Edgar Gutiérrez Pelayo
Expediente 607/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México. 14 actuaciones registradas, la última del 4 de octubre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 607/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 04/10/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Edgar Gutiérrez Pelayo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Principal
I. Naucalpan de Juárez, Estado de México, cuatro de octubre de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal de autos, dado que este expediente se encuentra concluido y que obran agregadas las constancias de notificación, háganse las anotaciones respectivas y archívese. El cuaderno principal es susceptible de ser conservable, en términos del artículo 17, fracción III, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el siete de junio de dos mil veintitrés, en atención a que se negó la protección constitucional. Es conservable el incidente de suspensión, en términos del artículo 17, fracción III, inciso b), del Acuerdo referido en líneas que anteceden en virtud de que la medida cautelar solicitada por la parte quejosa fue concedida. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Sofía García Carrera, Secretaria quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.
- Principal
I. Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintidós de agosto de dos mil veintitrés. Téngase a la Magistrada de la Sala Unitaria Civil de Tlalnepantla, Estado de México, acusando de recibo del oficio por el que se le devolvieron las constancias que remitió junto con su informe justificado; de lo que se adquiere conocimiento. Notifíquese por lista electrónica a la parte quejosa y tercero interesada. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Eduardo Jonathan Tercero Reyes, Secretaria quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.
- Principal
I. Naucalpan de Juárez, Estado de México, catorce de agosto de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede y el estado de autos, se advierte que a la fecha ha transcurrido el plazo que refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa y el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito interpongan recurso de revisión contra la sentencia del veinticuatro de julio de dos mil veintitrés, con fundamento en los numerales 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha sentencia en la que se negó el amparo y protección a la parte quejosa, ha causado ejecutoria. Lo anterior hágase del conocimiento de las partes, realícense las anotaciones respectivas y glósese el incidente de suspensión derivado de este juicio de amparo. En atención a lo anterior, devuélvasele a la Magistrada de la Sala Unitaria Civil de Tlalnepantla, Estado de México, el tomo de prueba que remitió junto con su informe justificado; solicitándole su respectivo acuse de recibo. Notifíquese por lista electrónica a la parte quejosa y tercero interesada, así como por oficio a las autoridades responsables. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Eduardo Jonathan Tercero Reyes, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.
- Principal
I. En Naucalpan de Juárez, Estado de México, siendo las nueve horas con cincuenta y seis minutos del veinticuatro de julio de dos mil veintitrés, hora y día señalados para que tenga verificativo la audiencia constitucional en el juicio de amparo 607/2023-1, promovido por Edgar Gutiérrez Pelayo, por derecho propio, ante la presencia judicial de Michel Navarrete Archundia, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México, encargado del despacho en términos de los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por vacaciones del Titular, autorizado mediante oficio CCJ/ST/2241/2023 del quince de mayo de dos mil veintitrés, suscrito por la Secretaria Técnica de la Comisión Permanente de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en unión de Juan Luis Carrillo Ramírez, Secretario quien da fe, se procedió a celebrar la misma sin la asistencia de alguna de las partes. Acto seguido, el secretario hace una relación de los autos y, en obvio de repeticiones innecesarias, se tienen por reproducidas todas y cada una de las constancias que obran en este expediente. El Secretario encargado del despacho acuerda: Téngase por hecha la anterior relación para todos los efectos legales a que haya lugar. Período de pruebas. Abierto este periodo, el secretario hace constar que las autoridades responsables ofrecieron diversas pruebas documentales. El Secretario encargado del despacho acuerda: Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas las citadas probanzas. Sin pruebas pendientes de desahogar se cierra esta etapa. Período de alegatos. Abierto el período de alegatos, el secretario hace constar que las partes no los formularon. El Secretario encargado del despacho acuerda: Al no existir alegatos que deban relacionarse, se cierra esta etapa. Sin diligencias pendientes por practicar. A continuación se procede a dictar la sentencia correspondiente. Doy fe. VISTOS para resolver en definitiva los autos del juicio de amparo 607/2023-1; y, RESULTANDO ***********, por derecho propio, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos de la Sala Unitaria Civil de Tlalnepantla, Estado de México, y