Edgar Grande Alba
Expediente 648/2023 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 10 de julio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 648/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 10/07/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Edgar Grande Alba
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación que antecede, se observa que transcurrió el término de cinco días para interponer recurso de queja contra el auto de quince de junio del año que transcurre, en el que se desechó la demanda de amparo promovida por Edgar Grande Alba y otros. En esa medida, se declara que el proveído en cuestión ha causado estado para todos los efectos legales correspondientes. Hágase la captura correspondiente en el libro de gobierno electrónico respectivo y archívese como asunto concluido. Con fundamento en el artículo 20, fracción IV, este expediente es susceptible de destrucción, que deberá verificarse transcurrido un término de tres años, contado a partir de la emisión de este proveído.-
- Principal
Visto lo de cuenta, agréguese a los autos el oficio signado por el Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en León, mediante el cual devuelve diligenciado el exhorto 176/2023-IV, orden 797, de este índice, con el que notificó el proveído de quince de junio de dos mil veintitrés al quejoso ********************. Dese de baja la comunicación oficial enviada y háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo.
- Principal
Visto el oficio de cuenta signado por la Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guanajuato, mediante el cual remite por incompetencia legal la demanda de amparo promovida por ******************** y otros, el expediente 808/2023-IV-B de su índice y doce copias simples del escrito de demanda. Acúsese recibo. Lo anterior, con motivo de que en acuerdo de trece de junio pasado, dictado en el juicio de amparo indirecto 808/2023-IV-B, el órgano oficiante declinó competencia legal para conocer de la demanda de amparo de referencia a favor del juzgado de distrito en turno en esta ciudad; fórmese el expediente de amparo indirecto correspondiente. En consecuencia, regístrese la demanda en el libro de gobierno con el número 648/2023-IV, dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y hágase del conocimiento del juzgado declinante que este órgano jurisdiccional acepta la competencia declinada y se avoca al conocimiento del asunto. Con fundamento en el artículo 13, primer párrafo, de la Ley de Amparo, se tiene como representante común de los quejosos a ********************. Desechamiento de la demanda El artículo 113 de la Ley de Amparo establece que el juez de distrito debe examinar el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano; toda vez que en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que desde un inicio se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento, con demérito de los recursos materiales y humanos. Al respecto, el numeral en comento dispone: ... El análisis integral de la demanda de amparo, permite advertir que el acto reclamado consiste en la resolución de veintinueve de mayo de dos mil veintitrés, emitida por el Magistrado de la Quinta Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, dentro del toca de apelación 44/2023-O, en la que modificó la determinación que el Juez de Control de Pénjamo, Guanajuato emitió en la audiencia intermedia de diez de marzo del año en curso, relativa a la causa penal 1P2321-294, para el efecto de que en dicho proceso se admita como medio probatorio la testimonial a cargo de Daniel Ramírez Valencia. Por lo que, en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso numeral 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, en armonía con el arábigo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, estos dos últimos interpretados a contrario sensu, toda vez que el acto reclamado no es de aquellos que lesionan de manera inmediata y directa un derecho sustantivo, es decir, no es de imposible reparación. Los artículos antes invocados, establecen textualmente lo siguiente: ... El acto que reclaman los promoventes del amparo no tiene la naturaleza de imposible reparación, pues la determinación que admitió la prueba testimonial precitada es un acto intraprocesal que puede ser reparado en definitiva en caso de que los quejosos obtengan sentencia favorable, y así, puede no producir ningún efecto o perjuicio. La resolución reclamada no es un acto de imposible reparación, pues las consecuencias de tal acto no afectan directa e inmediatamente alguno de los derechos fundamentales de la persona tutelados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es decir, dicha resolución sólo produce efectos de carácter formal o intraprocesal, que pueden quedar subsanados si quien se dice afectado obtenga sentencia favorable. En efecto, los actos procesales únicamente tienen ejecución de imposible reparación, cuando