículo 263, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se invita a las partes, para que de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea.
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