Edgar Gutierrez Monroy

Expediente 631/2016 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 4 actuaciones registradas, la última del 29 de julio de 2016.

Datos del expediente

Expediente
631/2016
Año
2016
Actuaciones
4
Última actuación
29/07/2016

Partes del expediente

  • Edgar Gutierrez Monroy

Actuaciones

  1. Principal

    Agréguese el escrito de cuenta firmado por *****, autorizada del quejoso ******, a través del cual solicita copia simple y certificada de todo lo actuado en el presente juicio de amparo; en atención a su contenido, no ha lugar acordar de conformidad lo solicitado, toda vez que, de una búsqueda en el Registro Nacional de Cedulas Profesionales, se aprecia que los números de cedula proporcionados en la demanda de amparo, no corresponde a los datos de dicha persona, por tanto, únicamente, se encuentra autorizada para oír y recibir notificaciones, no así con las facultades amplias que otorga el artículo 12 de la Ley de Amaro, tal como se precisó en auto de doce de los actuales.

  2. Principal

    Vista la certificación de cuenta a que se refiere el numeral 98 de la Ley de Amparo, sin que a la fecha se haya interpuesto el recurso correspondiente contra el auto de doce de julio del año en curso, en el que se desechó de plano la demanda de amparo promovida por *****; en consecuencia, se declara que dicho proveído ha causado estado. Realícense las anotaciones en el libro respectivo y tomando en consideración que no hay diligencias pendientes por practicar, en su oportunidad archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido.

  3. Principal

    Agréguese a los autos la diligencia que antecede de trece de julio del año que transcurre, en la que el actuario adscrito a este órgano de control constitucional manifiesta la imposibilidad que tuvo para notificar el proveído de doce del mes y año en curso, al quejoso *******, dados los motivos que expresa en dicha razón, mismos que se tienen por reproducidos en aras de repeticiones innecesarias, en consecuencia, se ordena notificar al quejoso el mencionado proveído, así como los subsecuentes, aún los de carácter personal, por medio de lista, la cual se fija en un lugar visible de este juzgado de Distrito, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, hasta en tanto sea señalado domicilio para tales efectos.

  4. Principal

    Vista la demanda de garantías promovida por *****, contra el acto y autoridad siguientes: Autoridad responsable Juez Décimo Tercero de Distrito de Procesos Penales Federales. Acto reclamado El acuerdo de veintiuno de junio de dos mil dieciséis, dictado por el Juez Décimo Tercero de Distrito de Procesos Penales Federales en la Ciudad de México. Anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado con el número 631/2016-I. SE DESECHA LA DEMANDA DE AMPARO. Ahora, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable que haga improcedente el juicio, lo desechará de plano, sin suspender el acto reclamado. En este tenor, es claro que el órgano de control constitucional puede desechar la demanda, cuando de su contexto, se adviertan los siguientes elementos: Entendiéndose por tales extremos, que el motivo es patente y absolutamente claro del contexto de la demanda; y, que se tiene la certeza plena de que esa circunstancia que motivó la improcedencia no puede variar en modo alguno, durante la secuela del juicio. Ahora, a consideración de la suscrita juzgadora, debe desecharse de plano la demanda de garantías, toda vez que de su análisis integro, se advierte un motivo de improcedencia que reúne las diversas características exigibles para su desechamiento; es decir, es manifiesto e indudable, por las siguientes razones. Conforme a este último precepto, las violaciones procesales cometidas en la tramitación de un procedimiento seguido en forma de juicio, serán impugnables a través del juicio de amparo indirecto, sólo cuando éste se promueva contra la resolución definitiva que lo culmine, pues en este aspecto el legislador determinó que es el momento oportuno en que el gobernado podrá plantear tanto las violaciones efectuadas en la misma, como las ocurridas en el devenir de éste; esto es, que lo hayan dejado sin defensa o privado de los derechos que la ley de la materia le conceda. Lo cual quiere decir que las mencionadas infracciones sí son susceptibles de ser combatidas en sede constitucional pero no como acto destacado, sino a través de los conceptos de violación que se En este sentido, el procedimiento seguido en forma de juicio, debe entenderse como aquél cuya naturaleza del acto reclamado no proviene de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo y, por regla general, las violaciones acaecidas durante la secuela procedimental, en modo alguno pueden ser atacadas al momento en que surjan, sino hasta el dictado de la resolución definitiva. Esto es, que ante la hipótesis de que los actos procesales aislados, previos a la sentencia, puedan causar perjuicio al particular que interviene en el procedimiento, el amparo sólo procede cuando sobreviene la definitiva; es decir, debe esperar ésta, y si lo perjudica podrá combatirla a través del medio de control constitucional junto con las violaciones de procedimiento. Ello radica en la intención de evitar la proliferación de asuntos, y su impacto en la pronta impartición de justicia. Ahora, la extradición internacional, regulada por el artículo 119, tercer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tiene el carácter de procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, en virtud del cual, la concesión de la entrega al constituir una acción exclusiva de la soberanía nacional, reserva su decisión al criterio del Ejecutivo Federal, con la participación del Poder Judicial de la Federación. De tal suerte que, derivado de la naturaleza de la extradición, a los sujetos reclamados no les aplican las normas constitucionales y legales relativas al proceso penal en México, sino los términos, condiciones, requisitos y procedimiento establecidos en el ordenamiento especial y, en su caso, el Tratado Internacional celebrado con el Estado requirente, pues es en este último en donde serán juzgados, conforme a su legislación interna. Así, se estima que si bien no se acordó favorable la admisión de pruebas ofrecidas por la parte quejosa dentro del expediente de extradición 21/2015-I, - lo cual constituye el acto reclamado -, también lo es que dada la naturaleza de dicho procedimiento, podrá atacarlos a través de este medio de control constitucional, hasta que se dicte la resolución definitiva, en caso de serle adversa, pues desde luego, cabe la posibilidad de que la Secretaría de Relaciones Exteriores, niegue al Estado solicitante la petición planteada.

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