Edgar Guadalupe Martínez Chávez
Expediente 261/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 23 actuaciones registradas, la última del 5 de septiembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 261/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 23
- Última actuación
- 05/09/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Edgar Guadalupe Martínez Chávez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 23.
- Principal
Visto el estado de autos, se advierte que ya transcurrió el término concedido a la partes en proveído de diecisiete de agosto de dos mil veintidós, para que realizaran manifestaciones respecto al cumplimiento de la ejecutoria de amparo; vista que fue desahogada por la parte quejosa mediante escrito exhibido el veintidós de agosto de dos mil veintidós. Efectivo apercibimiento. En tal virtud, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el acuerdo de diecisiete de agosto del presente año, por lo que este Juzgado Federal procede a resolver si la referida ejecutoria se encuentra o no cumplida, de acuerdo con lo previsto en el artículo 196, segundo párrafo, de la Ley de Amparo. Antecedentes. El doce de mayo de dos mil veintidós, este Juzgado dictó sentencia definitiva en la que se determinó conceder el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa. Inconforme con esa determinación, la Agente Fiscal adscrita a la Unidad Especializada de Investigación y Litigación de Homicidios y Feminicidios de la Fiscalía General del Estado interpuso recurso revisión en su contra. Del referido recurso correspondió conocer el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Noveno Circuito bajo el amparo en revisión 120/2022 y en ejecutoria de catorce de julio del año en curso, confirmó la sentencia recurrida. En auto de diecisiete de agosto de dos mil veintidós, se ordenó dar vista a las partes con el cumplimiento dado por el Juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento Adscrito al Centro de Justicia Penal Sala Sede, San Luis Potosí. Ahora bien, procede analizar si con dichas actuaciones se dio cabal cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Efectos del fallo protector. De la sentencia de doce de mayo de dos mil veintidós, se advierte que se concedió la protección federal para que el Juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento Adscrito al Centro de Justicia Penal Sala Sede, San Luis Potosí realizara lo siguiente: ".Sexto. Efectos de la concesión. De conformidad con el artículo 74, fracción V, de la Ley de Amparo, la protección de la justicia federal se concede a fin de que Juez de Control adscrito al Centro Integral de Justicia Penal Sala Sede San Luis Potosí, de la Primera Región Judicial: a) Deje insubsistente la determinación de veinticuatro de febrero de dos mil veintidós dictada en la causa penal 15/2020. b) Hecho lo anterior, reanude el desahogo de la audiencia de revisión de la prisión preventiva y dicte una nueva determinación en la que analice -de manera fundada y motivada- si la prolongación de la prisión preventiva impuesta a Edgar Guadalupe Martínez Chávez se encuentra justificada por más de dos años, para lo cual deberá analizar: i) la complejidad del asunto, ii) la actividad procesal del interesado y iii) la conducta de las autoridades. Actos dictados en cumplimiento de la sentencia. En acatamiento a lo anterior, mediante oficio 5270/2022 el Juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento Adscrito al Centro de Justicia Penal Sala Sede, San Luis Potosí, hizo del conocimiento que dejó insubsistente la determinación emitida el veinticuatro de febrero de dos mil veintidós, dictada en la causa RI/SLP/CP-15/2020. Asimismo, refirió que dictó una nueva determinación en la que estableció que no era procedente el cese de la PRISIÓN PREVENTIVA OFICIOSA y por ende, subsistía la misma dada las razones esgrimidas en audiencia de quince de agosto del presente año. Para acreditar el referido cumplimiento a la ejecutoria de amparo, remitió disco compacto de la audiencia de quince de agosto de dos mil veintidós, de la que se desprende que analizó de manera fundada y motivada si la prolongación de la prisión preventiva impuesta a Edgar Guadalupe Martínez Chávez se encontraba justificada por más de dos años, conforme a las razones que a continuación se precisan: El juez responsable señaló que en cumplimiento a la ejecutoria de amparo 261/2022-V dictada por este Juzgado de Distrito y en correlación con lo determinado en el amparo en revisión 120/2022 por el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Noveno Circuito, dejó insubsistente la determinación de veinticuatro de febrero de dos mil veintidós. En un primer momento, el resolutor incorporó lo expuesto por los intervinientes en la