Edgar Guillermo Rayo Cisneros

Expediente 899/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Morelos. 4 actuaciones registradas, la última del 2 de agosto de 2023.

Datos del expediente

Expediente
899/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
02/08/2023

Partes del expediente

  • Edgar Guillermo Rayo Cisneros

Actuaciones

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos; dos de agosto de dos mil veintitrés. Visto, el estado procesal de autos, se advierte que no fue recurrido el acuerdo de diecisiete de julio de dos mil veintitrés, por el que se desechó la demanda de amparo promovida por ********************. Declaración de firmeza. En tal virtud, con fundamento en el artículo 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en relación con el 97 fracción I, inciso a) y 98 de ésta última, se declara que dicho proveído ha quedado firme para todos sus efectos legales. Archivo y anotaciones. Practíquense las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y, en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE EL PRESENTE EXPEDIENTE COMO ASUNTO TOTALMENTE CONCLUIDO. Notifíquese.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos; diecisiete de julio de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, se tiene por recibido el escrito con anexo presentado por ******, mediante el cual, pretende subsanar la prevención que se le formuló el cuatro de julio de dos mil veintitrés. Anotaciones. Háganse las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Desechamiento. Ahora bien, en seguimiento a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, se examinará, el escrito de demanda y si se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se desechará de plano sin suspender el acto reclamado. En consecuencia, se actualiza en forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista por la fracción XXIII del artículo 61, en relación con los numerales 1º, fracción I, y 5º, fracción II, todos de la Ley de Amparo. En las relatadas circunstancias, al actualizarse la causa de improcedencia en estudio, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    CITATORIO.- Se notifica por lista a la parte quejosa, el auto dictado el diecisiete de julio de dos mil veintitres: Cuernavaca, Morelos; diecisiete de julio de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, se tiene por recibido el escrito con anexo presentado por ********, mediante el cual, pretende subsanar la prevención que se le formuló el cuatro de julio de dos mil veintitrés. Anotaciones. Háganse las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Desechamiento. Ahora bien, en seguimiento a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, se examinará, el escrito de demanda y si se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se desechará de plano sin suspender el acto reclamado. El citado artículo 113 dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Ese artículo impone la obligación al juez de distrito de examinar el escrito de demanda y, de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharla de plano; atento a ello, por motivo manifiesto se entiende descubierto, patente y claro1 , y por indudable aquello que no puede ponerse en duda; esto es, de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualice; de modo que, aún de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, llevaría a la misma convicción de improcedencia2 . Proceder soportado en el artículo 17, que consagra el derecho a la administración de justicia e impone como taxativa a los órganos jurisdiccionales el cumplir con ello de manera pronta y expedita, pues no sería lógico ni razonable admitir a trámite una demanda pese a tener plena convicción de que a la postre la misma no será procedente, con demérito de los recursos humanos y materiales que tal acción genera. Acto reclamado. En esencia la parte quejosa reclama lo siguiente: ". es el descuento ilegal que me han hecho ES DECIR DE MI NOMINA ME DESCUENTAN EL 50% DE MI SALARIO ." Indicando el quejoso que no es su deseo señalar como responsables a los Jueces que emitieron los referidos descuentes, sino únicamente a los titulares de la dependencia en la que se desempeña como "Policía Segundo"; según se deduce de la documental allegada con el escrito de cuenta. En el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 1°, fracción I, y 5º, fracción II, de la Ley de Amparo, los cuales establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por tratados internacionales e los que el Estado mexicano sea parte." "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo. (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas." En efecto, la causa de improcedencia invocada se surte plenamente en el presente asunto, toda vez que el acto que se reclama, no resulta ser uno de autoridad, sino una actuación de la dependencia donde el quejoso labora, como auxiliar de un juzgado familiar; de tal manera que la conducta atribuida a las responsables, no la despliegan de manera unilateral y coercitiva, sino en cumplimiento a un mandato de un juzgado familiar. Ahora, para entender mejor la actual acepción de autoridad responsable, resulta ilustrativo el criterio sostenido por el Pleno de la Suprema Corte de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo V, febrero de 1997, tesis P. XXVII/97, página 118, del rubro y texto siguientes: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURÍDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO. Este Tribunal Pleno considera que debe interrumpirse el criterio que con el número 300 aparece publicado en la página 519 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, que es del tenor siguiente: "AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El término 'autoridades' para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, estén en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen.", cuyo primer precedente data de 1919, dado que la realidad en que se aplica ha sufrido cambios, lo que obliga a esta Suprema Corte de Justicia, máximo intérprete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a modificar sus criterios ajustándolos al momento actual. En efecto, las atribuciones del Estado Mexicano se han incrementado con el curso del tiempo, y de un Estado de