Edgar Gutierrez Anaya
Expediente 617/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 9 de agosto de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 617/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 09/08/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Edgar Gutierrez Anaya
Actuaciones
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, nueve de agosto de dos mil veintiuno. Causa estado. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y visto el contenido de la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término de cinco días que concede el artículo 98, con relación al 97, fracción I, inciso a), ambos de la Ley de Amparo, sin que haya sido recurrido el auto de cinco de julio de dos mil veintiuno, por el que se desecha la demanda de amparo promovida por EDGAR GUTIERREZ ANAYA, se declara que dicho proveído HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes, con fundamento en el artículo 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa de su artículo 2. Integración del expediente, anotaciones y archivo. Realícense las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y una vez que se encuentren agregadas la totalidad de las constancias, archívese este expediente como total y definitivamente concluido Transferencia. Ahora bien, de conformidad con lo establecido en el artículo 21, párrafo primero, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el presente acuerdo destrúyase dentro del plazo indicado en el párrafo tercero del citado numeral y remítase el acta de baja documental a la Dirección General de Archivo y Documentación del propio Consejo. Clasificación documental. Por otra parte, en cumplimiento a lo que establece el artículo 35, del Acuerdo General Conjunto señalado en el párrafo precedente, este expediente a criterio de este juzgador no es de relevancia documental, por lo cual así deberá asentarse en la carátula del presente juicio. Valoración de expediente. Para los efectos legales correspondientes, se hace constar que el presente expediente es destruible, al ubicase en la hipótesis prevista en el artículo 21, párrafo primero, inciso d) del Acuerdo General citado. Disposición de documentos. En caso de que, existan documentos originales, en términos del artículo 3, fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se requiere a la parte oferente del mismo para que presente a recogerlos dentro de los siguientes noventa días naturales a la notificación del presente proveído. Con apercibimiento que de no hacerlo se destruirán en términos del artículo 21, párrafo segundo, de ese Acuerdo. NOTIFÍQUESE....MESA 7
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, cinco de julio de dos mil veintiuno. Recepción de la demanda. Vista la demanda de amparo promovida por Edgar Gutiérrez Anaya, por propio derecho, contra actos que reclama del Juez y Ejecutor adscritos al Juzgado Séptimo Civil de Primera Instancia de Tlalnepantla, con residencia en Atizapán de Zaragoza. Registro de demanda. Fórmese expediente y regístrese en el libro de control de este juzgado con el consecutivo 617/2021, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que lleva a cabo este Juzgado Federal, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 174 a 179 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince. Estudio de la demanda. Previo a acordar lo que en derecho corresponda, conviene precisar que en los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, se establece la obligación que tiene este juzgador de examinar en su integridad la demanda de amparo, y si encontrare un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Los artículos precisados son del tenor literal siguiente: "Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. En el supuesto de los artículos 15 y 20 de esta Ley deberá proveerse de inmediato." "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." En relación con lo expuesto por diversos tribunales de la Federación, éstos se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda; en tanto que, lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto; de tal modo, que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. En este sentido, a fin de explicar el concepto de motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se trae a colación la jurisprudencia I.6o.C. J/19 del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo X, septiembre de 1999, página 730, cuyo rubro y texto a la letra dicen: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA" De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad." Ahora bien, de un análisis integral de la demanda de amparo, este juzgador advierte que se configura de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo, cuyo texto a la letra dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas." Así, conforme a la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, el juicio de amparo es improcedente cuando el quejoso es parte en el juicio o procedimiento del cual derivan los actos reclamados, y no hace valer, previamente a la promoción del juicio de amparo, los recursos ordinarios o medios de defensa que establezca la ley del acto reclamado, puesto que entre los presupuestos fundamentales en que se sustenta el juicio constitucional se encuentra el de definitividad. Lo anterior es así, porque el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa y sólo es procedente cuando se hayan interpuesto previamente los recursos o medios de defensa que la ley del acto haya instituido precisamente para la impugnación del propio acto o actuación judicial, salvo los casos de excepción que la Constitución Federal y la Ley de Amparo precisan. Luego, basta la simple lectura de la fracción en comento, para concluir que para su actualización, deben concurrir los requisitos siguientes: a) Que el acto reclamado sea una resolución proveniente de un tribunal judicial, administrativo o del trabajo; b) Que la ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; c) Que ese recurso o medio de defensa se dé dentro del procedimiento en que emitió la actuación reclamada; d) Que por virtud de dicho medio, la resolución judicial pueda ser modificada, revocada o nulificada; y e) Que no se surta en la especie una de las excepciones al principio de definitividad, establecidas en el mismo precepto y o cualquier otra parte de la ley. Lo anterior patentiza que el recurso que debe tener a su alcance el quejoso para impugnar las actuaciones del tribunal judicial, administrativo o del trabajo, es el que se otorga dentro del procedimiento del que proviene el acto reclamado, es decir, un recurso ordinario, por el cual se pueden revocar, nulificar o modificar; de allí que, el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional que procede contra actos definitivos, por lo que es imperativo para el agraviado acudir a las instancias comunes que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, antes de solicitar la protección de la Justicia Federal, salvo los casos de excepción previstos en los artículos 107, fracciones III, IV, VII y XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 61, fracción XVIII incisos a), b) y c), y 107 de la Ley de Amparo, así como los expresamente señalados en la jurisprudencia de los órganos del Poder