determinación precitada y señaló que en el caso a estudio, atendiendo a la jurisprudencia 315/2021, el numeral 19 constitucional, así como los estándares internacionales, procedió a analizar los tres elementos para la revisión de la medida cautelar: i) la complejidad del asunto, ii) la actividad procesal del interesado y iii) la conducta de las autoridades. I) Complejidad del asunto. En cuanto a la complejidad del asunto, el juez responsable estableció que a petición de la defensa hubo una solicitud de ampliación de investigación complementaria hasta por ocho meses, lo que devenía en relación con que existía una dificultad probatoria incluso para la propia defensa. Aunado a ello, precisó que al tratarse de un delito de homicidio, se trataba de un asunto complejo por las propias características del evento y por la solicitud de extensión de la investigación, era patente la dificultad probatoria del mismo; tan es así que el imputado cambió de defensores, quienes solicitaron la ampliación de la investigación complementaria, en la que recabaron diversos medios de prueba que pretendían desahogar en juicio oral. II) La actividad procesal del interesado. Por otra parte, el juez responsable al analizar la actividad procesal del imputado estimó que derivado de la solicitud de ampliación de investigación complementaria, se extendieron los plazos ordinarios, porque se requirieron dos meses adicionales a los seis meses de investigación complementaria excedido. Asimismo, consideró el actuar de la defensa en cuanto a la recolección de los medios de prueba que pretendía desahogar en juicio y que fue motivo de diferimiento de una audiencia, acciones en aras de realizar actos defensivos y que a su parecer, implicaban uno de los motivos de la prolongación en el desahogo de la audiencia intermedia. III) La conducta de las autoridades. Por último, el Juez de Control puntualizó que dos diferimientos de las audiencias intermedias fueron a causa de la fiscalía, quien fue omisa en comparecer; y por otra parte, que tres diferimientos de audiencias fueron ante la imposibilidad de notificar a la parte ofendida. Sin embargo, estableció que el órgano jurisdiccional debe tutelar el debido proceso, ponderando derechos de imputado y ofendida, asegurándose que se encuentren todos los actos procesales para poder estar en condiciones de desahogar la audiencia. Concluyó que la prolongación de la prisión preventiva impuesta a Edgar Guadalupe Martínez Chávez, se debió tanto a la defensa, a la fiscalía y de alguna forma a la autoridad judicial; sin embargo, que del estudio integral de esos tres temas, consideró que de manera preponderante la prolongación de la medida cautelar se debió a la complejidad del asunto y a la actividad procesal del interesado, y no tanto a la conducta de la autoridad. Por lo que, ante el análisis de los tres elementos apuntados en la ejecutoria de amparo, el juez de control determinó que no era procedente el cese de la prisión preventiva oficiosa. Manifestaciones de la parte quejosa. Mediante escrito presentado el veintidós de agosto de dos mil veintidós, la parte quejosa desahogó la vista otorgada en proveído de diecisiete de agosto pasado en el que refirió esencialmente que la autoridad efectuó un defectuoso cumplimiento de la ejecutoria de amparo, en atención a que no realizó un escrutinio elevado de justificación para la prolongación de la medida cautelar. Aduce, que el juez responsable no se pronunció debidamente respecto al primer requisito (complejidad del asunto) ya que atribuyó la prolongación de la investigación complementaria a la dificultad probatoria. Estima, que se perdió de vista que la defensa no cuenta con carga probatoria, sino que esta va encaminada a la dificultad de la fiscalía de obtener los registros de investigación necesarios para acudir a juicio; aduce que dentro de los ocho meses de investigación que tuvo el proceso, la fiscalía no recabó dato de prueba tendiente a acreditar la existencia del hecho o la responsabilidad del acusado, ya que los medios de prueba ofertados en la acusación ya obraban a la fecha en que se dictó auto de vinculación a proceso. El argumento es inoperante. Lo anterior es así, dado que ni en la audiencia materia de la ejecutoria de amparo (veinticuatro de febrero de dos mil veintidós) o en la diversa emitida en cumplimiento (quince de agosto de dos mil veintidós) se hizo relación de los medios de prueba ofertados en la acusación y aquellos presentados a la fecha en que se dictó auto de vinculación a proceso, por lo que este órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado para analizar ese argumento al ser una cuestión novedosa planteada hasta este momento. De ahí que, si tal planteamiento no fue propuesto ante el juez de control, resultaría