derecho pasamos a un Estado social de derecho con una creciente intervención de los entes públicos en diversas actividades, lo que ha motivado cambios constitucionales que dan paso a la llamada rectoría del Estado en materia económica, que a su vez modificó la estructura estadual, y gestó la llamada administración paraestatal formada por los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, que indudablemente escapan al concepto tradicional de autoridad establecido en el criterio ya citado. Por ello, la aplicación generalizada de éste en la actualidad conduce a la indefensión de los gobernados, pues estos organismos en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por ello, este Tribunal Pleno considera que el criterio supracitado no puede ser aplicado actualmente en forma indiscriminada sino que debe atenderse a las particularidades de la especie o del acto mismo; por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de amparo, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades." De lo anterior se aprecia que autoridad, para los efectos del juicio de amparo, es todo ente que ejerce facultades decisorias que le están atribuidas en la ley y que, por ende, constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por lo tanto, es dable aseverar que el concepto de autoridad responsable debe concebirse, fundamentalmente, por exclusión, de los actos de particulares y, por ende, resulta indispensable establecer las bases para distinguir un acto de otro y, para ello, es ideal atender a la clasificación que la teoría general del derecho hace de las relaciones jurídicas de coordinación, supra a subordinación y supraordinación. Así, debemos tomar en cuenta que en las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social. Este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad y, por ello, la Constitución establece una serie de garantías individuales como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el órgano del Estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. Atento lo anterior, para definir el concepto de autoridad responsable, debe atenderse también a la distinción de las relaciones jurídicas, examinando si la que se somete a la decisión de los órganos jurisdiccionales de amparo, se ubica dentro de las denominadas de supra a subordinación, que tiene como presupuesto que el promovente tenga el carácter de gobernado y el ente señalado como autoridad actúe en un plano superior. De lo expuesto, pueden advertirse como notas que distinguen a una autoridad para los efectos del juicio de amparo, las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular. b) Que esa relación tiene su nacimiento en la ley, por lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. c) Que con motivo de esa relación emite actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal del particular. d) Que para emitir esos actos no requiere de acudir a los órganos judiciales, ni precisa del consenso de la voluntad del afectado. De ahí que deba establecerse que, cuando los gobernados promueven un juicio de amparo contra las acciones de una autoridad, deba analizarse si estos fueron emitidos unilateralmente y que tenga como consecuencia crear, modificar o extinguir por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal del particular. De lo contrario, el referido juicio resultará improcedente, precisamente porque esas acciones o conductas no constituyen actos de autoridad, en términos del artículo 5º de la Ley de Amparo, susceptibles de impugnarse mediante el juicio de amparo. Circunstancia que en el caso no acontece, pues las autoridades señaladas como responsables, únicamente actúan en auxilio de los juzgados familiares, los cuales indicó el quejoso que no era su deseo señalarlos como responsables, aduciendo que lo haría a través de diversa demanda de amparo. Por tanto, resulta claro que el acto reclamado, que se hace consistir en el descuento de la nómina del promovente, por concepto de pensión alimenticia, decretada por diversos juzgadores familiares, no es emitido, ordenado o ejecutado unilateralmente por las autoridades que pretende señalar como responsables, sino que éstas actúan en auxilio de los referidos órganos jurisdiccionales, por estar a su cargo, la nómina del quejoso, en la que se aplicaran los descuentos ordenados. Es aplicable al caso, el criterio siguiente: "Registro digital: 2022805 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Décima Época Materias(s): Común, Civil Tesis: I.11o.C.133 C (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 84, Marzo de 2021, Tomo IV, página 3058 Tipo: Aislada SOCIEDAD CIVIL. NO TIENE EL CARÁCTER DE AUTORIDAD RESPONSABLE PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, CUANDO APLICA UN DESCUENTO A UNO DE SUS EMPLEADOS POR CONCEPTO DE PENSIÓN ALIMENTICIA EN CUMPLIMIENTO DE UNA RESOLUCIÓN JUDICIAL. Una sociedad civil, como particular, no reúne las condiciones extraordinarias y específicas que establece el artículo 5o., fracción II, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, para considerarla autoridad responsable. Ello, en virtud de que dicho artículo contempla el supuesto en el que se considere a un particular como autoridad responsable para efectos del juicio de amparo, pero sólo cuando realice actos equivalentes a los de autoridad, es decir, mediante los cuales se crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas -o fácticas- en forma unilateral y obligatoria; siempre que las funciones, atribuciones o facultades para efectuarlos estén determinadas por una norma general. Así, para que un particular sea considerado como autoridad, se requiere que: 1) El acto que se le atribuye sea equivalente a los de autoridad, esto es, que dicte, ordene, ejecute o trate de ejecutar algún acto en forma unilateral y obligatoria, o bien, que omita actuar en determinado sentido; 2) Con su actuar afecte derechos, creando, modificando o extinguiendo situaciones jurídicas; y, 3) Sus funciones estén determinadas en una norma general que le confiera las atribuciones para actuar como una autoridad del Estado, cuyo ejercicio, por lo general, tenga un margen de discrecionalidad. En consecuencia, cuando a una sociedad civil se le reclama la retención de un porcentaje de las percepciones de uno de