Judicial de la Federación. Lo anterior encuentra sustento en la tesis de la Séptima Época, con registro digital 254245, del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, volumen 82, sexta parte, materia común, página 77, que señala: "RECURSOS ORDINARIOS. Conforme al artículo 73 fracción V, de la Ley de Amparo, antes de acudir al juicio de amparo en principio se deben agotar los recursos ordinarios que procedan contra el acto reclamado, pero para ello se requiere: a) que mediante ellos el acto pueda ser modificado, revocado o nulificado, y b) que conforme a la misma ley se conceda el beneficio de la suspensión del acto mediante la interposición del recurso o medio de defensa legal, sin exigir mayores requisitos que los que la Ley de Amparo señala para obtener la suspensión definitiva. Y es de notarse que para que el precepto no resulte contrario al espíritu de la Ley de Amparo, protectora de derechos constitucionales, es requisito necesario que el recurso esté previsto en forma expresa en la misma ley que fundó el acto, o que fundó el procedimiento del que emanó dicho acto, pues no se trata de favorecer la subsistencia de actos posiblemente inconstitucionales mediante rigorismos de técnica que funcionen como trampas procesales." También se invoca la jurisprudencia Tesis: I.6o.C. J/37, Novena Época, con registro digital 187016, del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XV, mayo de 2002, materia común, página 902, que señala: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías." Así también, robustece a lo aquí dicho, la jurisprudencia I. 4o. C. J/25, Octava Época, con registro digital 224800, visible en el Semanario Judicial de la Federación, tomo VI, segunda parte-1, julio-diciembre de 1990, materias civil, común, página 361, que señala: "IMPROCEDENCIA SUSTENTADA EN LA FRACCION XIII DEL ARTICULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. ELEMENTOS QUE LA INTEGRAN. Los elementos con los que se integra la causa de improcedencia del juicio de garantías prevista en el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, son los siguientes: a) que el acto reclamado sea resolución proveniente de un tribunal judicial; b) que la ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; c) que ese recurso o medio de defensa se dé dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada; y d) que por virtud de dicho medio, la resolución judicial pueda ser modificada, revocada o nulificada. Con la sola concurrencia de tales elementos se configura la causa de improcedencia en comento, aunque la parte agraviada no haya hecho valer el medio de impugnación oportunamente; y sólo se contemplan como casos de excepción, el contenido en el artículo 107, fracción VII, de la Constitución Federal, para los terceros extraños, y aquellos en que el acto reclamado importe peligro de privación de la vida, deportación o destierro, o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución." En el caso, es necesario precisar los actos que reclama la parte quejosa consistentes en: ".IV.- El acto reclamado lo constituye: LA DILIGENCIA DE REQUERIMIENTO DE PAGO, EMBARGO Y EMPLAZAMIENTO PRCATICADA ILEGALMENTE AL SUSCRITO DENTRO DE LOS AUTOS DEL EXPEDIENTE NÚMERO 168/2021 DE LA ESTADISTICA DEL JUZGADO SÉPTIMO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA DE TLALNEPANTLA, CON RESIDENCIA EN ATIZAPÁN DE ZARAGOZA, ESTADO DE MÉXICO, POR EL EJECUTOR ADSCRITO A DICHO JUZGADO, DILIGENCIA QUE ILEGALMENTE FUE LLEVADA A CABO EN EL DOMICILIO UBICADO EN CALLE DE LAS FOGATAS NUMERO 3, COLONIA VILLAS DE LA HACIENDA, MUNICIPIO DE ATIZAPÁN DE ZARAGOZA, ESTADO DE MÉXICO, ASÍ COMO TODAS LAS DEMÁS ACTUACIONES QUE COMO CONSECUENCIA DE DICHA DILIGENCIA SE LLEVARON A CABO EN EL EXPEDIENTE DE DONDE EMANA EL ACTO RECLAMADO, EN EL CUAL NO HE SIDO EMPLAZADO CON LAS FORMALIDADES DE LEY, CON LO CUAL SE TRANSGREDE FLAGRANTEMENTE MI DERECHO HUMANO DE AUDIENCIA, ES DECIR A SER DEBIDAMENTE OIDO Y VENCIDO EN JUICIO." Asimismo, del análisis de la demanda de amparo, se advierte que en el capítulo de antecedentes del acto reclamado el quejoso bajo protesta de decir verdad aduce que el diecinueve de junio pasado, al encontrarse en una reunión con su hermano Cesar Oscar Gutiérrez Zarco, éste le hizo del conocimiento que el siete de junio del año en curso, dejaron en su domicilio ubicado en calle de las Fogatas número 3, colonia Villas de la Hacienda, municipio de Atizapán de Zaragoza, Estado de México, unos documentos que se encuentran dirigidos al quejoso y que consisten en una demanda instada en su contra, aduciendo que dicho lugar no constituye su actual domicilio, ni nunca lo ha sido. En efecto, de sus propias manifestaciones se advierte que el siete de junio de dos mil diecinueve, fue emplazado al juicio especial de desahucio 161/2021, en el que tiene el carácter de parte demandada, lo cual le da la oportunidad de hacer valer los medios de defensa que la ley contempla para combatir las determinaciones dictadas en dicho procedimiento, conforme al Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, esto es, está en aptitud de hacer valer los recursos y medios de defensa ordinarios previstos en la ley para ejercer su derecho humano de audiencia. Bajo esa perspectiva, dado que los actos que reclama consistente en la ilegal diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento, realizada por el Ejecutor adscrito al Juzgado Séptimo Civil de Primera Instancia de Tlalnepantla, con residencia en Atizapán de Zaragoza, en razón de que el juicio de origen se encuentra en trámite, el acto reclamado del que se duele puede combatirse a través del incidente de nulidad de actuaciones, de conformidad con los artículos 1.113 y 1.114 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, que a la letra señalan: Artículo 1.113.- Las actuaciones serán nulas cuando carezcan de alguna de las formalidades establecidas por la ley, y que por esta falta quedare sin defensa cualquiera de las partes, así como en los demás casos que este Código determine; pero no podrá ser invocada por quien dio lugar a ella. 1.114.- La nulidad deberá ser reclamada en incidente, dentro del plazo de tres días a partir de que el interesado tenga conocimiento del vicio o nulidad. Se entiende que una parte tiene conocimiento del vicio o nulidad de las actuaciones judiciales, cuando después de ellas hace alguna promoción o concurre a alguna diligencia o actuación subsecuente. De no promoverse el incidente en el plazo señalado o cuando se satisfaga la finalidad procesal del acto o actuación, quedarán revalidados de pleno derecho y el incidente se desechará de plano. Bajo ese contexto, resulta que en contra de las actuaciones, dentro de los autos del expediente 168/2021, Juzgado Séptimo Civil de Primera Instancia de Tlalnepantla, con residencia en Atizapán de Zaragoza, se advierte que procede el incidente de nulidad de actuaciones; máxime que tal y como quedó señalado con antelación, dicho juicio aún no se encuentra concluido. En las relatadas condiciones, si el promovente se abstuvo de agotar el incidente de nulidad de actuaciones como medio de impugnación, antes de acudir ante este órgano de control constitucional y por ende no agotó el principio de definitividad, se hace evidente la actualización de