otra autoridad. Previo desahogo de prevención y su ratificación, en proveído del siete de junio de dos mil veintitrés, se admitió la demanda de amparo con el número 607/2023-1; se solicitó a las autoridades responsables rindieran su informe justificado; se dio la intervención correspondiente al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y se señaló hora y fecha para desahogar la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo en términos del acta que antecede. III. En proveído del veinte de junio de dos mil veintitrés se ordenó el emplazamiento de la tercero interesada. CONSIDERANDO Primero. El Juzgado Tercero de Distrito es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo de conformidad con los artículos 37 de la Ley de Amparo y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; toda vez que el acto reclamado deriva de un proceso civil y se atribuye a una autoridad con residencia en la jurisdicción territorial de este órgano de control constitucional. Segundo. Conforme a lo que establece la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, se precisa que los actos reclamados en la demanda de amparo, se hacen consistir en: La sentencia de apelación del veinte de abril de dos mil veintitrés, emitida en el toca 192/2023 de la Sala Unitaria Civil de Tlalnepantla del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, que resolvió la excepción de incompetencia planteada por la parte quejosa. Tercero. La Magistrada de la Sala Unitaria Civil de Tlalnepantla, y la Juez Tercero Civil del Distrito Judicial de Cuautitlán, con residencia en Cuautitlán Izcalli, ambos del Estado de México, al rendir sus informes justificados aceptaron la existencia del acto, por lo que se tiene por cierto. 3 Aunado a que así se advierte de las constancias que remitieron en apoyo a su informe de ley. Cuarto. Antes de entrar al estudio del fondo del asunto, es necesario analizar la procedencia del presente juicio de amparo, por ser una cuestión de orden público, regulado por el artículo 62 de la Ley de Amparo. Al respecto, la juez responsable en su informe justificado aduce que se actualiza la causa de improcedencia señalada en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo. Sin embargo, dicha propuesta resulta inatendible dado que de la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, no se deriva ninguna causal de improcedencia, pues dicho precepto legal sólo regula el caso en que la improcedencia resulta de alguna disposición de la ley y, por ende, únicamente puede ser aplicado en relación con otro dispositivo, ya sea de la propia codificación o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, del cual se derive alguna improcedencia. De manera que si la autoridad no señala cuál es la norma legal de la que se derive la improcedencia del juicio de amparo y se limita a invocar la citada fracción XXIII del artículo 61 de la ley de la materia, su consideración resulta infundada. Es aplicable -por identidad de razón- la tesis del Tribunal Colegiado del Noveno Circuito con registro digital 800692, Materia Común, visible en el Semanario Judicial de la Federación, "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. LA FRACCION XVIII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. POR SI SOLA NO PUEDE SERVIR DE FUNDAMENTO PARA DECRETARLA. De la fracción XVIII del articulo 73 de la Ley de Amparo no se deriva ninguna causal de improcedencia, pues dicho precepto legal sólo regula el caso en que la improcedencia resulta de alguna disposición de la ley y por ende únicamente puede ser aplicado en relación con otro dispositivo, ya sea de la propia codificación o de la Constitución General de la República, del cual se derive alguna improcedencia. De manera que si el Juez de Distrito no señala cuál es la norma legal de la que se derive la improcedencia del juicio de amparo y se limita a invocar la citada fracción XVIII, su consideración resulta ilegal." Idéntica consideración se debe hacer en relación a la causal de sobreseimiento prevista en la fracción V del artículo 63 de la Ley de Amparo, que invoca la citada autoridad responsable. No advirtiendo la actualización de diversa causa de improcedencia que deba ser estudiada, se procede a entrar al estudio del fondo de la cuestión debatida. Quinto. Como punto de partida es conveniente precisar los siguientes antecedentes del asunto: Por escrito del dos de noviembre de dos mil veintidós Banca Afirme, sociedad anónima, institución de banca múltiple, Afirme Grupo Financiero, por conducto de su apoderado demandó de Edgar Gutiérrez Pelayo, el pago de capital vencido anticipado y otras prestaciones ahí precisadas. Emplazada a juicio la parte demandada dio contestación a la incoada en su contra y opuso entre sus excepciones la de incompetencia del juzgado. El veintiuno de febrero de dos mil veintitrés, el juez del conocimiento declaró improcedente la excepción de incompetencia. En desacuerdo con esa determinación, el demandado Edgar Gutiérrez Pelayo interpuso recurso de apelación del cual correspondió conocer a la Sala Unitaria Civil de Tlalnepantla, Estado de México, quien lo radicó con el número de toca 192/2023, siendo que el veinte de abril de dos mil veintitrés, confirmó la resolución impugnada. El quejoso en sus conceptos de violación sostiene