sus empleados en cumplimiento a una resolución judicial emitida para ejecutar el descuento que se ordenó aplicar al deudor alimentario por concepto de pensión alimenticia, no se trata de un acto de autoridad para fines del juicio de amparo, pues esa sociedad civil no goza de facultades para unilateralmente aplicar o no, en los términos que se le ordenó, el descuento o retención. Además, tampoco es quien haya dictado, ordenado o ejecutado en forma unilateral el acto reclamado, pues no goza de imperio alguno para fijar una pensión alimenticia, ni para dejar de acatar o modificar unilateralmente la instrucción judicial recibida. Asimismo, la sociedad civil con su conducta no es quien afecta derechos al crear, modificar o extinguir situaciones jurídicas, pues únicamente cumple la orden recibida por una autoridad judicial en ejercicio de sus funciones, sin que tenga injerencia en los términos en que se emitió dicha instrucción por parte del Juez de origen y, en su caso, se hará acreedora a la consecuencia legal que corresponda en caso de incumplimiento. De ahí que una sociedad civil no tenga el carácter de autoridad responsable para efectos del juicio de amparo cuando aplica un descuento a uno de sus empleados por concepto de pensión alimenticia en cumplimiento de una resolución judicial." En ese contexto, la conducta atribuida a la Dirección General de Recursos Humanos del Gobierno del Estado de Morelos y al Director General del Recursos Humanos de la Secretaria de Administración del Gobierno del Estado de Morelos, no tiene las características de unilateralidad, a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal del particular, de tal manera que carece de las características de un acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo. En consecuencia, se actualiza en forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista por la fracción XXIII del artículo 61, en relación con los numerales 1º, fracción I, y 5º, fracción II, todos de la Ley de Amparo. En las relatadas circunstancias, al actualizarse la causa de improcedencia en estudio, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos; cuatro de julio de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, se tiene por recibida la demanda de amparo presentada por *****, por propio derecho, contra actos del Juez Octavo de lo Civil en Materia Familiar y de Sucesiones de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos y otras autoridades. Anotaciones. Regístrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes con el número 899/2023, y fórmese expediente. Prevención Del estudio integral de la demanda que se provee, se advierten irregularidades que requieren ser subsanadas, a efecto de estar en posibilidad de proveer lo conducente en relación a su escrito de demanda, por lo que con fundamento en el artículo 112, en relación con los ordinales 108 fracciones IV y 114, fracciones I y II, de la Ley de Amparo, prevéngase al promovente para que, en el término de cinco días, contado a partir del siguiente al en que le surta efectos la notificación del presente acuerdo, por escrito, bajo protesta de decir verdad, aclare su escrito de demanda en los siguientes términos: Primero. Indique de manera clara y concisa cuál es el acto que reclama en esta instancia constitucional; toda vez, que se advierte señala lo es: Sin embargo, del apartado de antecedentes refiere lo siguiente: De igual forma, en el apartado de suspensión del acto reclamado refiere se conceda a efecto de que se imponga a la responsable la medida consistente en mantener inmóvil el estado de los autos del sumario laboral. Por tanto, deberá precisar el acto reclamado que pretende instar en este juicio de amparo, asimismo, deberá indicar de manera clara y precisa el acto u actos que le reclama a cada una de las autoridades responsables que señala en su escrito inicial de demanda, ya que refiere como tales: De igual forma, deberá ampliar los antecedentes que guardan relación con el acto u actos combatidos, es decir, deberá indicar desde que fecha se le hizo el descuento vía nómina y si a la fecha ya compareció a dichos juicios. Lo anterior, toda vez que es obligación de las partes señalar en la demanda de manera clara y precisa, el acto que reclama de la autoridad que señale como responsable, puesto que el señalamiento del mismo que como requisito exige el artículo 108 fracción IV, de la Ley de Amparo, debe ser concreto y preciso, sin que en el mismo se admitan imprecisiones u oscuridades que den motivos a aclaraciones de los mismos. Segundo. Toda vez que refiere que señala como uno de los actos reclamados el ilegal emplazamiento el juicio 388/2013, del índice del Juzgado Octavo Civil en materia Familiar y de Sucesiones de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos, deberá precisar si también señala como autoridad responsable al Actuario adscrito a dicho órgano jurisdiccional. Tercero. En términos del artículo 110 de la Ley de Amparo, deberá exhibir copias suficientes de su escrito de demanda, toda vez, que de la papeleta de turno no se advierte que hubiera exhibido los traslados necesarios, siendo necesarios para correr traslado a las autoridades responsables y Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado. Lo anterior a efecto de estar en posibilidad de proveer lo conducente en relación a su escrito de demanda, así como para establecer claramente la litis constitucional y las autoridades responsables estén en aptitud de rendir su informe justificado en relación a los actos que en particular se les atribuyen. Apercibimiento. En consecuencia, se apercibe al promovente que en caso de no dar cabal cumplimiento a la prevención formulada en la vía, forma y términos establecidos, se procederá de conformidad con el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo; es decir, SE TENDRÁ POR NO PRESENTADA LA DEMANDA DE AMPARO. Domicilio y autorizados. Téngase por señalado el domicilio que precisa para oír y recibir notificaciones, y por autorizados para esos únicos efectos a las personas que indica, por así haberlo solicitado e incluso a ******************** y ********************, ya que no se localizó registro de su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

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