la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII, del artículo 61 de Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia por reiteración VI.1o. J/78, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, en Enero de 1993, Octava Época, pagina 99, con registro 217466, cuyo rubro y texto son los siguientes: "NULIDAD DE ACTUACIONES. SI EL JUICIO NO HA CONCLUIDO CON SENTENCIA, DEBE AGOTARSE PREVIAMENTE AL AMPARO. El artículo 73 fracción XIII de la Ley de Amparo, establece que el juicio constitucional es improcedente contra resoluciones judiciales o de tribunales administrativos o del trabajo respecto de las cuales conceda la ley algún recurso o medio de defensa por ello es obvio que en esta última expresión, medio de defensa, queda comprendido el incidente de nulidad de actuaciones que debe agotarse previamente a la promoción del juicio de garantías, a través del cual puede lograrse la anulación del acto reclamado; esto es obtener el objetivo de cualquier medio de defensa. Por ende si el juicio en que se reclama la falta o indebido emplazamiento no se encuentra concluido por sentencia, eso vuelve procedente la tramitación del incidente de nulidad de actuaciones previo a la acción constitucional, y si no se agota, no se satisface el principio de definitividad que determina la procedencia del juicio de amparo." De igual forma es aplicable al caso concreto la jurisprudencia número I.6o.C. J/37, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 902, Tomo XV, Mayo de 2002, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías." Resulta también aplicable, la jurisprudencia número 986, sustentada por el Tribunal Colegiado del Octavo Distrito, visible en la página 678, Tomo VI, Parte TCC, Séptima Época, del Apéndice de 1995, que establece: "RECURSOS ORDINARIOS, QUE HACEN IMPROCEDENTE EL AMPARO. Si el quejoso estuvo en aptitud de hacer valer en el juicio de donde emanan los actos reclamados, el recurso o medio de defensa legal, por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados dichos actos, y no agotó ese recurso o medio de defensa antes de ocurrir al juicio de garantías, el acto reclamado carece de definitividad y es improcedente el amparo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." Lo anterior es así, porque el multicitado principio de definitividad, establece que sólo es procedente el juicio de amparo contra aquellas resoluciones que no admitan recurso o medio de defensa alguno conforme al cual puedan ser revocadas, modificadas o nulificadas; de modo que aquellas resoluciones que pueden ser susceptibles de ser revocadas, modificadas o anuladas a través de tales recursos o medios de defensa ordinarios, no pueden ser impugnadas directa e inmediatamente a través del juicio de amparo, sino solo lo serán aquellas resoluciones que recaigan a tales medios de defensa ordinarios, por lo tanto, es claro que el juicio de amparo procede únicamente respecto de actos definitivos, que no sean susceptibles de modificación o invalidación por recurso o medio de impugnación alguno, cuestión que no se actualiza en el caso concreto que nos ocupa. Bajo esa premisa, la causal de improcedencia invocada se actualiza, dado que en el presente asunto no se surte ninguna de las causas de excepción previstas en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, ya que el acto reclamado: a) No importa peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. b) No consiste en órdenes de aprehensión o reaprehensión, no establece providencias precautorias ni impone medidas cautelares restrictivas de la libertad, tampoco niega la libertad bajo caución ni se trata sobre el incidente de desvanecimiento de datos; además no es una orden de arresto ni un acto que afecte la libertad personal del quejoso. c) No se trate del auto de vinculación a proceso. d) Tampoco se está en presencia de una persona extraña al procedimiento, atento a las consideraciones que se exponen a continuación. En efecto, se actualiza la diversa causa de improcedencia, de la interpretación armónica del contenido del artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso artículo 107, fracción VI, ambos de la Ley de Amparo, aplicado a contrario sensu, mismos que establecen: "Articulo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: . VI. Contra actos dentro o fuera de juicio que afecten a personas extrañas." Para arribar a la anterior conclusión, es menester determinar qué debe entenderse por persona extraña a juicio o bien a un procedimiento seguido en forma de juicio, en virtud de que en la especie debe dilucidarse si cuando el quejoso promueve juicio de amparo ostentándose como persona extraña por equiparación, como ocurre en el presente asunto, pero de sus propias manifestaciones se advierte que está en posibilidad de comparecer al juicio de origen, en razón de que no se ha dictado sentencia definitiva, debe sobreseerse el juicio de garantías. En efecto, la fracción VI del artículo 107 de la Ley de Amparo, establece que procede el amparo indirecto "Contra actos ejecutados dentro o fuera de juicio, que afecten a personas extrañas." Tanto la doctrina como la jurisprudencia, utilizan indistintamente la expresión de persona extraña y de tercero extraño al referirse a la procedencia del amparo indirecto previsto en la fracción VI del artículo 107 ya citado; sin embargo, acorde con las interpretaciones sustentadas, el concepto de persona extraña al juicio o bien a un procedimiento seguido en forma de juicio, es más amplio que el de tercero extraño, porque en aquél se incluye también al propio demandado cuando no es emplazado, o cuando los vicios en el emplazamiento le impiden conocer los datos necesarios para defenderse. Para los efectos del juicio de amparo, en los términos del artículo 107, fracción VI, de la ley de la materia, persona extraña es, en principio, aquella que no ha figurado en el juicio o en el procedimiento como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas, quedando incluido en este concepto, asimismo, como ya se dijo, la parte que no fue emplazada o que fue emplazada incorrectamente. Sobre el particular, resulta aplicable la jurisprudencia P./J. 7/98, Novena Época, con registro electrónico 196932, sostenida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo VII, enero de 1998, materia común, página 56, que indica lo siguiente: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO, CONCEPTO DE. Para los efectos del juicio de amparo, en los términos del artículo 114, fracción V, de la ley de la materia, persona extraña es, en principio, aquella que no ha figurado en el juicio o en el procedimiento como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones, sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas, quedando incluida en este concepto, asimismo, la parte que no fue emplazada o que fue emplazada incorrectamente." Ahora bien, toda vez que en el presente asunto el aquí quejoso figura como demandado en el juicio del cual se duele no haber sido oído y vencido, también se puede hablar de tercero equiparado, tal y como lo sostuvo el Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, en la tesis con registro 231844, Octava Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, tomo I, segunda parte-2, enero-junio de 1988, materia