en esencia: Que al confirmar la sentencia recurrida la sala responsable dejó de analizar el estudio de la excepción que dedujo de incompetencia, la cual resulta procedente toda vez que la parte actora no respetó lo pactado entre las partes en el documento base de la acción, ni acreditó haber hecho en su caso una jurisdicción voluntaria (procedimiento judicial no contencioso) en el cual se le hiciera saber que la acción se podría hacer valer en los Juzgados Civiles del Estado de México, por lo que como elemento para la procedencia de la acción intentada en su contra, debió su contraria acreditar tal requerimiento. Que es ilegal la resolución en razón de que sólo aduce que por ser una Institución Bancaria puede ejercer la acción en cualquier lugar a nivel Nacional y que se puede inaplicar el pactode sumisión expresa inserto en un contrato de adhesión, cuando se advierta una vulneración al derecho de acceso a la justicia. De esta forma, el criterio en cuestión no es una regla absoluta, sino que debe entenderse como un beneficio procesal en el cual debe prevalecer el deseo del particular de someterse a una jurisdicción distinta a donde reside; de ahí que si la prórroga de jurisdicción corresponde a las partes, es claro que cuando el usuario de servicios financieros señala un domicilio procesal en determinado lugar y es su deseo tramitar un juicio en esa jurisdicción -donde cobrará aplicación la regla de sumisión tácita- no hay motivo para obligarlo a acudir a una distinta, por lo que la interlocutoria recurrida debe ser revocada y declarase procedente la excepción que opuso. Que constituye un hecho notorio que las instituciones bancarias no ofrecen servicios únicamente dentro de una jurisdicción territorial específica, sino que lo hacen a lo largo de todo el territorio nacional, obteniendo lucro por tales actividades, por lo anterior, resulta lógico y razonable estimar que, en caso de controversia, no debe obligarse a los usuarios financieros a tener que desplazarse e incurrir en costos extraordinarios para poder tener un acceso efectivo a la justicia, máxime si estamos en presencia de un contrato mercantil de adhesión cuyos términos no resultan negociables. Que con independencia de que los contratantes hayan estipulado una cláusula de sumisión expresa a la competencia del juzgados y tribunales de determinada circunscripción territorial, lo cierto es que tratándose de contratos de adhesión celebrados con instituciones bancarias, esa regla no cobra aplicación, debiéndose apegarse a la interpretación que más favorezca el derecho de acceso a la justicia consagrado en el artículo 17 constitucional, que consiste en que los particulares cuentan con libertad para fijar la competencia donde se tramitará el juicio, tomando como parámetro el lugar donde se encuentre su domicilio, siempre y cuando también se proteja el interés de la institución crediticia demandada, que se traduce en que no se vea mermado su derecho de defensa por no contar con infraestructura o representación en los lugares en donde se desenvuelva la controversia. Y cita en su apoyo la tesis I.7o.C.155 C del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito con registro digital 163382, Materia Civil, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXXII, Diciembre de 2010, página 1749, del rubro: "CONTRATO DE ADHESIÓN. CLÁUSULAS ABUSIVAS". rubro "CONTRATO DE ADHESIÓN. SU EXISTENCIA PUEDE APRECIARSE A TRAVÉS DEL CONTENIDO DE CLÁUSULAS DESPROPORCIONADAS Y ABUSIVAS EN CONTRA DE UNO DE LOS CONTRATANTES Y NO SOLAMENTE EN EL HECHO DE SUSCRIBIRSE EN FORMATOS PREESTABLECIDOS O MACHOTES.", se establece lo siguiente: "Los contratos de adhesión surgen ante un claro desequilibrio entre las partes, pues el contratante débil no tiene la posibilidad de negociar los términos en que debe quedar redactado el contrato, toda vez que sus cláusulas han sido predispuestas por una parte e impuestas a la otra, sin que ésta tenga posibilidad de negociadas, hacer contraofertas o modificarlas, sino que simplemente puede aceptarlas o no. Sobre esas bases, es equivocado apreciar la existencia de un contrato de adhesión por el solo hecho de que esté elaborado o no en formatos (también llamados machotes por estar en mazos o como ejemplo -del náhuatl machiotl "señal", "comparación", "ejemplo", "dechado"- o como sinónimo de formulario con espacios en blanco para rellenar) pues, en adición a ello, su existencia puede apreciarse también a través de la estipulación de cláusulas desproporcionadas o abusivas en favor de sólo una de las partes y generalmente en perjuicio del adherente." Que por ello la Sala tenía la obligación de valorar el contenido del segundo agravio de su escrito de apelación que a la letra dice "...SEGUNDO. Para que pueda ser procedente la jurisprudencia que hace mención el A quo en la resolución que se combate se deben de observar que dicho criterio es un beneficio para el particular y no así una regla absoluta." Que en la sentencia que se combate, el Ad quem se abstiene de tomar en cuenta el contrato de préstamo con garantía hipotecaria; por lo que hay que tomar en cuenta que no se debe de obligar al particular a someterse a una jurisdicción distinta a la pactada entre las partes, por lo cual el mismo puede optar por continuar con el juicio en