como consecuencia de ellos se afecta de manera cierta e inmediata, alguno de los derechos fundamentales, como la vida, la integridad personal, la libertad, la propiedad, etcétera, de modo tal que esa afectación no sea susceptible de repararse con el hecho de obtener una resolución favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación en el disfrute del derecho humano de que se trate, ya que en estos casos específicos la Justicia Federal debe intervenir sin demora a través del juicio de amparo indirecto, sin tomar en cuenta que para ello el agraviado deba esperar a que se dicte el fallo definitivo en el procedimiento de origen, porque las consecuencias de la violación no desaparecerían en tales hipótesis, aunque el afectado obtuviese sentencia favorable a sus intereses; por tanto, no pueden ser considerados como actos de imposible reparación, aquellos que tienen como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, cuyos efectos son meramente formales. Es por ello, que la razón de ser de dichos derechos encuentra su fin último en la obtención de una sentencia favorable, por lo que si esto sucede, los efectos de la violación procesal se reparan y desaparecen en la realidad jurídica, dejando intacta la esfera jurídica del afectado, al no alterarse ya ningún derecho sustantivo; es decir, en estos casos, en el momento en que se producen las violaciones del procedimiento, no se afecta de manera irremediable algún derecho público subjetivo, sino que tan sólo hace surgir la posibilidad de que ello ocurra al momento de resolverse la controversia, en la medida en que influyan o sean tomados en cuenta para que el resultado del fallo sea adverso a los intereses del afectado y por esta razón, es necesario esperar hasta el dictado de la resolución definitiva, para poder combatirlos mediante el juicio de amparo directo ante el tribunal colegiado de circuito en turno correspondiente, siempre que, como ya se dijo, se afecten las defensas del quejoso y dicha violación trascienda al resultado del fallo que le sea adverso. ... En el caso, no se actualiza la excepción a la regla general precisada a supra líneas, pues la admisión de la prueba testimonial a cargo de ********************sólo produce una afectación a derechos adjetivos de los quejosos, pues no implica la violación a derechos sustantivos relacionados con la persona, familia, domicilio, privacidad, papeles o posesiones de los imputados, esto es, no les impone cargas injustificadas de ejecución inmediata que trastoquen derechos fundamentales independientemente del propio proceso penal y de la valoración de las pruebas. En tales condiciones, si se dictara sentencia a favor de los promoventes, dicha violación procesal no causaría un perjuicio o lesión en su esfera jurídica sustantiva, pues su único efecto sería que el juicio se desarrollara en todas sus etapas y, la parte quejosa tendría la oportunidad de ser oída y obtener un fallo favorable, pudiendo quedar la violación procesal insubsistente al resolverse en juicio, y si la resolución le fuera desfavorable podría reclamarla vía amparo directo. En consecuencia, no es procedente la vía de amparo indirecto contra la resolución que reclaman los promoventes. En esas condiciones, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, el último precepto interpretado a contrario sensu; se desecha de plano la demanda de amparo. Téngase como autorizado de la parte quejosa en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a ********************, en virtud de que tiene registrada su cédula profesional en el Sistema de Registro Único de Profesionales del Derecho de los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, y en términos restringidos a ********************, por no contar con ese registro. Sin que haya lugar a tenerlos para oír y recibir notificaciones, en atención a que ningún precepto de la ley de amparo, ni de la que es supletoria, contemplan como domicilio esa hipótesis. Ahora, toda vez que este acuerdo debe notificarse de manera personal a la parte quejosa y en vista de que el quejosos ******************** (representante común) se encuentra recluido en el Centro Estatal de Prevención y Reinserción Social, con residencia en San Felipe, Guanajuato, gírese atento exhorto al Juez de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en León, en turno, a fin de que en auxilio de las labores de este juzgado tenga a bien comisionar a quien corresponda se constituya en legal y debida forma en el centro de reclusión y notifique al quejoso la presente determinación, corriéndole traslado con la versión electrónica que se anexa. se hace constar que en la publicación de la sentencia que se dicte en el presente asunto, no se darán a conocer los datos personales de personas físicas identificadas o identificables, por no existir consentimiento de los particulares titulares de la información.-
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