común, página 720, que a la letra indica: "TERCERO EXTRAÑO, CONCEPTO DE. En opinión de este Tribunal Colegiado, si bien la persona extraña a juicio es aquélla que no es parte en ningún procedimiento judicial, también se equipara a ella, la que siendo demandada, alegue no haber sido emplazada legalmente." Por otro lado, importa destacar que la afectación que puede resentir una persona extraña a juicio, no proviene en todos los casos del mismo acto dentro de la secuela que va desde la demanda hasta el cumplimiento de la sentencia, sino que ello dependerá de la titularidad del derecho que reclame (y pruebe), sea en relación con el bien debatido en el juicio, sea con los bienes de que la sentencia disponga o, en fin, con aquellos que se afecten en la ejecución. Lo anterior es así porque cuando se sigue un juicio sin llamar a la que es titular de los derechos que en el procedimiento habrán de controvertirse, o bien no se le emplaza en forma correcta al juicio, es evidente que conforme al derecho positivo se le causa un perjuicio a sus intereses jurídicamente protegidos, tanto desde el punto de vista legal como desde el punto de vista constitucional, porque las disposiciones ordinarias le dan acciones para intervenir en el juicio, y desde el punto de vista constitucional en razón de que si los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, otorgan a todo gobernado los derechos fundamentales de audiencia y legalidad, no puede válidamente discutirse en juicio sobre un bien o derecho del que es titular una persona a quien no se llamó para que se defendiera. Ahora bien, el quejoso Edgar Gutiérrez Anaya, destaca como acto reclamado la ilegal diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento, realizada por el Ejecutor adscrito al Juzgado Séptimo Civil de Primera Instancia de Tlalnepantla, con residencia en Atizapán de Zaragoza, así como todas las demás actuaciones que como consecuencia de dicha diligencia se llevaron a cabo en el expediente 168/2021, como tercero extraño por equiparación, que el diecinueve de junio del año en curso, se enteró de la existencia del juicio natural ya que encontrándose en una reunión con su hermano Cesar Oscar Gutiérrez Zarco, éste le hizo del conocimiento que el siete de junio del año en curso, dejaron en su domicilio ubicado en calle de las Fogatas número 3, colonia Villas de la Hacienda, municipio de Atizapán de Zaragoza, Estado de México, unos documentos que se encuentran dirigidos al quejoso y que consisten en una demanda instada en su contra. En tales condiciones, de lo anterior puede concluir que al aquí quejoso no le asiste el carácter de tercero extraño por equiparación al juicio 168/2021, ya que el mismo no se encuentra concluido; por lo que se estima que pudo comparecer a dicho juicio, e incluso promover el medio de defensa ordinario que estimara procedente en contra del emplazamiento que tilda de ilegal, del cual derivan los actos reclamados en el presente juicio. La anterior circunstancia, esto es, el hecho de que el promovente de amparo, además de ser parte demandada en el juicio del cual deriva la reclamación y de haber promovido el presente juicio de amparo cuando en el juicio de origen aún no se dicta sentencia definitiva que concluya el mismo, es razón suficiente para desvirtuar su carácter de persona extraña al juicio en términos del artículo 107, fracción VI, de la Ley de Amparo. En efecto, si el promovente se hizo sabedor del procedimiento incoado en su contra antes de que dictara la sentencia que afectara algún derecho, es evidente que por ese hecho perdió el carácter de persona extraña al procedimiento; circunstancia que le permite hacer valer, a través de los medios impugnativos ordinarios, la defensa a sus intereses dentro del propio proceso y, en caso de no obtener resolución favorable, esperar a hacer el planteamiento de las violaciones procesales al momento de combatir la sentencia definitiva. En ese orden de ideas, este juzgador advierte que en el presente asunto, como ya se anticipó también se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 1, fracción I, 5, fracción II y 107, fracción VI del propio ordenamiento legal, Se desecha demanda En tales condiciones, al ser manifiesta e indudable la improcedencia invocada, con apoyo en lo previsto por el artículo 113 de la Ley de Amparo se desecha de plano por notoriamente improcedente la presente demanda de amparo promovida por Edgar Gutiérrez Anaya, por propio derecho. De las notificaciones al quejoso. Con fundamento en el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones únicamente de carácter personal, el ubicado en calle Benito Juárez, número 64, colonia Lázaro Cárdenas, código postal 53560, Naucalpan de Juárez, Estado de México. Habilitación de días y horas para la práctica de notificaciones. Se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todo tipo de notificaciones en el presente asunto (personales, por oficio, electrónicas o por cualquier medio oficial, como es el correo electrónico). Autorizados. Por cuanto hace a los profesionistas y personas que hace referencia en su demanda, ténganse por autorizadas para el único efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos a los profesionistas que refiere en su ocurso, hasta en tanto, acrediten haber registrado su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, de conformidad con el artículo 12, párrafo segundo de la Ley de Amparo, en la inteligencia de que si ya lo hicieron, podrán válidamente promover en términos amplios del dispositivo legal invocado. Integración del expediente físico. Se instruye a los secretarios y actuarios para que, tan pronto como se presente alguna actuación o diligencia que deba constar por escrito y que, por ese motivo, tengan acceso al expediente físico, incorporen de inmediato a éste la totalidad de las constancias que le falten y que obren en el expediente electrónico, con las evidencias criptográficas correspondientes, sin necesidad de agregarles certificación alguna, pues en términos del artículo 3o. de la Ley de Amparo, la firma electrónica posee el mismo valor jurídico que la firma autógrafa. Únicamente para el caso de que, por algún impedimento técnico, o cualquier caso de fuerza mayor, no pudieren obtenerse las referidas evidencias criptográficas, se faculta al fedatario correspondiente para certificar la coincidencia de la impresión con el expediente electrónico. Finalmente, también se comisiona al Actuario Judicial adscrito a efecto de que vincule de inmediato la totalidad de las constancias de notificación que integran el sumario constitucional en que se actúa Devolución de documentos. En caso de que al concluirse este juicio existan documentos originales, en términos de los capítulos séptimo y octavo del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se requiere a la parte oferente del mismo para que presente a recogerlos dentro de los siguientes noventa días naturales a que cause estado la resolución que ponga fin al presente juicio. Con apercibimiento que de no hacerlo se destruirán en términos de los artículos 18 y 20, del citado Acuerdo General. Para ello se instruye al secretario del Juzgado para que certifique junto con la orden de archivo la existencia de tales documentos. Sin que se consideren como documentos originales la carta poder manuscrita, por no ser insustituible por otro que haya sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda; ni aquellos documentos de los que pueda obtenerse una copia certificada por alguna dependencia gubernamental, notaría o correduría públicas, sin que sea necesaria la autorización de las partes que hayan intervenido en el acto jurídico. Transparencia y acceso a la información pública. Infórmese a las partes que al elaborarse la versión pública de la resolución que se dicte en el presente asunto, se suprimirá la información confidencial proporcionada por ellas, salvo que exista consentimiento de su parte para permitir el acceso a la misma, de conformidad con los artículos 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, fracciones I, II y III, 68 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, comuníqueseles también que no se requiere de su consentimiento para ese efecto ante la actualización de alguna de las hipótesis enunciadas en el artículo 117 del ordenamiento antes citado. Notifíque.MESA 7