una jurisdicción distinta a la intentada por la parte actora, ya que como se hace énfasis la misma es un beneficio para el usuario, asimismo la capacidad de los interesados y la voluntad de cambiar por otra la obligación primitiva, por lo que con el referido contrato, de lo anterior se podría considerar como una novación, misma que se realizaría un cambio de la naturaleza jurídica y objeto de la obligación primaria, las obligaciones que la garantizan, los plazos de pago o se cambia a la forma del documento que acredita su existencia o los modos de ejecución, lo cual tampoco acontece, aunado al hecho que la novación es la voluntad de las partes de cambiar la obligación antigua por una nueva, por lo que con la firma del contrato referido se demuestra expresamente la intención de las pates al someterse a lo establecido por la cláusula vigésima"...VIGÉSIMA NOVENA. Las Leyes Aplicables y Jurisdicción. Las partes acuerda expresamente que este contrato será regido e interpretado de acuerdo con las leyes y decretos aplicables en México, sometiéndose las partes expresamente a la jurisdicción y competencia de los Tribunales de la Ciudad de Monterrey, Nuevo León, México o a los de la Ciudad de México Distrito Federal o a los del lugar de firma del presente Contrato a elección de la parte actora, renunciando expresamente a cualquier otro fuero al que tenga derecho o lleguen a tenerlo en el futuro, en virtud de su domicilio o de cualquier otra razón...". Que en la propia cláusula las partes renunciaron a cualquier otro fuero al que tengan derecho en el futuro en virtud de su domicilio o cualquier otra razón. Por su parte, la autoridad responsable en la interlocutoria del veinte de abril de dos mil veintitrés, emitida en el toca 192/2023, consideró -en esencia- lo siguiente: Que de lo expuesto por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia con registro digital 2019661, en correlación con los artículos 1.33 y 1.35 se colige que en materia civil, la competencia territorial es prorrogable, pues las partes de un acto jurídico pueden someterse, para el caso de controversia, a los tribunales de un determinado lugar, a través del pacto de sumisión, en el que manifiesten su voluntad en forma expresa, para que los tribunales de un determinado lugar sean competentes para conocer de un litigio futuro o presente. Que por cuanto hace a los contratos de adhesión es inconcuso que la sumisión expresa, cuando las partes prorrogan jurisdicción por razón de territorio, queda limitada cuando esa convención implica impedimento o denegación de acceso a la justicia. Que ello sucede si la parte a la que se demanda se somete a la jurisdicción de un lugar en el que no tenga su domicilio, puesto que la necesidad de trasladarse a litigar a un lugar distinto a alguno de los precisados con antelación, resulta más oneroso y constituye impedimento o denegación de acceso a la justicia para éste. Que por ello, con independencia que la voluntad de las partes sea ley suprema de los contratos (incluidos los contratos de adhesión), dicha regla genérica no es aplicable al pacto de sumisión, en virtud que los diversos numerales 1.33 y 1.35 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, limitan ese pacto a los casos expresamente contenidos en el segundo de los preceptos, que son de carácter limitativo, cuya finalidad es garantizar que la actividad jurisdiccional de los tribunales que conocen de los juicios civiles se realice a través de una justicia expedita, imparcial y completa que asegure el pleno goce de su garantía de acceso a la jurisdicción. Que se debe considerar que la limitante al pacto de sumisión expresa, se actualiza en el caso de los "contratos de adhesión", en los que el usuario por lo general, por las cláusulas estipuladas que se imponen se someta a la jurisdicción de un lugar diferente al de su residencia habitual, lo que conlleva que se tenga que trasladar a ese lugar para ejercer su derecho de defensa; lo que generará un detrimento económico que se traduce en impedimento o denegación de acceso a la justicia. Que se concluye que independientemente que los contratantes se sometan expresamente a la competencia de los juzgados y tribunales de determinada circunscripción territorial, tratándose de contratos de adhesión, esa regla no aplica. Que si en el particular Gabriela Pantaleón Jaramillo, en su carácter de apoderada de Banca Afirme, sociedad anónima, institución de banca múltiple, Afirme Grupo Financiero, exhibió como documento base de la acción un contrato de apertura de crédito simple con garantía hipotecaria en primer lugar y grado de preferencia del cinco de junio de dos mil dieciocho, que suscribió con el demandado; lo cierto es que el documento base de la acción es un contrato de adhesión celebrado con una Institución Bancaria, por lo que, de conformidad con la argumentación jurídica expuesta en el criterio federal previamente analizado, en el particular contario a lo que aduce el impetrante no es aplicable el pacto de sumisión expresa contenido en cláusula vigésima novena, del contrato de apertura de crédito simple que establece: "VIGÉSIMA NOVENA. Leyes aplicables y Jurisdicción.