Edgar Guijosa Hernández
Expediente 827/2018 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 22 de octubre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 827/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 22/10/2018
Partes del expediente
- Edgar Guijosa Hernández
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que el término de cinco días establecido por el artículo 98, en relación con el diverso 97, fracción I, inciso a), ambos de la Ley de Amparo, para impugnar el auto de nueve de octubre del año en curso, en el que se desechó la demanda de amparo, transcurrió para la parte quejosa del quince al diecinueve de los actuales, sin que haya hecho valer recurso alguno; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la invocada ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, según su numeral 2°, se declara que aquél HA CAUSADO ESTADO. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno y archívese como asunto totalmente concluido. Por otra parte, respecto al destino de este expediente, se encuentra dentro de la hipótesis que establece el punto VIGÉSIMO PRIMERO, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que entró en vigor el veintiséis de noviembre de dos mil nueve, mismo que deroga el Acuerdo General Conjunto 1/2001, de la misma superioridad; consecuentemente, de conformidad con los diversos puntos CUARTO y DÉCIMO del acuerdo de mérito, una vez que transcurra el plazo de TRES AÑOS que se estipula, transfiérase el presente expediente al Centro de Documentación y Análisis, haciendo constar en la carátula que carece de relevancia documental, que no constan documentos originales y que es susceptible de destrucción.
- Principal
Agréguese a los autos el escrito enviado por el autorizado del quejoso ***; como lo solicita, bajo el nombre de usuario que proporciona, se autoriza la consulta del expediente electrónico, únicamente para fines de difusión, a partir del día hábil siguiente de emisión de los acuerdos; sin que surta efectos jurídicos de notificación.
- Principal
REGISTRO DE LA DEMANDA. Vista la demanda vía electrónica de cuenta signada electrónicamente por *********, autorizado del quejoso *********, contra actos del Juez Quincuagésimo Tercero de lo Penal en esta Ciudad de México, regístrese en el libro de gobierno y fórmese expediente. DESECHAMIENTO. El precepto 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, refiere que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada. El precepto 113 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Mientras que el numeral 6° de la citada legislación, dispone: "Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5° de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta ley lo permita." Así también, el dispositivo 15 del referido ordenamiento, prevé: "Artículo 15. Cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,10 así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, y el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo, podrá hacerlo cualquiera otra persona en su nombre, aunque sea menor de edad." De lo antes transcrito, se colige que uno de los principios fundamentales para la procedencia del juicio consiste en que debe ser siempre promovido a instancia de parte agraviada. Por su parte, el arábigo 3º de la Ley de la materia dispone: Artículo 3o. En el juicio de amparo las promociones deberán hacerse por escrito. Podrán ser orales las que se hagan en las audiencias, notificaciones y comparecencias autorizadas por la ley, dejándose constancia de lo esencial. Es optativo para el promovente presentar su escrito en forma impresa o electrónicamente. Las copias certificadas que se expidan para la substanciación del juicio de amparo no causarán contribución alguna. Los escritos en forma electrónica se presentarán mediante el empleo de las tecnologías de la información, utilizando la Firma Electrónica conforme la regulación que para tal efecto emita el Consejo de la Judicatura Federal. La Firma Electrónica es el medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación y producirá los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa, como opción para enviar y recibir promociones, documentos, comunicaciones y notificaciones oficiales, así como consultar acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales. No se requerirá Firma Electrónica cuando el amparo se promueva en los términos del artículo 15 de esta Ley. En ese orden de ideas, tomando en consideración que la demanda promovida a favor de ************, si bien es cierto fue recibida mediante el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), también lo es que la misma fue firmada electrónicamente (FIREL), por Rafael Román Vega Terán. De la lectura integral de la demanda se advierte que ************, promovió por propio derecho y señaló como autorizados en términos del 12 de la ley de la materia, entre otros al licenciado ***********. Por lo que, tomando en consideración que el juicio de amparo se rige por el principio de instancia de parte agraviada, y que la firma en un escrito de demanda es un requisito fundamental para darle validez a la petición que en el mismo se hace, la misma no fue firmada directamente por el quejoso sino por su autorizado, por lo cual no satisface dicho principio. Ello, sin bien es cierto que si en el libelo de garantías, se señala como autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a **********, quien firma el ocurso mediante su firma electrónica (FIREL), empero, las facultades para actuar conforme a dicho precepto legal, inician a partir de que este juzgador le reconozca tal carácter y no antes de la presentación de la demanda; por tanto, no podría considerarse que ante la designación que obra en el escrito inicial, tuviere potestad para promover en representación del impetrante. Por lo tanto, las demandas presentadas a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, a fin de que exista cierto grado de confiabilidad de quién es el quejoso quién promovió la demanda por propio derecho, debe contener la evidencia criptográfica generada con motivo del envío de la demanda se advierta indubitablemente que la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) con la que se suscribió le pertenece. En ese sentido, al inadvertirse la voluntad del promovente, no puede entenderse que existe certeza respecto de su intención de iniciar la acción constitucional, ya que al ser considerada la signatura como una formalidad esencial que denota la pretensión de promover el juicio, su ausencia implica que éste no se instó, conforme a lo dispuesto por el artículo 6° de la ley de la materia. Criterio además sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, en la queja administrativa 87/2017, quien señaló que no debe considerarse que el desechamiento de la demanda, por no estar firmada electrónicamente por el quejoso, implique desatender el principio de acceso a la justicia previsto en el artículo 17 constitucional, ya que no se advierte que esto constituya un obstáculo para ejercer el derecho de acción, pues la ley prevé diversos mecanismos para la presentación de la demanda de amparo, los cuales tienen como finalidad dar plenitud al ejercicio de dicha prerrogativa fundamental. En tal virtud, al no haberse demostrado la voluntad de iniciar la acción de garantías por la persona señalada con antelación, SE DESECHA la demanda en estudio por lo que a ella respecta y por los actos que reclama. Máxime que de la lectura integral de la demanda no se advierte que el quejoso se encuentre en algunos de los supuestos que establece el artículo 15 de la Ley de la materia.
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