- Principal
CITATORIO. se notifica por medio de lista a la parte quejosa Edgar Gutiérrez Anaya, el auto de cinco de julio de dos mil veintiuno, en virtud del citatorio de catorce de julio de dos mil veintiuno; auto que en lo conducente dice: "Naucalpan de Juárez, Estado de México, cinco de julio de dos mil veintiuno. Recepción de la demanda. Vista la demanda de amparo promovida por Edgar Gutiérrez Anaya, por propio derecho, contra actos que reclama del Juez y Ejecutor adscritos al Juzgado Séptimo Civil de Primera Instancia de Tlalnepantla, con residencia en Atizapán de Zaragoza. Registro de demanda. Fórmese expediente y regístrese en el libro de control de este juzgado con el consecutivo 617/2021, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que lleva a cabo este Juzgado Federal, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 174 a 179 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince. Estudio de la demanda. Previo a acordar lo que en derecho corresponda, conviene precisar que en los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, se establece la obligación que tiene este juzgador de examinar en su integridad la demanda de amparo, y si encontrare un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Los artículos precisados son del tenor literal siguiente: "Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. En el supuesto de los artículos 15 y 20 de esta Ley deberá proveerse de inmediato." "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." En relación con lo expuesto por diversos tribunales de la Federación, éstos se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda; en tanto que, lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto; de tal modo, que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. En este sentido, a fin de explicar el concepto de motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se trae a colación la jurisprudencia I.6o.C. J/19 del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo X, septiembre de 1999, página 730, cuyo rubro y texto a la letra dicen: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA" De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad." Ahora bien, de un análisis integral de la demanda de amparo, este juzgador advierte que se configura de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo, cuyo texto a la letra dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas." Así, conforme a la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, el juicio de amparo es improcedente cuando el quejoso es parte en el juicio o procedimiento del cual derivan los actos reclamados, y no hace valer, previamente a la promoción del juicio de amparo, los recursos ordinarios o medios de defensa que establezca la ley del acto reclamado, puesto que entre los presupuestos fundamentales en que se sustenta el juicio constitucional se encuentra el de definitividad. Lo anterior es así, porque el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa y sólo es procedente cuando se hayan interpuesto previamente los recursos o medios de defensa que la ley del acto haya instituido precisamente para la impugnación del propio acto o actuación judicial, salvo los casos de excepción que la Constitución Federal y la Ley de Amparo precisan. Luego, basta la simple lectura de la fracción en comento, para concluir que para su actualización, deben concurrir los requisitos siguientes: a) Que el acto reclamado sea una resolución proveniente de un tribunal judicial, administrativo o del trabajo; b) Que la ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; c) Que ese recurso o medio de defensa se dé dentro del procedimiento en que emitió la actuación reclamada; d) Que por virtud de dicho medio, la resolución judicial pueda ser modificada, revocada o nulificada; y e) Que no se surta en la especie una de las excepciones al principio de definitividad, establecidas en el mismo precepto y o cualquier otra parte de la ley. Lo anterior patentiza que el recurso que debe tener a su alcance el quejoso para impugnar las actuaciones del tribunal judicial, administrativo o del trabajo, es el que se otorga dentro del procedimiento del que proviene el acto reclamado, es decir, un recurso ordinario, por el cual se pueden revocar, nulificar o modificar; de allí que, el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional que procede contra actos definitivos, por lo que es imperativo para el agraviado acudir a las instancias comunes que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, antes de solicitar la protección de la Justicia Federal, salvo los casos de excepción previstos en los artículos 107, fracciones III, IV, VII y XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 61, fracción XVIII incisos a), b) y c), y 107 de la Ley de Amparo, así como los expresamente señalados en la jurisprudencia de los órganos del Poder Judicial de la Federación. Lo anterior encuentra sustento en la tesis de la Séptima Época, con registro digital 254245, del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, volumen 82, sexta parte, materia común, página 77, que señala: "RECURSOS ORDINARIOS. Conforme al artículo 73 fracción V, de la Ley de Amparo, antes de acudir al juicio de amparo en principio se deben agotar los recursos ordinarios que procedan contra el acto reclamado, pero para ello se requiere: a) que mediante ellos el acto pueda ser modificado, revocado o nulificado, y b) que conforme a la misma ley se conceda el beneficio de la suspensión del acto mediante la interposición del recurso o medio de defensa legal, sin exigir mayores requisitos que los que la Ley de Amparo señala para obtener la suspensión definitiva. Y es de notarse que para que el precepto no resulte contrario al espíritu de la Ley de Amparo, protectora de derechos constitucionales, es requisito necesario que el recurso esté previsto en forma expresa en la misma ley que fundó el acto, o que fundó el procedimiento del que emanó dicho acto, pues no se trata de favorecer la subsistencia de actos posiblemente inconstitucionales mediante rigorismos de técnica que funcionen como trampas procesales." También se invoca la jurisprudencia Tesis: I.6o.C. J/37, Novena