- Las partes acuerdan expresamente que este contrato será regido e interpretado de acuerdo a las leyes y decretos aplicables en México, sometiéndose las partes expresamente a la jurisdicción y competencia de los tribunales de la Ciudad de México, Distrito Federal o a los del lugar de la firma del presente contrato, a elección de la parte actora, renunciando expresamente a cualquier otro fuero al que tenga derecho o lleguen a tenerlo en el futuro, en virtud de su domicilio o cualquier otra razón." Que en atención a que como se expresó con antelación, el pacto se sumisión contenido en el artículo 1.35 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, encuentra limitantes y del documento basal, no se advierte que el demandado tenga su domicilio en la Ciudad de México, pues del contrato de apertura de crédito simple con garantía hipotecaria en primer lugar y grado de preferencia en la cláusula vigésima, el demandado señaló como domicilio convencional para el efecto de oír y recibir notificaciones, relativos al contrato el siguiente: "a) La parte acreditada (hoy excepcionante): Avenida del Lago, número noventa y ocho guión "D" Fraccionamiento cofradía San miguel II (dos romano), Municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México." Que como se aprecia de la razón actuarial del treinta de enero de dos mil veintitrés, el domicilio de la parte demandada se encuentra ubicado en vivienda unifamiliar "A", marcada con el número oficial número ocho, construida sobre el lote once, de la manzana número quince, sobre la calle paseo Montecarlo, resultante de la modificación del conjunto urbano denominado Urbi Quinta Montecarlo, ubicado en la ex hacienda San Miguel, Cuautitlán Izcalli, Estado de México, por lo que no surte efectos el pacto de sumisión a que alude el recurrente, pues el documento base de la acción es un contrato de adhesión, por lo que no resulta aplicable el pacto de sumisión contenido en el artículo 1.35 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México. Que de esa forma, si el demandado tiene su domicilio en Cuautitlán Izcalli, y por razón de turno se encuentra radicado en el Juzgado Tercero Civil del Distrito Judicial de Cuautitlán, con residencia en Cuautitlán Izcalli, que es quien ejerce jurisdicción en donde el demandado tiene su domicilio, por ende, en términos del artículo 1.42, fracción III, del Código de procedimientos civiles, resulta competente para conocer del asunto en estudio, máxime que el bien inmueble hipotecado se encuentra en el municipio donde aquel ejerce su jurisdicción. Que el Juez Tercero Civil del Distrito Judicial de Cuautitlán, con residencia en Cuautitlán Izcalli, es competente para conocer del presente asunto por razón de territorio. Que los agravios expuesto por el demandado Edgar Gutiérrez Pelayo son infundados por lo que se confirma la sentencia interlocutoria impugnada. Los conceptos de violación serán estudiados en su conjunto dada su estrecha vinculación. Expuesto lo anterior, se dice que los argumentos de disenso son infundados, por las razones que a continuación se exponen. La competencia es un presupuesto procesal encaminado a otorgar seguridad jurídica a los justiciables, puesto que las controversias sólo pueden dirimirlas los tribunales con aptitud legal, es decir, aquellos a los que el legislador atribuyó idoneidad para ello. Al respecto, de conformidad con lo previsto en el artículo 16 Constitucional, nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. Así, la competencia en materia jurisdiccional es la facultad que la ley otorga a un órgano de esa naturaleza para que conozca determinados asuntos, dentro de los límites que la propia norma le impone. De ahí, la regla de competencia de que si la ley no faculta al órgano de autoridad, éste no puede válidamente actuar ni decidir una contienda judicial. Debe distinguirse entre jurisdicción y competencia; la primera atañe a la facultad de decir el derecho, y la segunda está vinculada con la posibilidad para decirlo en los casos específicos en los que la ley autoriza a determinado órgano judicial; por ello, se afirma que la competencia es la medida de la jurisdicción. En cuanto al tema, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis visible en la página 250, del tomo XV, del Semanario Judicial de la Federación, con registro digital 810781, sostuvo: "Autoridades. Es un principio general de derecho constitucional, universalmente admitido, que las autoridades sólo pueden hacer lo que la ley les permite". Por su parte, los preceptos del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México que regulan la figura jurídica de la competencia señalan, en lo que interesa, establecen lo siguiente: "Artículo 1.32. Ningún Tribunal puede negarse a conocer de un asunto sino por considerarse incompetente. En este caso debe expresar en su resolución los fundamentos legales en que se apoye". "Artículo 1.34. Es Juez competente, aquél al que los interesados se hubieren sometido expresa o tácitamente, si se trata de competencia prorrogable". "Artículo 1.35. Hay sumisión expresa, cuando los interesados renuncian a la competencia que la ley les concede y designan al Tribunal o Tribunales, a que se someten". "Artículo 1.42.