injustificado analizarlo en contraposición con lo resuelto en la determinación emitida en cumplimiento. Resulta aplicable por las razones que la informan, la jurisprudencia 250 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de epígrafe y texto: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN EN EL AMPARO DIRECTO. INEFICACIA DE LOS ARGUMENTOS NO PROPUESTOS A LA SALA FISCAL RESPONSABLE. Los argumentos que se aducen en los conceptos de violación y que no se hicieron valer ante la Sala del Tribunal Fiscal que emitió la sentencia que constituye el acto reclamado, no pueden ser tomados en consideración, pues resultaría injustificado examinar la constitucionalidad del acto reclamado a la luz del razonamiento o hechos que no conoció la Sala Fiscal responsable, al no haberse propuesto a la misma". B. Complejidad del asunto basada en un criterio material. Por otra parte, el quejoso refiere que la autoridad responsable justificó la complejidad del asunto al fundarse en un criterio material como lo es la alarma social y repercusión social que genera el delito, lo que convierte o visualiza la prisión preventiva en una pena anticipada; cuestión que no es compatible con los fines de las medidas cautelares. El argumento es infundado. Contrario a lo expuesto por el promovente, el juez de control no consideró la alarma social y repercusión social que generaba el delito de homicidio a efecto de analizar la complejidad del asunto, sino que, como se estableció en párrafos precedentes, el juez responsable al analizar ese tópico estableció que a petición de la defensa hubo una solicitud de ampliación de investigación complementaria hasta por ocho meses, lo que devenía en relación con que existía una dificultad probatoria incluso para la propia defensa; que al tratarse de un delito de homicidio, se trataba de un asunto complejo por las propias características del evento y por la solicitud de extensión de la investigación, era patente la dificultad probatoria del mismo. En tales condiciones, al haberse atendido los lineamientos de la sentencia de amparo y haberse analizado los tres elementos para la revisión de la medida cautelar consistentes en: i) la complejidad del asunto, ii) la actividad procesal del interesado y iii) la conducta de las autoridades, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196, párrafo tercero de la Ley de Amparo vigente, se tiene por cumplida la ejecutoria de amparo. Archivo. Dado que no hay promociones pendientes por acordar ni actuaciones que practicar en el expediente en que se actúa, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 14 Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valorización, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo del presente cuaderno como asunto concluido. No existen documentos originales. Asimismo, de autos se advierte que, la parte quejosa no exhibió documentos ni billetes de depósito que deban devolverse en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valorización, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Depuración. Asimismo, con fundamento en capítulo séptimo, artículo 18, fracción I, inciso b) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valorización, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, aprobado en sesión ordinaria de diecinueve de febrero de dos mil veinte, en virtud de se concedió el amparo y protección de la justicia federal solicitado y que dicha determinación ha sido cumplida, el presente expediente es susceptible de depuración dentro del plazo de tres años. Destrucción de incidentes. En virtud de lo anterior, en términos de lo dispuesto por el en el artículo 20, fracción II, inciso a), del Capítulo Octavo del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valorización, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales, generados por los órganos jurisdiccionales, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, procede la destrucción del duplicado del incidente de suspensión, transcurrido el plazo de seis meses que se indica en el referido punto; además en acatamiento a lo ordenado por el artículo 21, inciso c), del Capítulo Octavo del mencionado Acuerdo General, debido a que se negó la medida cautelar solicitada deberá destruirse el cuaderno original del incidente una vez concluido el plazo de tres años que señala el referido punto, para tal fin deberá costurarse a los presentes autos el original de referencia, mientras que el duplicado sólo se integrará al expediente sin coserse, para los efectos de la destrucción ordenada. Relevancia documental. De igual forma, atendiendo al contenido del artículo 15 del mencionado Acuerdo a criterio de este juzgado se considera que el presente expediente carece de relevancia documental. Notifíquese personalmente.