Época, con registro digital 187016, del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XV, mayo de 2002, materia común, página 902, que señala: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías." Así también, robustece a lo aquí dicho, la jurisprudencia I. 4o. C. J/25, Octava Época, con registro digital 224800, visible en el Semanario Judicial de la Federación, tomo VI, segunda parte-1, julio diciembre de 1990, materias civil, común, página 361, que señala: "IMPROCEDENCIA SUSTENTADA EN LA FRACCION XIII DEL ARTICULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. ELEMENTOS QUE LA INTEGRAN. Los elementos con los que se integra la causa de improcedencia del juicio de garantías prevista en el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, son los siguientes: a) que el acto reclamado sea resolución proveniente de un tribunal judicial; b) que la ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; c) que ese recurso o medio de defensa se dé dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada; y d) que por virtud de dicho medio, la resolución judicial pueda ser modificada, revocada o nulificada. Con la sola concurrencia de tales elementos se configura la causa de improcedencia en comento, aunque la parte agraviada no haya hecho valer el medio de impugnación oportunamente; y sólo se contemplan como casos de excepción, el contenido en el artículo 107, fracción VII, de la Constitución Federal, para los terceros extraños, y aquellos en que el acto reclamado importe peligro de privación de la vida, deportación o destierro, o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución." En el caso, es necesario precisar los actos que reclama la parte quejosa consistentes en: ".IV.- El acto reclamado lo constituye: LA DILIGENCIA DE REQUERIMIENTO DE PAGO, EMBARGO Y EMPLAZAMIENTO PRCATICADA ILEGALMENTE AL SUSCRITO DENTRO DE LOS AUTOS DEL EXPEDIENTE NÚMERO 168/2021 DE LA ESTADISTICA DEL JUZGADO SÉPTIMO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA DE TLALNEPANTLA, CON RESIDENCIA EN ATIZAPÁN DE ZARAGOZA, ESTADO DE MÉXICO, POR EL EJECUTOR ADSCRITO A DICHO JUZGADO, DILIGENCIA QUE ILEGALMENTE FUE LLEVADA A CABO EN EL DOMICILIO UBICADO EN CALLE DE LAS FOGATAS NUMERO 3, COLONIA VILLAS DE LA HACIENDA, MUNICIPIO DE ATIZAPÁN DE ZARAGOZA, ESTADO DE MÉXICO, ASÍ COMO TODAS LAS DEMÁS ACTUACIONES QUE COMO CONSECUENCIA DE DICHA DILIGENCIA SE LLEVARON A CABO EN EL EXPEDIENTE DE DONDE EMANA EL ACTO RECLAMADO, EN EL CUAL NO HE SIDO EMPLAZADO CON LAS FORMALIDADES DE LEY, CON LO CUAL SE TRANSGREDE FLAGRANTEMENTE MI DERECHO HUMANO DE AUDIENCIA, ES DECIR A SER DEBIDAMENTE OIDO Y VENCIDO EN JUICIO." Asimismo, del análisis de la demanda de amparo, se advierte que en el capítulo de antecedentes del acto reclamado el quejoso bajo protesta de decir verdad aduce que el diecinueve de junio pasado, al encontrarse en una reunión con su hermano Cesar Oscar Gutiérrez Zarco, éste le hizo del conocimiento que el siete de junio del año en curso, dejaron en su domicilio ubicado en calle de las Fogatas número 3, colonia Villas de la Hacienda, municipio de Atizapán de Zaragoza, Estado de México, unos documentos que se encuentran dirigidos al quejoso y que consisten en una demanda instada en su contra, aduciendo que dicho lugar no constituye su actual domicilio, ni nunca lo ha sido. En efecto, de sus propias manifestaciones se advierte que el siete de junio de dos mil diecinueve, fue emplazado al juicio especial de desahucio 161/2021, en el que tiene el carácter de parte demandada, lo cual le da la oportunidad de hacer valer los medios de defensa que la ley contempla para combatir las determinaciones dictadas en dicho procedimiento, conforme al Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, esto es, está en aptitud de hacer valer los recursos y medios de defensa ordinarios previstos en la ley para ejercer su derecho humano de audiencia. Bajo esa perspectiva, dado que los actos que reclama consistente en la ilegal diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento, realizada por el Ejecutor adscrito al Juzgado Séptimo Civil de Primera Instancia de Tlalnepantla, con residencia en Atizapán de Zaragoza, en razón de que el juicio de origen se encuentra en trámite, el acto reclamado del que se duele puede combatirse a través del incidente de nulidad de actuaciones, de conformidad con los artículos 1.113 y 1.114 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, que a la letra señalan: Artículo 1.113.- Las actuaciones serán nulas cuando carezcan de alguna de las formalidades establecidas por la ley, y que por esta falta quedare sin defensa cualquiera de las partes, así como en los demás casos que este Código determine; pero no podrá ser invocada por quien dio lugar a ella. 1.114.- La nulidad deberá ser reclamada en incidente, dentro del plazo de tres días a partir de que el interesado tenga conocimiento del vicio o nulidad. Se entiende que una parte tiene conocimiento del vicio o nulidad de las actuaciones judiciales, cuando después de ellas hace alguna promoción o concurre a alguna diligencia o actuación subsecuente. De no promoverse el incidente en el plazo señalado o cuando se satisfaga la finalidad procesal del acto o actuación, quedarán revalidados de pleno derecho y el incidente se desechará de plano. Bajo ese contexto, resulta que en contra de las actuaciones, dentro de los autos del expediente 168/2021, Juzgado Séptimo Civil de Primera Instancia de Tlalnepantla, con residencia en Atizapán de Zaragoza, se advierte que procede el incidente de nulidad de actuaciones; máxime que tal y como quedó señalado con antelación, dicho juicio aún no se encuentra concluido. En las relatadas condiciones, si el promovente se abstuvo de agotar el incidente de nulidad de actuaciones como medio de impugnación, antes de acudir ante este órgano de control constitucional y por ende no agotó el principio de definitividad, se hace evidente la actualización de la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII, del artículo 61 de Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia por reiteración VI.1o. J/78, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, en Enero de 1993, Octava Época, pagina 99, con registro 217466, cuyo rubro y texto son los siguientes: "NULIDAD DE ACTUACIONES. SI EL JUICIO NO HA CONCLUIDO CON SENTENCIA, DEBE AGOTARSE PREVIAMENTE AL AMPARO. El artículo 73 fracción XIII de la Ley de Amparo, establece que el juicio constitucional es improcedente contra resoluciones judiciales o de tribunales administrativos o del trabajo respecto de las cuales conceda la ley algún recurso o medio de defensa por ello es obvio que en esta última expresión, medio de defensa, queda comprendido el incidente de nulidad de actuaciones que debe agotarse previamente a la promoción del juicio de garantías, a través del cual puede lograrse la anulación del acto reclamado; esto es obtener el objetivo de cualquier medio de defensa. Por ende si el juicio en que se reclama la falta o indebido emplazamiento no se encuentra concluido por sentencia, eso vuelve procedente la tramitación del incidente de nulidad de actuaciones previo a la acción constitucional, y si no se agota, no se satisface el principio de definitividad que determina la procedencia del