- Es Juez competente: El del lugar señalado para el cumplimiento de la obligación, aún tratándose de rescisión o nulidad; El de la ubicación del bien, si se ejercita una acción real sobre inmuebles. Cuando éstos estuvieren en dos o más distritos, la competencia se decidirá a prevención. Lo dispuesto en esta fracción se observará respecto de las cuestiones derivadas del contrato de arrendamiento de inmuebles; El del domicilio del demandado, si se trata del ejercicio de una acción sobre bienes muebles, o de acciones personales o de estado civil. Cuando sean varios los demandados y tuvieren diversos domicilios, será Juez competente el del domicilio que escoja el actor, lo mismo que cuando el demandado tenga varios domicilios; A falta de domicilio fijo, el del lugar donde se celebró el contrato, cuando la acción sea personal; (...)". De los numerales transcritos se infiere, para determinar la competencia por territorio las siguientes reglas: a) si existe sumisión expresa o no de las pares para someterse a algún tribunal en especial en términos del artículo 1.35 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México; b) De no existir ésta, habrá de atenderse al lugar señalado para ser requerido de pago o en su caso, para el cumplimiento de la obligación; c) de no hacerse la designación al respecto se tendrá que entender al domicilio del obligado ; y, d) si el obligado tuviera varios domicilios, el actor podrá elegir cualquiera de ellos para presentar su demanda. Luego, sobre los contratos de adhesión -como lo señaló la autoridad responsable- la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 1a./J. 1/2019 (10a.) con registro digital 2019661, materias Constitucional, Civil, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 65, Abril de 2019, Tomo I, página 689, del rubro: "COMPETENCIA POR SUMISIÓN EXPRESA. LA REGLA ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 1093 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, NO RESULTA APLICABLE A LAS CLÁUSULAS ESTIPULADAS EN CONTRATOS BANCARIOS DE ADHESIÓN CUANDO SE ADVIERTA VULNERACIÓN A LA GARANTÍA DE ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA.", en relación a los contratos de adhesión señaló: Que conforme a la Ley Federal de Protección al Consumidor, el contrato de adhesión es el documento elaborado unilateralmente por el proveedor para establecer en formatos uniformes los términos y condiciones aplicables a la adquisición de un producto o la prestación de un servicio. Que los contratos de adhesión son una respuesta a la necesidad de tutelar jurídicamente relaciones masivas de consumo en las que el consumidor acepta una serie de obligaciones y derechos sin incidir de forma alguna en su SR, elaboración; por ende, satisfacen una necesidad económica al mejorar la eficiencia de las relaciones comerciales, pues i) reducen los costos de transacción, ii) contribuyen a la racionalización de la empresa y iii) incrementan la seguridad jurídica. Que el uso de contratos de adhesión agiliza la celebración de relaciones jurídicas en contextos comerciales y, por ende, favorece la racionalización de la empresa. En efecto, este tipo de convenciones generan efectos instantáneos una vez que las partes están de acuerdo en los elementos esenciales; además, no requieren personal especializado para su celebración, pues únicamente implican ofrecer el producto y esperar su aceptación o rechazo. Que la doctrina considera que los contratos de adhesión incrementan la seguridad jurídica de las partes, ya que permiten prever anticipadamente las consecuencias generales del incumplimiento de la obligación. No obstante, el proveedor es quien elabora todas las cláusulas -y no están sujetas a modificación ulterior-, esta seguridad beneficia en mayor medida al empresario; en este sentido, se trata de una seguridad jurídica unilateral. Que el uso de condiciones generales en contratos de adhesión constituye un recurso útil, pues reduce de manera significativa los costos de transacción; sin embargo, no puede ignorarse que la masificación de las relaciones jurídicas mediante contratos de adhesión implica la sumisión contractual de los consumidores frente a los términos unilaterales de la empresa. Que la redacción clausular de un contrato de adhesión elaborado por los proveedores, las entidades financieras y comerciales no incurre de manera directa en las previsiones prohibidas en la ley para calificar de abusiva una cláusula; más bien, los proveedores y las entidades financieras y comerciales intentan dar la apariencia de equilibrio y equidad en las condiciones contractuales; sin embargo, es frecuente que tales modelos de contratos de adhesión no resistan un análisis jurídico a fondo, pues las entidades financieras logran que la firma de los contratos se realice sin mayor cuestionamiento de los usuarios por aprovecharse de diversas circunstancias: a) El desconocimiento de las implicaciones jurídicas que acarrean las condiciones impuestas. La publicidad excesiva de productos o servicios con aparentes ventajas en su adquisición y utilización, lo que incluye un esquema de ventas persuasivas y en ocasiones con publicidad engañosa e información mínima. Utilización de formatos con letras diminutas e ilegibles y clausulados extensos. Que en este sentido, el consumidor no tiene la facultad de negociar los términos del acuerdo, aun cuando hubiese leído y entendido los términos del contrato por adhesión y desease negociar la modificación de algunas de sus cláusulas, carece