- Principal
Agréguese el escrito signado por el autorizado de la parte quejosa en el presente juicio y en atención a su contenido, se provee: Téngase a la parte quejosa realizando manifestaciones respecto del cumplimiento dado por la autoridad responsable al fallo protector; en consecuencia, una vez que transcurra la vista otorgada en auto de diecisiete de agosto pasado, se acordará lo que en derecho corresponda sobre el aludido cumplimiento.
- Principal
Agréguese el oficio remitido por el Juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento Adscrito al Centro de Justicia Penal Sala Sede, San Luis Potosí de esta ciudad, mediante el cual informa el cumplimiento dado a la sentencia dictada en el presente juicio de amparo. Vista a las partes. Atento a lo anterior, con fundamento en el numeral 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la partes, con copia autorizada de la comunicación remitida por la autoridad responsable y de este auto, para que en un término de tres días manifiesten lo que a su interés convenga, en el entendido que de no hacer manifestación alguna, concluido dicho término, este juzgado de oficio, se pronunciará sobre el aludido cumplimiento. Disco. Atento a lo anterior, a fin de brindar certeza jurídica, con el disco de audio y video, el cual adjuntó la referida responsable, dese vista a las partes a efecto de que si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en él y manifestar lo que a su derecho convenga, el cual queda bajo resguardo de esta secretaría. Notifíquese personalmente.
- Principal
Agréguese el oficio de la Secretaria de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materia Penal del Noveno Circuito; en atención a su contenido, se provee: Téngase por recibidos los autos del juicio de amparo 261/2021-V y de la ejecutoria de catorce de julio de dos mil veintidós, pronunciada por el citado Tribunal en el recurso de revisión 120/2022. Acúsese recibo; glósese el cuadernillo de antecedentes formado con motivo del recurso de revisión; háganse las anotaciones correspondientes; notifíquese a las partes la llegada de estos autos y el contenido de la sentencia que se acompaña al oficio de cuenta en la que se resuelve: "PRIMERO. Se confirma la sentencia recurrida. SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Edgar Guadalupe Martínez Chávez, contra el acto y autoridad señalados en el resolutivo primero de esta ejecutoria, por los motivos establecidos en el considerando quinto de la sentencia impugnada..." Requiere cumplimiento Ahora bien, en cumplimiento a los lineamientos establecidos en la ejecutoria del Tribunal Colegiado en Materia Penal del Noveno Circuito se provee: En la ejecutoria de amparo se concedió a la parte quejosa el amparo solicitado, para los efectos siguientes: "a) Deje insubsistente la determinación de veinticuatro de febrero de dos mil veintidós dictada en la causa penal 15/2020. b) Hecho lo anterior, reanude el desahogo de la audiencia de revisión de la prisión preventiva y dicte una nueva determinación en la que analice -de manera fundada y motivada- si la prolongación de la prisión preventiva impuesta a Edgar Guadalupe Martínez Chávez se encuentra justificada por más de dos años, para lo cual deberá analizar: i) la complejidad del asunto, ii) la actividad procesal del interesado y iii) la conducta de las autoridades." Por tanto, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requiere a la autoridad responsable Juez de Control adscrito al Centro Integral de Justicia Penal Sala Sede San Luis Potosí, para que dentro del plazo de tres días, dé cabal cumplimiento a la ejecutoria de mérito. Para efecto de lo anterior, remítasele copia de la ejecutoria de cuenta. Apercibimiento. Apercíbase a dicha autoridad que de no cumplir con lo ordenado, en el plazo señalado, se le impondrá una multa en base a lo estipulado en el artículo 258 de la citada Ley, consistente en Cien Unidades de Medida y Actualización vigentes y se remitirá el expediente a la Superioridad, para el trámite de la inejecución de sentencia. Recepción de oficio. Finalmente, se glosa el oficio signado por el Juez de Control y de Tribunal de Juicio Oral adscrito a la Primera Región Judicial del Estado Sala Sede, San Luis Potosí. Contenido de oficio. Al efecto informa el estado procesal que guarda la causa de juicio oral RI/SLP/CJO-25/2022, derivada de la causa penal RI/SLP/CP-15/2020, instruida al aquí quejoso por el hecho que la ley señala como delito de homicidio calificado, del que se advierte que el tres de octubre de dos mil veintidós, se llevará a cabo la audiencia de juicio oral; lo anterior, se toma nota para conocimiento. Notifíquese personalmente.
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