juicio de amparo." De igual forma es aplicable al caso concreto la jurisprudencia número I.6o.C. J/37, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 902, Tomo XV, Mayo de 2002, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías." Resulta también aplicable, la jurisprudencia número 986, sustentada por el Tribunal Colegiado del Octavo Distrito, visible en la página 678, Tomo VI, Parte TCC, Séptima Época, del Apéndice de 1995, que establece: "RECURSOS ORDINARIOS, QUE HACEN IMPROCEDENTE EL AMPARO. Si el quejoso estuvo en aptitud de hacer valer en el juicio de donde emanan los actos reclamados, el recurso o medio de defensa legal, por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados dichos actos, y no agotó ese recurso o medio de defensa antes de ocurrir al juicio de garantías, el acto reclamado carece de definitividad y es improcedente el amparo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." Lo anterior es así, porque el multicitado principio de definitividad, establece que sólo es procedente el juicio de amparo contra aquellas resoluciones que no admitan recurso o medio de defensa alguno conforme al cual puedan ser revocadas, modificadas o nulificadas; de modo que aquellas resoluciones que pueden ser susceptibles de ser revocadas, modificadas o anuladas a través de tales recursos o medios de defensa ordinarios, no pueden ser impugnadas directa e inmediatamente a través del juicio de amparo, sino solo lo serán aquellas resoluciones que recaigan a tales medios de defensa ordinarios, por lo tanto, es claro que el juicio de amparo procede únicamente respecto de actos definitivos, que no sean susceptibles de modificación o invalidación por recurso o medio de impugnación alguno, cuestión que no se actualiza en el caso concreto que nos ocupa. Bajo esa premisa, la causal de improcedencia invocada se actualiza, dado que en el presente asunto no se surte ninguna de las causas de excepción previstas en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, ya que el acto reclamado: a) No importa peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. b) No consiste en órdenes de aprehensión o reaprehensión, no establece providencias precautorias ni impone medidas cautelares restrictivas de la libertad, tampoco niega la libertad bajo caución ni se trata sobre el incidente de desvanecimiento de datos; además no es una orden de arresto ni un acto que afecte la libertad personal del quejoso. c) No se trate del auto de vinculación a proceso. d) Tampoco se está en presencia de una persona extraña al procedimiento, atento a las consideraciones que se exponen a continuación. En efecto, se actualiza la diversa causa de improcedencia, de la interpretación armónica del contenido del artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso artículo 107, fracción VI, ambos de la Ley de Amparo, aplicado a contrario sensu, mismos que establecen: "Articulo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: . VI. Contra actos dentro o fuera de juicio que afecten a personas extrañas." Para arribar a la anterior conclusión, es menester determinar qué debe entenderse por persona extraña a juicio o bien a un procedimiento seguido en forma de juicio, en virtud de que en la especie debe dilucidarse si cuando el quejoso promueve juicio de amparo ostentándose como persona extraña por equiparación, como ocurre en el presente asunto, pero de sus propias manifestaciones se advierte que está en posibilidad de comparecer al juicio de origen, en razón de que no se ha dictado sentencia definitiva, debe sobreseerse el juicio de garantías. En efecto, la fracción VI del artículo 107 de la Ley de Amparo, establece que procede el amparo indirecto "Contra actos ejecutados dentro o fuera de juicio, que afecten a personas extrañas." Tanto la doctrina como la jurisprudencia, utilizan indistintamente la expresión de persona extraña y de tercero extraño al referirse a la procedencia del amparo indirecto previsto en la fracción VI del artículo 107 ya citado; sin embargo, acorde con las interpretaciones sustentadas, el concepto de persona extraña al juicio o bien a un procedimiento seguido en forma de juicio, es más amplio que el de tercero extraño, porque en aquél se incluye también al propio demandado cuando no es emplazado, o cuando los vicios en el emplazamiento le impiden conocer los datos necesarios para defenderse. Para los efectos del juicio de amparo, en los términos del artículo 107, fracción VI, de la ley de la materia, persona extraña es, en principio, aquella que no ha figurado en el juicio o en el procedimiento como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas, quedando incluido en este concepto, asimismo, como ya se dijo, la parte que no fue emplazada o que fue emplazada incorrectamente. Sobre el particular, resulta aplicable la jurisprudencia P./J. 7/98, Novena Época, con registro electrónico 196932, sostenida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo VII, enero de 1998, materia común, página 56, que indica lo siguiente: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO, CONCEPTO DE. Para los efectos del juicio de amparo, en los términos del artículo 114, fracción V, de la ley de la materia, persona extraña es, en principio, aquella que no ha figurado en el juicio o en el procedimiento como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones, sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas, quedando incluida en este concepto, asimismo, la parte que no fue emplazada o que fue emplazada incorrectamente." Ahora bien, toda vez que en el presente asunto el aquí quejoso figura como demandado en el juicio del cual se duele no haber sido oído y vencido, también se puede hablar de tercero equiparado, tal y como lo sostuvo el Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, en la tesis con registro 231844, Octava Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, tomo I, segunda parte-2, enero-junio de 1988, materia común, página 720, que a la letra indica: "TERCERO EXTRAÑO, CONCEPTO DE. En opinión de este Tribunal Colegiado, si bien la persona extraña a juicio es aquélla que no es parte en ningún procedimiento judicial, también se equipara a ella, la que siendo demandada, alegue no haber sido emplazada legalmente." Por otro lado, importa destacar que la afectación que puede resentir una persona extraña a juicio, no proviene en todos los casos del mismo acto dentro de la secuela que va desde la demanda hasta el cumplimiento de la sentencia, sino que ello dependerá de la titularidad del derecho que reclame (y pruebe), sea en relación con el bien debatido en el juicio, sea con los bienes de que la sentencia disponga o, en fin, con aquellos que se afecten en la ejecución. Lo anterior es así porque cuando se sigue un juicio sin llamar a la que es titular de los derechos que en el procedimiento habrán de controvertirse, o bien no se le emplaza en forma correcta al juicio, es evidente que conforme al derecho positivo se le causa un perjuicio a sus intereses jurídicamente protegidos, tanto desde el punto de vista legal como desde el punto de vista constitucional, porque las disposiciones ordinarias le dan acciones para intervenir en el juicio, y desde el punto de vista constitucional en razón de que si