de la posibilidad para efectuar dichos cambios. Esta asimetría de poder constituye una característica común en los contratos de Que algunas particularidades del contrato de adhesión que son susceptibles de afectar los derechos del consumidor. En primer término, i) el proveedor tiene la posibilidad de incluir cláusulas desfavorables para el consumidor; aunado a ello, ii) el consumidor no negocia y, por ende, no puede incidir de forma alguna en la elaboración del contrato; y, finalmente, iii) se presenta una doble asimetría en la información entre la institución financiera y el usuario: respecto del servicio y también respecto de la formulación y las implicaciones del contrato que firma (pues no formó parte de la elaboración de las cláusulas y no necesariamente tiene el conocimiento técnico para comprenderlas a cabalidad). Que de esta forma, si bien es cierto que el consumidor es libre para otorgar su consentimiento en los contratos de adhesión, también lo es que en dichas relaciones necesariamente se ubica en una posición de vulnerabilidad frente al proveedor. Que en consecuencia, la Primera Sala consideró que las cláusulas de los contratos de adhesión deben interpretarse a la luz de los derechos del usuario, buscando equilibrar la situación de desventaja en que se encuentra frente al proveedor del servicio financiero. Por lo que concluyó señalando: Que la competencia territorial es prorrogable, toda vez que las partes de un acto jurídico pueden someterse, para el caso de controversia, a los 8^ tribunales de un determinado lugar, a través del pacto de sumisión, en el que los interesados manifiestan su voluntad en forma expresa para que los tribunales de un determinado lugar sean competentes para conocer de un litigio futuro o presente; sin embargo, para que se configure esa sumisión expresa, debe existir la voluntad de las partes en renunciar al fuero que la ley les concede y que se haga la designación de tribunales competentes, pero con la condición de que sean únicamente los del domicilio de alguna de las partes, los del lugar del cumplimiento de alguna de las obligaciones contraídas o los del lugar de ubicación de la cosa. Ese pacto de sumisión expresa en el que las partes prorrogan jurisdicción por razón de territorio, queda limitado cuando esa convención implica impedimento o denegación de acceso a la justicia, lo que puede suceder si las partes se someten a la jurisdicción de un lugar en el que ninguna de ellas tenga su domicilio, ni en él se haya pactado el cumplimiento de alguna de las obligaciones contraídas, ni sea el de la ubicación de la cosa, puesto que la necesidad de trasladarse a litigar a un lugar distinto a alguno de los precisados con antelación, resultará más oneroso y sí puede constituir impedimento o denegación de acceso a la justicia para alguna de las partes. Así, con independencia de que, en términos de lo dispuesto en el artículo 78 del Código de Comercio, la voluntad de las partes es la ley suprema de los contratos -entre los que se encuentran cualquier contrato de prestación de servicios bancarios-, esa regla genérica en materia mercantil no es aplicable al pacto de sumisión, en virtud de que a éste lo rige la norma especial contenida en el artículo 1093, en relación con el diverso 1092, ambos del ordenamiento invocado, que limita la configuración de ese pacto a los casos expresamente contenidos en el referido precepto 1093, que son limitativos y no enunciativos, puesto que por su sentido literal y conforme a una interpretación teleológica, su finalidad fue la de garantizar, en la medida de lo posible, que en la materia mercantil la actividad jurisdiccional que corresponde al Estado, a través de los tribunales y mediante los juicios mercantiles, se realice logrando una justicia expedita, imparcial y completa, y esa reforma complementa las diversas reformas constitucionales y legales aprobadas para lograr un nuevo sistema judicial que asegure a todos los mexicanos el pleno goce de su garantía de acceso a la jurisdicción. En ese sentido, la limitación aludida del pacto de sumisión expresa se actualiza en el supuesto en el que el usuario del servicio financiero, por las cláusulas estipuladas en el formato del contrato de adhesión que se le impusieron, se someta a la jurisdicción de un lugar diferente al de su residencia habitual, dado que esa circunstancia conlleva forzosamente la necesidad de trasladarse a una ciudad distinta para efectuar la defensa de sus pretensiones, lo que sin duda generará un detrimento económico considerable que pudiera traducirse en impedimento o denegación de acceso a la justicia para el acreditado, máxime si toma en consideración que la institución financiera tuvo presencia en el lugar donde se promovieron las controversias o de donde se contrajeron las obligaciones. Es decir, constituye un hecho notorio que las instituciones bancarias no ofrecen sus servicios únicamente dentro de la jurisdicción territorial de la Ciudad de México, sino que lo hacen a lo largo de todo el territorio nacional, obteniendo lucro por los mismos; de ahí que sea lógico y razonable estimar que, en caso de controversia, no debe obligarse a los usuarios financieros a tener que desplazarse e incurrir en costos extraordinarios para poder tener un acceso efectivo a