los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, otorgan a todo gobernado los derechos fundamentales de audiencia y legalidad, no puede válidamente discutirse en juicio sobre un bien o derecho del que es titular una persona a quien no se llamó para que se defendiera. Ahora bien, el quejoso Edgar Gutiérrez Anaya, destaca como acto reclamado la ilegal diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento, realizada por el Ejecutor adscrito al Juzgado Séptimo Civil de Primera Instancia de Tlalnepantla, con residencia en Atizapán de Zaragoza, así como todas las demás actuaciones que como consecuencia de dicha diligencia se llevaron a cabo en el expediente 168/2021, como tercero extraño por equiparación, que el diecinueve de junio del año en curso, se enteró de la existencia del juicio natural ya que encontrándose en una reunión con su hermano Cesar Oscar Gutiérrez Zarco, éste le hizo del conocimiento que el siete de junio del año en curso, dejaron en su domicilio ubicado en calle de las Fogatas número 3, colonia Villas de la Hacienda, municipio de Atizapán de Zaragoza, Estado de México, unos documentos que se encuentran dirigidos al quejoso y que consisten en una demanda instada en su contra. En tales condiciones, de lo anterior puede concluir que al aquí quejoso no le asiste el carácter de tercero extraño por equiparación al juicio 168/2021, ya que el mismo no se encuentra concluido; por lo que se estima que pudo comparecer a dicho juicio, e incluso promover el medio de defensa ordinario que estimara procedente en contra del emplazamiento que tilda de ilegal, del cual derivan los actos reclamados en el presente juicio. La anterior circunstancia, esto es, el hecho de que el promovente de amparo, además de ser parte demandada en el juicio del cual deriva la reclamación y de haber promovido el presente juicio de amparo cuando en el juicio de origen aún no se dicta sentencia definitiva que concluya el mismo, es razón suficiente para desvirtuar su carácter de persona extraña al juicio en términos del artículo 107, fracción VI, de la Ley de Amparo. En efecto, si el promovente se hizo sabedor del procedimiento incoado en su contra antes de que dictara la sentencia que afectara algún derecho, es evidente que por ese hecho perdió el carácter de persona extraña al procedimiento; circunstancia que le permite hacer valer, a través de los medios impugnativos ordinarios, la defensa a sus intereses dentro del propio proceso y, en caso de no obtener resolución favorable, esperar a hacer el planteamiento de las violaciones procesales al momento de combatir la sentencia definitiva. En ese orden de ideas, este juzgador advierte que en el presente asunto, como ya se anticipó también se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 1, fracción I, 5, fracción II y 107, fracción VI del propio ordenamiento legal, Se desecha demanda En tales condiciones, al ser manifiesta e indudable la improcedencia invocada, con apoyo en lo previsto por el artículo 113 de la Ley de Amparo se desecha de plano por notoriamente improcedente la presente demanda de amparo promovida por Edgar Gutiérrez Anaya, por propio derecho. De las notificaciones al quejoso. Con fundamento en el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones únicamente de carácter personal, el ubicado en calle Benito Juárez, número 64, colonia Lázaro Cárdenas, código postal 53560, Naucalpan de Juárez, Estado de México. Habilitación de días y horas para la práctica de notificaciones. Se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todo tipo de notificaciones en el presente asunto (personales, por oficio, electrónicas o por cualquier medio oficial, como es el correo electrónico). Autorizados. Por cuanto hace a los profesionistas y personas que hace referencia en su demanda, ténganse por autorizadas para el único efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos a los profesionistas que refiere en su ocurso, hasta en tanto, acrediten haber registrado su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, de conformidad con el artículo 12, párrafo segundo de la Ley de Amparo, en la inteligencia de que si ya lo hicieron, podrán válidamente promover en términos amplios del dispositivo legal invocado. Integración del expediente físico. Se instruye a los secretarios y actuarios para que, tan pronto como se presente alguna actuación o diligencia que deba constar por escrito y que, por ese motivo, tengan acceso al expediente físico, incorporen de inmediato a éste la totalidad de las constancias que le falten y que obren en el expediente electrónico, con las evidencias criptográficas correspondientes, sin necesidad de agregarles certificación alguna, pues en términos del artículo 3 de la Ley de Amparo, la firma electrónica posee el mismo valor jurídico que la firma autógrafa. Únicamente para el caso de que, por algún impedimento técnico, o cualquier caso de fuerza mayor, no pudieren obtenerse las referidas evidencias criptográficas, se faculta al fedatario correspondiente para certificar la coincidencia de la impresión con el expediente electrónico. Finalmente, también se comisiona al Actuario Judicial adscrito a efecto de que vincule de inmediato la totalidad de las constancias de notificación que integran el sumario constitucional en que se actúa Devolución de documentos. En caso de que al concluirse este juicio existan documentos originales, en términos de los capítulos séptimo y octavo del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se requiere a la parte oferente del mismo para que presente a recogerlos dentro de los siguientes noventa días naturales a que cause estado la resolución que ponga fin al presente juicio. Con apercibimiento que de no hacerlo se destruirán en términos de los artículos 18 y 20, del citado Acuerdo General. Para ello se instruye al secretario del Juzgado para que certifique junto con la orden de archivo la existencia de tales documentos. Sin que se consideren como documentos originales la carta poder manuscrita, por no ser insustituible por otro que haya sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda; ni aquellos documentos de los que pueda obtenerse una copia certificada por alguna dependencia gubernamental, notaría o correduría públicas, sin que sea necesaria la autorización de las partes que hayan intervenido en el acto jurídico. Transparencia y acceso a la información pública. Infórmese a las partes que al elaborarse la versión pública de la resolución que se dicte en el presente asunto, se suprimirá la información confidencial proporcionada por ellas, salvo que exista consentimiento de su parte para permitir el acceso a la misma, de conformidad con los artículos 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, fracciones I, II y III, 68 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, comuníqueseles también que no se requiere de su consentimiento para ese efecto ante la actualización de alguna de las hipótesis enunciadas en el artículo 117 del ordenamiento antes citado. Notifíquese. Así lo acordó y firma Miguel Ángel Burguete García, Juez Octavo de Distrito en el Estado de México, con sede en Naucalpan de Juárez, asistido del secretario Joel Amado Ocampo Muñoz. Doy fe"
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