la justicia; pues se insiste, estamos en presencia de un contrato mercantil de adhesión, cuyos términos no resultan negociables y si bien es cierto que los particulares tienen la opción de no celebrarlo si no quieren obligarse por los términos estipulados, también es verdad que de negarse a celebrarlo no podrían disfrutar de los beneficios de los servicios bancarios, puesto que tendrían que aceptar incondicionalmente los términos que les impone la institución bancaria. Consecuentemente, con independencia de que los contratantes hayan estipulado una cláusula de sumisión expresa a la competencia de los juzgados y tribunales de determinada circunscripción territorial, lo cierto es que en tratándose de contratos de adhesión celebrados con instituciones bancarias, esa regla no cobra aplicación, debiendo apegarse a la interpretación que más favorezca el derecho de acceso a la justicia consagrado en el artículo 17 de la Constitución Federal, que consiste en que los particulares cuentan con libertad para fijar la competencia donde se tramitará el juicio, tomando como parámetro el lugar donde se encuentre su domicilio, siempre y cuando también se proteja el interés de la institución crediticia demandada, que se traduce en que no se vea mermado su derecho de defensa por no contar con infraestructura o representación en los lugares en donde se desenvuelva la controversia. Por tanto, como lo señaló la autoridad responsable si Gabriela Pantaleón Jaramillo, apoderada de Banca Afirme, sociedad anónima, institución de banca múltiple, Afirme Grupo Financiero, exhibió como documento base de la acción un contrato de apertura de crédito simple con garantía hipotecaria en primer lugar y grado de preferencia del cinco de junio de dos mil dieciocho, que suscribió con el demandado. Al ser un contrato de adhesión celebrado con una institución bancaria, en el caso no es aplicable el pacto de sumisión expresa contendido en la cláusula vigésima novena del citado contrato, toda vez que el pacto de sumisión contenido en el artículo 1.35 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, encuentra limitantes y del documento basal no se advierte que el demandado tenga su domicilio en la Ciudad de México, pues del contrato de apertura de crédito simple con garantía hipotecaria en primer lugar y grado de preferencia en la cláusula vigésima, el demandado señaló como domicilio convencional para el efecto de oír y recibir notificaciones, el ubicado en Avenida del Lago, número 98-D, fraccionamiento Cofradía San Miguel II, Municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, por lo que no surte efectos el pacto de sumisión a que alude el quejoso. Por tanto, si el demandado tiene su domicilio en Cuautitlán Izcalli, en términos del artículo 1.42, fracción III, del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, resulta competente el Juzgado Tercero Civil del Distrito Judicial de Cuautitlán, con residencia en Cuautitlán Izcalli, para conocer del asunto en estudio, por ser quien ejerce jurisdicción en donde el demandado tiene su domicilio, además de que el bien inmueble hipotecado se encuentra en el municipio donde aquél ejerce su jurisdicción, lo que tiene -incluso- a favorecer el derecho de acceso a la justicia consagrado en el artículo 17 constitucional. En las relatadas consideraciones, ante la ineficacia de los conceptos de violación, lo procedente es negar el amparo solicitado. Negativa del amparo que debe hacerse extensiva a los actos de ejecución reclamados a la Juez Tercero Civil del Distrito Judicial de Cuautitlán, con residencia en Cuautitlán Izcalli, del Estado de México, al no haberse reclamado por vicios propios, como lo dispone el criterio de la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Volumen I, Primera Parte-1, Enero a Junio de 1988, Octava Época, a página 357, que establece: "AUTORIDADES ORDENADORAS, AMPARO CONTRA. SU NEGATIVA DEBE HACERSE EXTENSIVA A LAS EJECUTORAS, SI NO SE RECLAMARON SUS ACTOS POR VICIOS PROPIOS. Si no quedaron demostradas las violaciones aducidas en la demanda de garantías, respecto de las autoridades ordenadoras, ha lugar a negar la protección constitucional solicitada, debiéndose extender a los actos de ejecución, cuando los mismos no se impugnaron por vicios propios, sino que su ilegalidad se hizo depender de lo atribuido a la sentencia reclamada". Por lo expuesto y fundado se: RESUELVE ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a **********contra las autoridades precisadas en el considerando tercero, por las razones expuestas en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese por lista electrónica a la parte quejosa y tercero interesada, así como por oficio a las autoridades responsables. Lo resolvió y firma electrónicamente Michel Navarrete Archundia, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México, encargado del despacho en términos de los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por vacaciones del Titular, autorizado mediante oficio CCJ/ST/2241/2023 del quince de mayo de dos mil veintitrés, suscrito por la Secretaria Técnica de la Comisión Permanente de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en unión de Juan Luis Carrillo Ramírez, Secretario quien da fe. Doy fe.
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